Nov 22, 2017
Prensa

Prensa (48)

Hacer un Plan Nacional de Educación Rural hace parte de una de las propuestas del Acuerdo de Paz. Nada más necesario e importante.

Los estudios de la Misión Rural, muestran que las zonas rurales de Colombia presentan un bajo logro en la calidad de la educación. El analfabetismo de personas mayores de quince años, es del 12.5%, cifra alta comparada con el promedio nacional que es del 3.3%. Mientras que la tasa de permanencia en el sistema educativo es del 82% en las zonas urbanas, en las rurales es del 48%. Solo un 32% de los hombres y un 36% de las mujeres entre 18 y 24 años ha terminado el bachillerato en las zonas rurales. En síntesis, son cuatro grandes problemas de la educación rural. Uno: la baja matrícula en la educación básica secundaria y bajas tasas de graduación en bachillerato. Dos: la baja calidad educativa trae bajo rendimiento académico. Tres: en las zonas rurales se presenta una alta extra-edad de los estudiantes con bajos niveles educativos. Y cuatro: existe un reducido acceso a la educación superior y altas tasas de deserción.

Por eso, la necesidad de un Plan de Educación Rural que logre ganar en calidad, en pertinencia y en la ampliación de la cobertura educativa en los territorios rurales, es uno de los grandes desafíos para reducir los niveles de pobreza, posibilitar la permanencia productiva de los pobladores del campo en sus territorios cerrando la brecha rural – urbana y para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera. De otra parte, se necesita “ruralizar” la política pública educativa. Crear direcciones permanentes y especializadas en el Ministerio de Educación, para que el diseño y aplicación de las políticas rurales tengan un enfoque rural diferenciado, promoviendo modelos flexibles y apropiados. Se necesita un Programa nacional diferenciado de analfabetismo cero e igualmente un Plan Maestro de infraestructura y tecnología en educación rural. En educación superior, el ministerio debe revisar los programas educativos rurales y organizar una oferta apropiada para la población.

En la Asamblea Plenaria del episcopado colombiano, en julio pasado, los obispos del país en diálogo con la ministra de educación, Yaneth Giha Tovar, expresaron su preocupación por que la educación en Colombia ayude a cerrar la brecha entre el mundo rural y urbano, e invitaron al Ministerio a que fortalezca las experiencias de formar a los niños que quieren quedarse en el campo. Los niños tienen en la cabeza que las soluciones están en las grandes ciudades y la solución de Colombia está en el campo, afirmó Mons. Urbina Ortega.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevera

Director Cinep/Programa por la Paz

La sola publicación de la lista de los integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición ha producido un oleaje rápido en el mar político. Toda clase de pescadores, cada uno con su propia caña y su propio anzuelo, lanzaron ya sus carnadas, muchas de ellas venenosas, aun antes de saber qué es y qué se espera de dicha comisión.

Ese mecanismo extrajudicial es el que todos más esperamos, por aquello de que los seres humanos, por nuestra misma naturaleza, buscamos siempre esclarecer la verdad de lo ocurrido. Sobre todo, las personas que han sufrido en carne propia los horrores de la guerra y han sobrevivido con dolor. Pero hay quienes han manifestado su temor al esclarecimiento y han prejuzgado, lanzando al público su descalificación de las personas y de la labor aún no empezada de la Comisión de la Verdad. Esos prejuicios son injustificados y temerarios. ¿Le temen a la verdad?

El Cinep, que durante 45 años ha investigado la realidad colombiana y tratado de entenderla y explicarla, sienta su pública protesta por los ataques calumniosos a su actividad y al trabajo científico del profesor Mauricio Archila Neira. Protesta tanto más indignada cuanto que los señalamientos infundados y tergiversados pueden significar, en la Colombia de hoy, un grave peligro de la vida. Es una triste labor de irresponsables el dedicarse a darle razón al que dijo: (…) Calumnia que algo queda.

Es incomprensible que la defensa de los derechos humanos de la gente, o sea, la protección de la vida, de los bienes y de la honra de las personas, pueda constituir un motivo de descalificación por aquellos mismos cuyos derechos se promueven y se defienden. Y es lamentable que la mayoría de esas agresiones verbales se hagan desde la ignorancia y desde la malevolencia. Tampoco podrían tener otro origen.

Los acusadores del profesor Mauricio Archila Neira, en los medios y en las redes sociales, no han leído siquiera sus obras que hacen parte del legado histórico de Colombia, en especial acerca del tema los movimientos sociales de este país. Tampoco conocen su impresionante hoja de vida ni tienen idea del gran servicio que él le ha prestado a la educación del país. Con la soberbia del que ignora de qué se trata y la cobardía del anonimato, los calumniadores repiten la misma frase insultante sin contenido racional alguno.

El Cinep/Programa por la Paz y el profesor Archila continuarán su trabajo por el esclarecimiento de la realidad colombiana y su defensa de los derechos humanos, labor a la cual han dedicado todos sus esfuerzos, con el mismo empeño con el que la comenzaron. Y este es el momento más propicio para que esas labores incansables sirvan al progreso de la población colombiana y al despertar de la conciencia de su dignidad que no puede ser pisoteada.

 

Descarga aquí el comunicado

 
 

 

 

El Papa Francisco visitó hace pocos días en Roma a la Organización mundial para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés. Esta visita tuvo que ver con la Jornada Mundial de la Alimentación. Francisco expresó un discurso articulando temas estratégicos sobre la lucha contra el hambre, la desnutrición, la guerra del agua y los desafíos para la solidaridad mundial. Insistió el Papa que hoy se necesita “una mayor responsabilidad a todos los niveles, no sólo para garantizar la producción necesaria o la equitativa distribución de los productos, sino sobre todo para garantizar el derecho de todo ser humano a alimentarse según sus propias necesidades, tomando parte además en las decisiones que lo afectan”.

El hambre aqueja a ochocientos quince millones de personas, once por ciento de la población mundial, y asegura Francisco: "Las guerras y el cambio climático son una de las causas del hambre, así que no presentemos el hambre como si se tratase de una enfermedad incurable". Francisco recuerda que los conflictos se previenen y se resuelven, siguiendo el derecho internacional humanitario, sin embargo, la humanidad no está aplicándolo, lo que trae la martirizante guerra, el hambre y el desplazamiento forzado, situaciones que duran muchos años, pudiéndose haber evitado o detenido.

Para frenar esto, Francisco apela al diálogo y al compromiso total por un desarme gradual y sistemático, previsto por la Carta de las Naciones Unidas e interroga: “¿De qué vale denunciar que a causa de los conflictos millones de personas sean víctimas del hambre y de la desnutrición, si no se actúa eficazmente en aras de la paz y el desarme?” En cuanto al cambio climático, tema central para el Papa, afirma que se ven sus consecuencias todos los días, pero gracias a los conocimientos científicos, sabemos cómo se pueden afrontar. Además, la comunidad internacional ha elaborado instrumentos jurídicos como el Acuerdo de París, pero no todos lo reconocen y prefieren manipular la naturaleza para saciar la avidez de sus beneficios.

El Papa hace un llamado vehemente para que se haga un consenso concreto y práctico si se quieren evitar los efectos más trágicos, que siempre recayendo con fuerza sobre las personas más pobres. Y concluye: “Estamos llamados a proponer un cambio en los estilos de vida, en el uso de los recursos, en los criterios de producción, hasta en el consumo, que en lo que respecta a los alimentos, presenta un aumento de las pérdidas y el desperdicio. No podemos conformarnos con decir «otro lo hará»".

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

Hoy se radica el proyecto de ley que declararía el 19 de mayo como el Día nacional de la lucha contra la impunidad de los crímenes contra defensores de derechos humanos.

En el marco de la conmemoración de los 20 años del asesinato de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado, padre de Elsa, el Cinep/Programa por la Paz impulsó la propuesta de declarar el 19 de mayo Día nacional contra la impunidad. El Representante Alirio Uribe Muñoz, radicará el proyecto de ley de honores hoy a las 2:00 p.m.

"Hemos elegido este día, 19 de mayo, en memoria de los defensores de derechos humanos Elsa Alvarado y Mario Calderón, quienes fueron asesinados en 1997 y cuyo crimen fue declarado este año, de lesa humanidad" manifestó el Congresista.

En el acto de radicación del proyecto estarán presentes, Ivan Calderón, hijo de la pareja asesinada; Marco Fidel Vargas, subdirector del Cinep, lugar donde trabajaron hasta su muerte los defensores de derechos humanos, y otros miembros de las familias Calderón y Alvarado.

Igualmente acompañarán la radicación que se hará en la Secretaria de la Cámara de Representantes, los congresistas también firmantes del proyecto:  Angela María Robledo, Angélica Lozano, Inti Asprilla, Oscar Ospina, de la Alianza Partido Verde; Víctor Correa, Germán Navas Talero, Iván Cepeda Castro y Senen Niño, del Polo Democrático; Carlos Guevara, del Mira; y Luciano Grisales, del Partido Liberal.

El proyecto busca llamar la atención sobre la urgencia que tiene garantizar la investigación y sanción efectiva para las amenazas y agresiones que a diario sufren quienes defienden los derechos humanos en el país.

Nota:

Mario Calderón, Elsa Alvarado y el padre de Elsa Carlos Alvarado fueron asesinados el 19 de mayo de 1997. Mario y Elsa eran líderes sociales y defensores de derechos humanos y ese liderazgo fue incómodo para alguien que decidió quitarles la vida. Después de 20 años la impunidad impera en su caso y es por esto que buscamos que esta fecha sea reconocida como el Día nacional contra la impunidad.

 

 

 

 

 

El presente informe sobre agresiones y graves violaciones de derechos a defensores de derechos humanos y líderes sociales ha sido elaborado con base en los registros del Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP), del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), en un ejercicio de aproximación a este fenómeno. El documento no pretende dar cuenta de la universalidad de casos, ni abarcar la totalidad de una realidad que seguramente excede a este informe, en lo cualitativo y en lo cuantitativo; tampoco intenta trazar líneas de causalidad entre las coincidencias que se presentan con los asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos, sino complementar, apoyar y ratificar las denuncias que han venido presentando organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, instituciones del Estado y el Sistema de Naciones Unidas, en un intento de brindar un panorama más completo sobre el creciente fenómeno que se está registrando y que constituye un ambiente lleno de peligros y barreras para la implementación de los acuerdos de paz que se están implementando en este momento de la historia colombiana.

 
 

 

 

Cinep/Programa por la Paz, Foro Nacional por Colombia y Viva la Ciudadanía manifiestan su preocupación ante lo expresado por la precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez en su comunicación del 26 de septiembre de 2017 sobre la Ley estatutaria de garantías para la participación de la ciudadanía, organizaciones y movimientos sociales y para la movilización y la protesta social y que fue tema de la agenda mediática, sin la correspondiente verificación de la información.

 
 

 

 

Hace pocas semanas Colombia vivió la visita del Papa Francisco como una experiencia de excepcional sentido emotivo, reflexivo y espiritual. La inequidad, la pobreza, la violencia, la justicia, la reconciliación y la paz fueron los temas que estuvieron presentes en los mensajes papales. Sin embargo, los efectos de este importante pasaje de la vida nacional aún falta madurarlos. Si el legado que nos dejó Francisco, no se trabaja con un discernimiento libre, intencionado y consciente, puede ser presa de la memoria de corto plazo y finalmente del olvido. Tenemos un gran desafío.

La visita del Papa se enmarca en su momento especialmente crítico de la vida del país. Su decisión de venir a Colombia estuvo motivada por el servicio a la construcción de la paz. Francisco tuvo como propósito elevar la calidad social y política de la paz, haciendo un vehemente y profundo llamado espiritual por la humanización de la Paz.

En Bogotá, interpeló al establecimiento político diciendo: “No es la ley del más fuerte sino la fuerza de la ley, la que es aprobada por todos, la que rige la convivencia pacífica. Se necesitan leyes justas que puedan garantizar esa armonía, (Ellas) nacen del deseo de resolver las causas estructurales de la pobreza que generan exclusión y violencia. Les pido que escuchen a los pobres, a los que sufren. Mírenlos a los ojos y déjense interrogar en todo momento por sus rostros surcados de dolor y sus manos suplicantes”.

Igualmente, indicó, como Pastor, a los obispos: No tengan miedo de perderse si salen de sí mismos. No enmudezcan la voz de Aquel que los ha llamado ni se ilusionen en que sea la suma de sus pobres virtudes o los halagos de los poderosos de turno quienes aseguran el resultado de la misión. Construyan una Iglesia que ofrezca a este país un testimonio elocuente de cuánto se puede progresar cuando se está dispuesto a no quedarse en las manos de unos pocos. No sirven alianzas con una parte u otra sino la libertad de hablar a los corazones de todos. Algunos continúan propagando la cómoda neutralidad de aquellos que nada eligen para quedarse con la soledad de sí mismos. No participen en ninguna negociación que mal-venda sus esperanzas”.

En Villavicencio, al encontrarse con las víctimas, expresó con claridad sobre la reconciliación: “No significa desconocer o disimular las diferencias y los conflictos. No es legitimar las injusticias personales o estructurales. El recurso a la reconciliación no puede servir para acomodarse a las situaciones de injusticia. Debemos estar preparados y sólidamente asentados en principios de justicia que en nada disminuyen la caridad. La historia nos pide asumir un compromiso definitivo en defensa de los derechos humanos. Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar urgentemente un paso en esta dirección, que es aquella del bien común, de la equidad, de la justicia, del respeto de la naturaleza y de sus exigencias.

Nuestro desafío no solo pasa por recordar el mensaje del Papa Francisco, sino por llevarlo a los hechos de reconciliación y paz que necesita Colombia.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

 

Continua el deterioro estructural de la salud en Colombia. Y no hay una solución profunda a tan grave problema. Según la Asociación Colombiana de Hospitales, el 14% de cerca de mil instituciones que funcionan en el país, se han visto obligadas a cerrar servicios médicos. El 29% de los hospitales disminuyeron su capacidad, cunde el déficit presupuestal. Esta situación afecta al personal médico, pero especialmente a los usuarios, quienes tienen que recorrer varios centros hospitalarios para conseguir atención.

Esto se ha convertido en una queja que se repite desde hace varios años. Los gobiernos prometen, pero no cumplen sus compromisos. La salud se deteriora día a día. La gente sigue padeciendo un sistema inoperante que heredamos de la ley cien desde mil novecientos noventa y tres. Las EPS no pagan el servicio a hospitales y clínicas, por eso no se les puede pagar a los médicos ni a los trabajadores del sector, ni a los que invierten sus capitales y se endeudan para atender los pacientes. La tutela, para alcanzar algún servicio se volvió tan habitual que los médicos en lugar recetarios tienen formatos para que los enfermos demanden mediante tutela la atención médica. Por la mala paga de las EPS, los pacientes acumulan dolencias, crece el sufrimiento y mueren. Los empleados del sector público, profesionales y paramédicos, son maltratados, no hay para ellos un trabajo digno y decente. Nadie vigila, nadie controla, ninguna corrección ni sanción, cunde la impunidad frente a la violación del derecho fundamental a la salud. Las deudas de Caprecom, que son del Estado, continúan. El Estado parece encubrir las de Saludcoop a la que intervino y liquidó con pésimos resultados. Quebró a Cafesalud y no se sabe que va a pasar con sus pacientes y obligaciones. Tampoco se sabe para dónde va Medimás.

La Iglesia católica en Colombia ha generado llamados de atención a las autoridades de salud. En julio de dos mil dieciséis, en la Asamblea plenaria del Episcopado, el Cardenal Rubén Salazar dijo “Hago un llamado de humanidad y respeto a los operadores de la salud y a la red hospitalaria para que presten mejores servicios. Es indudable, que la inmensa mayoría de la población tiene dificultades para acceder rápida y efectivamente a la salud que necesita. Hay que hacer un llamamiento profundo a las IPS y EPS para que tomen conciencia de la dignidad de la persona, sobre todo durante la enfermedad, uno de los percances más duros de la vida. Muchos de los recursos destinados a la salud van a parar a los bolsillos de particulares, que se apropian de ese dinero”. El Arzobispo de Cali, Dario Monsalve, complementó: “Basta ver los casos en el Hospital Universitario de Cali para darse cuenta del horror que significa la corrupción en el sector salud y la pérdida de los presupuestos. A los pobres los están sepultando en vida”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

 

Colombia es un país rico en biodiversidad, con un once por ciento de su territorio en parques naturales, rico en flora y aves, con una gran reserva hídrica. Un país con diversidad de climas y paisajes, con Amazonía, con desiertos a orillas del Caribe y selva tropical en la costa pacífica. Pero, simultáneamente, un país que, en los últimos diez años, ha sido concesionado en cerca del cuarenta por ciento a empresas mineras y de hidrocarburos.

A simple vista pareciera una gran oportunidad de desarrollo, pero no es así, el problema grave reside en que existe un número importante de hectáreas, difícil de especificar, que se encuentran en zonas protegidas como: páramos, parques nacionales, territorios indígenas y territorios colectivos afro-descendientes.

El «boom» minero, iniciado en dos mil dos en el país, se hizo público por el presidente Santos al declarar la minería como una de las locomotoras de crecimiento que llevaría a la prosperidad de todos. Consolidar la minería a cielo abierto y a gran escala, fue una bandera del gobierno Uribe. Lo que puso en desventaja a los pequeños mineros frente a las multinacionales. Pero en el fondo, lo que genera esta dinámica en los últimos años, es que el precio del carbón y del oro han alcanzado máximos históricos: la tonelada de carbón pasó de noventa dólares en dos mil cuatro a ciento sesenta en dos mil once y, la onza de oro, aumentó su valor de setecientos dólares en dos mil ocho a los mil trescientos en dos mil diecisiete.

 En este contexto, mientras las grandes compañías tienen muchas garantías, los pequeños mineros se encuentran marginalizados y en algunos casos perseguidos por su labor tradicional, como se ha podido ver en Segovia y Remedios, durante las últimas semanas. No obstante, las empresas multinacionales no son las únicas interesadas en este negocio. Los actores armados ilegales encuentran en él una vía para incrementar sus ingresos.

 Analizando el mapa de Colombia, se observa que la ubicación de estos grupos coincide con las áreas de explotación minera; en consecuencia, los niveles de violaciones de derechos humanos: desapariciones, asesinatos, amenazas y desplazamiento forzado son alarmantes en zonas mineras. Colombia, siendo el primer productor mundial de esmeraldas, el primer productor de níquel y carbón de Sur América y el décimo productor mundial de oro, en las poblaciones donde se explotan esos recursos se registran los más altos niveles de necesidades básicas insatisfechas a nivel nacional.

 El Papa Francisco, en el número cincuenta y uno de la Encíclica Laudato Si, expresa que una vez acabadas las operaciones mineras "dejan grandes pasivos humanos y ambientales, como la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales que ya no se pueden sostener".

 En consecuencia, debemos ser conscientes que defender la Creación, en un sistema depredador cuyo fin es el lucro, es una acción que implica asumir el riesgo de la acción profética a la que nos invita el evangelio de Jesús.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la paz

 

La tierra: despojo sin fin

  • Ago 22, 2017
  • Publicado en Prensa

El Estado colombiano, cumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos expidió, en el año 2011 la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para la población que sufre el despojo o/y abandono forzado de sus tierras. Este mecanismo de reparación sigue siendo uno de los mayores desafíos para el Estado colombiano.

Según la Unidad de Restitución de Tierras, en este momento el 60% de las 102.000 solicitudes de restitución de tierras se encuentran en proceso. Esto significa que en 5 años de vigencia de la citada ley se han entregado 200.000 hectáreas de tierra a sus legítimos dueños, y otras 600.000 están en proceso para ser restituidas. Un resultado flaco y poco halagador si tenemos en cuenta que en Colombia existe un despojo, tanto a las comunidades rurales como al Estado en tierras baldías, de aproximadamente siete millones de hectáreas. No hay que olvidar que, por legislación de tierras, los baldíos, hacen parte de las tierras que deben distribuirse a las comunidades pobres.

Pero, además, dicha ley se ha venido aplicando en un contexto de persistencia de conflicto armado, ausencia de Garantías de protección de no repetición sobre las víctimas e impunidad para los violadores. Persiste la oposición a la devolución de las tierras y al retorno de los despojados a los territorios más afectados, por parte de los grupos paramilitares, de sectores políticos y empresariales interesados en mantener los beneficios derivados del despojo de tierras.

Las cifras de violencia contra las comunidades, líderes reclamantes de tierras y acompañantes defensores, entre el año 2011 y 2016, recogidas por el Cinep/PPP, son alarmantes: 142 hechos de violencia. De ellos, 46 son homicidios y 80 individuales y colectivas, además de atentados, lesiones personales y raptos. El riesgo es tal que existe la probabilidad de que cada trimestre un líder rural, en razón esta actividad comunitaria, sea asesinado o desaparecido en Colombia. Los departamentos más afectados son Córdoba, Bolívar, Sucre y Urabá antioqueño. No obstante, es preciso afirmar, que esta información solo indica una tendencia pues existe un alto subregistro de ella.

En julio de 2015 el Papa Francisco durante el segundo encuentro mundial de movimientos populares en Bolivia, expresó: “La tercera tarea, tal vez la más importante que debemos asumir hoy, es defender la Madre Tierra. La casa común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, vejada impunemente. La cobardía en su defensa es un pecado grave. No se puede permitir que ciertos intereses se impongan, sometan a los Estados y organismos internacionales, y continúen destruyendo la creación. Yo les pido, en nombre de Dios, que defiendan a la Madre Tierra”

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz