Los casos de ejecuciones extrajudiciales siguen ocurriendo en Colombia. En 2012 se presentaron 20 casos con 52 víctimas en contraste con 2011 donde se presentaron 17 casos con 85 víctimas. Si bien se reconocen los esfuerzos del gobierno nacional, es claro que las medidas siguen siendo insuficientes y requieren ser complementadas para garantizar la protección de los DDHH y del DIH, avanzando en un mayor control que evite este tipo de infracciones por parte de miembros de la Fuerza Pública así como la garantía plena de no repetición de las mismas. Es alarmante la persecución a víctimas, sobrevivientes y familiares de víctimas, donde también la Fuerza Pública se ha visto involucrada. Aquí también se requieren efectivas medidas de protección y respeto a los DDHH.

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