May 26, 2018
Prensa

Prensa (63)

El próximo domingo será la primera vuelta para elegir el nuevo presidente de Colombia. La actividad se ha centrado en la publicidad de radio y televisión con un contenido profusamente emotivo y un debilitamiento de la reflexión sobre las soluciones que necesitan los problemas del país. Es preciso quebrar esta situación. Por eso, cada ciudadano y ciudadana tiene la responsabilidad y el derecho de preguntarse qué va a decidir con su voto y si va participará o no, con las consecuencias de esta decisión. No solo analizar por quién votará en particular, sino qué intereses representa su candidato, cuáles son sus propuestas, y si ellas son posibles, viables y necesarias.

Esta decisión no es un asunto cualquiera. El poder y la responsabilidad política de los ciudadanos y ciudadanas se expresa de manera directa el día de las elecciones. No expresarse en las urnas o vender el voto, es una decisión que trae consecuencias personales y colectivas.

Colombia tiene asuntos de la más alta gravedad para resolver y debemos ser conscientes de elegir quienes van a liderar y bajo qué criterios, las alternativas para alcanzar soluciones pertinentes, transparentes, eficaces, que no solo deben incluir los intereses de algunos actores influyentes de la sociedad. Entre otros problemas, cinco de ellos han llegado a ser crónicos y deben ser afrontados por el próximo gobierno. El primero: la atención a los más de ocho millones y medio de víctimas del conflicto social y armado que ha vivido el país por medio siglo.

Segundo: clarificar la propiedad, acceso y uso de la tierra. Generando una reforma rural que incluya la economía campesina, estrategias contra los cultivos de uso ilícito y la minería que atente contra la creación. Tercero: fortalecer garantías para la participación política de todos los movimientos y partidos, e impulsar una reforma política que implique cambios positivos para la institucionalidad pública.

Cuarto: hacer una reforma de fondo en la justicia para disminuir la alta impunidad y la corrupción vivida por décadas en el país. Y quinto: reconstruir un sistema de seguridad social que humanice y desarticule la comercialización de la salud; que fortalezca una educación de calidad para la vida, que sea equitativa entre la ciudad y el campo, que no segregue a nadie. Así como una política laboral que exija trabajo decente, equidad de género en el ingreso y pensiones dignas.

Los obispos en el texto titulado: Construir juntos un país que sea patria y casa para todos, brindan criterios claros para participar en las elecciones, entre otros, nos dicen: “Analicemos cuidadosamente la trayectoria y las propuestas de los candidatos. Para dar nuestro voto responsablemente, tenemos que llegar a la convicción moral de que la persona, el proyecto político y el equipo de trabajo que se eligen aportarán realmente al bienestar de todos los colombianos”.

 

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director del Cinep/Programa por la Paz

Editorial: Sin tierra no hay paz

  • May 07, 2018
  • Publicado en Prensa

El conflicto por la propiedad y uso de la tierra en Colombia es uno de los principales problemas sin resolver. Quizá el más profundo y estructural. Por eso en el Acuerdo de Paz, el punto sobre la reforma rural integral, tiene como desafío resolver este grave problema. Colombia es uno de los países que históricamente ha sido uno de los más desiguales de Latinoamérica en distribución de tierra. Y, esta desigualdad ha sido reconocida como uno de los detonantes en la creación de organizaciones guerrilleras y paramilitares. Si bien esta situación no justifica la terrible violencia, si la explica.

El reciente informe, Radiografía de la Desigualdad en Colombia, elaborado por la Oxfam Internacional, con base en el Censo Nacional Agropecuario, arrojó datos y análisis alertando sobre la dura situación que viven las comunidades rurales del país. Se indica que el 1% de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81% de la tierra; mientras el restante 19% de tierra se reparte entre el 99% por ciento de las fincas. Es injusto que el 0,1% de las fincas que superan las 2.000 hectáreas ocupen el 60% de la tierra. La propiedad de la tierra se ha venido concentrando en pocas manos, mientras la tierra de los desplazados y los baldíos de la nación han quedado en poder de personas y empresas terratenientes. En consecuencia, un millón de hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar. A esto se agrega que el 42,7% de los grandes propietarios dicen no conocer el origen legal de sus terrenos. Respecto al uso de la tierra, los datos hablan del mal uso que se hace de ella: de 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, 34,4 se dedican a ganadería y solo 8,6 a la agricultura. El uso debería ser a la inversa: 15 millones deberían utilizarse para ganadería y se usan el doble; mientras 22 millones deberían usarse para cultivar, pero estamos lejos de esta cifra. No hay duda, se necesita un fuerte cambio en el campo si queremos una paz justa, estable y duradera.

En carta enviada por campesinos colombianos al Papa durante su visita a Colombia el año pasado, decían: “Creemos, al igual que el santo padre, que la tierra debe estar al servicio de la vida y la justicia. Que la agricultura, la alimentación y la vida digna de los campesinos son factores indispensables para el presente y el futuro de la humanidad. Que la madre tierra es un don de Dios y no debe ser utilizada por multinacionales extrayendo de sus entrañas y acabando con la vida, favoreciendo solo a unos pocos vulnerando los derechos de los menos favorecidos. Acogemos con gozo y esperanza su mensaje a los campesinos del mundo donde nos abriga con sus palabras llamando a la solidaridad, la justicia y la equidad. Con esperanza y fe en Dios”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director del Cinep/Programa por la Paz

Editorial: Ríos de agua muerta

  • Abr 28, 2018
  • Publicado en Prensa

 En medio de la campaña por la presidencia del país, el tema del medio ambiente se ha tratado sin un debate de fondo entre los candidatos. Decir que se aplicará una política ambiental que ajustará las normas para explotar los recursos naturales con reducidos impactos ecológicos o una intervención minera con bajos niveles de contaminación, tiene un cierto sabor a retórica. Lo cierto es que esto se viene diciendo desde hace ya veinticinco años cuando se emanó la ley 99 de 1993, por la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y se organizó el Sistema Nacional Ambiental. Los resultados, sin embargo, dejan mucho que desear.

 Por tomar solo un aspecto clave, ¿preguntémonos qué ha pasado con los páramos y el agua en el país? Recordemos que los páramos son fábricas de agua y el 50% de los que existen en el mundo se encuentran en nuestro país, en total 36 páramos. Ellos proveen el 70% del agua que se consume en la nación. A pesar de las políticas ambientales ya citadas, en estos momentos, uno de los problemas más graves en Colombia es la tendencia a la posible desaparición de los páramos. Los cambios climáticos de las últimas décadas, los procesos de desarrollo basados en las actividades agrícolas y ganaderas intensivas, el desarrollo de la minería del oro legal e ilegal, el mal uso, la destrucción y desaparición de la vegetación y fauna propia, así como la introducción de especies vegetales no propias, trae la destrucción paulatina de los páramos. A esto se agrega, el negativo impacto que los páramos han recibido por la violencia, el control territorial de los actores, el marginamiento y un modelo económico inequitativo articulado a una gestión política amparada en la corrupción y en el uso del poder como control para beneficios propios.

 En el capítulo primero de la Encíclica Laudato Si, el Papa Francisco habla sobre el agua, la contaminación y el agotamiento de ella, afirma: “El agua potable representa una cuestión de primera importancia, porque es indispensable para la vida humana. Grandes sectores de la población no acceden al agua potable o padecen sequias que deterioran la producción de alimentos. La baja calidad del agua la sufren los pobres y provoca muchas muertes. En algunos lugares avanza la privatización de este recurso escaso. Pero el acceso al agua potable es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, creada en el Acuerdo Final de Paz, es ante todo una medida reparadora para la sociedad colombiana. Pero para que el trabajo de la Comisión sea profundamente eficaz, debe esforzarse por construir, a partir de diversas visiones, una comprensión del conflicto colombiano lleno de sentido, incluyente y sanador, una comprensión de la verdad sobre lo sucedido que nos haga preguntas, que nos mueva a todos de nuestro lugar de comodidad, una comprensión de la verdad que nos llame a la responsabilidad, al reconocimiento de nuestras acciones promotoras de violencia y nos interpele sobre los sentimientos de odio y la satisfacción de la venganza, que nos impulse al perdón y la reconciliación.

La Comisión de la Verdad es un instrumento para construir una verdad de sentido profundo y no para pugnar o guerrear sobre cuál verdad le gana a otra verdad. Históricamente las comisiones de verdad se han creado en otros conflictos del mundo como un órgano de carácter extra-judicial, y se han usado para procesos políticos de transición, para pasar de las dictaduras a la democracia o de conflictos armados a la paz.

El fin de estas comisiones se concentra en esclarecer lo que pasó en esa sociedad violenta y lo que llevó a usar patrones de violencia para la tramitación de los conflictos. Por eso la Comisión no es un mecanismo para administrar justicia sino para contribuir a la construcción de una verdad compleja.

La Comisión de la verdad es una oportunidad para que todos aportemos nuestros dolores, pero también nuestras acciones violentas y nuestras omisiones al no hacer lo suficiente para parar la violencia. La Comisión de la Verdad debe esclarecer las responsabilidades del Estado, de los poderes políticos, empresariales y de la economía transnacional, de las organizaciones armadas guerrilleras y paramilitares, de los actores de sociedad civil que auspiciaron o apoyaron la violación de los derechos humanos en medio del conflicto que fue y aún es, eminentemente político y económico.

El Padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, afirma: “No es una Comisión contra nadie, es por las víctimas. Es una Comisión que quiere, a través de las heridas, alcanzar una movilización hacia la compasión y esclarecer qué fue lo que nos aconteció en el país; ¿por qué nos vimos metidos con tantos sufrimientos y cómo podemos salir juntos?”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

 Director CINEP / Programa por la Paz

 

Es repetitivo en el escenario de la coyuntura electoral colombiana que los temas sociales como la salud, el empleo, la vivienda o la educación no sean parte de un debate riguroso. Y, si algo se especula sobre ellos, no pasan de ser frases, titulares o clichés mediáticos que se usan para sorprender a la opinión pública con una idea sin asidero o, peor aún, para desprestigiar a otro candidato por la frase que dijo o por la que dejó de decir. En este entorno electoral caen por lo regular las propuestas que esbozan los programas de los actuales candidatos presidenciales sobre la Educación.

Las apuestas educativas de los candidatos no salen de los lugares comunes, de las reflexiones generales y en sus discursos no hay señal alguna que muestre la prioridad estratégica de la Educación. Temas centrales de la educación como la cobertura, la jornada única, la calidad y el acceso a la educación sin exclusiones, la relación de la educación con el desarrollo económico, el cierre de la brecha entre educación urbana y rural y entre educación pública y privada, el mejoramiento integral de las condiciones laborales de los maestros, el uso de las nuevas tecnologías de la información, y, en definitiva, el tema del Estado como garante del derecho a la educación, todos estos temas son tratados de manera ligera y retórica.

Hablan, hablan y prometen y el país sigue teniendo avances lentos y mínimos en educación. Comparada la educación colombiana con otros países, es una de las más bajas en calidad. Ninguna de las propuestas, de los actuales candidatos a la presidencia de Colombia, establece la educación como un eje fundamental y estratégico para el crecimiento humano y social. No se debate sobre la clase de calidad educativa que se requiere implementar en el país ni cómo se llega a ella ni a qué tipo de sociedad apunta ni cómo se va a pagar todo este cambio. Estas preguntas de fondo quedan sin responder.

No hay debate sobre educación en la contienda electoral, abunda la superficialidad. Llama la atención que para los candidatos temas como la relación entre educación y desarrollo o entre educación y política, no tengan la menor importancia a pesar de ser asuntos de amplia influencia para el presente y futuro del país.

El número 340 del documento de Aparecida nos dice: “Este intransferible derecho, que implica una obligación y que expresa la libertad de la familia en el ámbito de la educación, por su significado y alcance, ha de ser decididamente garantizado por el Estado”. De ahí la centralidad e importancia que tienen las propuestas de los candidatos presidenciales, pues son ellos, con sus equipos de gobierno, los que definitivamente, orientan la educación de la población colombiana.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/programa por la Paz

 

 

En las elecciones para Congreso del pasado 11 de marzo, en las que participaron un total de 17.5 millones de personas y se abstuvieron de votar algo más de 19 millones de personas, se eligieron 280 congresistas. Ellos definirán el destino político, económico y social del país durante los próximos cuatro años. Los comicios estuvieron influenciados por un contexto de profunda polarización política, pero de manera positiva no hubo enfrentamientos ni actos terroristas de fuerzas insurgentes, realidad que no se vivía hace más de medio siglo.

Ya elegidos los congresistas, y sin ninguna bancada de partido mayoritaria para ganar las votaciones legislativas, la composición del Congreso obligará ineludiblemente a la negociación. En consecuencia, se puede pronosticar un debate importante y de diversas posiciones en el Congreso, experiencia que en el país no ha sido habitual. La presencia del partido Farc, abonará a esta diversidad, lo que nos da la oportunidad, si queremos, de cambiar las armas y la violencia política por los argumentos y propuestas que necesita el país. Sin duda esto ya es un punto positivo del Acuerdo de Paz.

Pero la pregunta ahora es si el Congreso elegido, cuya renovación es limitada, tendrá la capacidad para afrontar lo que la gran mayoría de colombianos y colombianas necesitamos para avanzar en soluciones sobre los graves problemas del país. No son pocos los retos para el Congreso, pero existen desafíos urgentes: el primero y más importante es continuar el desarrollo del Acuerdo de Paz. Él recoge, en síntesis, los sueños de más de ocho millones y medio de víctimas del conflicto vivido en más de medio siglo. Una segunda prioridad es la política de seguridad estatal en los territorios que desocuparon las Farc. Al mundo rural no está llegando la Policía ni el acceso a la justicia y los asesinatos de líderes y liderezas sigue en aumento. Finalmente, el Congreso tiene que afrontar seriamente el monstruo de la corrupción, casos como el de Odebrecht, el cartel de la toga y los robos del dinero de la salud y la educación, entre otros, tocaron fondo. Para trabajar estos desafíos se necesitan reformas profundas en la política rural, en la justicia, en la tributación, en las políticas sociales y en el mismo modo de operar del Estado. Políticas pertinentes y justas que hagan camino hacia la paz y la reconciliación del país.

El Padre Francisco de Roux en su libro La Audacia de la paz imperfecta, nos dice: “Hoy la esperanza nace de la posibilidad de entrar en un tiempo nuevo en el que lleguen por fin los ciudadanos de los valores gratuitos de la paz y de la reconciliación, por encima de la lucha de votos, del dinero y de las armas que no conocen de gratuidad. Que se pongan al lado de la gente para un acompañamiento espiritual, no religioso, apoyado en las tradiciones de fe cristiana católica de las mayorías y en la vocación humanitaria de muchos”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/programa por la Paz

 

 

Editorial: Salud sin remedio

  • Mar 10, 2018
  • Publicado en Prensa

Según cifras del Ministerio de Salud, en Colombia, durante los últimos años, se formularon anualmente, en promedio, ciento cuarenta mil fallos judiciales por salud. La mayoría porque los pacientes no reciben a tiempo o nunca los medicamentos. La causa: los altos costos y el robo de los medicamentos, esto suma a la crisis de la salud en el país.

Colombia, hasta hace unos pocos años, tenía un ahorro para la atención en salud de diez billones de pesos en el fondo público Fosyga. Según el ministro Alejandro Gaviria, este ahorro desapareció en gran parte por los altos costos de los medicamentos y procedimientos quirúrgicos de alto costo, pagados con recursos públicos mediante un sistema conocido como recobros y por el monopolio en la comercialización de los medicamentos. Pero igualmente, este ahorro quedó en manos de la corrupción en lo que se ha llamado los carteles de la salud, dos de ellos muy conocidos: el de la hemofilia y el de VIH, en el departamento de Córdoba, sin salir aún a la luz otros casos en distintas regiones.

Es increíble, como en algunos casos, instituciones y empresas de salud, laboratorios, distribuidores, funcionarios públicos, asociaciones de pacientes, médicos y pacientes particulares, se prestan para gestionar, pedir o exigir medicamentos sin llenar los requisitos necesarios y sin necesitarlos, para luego comercializarlos en un mercado ilegal, clandestino, organizado en redes de corrupción planificadas con ganancias inimaginables. A esto se suma la débil vigilancia y control del Estado, la desregularización de precios que animó la política pública de varios gobiernos y la alianza entre algunos funcionarios y los carteles mafiosos que comercializan los medicamentos.

A pesar de los esfuerzos por regularizar y controlar los precios por parte del actual gobierno, fue imposible reducir el precio en muchos de ellos, solo en unos pocos ha sido viable. Detrás de todo esto existe una gran presión de la industria farmacéutica transnacional al Estado colombiano y es aquí donde está la verdadera complejidad de los precios y el gran obstáculo para regularlos. Así las cosas, la salud vive una muerte dolorosa y lenta. Sus primeras víctimas: las familias excluidas de los barrios populares en las ciudades y de las veredas campo.

Los obispos en el documento de Aparecida, número 65 y  419, nos recuerdan la preocupación de la iglesia por los enfermos adictos a las drogas, portadores de malaria, tuberculosis y VIH - SIDA, que sufren la exclusión familiar y social. Esta preocupación se convierte en un servicio sacramental que muestra el amor de Dios Padre en el trabajo de muchos “buenos samaritanos” de la Iglesia en más de treinta y dos mil instituciones católicas dedicadas al trabajo por el derecho a la salud en América Latina, para responder a los que decía el santo chileno, Alberto Hurtado: “En nuestras obras, nuestro pueblo sabe que comprendemos su dolor”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

 

 

 

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, reveló el año pasado que entre 2016 y marzo de 2017 se radicaron 231 denuncias por malas prácticas de los arquitectos en el país. De otra parte, el sector de la construcción en el país viene creciendo de manera dinámica llegando a una tasa anual del 35%, según la Cámara Colombiana de la Construcción. Este crecimiento aceleró también las denuncias. Pero lo que está en juego es la vida de miles de familias en el país, lo que ha pasado en Cartagena al aplicar la orden de desalojo de 16 proyectos declarados en calamidad pública debido a su alto riesgo de colapso, se suma a situaciones como el desplome del edificio Blas de Lezo, en la misma ciudad y lo ocurrido con proyectos como el desplome del edificio Space en Medellín hace dos años.

Pueden ser varias las causas de estos hechos. La calidad de la formación de los profesionales de la ingeniería y arquitectura, la deficiencia de los materiales utilizados, estudios de suelos insuficientes, licencias de construcción falsas o compradas o lo que sería aún peor, la disminución los costos de construcción para aumentar las ganancias, sin importar la suerte de los que van a habitar el inmueble. Le cabe en esto responsabilidades tanto a los profesionales y universidades para que ejerzan el con responsabilidad su labor, como también a los entes gubernamentales, locales y nacionales encargados de controlar y exigir el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por la ley.  Pero, si bien es necesario que existan estas leyes, no es suficiente, se necesita gestión y aplicación real de las mismas, de lo contrario, se queda todo en el papel y los problemas crecen, como viene creciendo la baja calidad de la construcción de vivienda, vulnerando el derecho a la vivienda de muchos hogares.

Jesús, en el Sermón del Monte, trae la parábola de los dos constructores. Ella no solo da luces para la construcción física de las edificaciones sino, esencialmente, para el crecimiento de los seres humanos: “A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa; pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina”. (Mt 7:24–27)

 

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

Editorial: Por una paz completa

  • Feb 02, 2018
  • Publicado en Prensa

Hace 14 meses se firmó el Acuerdo de Paz. En este marco se reunió el 4 de enero, en Cartagena, el componente internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo, compuesto por los expresidentes Pepe Mujica de Uruguay y Felipe González de España, en compañía del Presidente Santos y delegados de las FARC. Según los análisis elaborados por varias entidades entre ellas el Instituto Kroc, el CERAC y el Cinep/PPP, si bien el Acuerdo Final ha tenido avances significativos en lo que respecta al cese al fuego, la dejación de armas por parte de las FARC, la creación de su partido político y los desarrollos legislativos para proteger el espíritu e integralidad del acuerdo, entre otros asuntos, el proceso de implementación apenas alcanza un 18% de la totalidad de la implementación normativa. Es mínimo el avance en lo que respecta a la Reforma Rural Integral, la participación política, la Justicia Especial para la Paz y el punto más importante del Acuerdo: la verdad, la reparación y no repetición de la violación de los derechos de más de ocho millones de víctimas que dejó el conflicto social y armado de medio siglo en Colombia.

Es por eso que el pronunciamiento de los expresidentes Mujica y González se centró en pedirle al Estado y a la sociedad colombiana, una implementación más intensa y contundente. El Acuerdo representa un compromiso de las partes con el pueblo colombiano. Compromiso que fue refrendado por el Congreso de la República y revestido de constitucionalidad por la Corte Constitucional, pero igualmente es un compromiso con la comunidad internacional y la paz mundial.

Preocupa especialmente a los expresidentes que la implementación del Acuerdo, coincida negativamente durante este semestre, con la campaña electoral al Congreso y a la Presidencia de Colombia.

Al respecto, la Conferencia Episcopal colombiana en varios documentos ha insistido en que el país necesita una Paz completa. Lo que supone una Paz cimentada en la reconciliación con justicia social, equidad y convivencia en medio de las diferencias. Una Paz que respete la vida de los líderes y lideresas sociales. Igualmente, la Conferencia Episcopal y la Misión de la ONU, pidieron al gobierno y al ELN, en un comunicado del 8 de enero, definir un acuerdo de cese al fuego más robusto que genere mayor confianza entre las partes y en la sociedad colombiana.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

Pareciera que últimamente nos mecemos entre la esperanza que produce saber que el cese bilateral se mantiene, y el escepticismo que deja presenciar las manifestaciones de la inestabilidad política y social del país. En medio de esta fluctuación cotidiana, la Mesa de Quitó realizó las Audiencias Preparatorias, que buscaban insumos para definir los términos de la participación del primer punto de la agenda del Acuerdo de Caracas, en el marco del cuarto ciclo de negociaciones que, en líneas generales, culminó “satisfactorio” a pesar de todo.

Resulta paradójica nuestra fluctuación anímica.

En principio, un estímulo para la participación fue el primer paso dado por ambas delegaciones con la declaración del cese al fuego, que apareció como una esperanzadora muestra de humanidad y voluntad bilateral luego de la visita del Papa. Sin embargo, del dicho al hecho, ha habido mucho trecho, y la responsabilidad en esto ha sido de parte y parte.

El proceso de paz dejó de estar relegado en la agenda de la opinión pública gracias a seguidilla de ciertas noticias que ahondaron la incertidumbre: la renuncia de Juan Camilo Restrepo y del general Eduardo Herrera, así como el anuncio de la reestructuración del equipo negociador del gobierno, si bien parecen una oportunidad, son un reto en el camino de llevar a la mesa al anhelado “punto de no retorno” antes de las elecciones. La tarea parece mayor, teniendo en cuenta que ya Ordóñez, Holmes y Duque se sumaron a la opción de Cambio Radical de suspender las negociones, de triunfar en las presidenciales.

Por desgracia, aunque fue el ELN quien puso la necesidad de frenar los ataques contra los líderes como uno de los compromisos del cese bilateral y como garantía necesaria para el ejercicio de participación, el correlato de su exigencia fue la muerte del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero, producto de un “error” cometido por los hombres del Frente de Guerra Occidental de esta guerrilla, aún sin representación en la Mesa. Este suceso y el éxodo consiguiente de las comunidades indígenas de la región, sumado a la alarmante crisis humanitaria que se atiza cotidianamente en el Pacífico –pruebas de eso la masacre de Llorente y la masacre de Magüí Payán-, refuerzan la intuición que indica que la persistencia de las condiciones que han causado y avivado la confrontación en lugares concretos, es lo que determina los factores que hacen más vulnerables a líderes sociales y comunidades específicas, y es precisamente en la existencia de estas condiciones donde puede verse el carácter sistemático de una tendencia que el gobierno se niega a reconocer.

Los acuerdos de la Habana aparecieron como un primer paso en el proceso de superación de estas condiciones. Sin embargo, el incumplimiento y las dilaciones en la implementación de los acuerdos agravan cada día más el escepticismo existente porque, en general, profundizan la desconfianza de la gente en el Estado, y en su capacidad efectiva de tramitar los compromisos que adquiere. Esto, entre otras cosas, disminuye los ya precarios incentivos que existen para participar, en la medida que debilita la frágil credibilidad que la sociedad colombiana atribuye a las instituciones de su democracia. Esta desconfianza puede ser, entre otras cosas, una de las causas de la apatía que el grueso de la sociedad colombiana demuestra ante los procesos de construcción de la paz que ya emprendimos.

Además del grave historial de incumplimientos de acuerdos por parte del Estado –que es el motivo más recurrente de los eventos de movilización social de los últimos años, como lo indica el seguimiento que hace a estos hechos el Cinep/Programa por la Paz– existe miedo y prevención de participar en los mecanismos diseñados para la implementación de los acuerdos[1]. Se suponía que llevar a cabo estos procesos de manera participativa y concertada en los territorios, permitiría dar tratamiento progresivo a los problemas y a las reivindicaciones históricas de las poblaciones excluidas, ampliando los alcances de la democracia colombiana. No obstante, es claro que esto no está sucediendo.

Entonces, así como pájaro viejo no entra en jaula, las circunstancias dificultan para muchos la posibilidad de no ceder a las inercias del conflicto. Prolongar la postura de aquellos que manifiestan que no hay argumentos para rechazar de manera tajante la violencia, parece condenarnos tristemente a la espiral de una falacia simple, que dice que el histórico recurso a la guerra explica su prolongación, dado que no hay argumentos suficientes para rechazarla convincentemente. Quizá una institucionalidad convincente podría ser, por ejemplo, un primer paso en el camino de liberarnos progresivamente de esta espiral. Algo así como un Estado convincente.

Mientras, la Minga Nacional Indígena por la Vida, o el paro de campesinos cultivadores de coca son una expresión, por un lado, de los límites de los espacios de concertación y participación realmente existentes, y por el otro, de que la movilización social continúa siendo el mecanismo de participación más eficaz para posicionar las iniciativas y reivindicaciones de los movimientos, sectores sociales y poblaciones en la agenda pública. Ahora, la situación es más difícil dada la inexistencia de garantías para la movilización social, cuya expresión más funesta es el tratamiento violento y represivo que la fuerza pública continúa dando a la protesta.

A pesar del éxito proferido de las Audiencias realizadas, difícilmente la conversación sobre los alcances de la participación propuesta para este proceso de paz escape a este contexto. Los retos no son menores ante la posibilidad de realizar un proceso de participación que en efecto guíe la construcción de consensos sobre los temas que se discutirán en Quito. Esto porque lo que ha sucedido en estos días enseña que el ejercicio de participación debe ser suficientemente acotado, con la intención de que no genere nuevas expectativas que formen nuevas frustraciones. También es imperioso que el ejercicio tenga una incidencia real en la conversación, así como que las personas que participaron puedan saber hasta dónde va dicha incidencia. Adicionalmente, urge implementar de manera articulada los alcances y desarrollos que de ahí deriven con lo que se implemente de los acuerdos de La Habana.

Por ahora, que el cese y la mesa permanezcan, recuerda que es humanamente imperativo insistir en la necesidad de persistir, ahora que en teoría hay un consenso relativamente generalizado sobre la necesidad de desligar el ejercicio de la política y el trámite de los conflictos sociales del uso de las armas. En este sentido, la existencia del proceso de paz en sí mismo es una razón para la esperanza. Para acordar en qué términos y bajo qué circunstancias podrá concretarse el alcance de este proceso de paz existe una negociación en Quito. Para que ésta permanezca se requiere que la sociedad rodee el proceso y participe, y para que la participación de la sociedad se dé, se necesitan garantías y voluntad reales.

 

 

[1] Sólo a modo de ejemplo, pese a que los planes de sustitución voluntaria brindarían un tratamiento alternativo a los campesinos acogidos  programa, que el gobierno haya priorizado la erradicación forzada claramente no da seguridad a quienes suscriban los acuerdos de sustitución; tanto en relación con los riesgos que corren sus vidas al participar de los programas, como en términos de las garantías de cumplimiento en acceso a derechos y en la sostenibilidad de los proyectos alternativos. Mientras esto sucede, es bien sabido que grupos armados continúan ofreciendo incentivos para la siembra a comunidades que nunca habían sembrado coca -como sucede hoy en el bajo Atrato-, generando formas nuevas y complejas de relacionamiento entre estos actores armados y las comunidades.

 

Camila Carvajal

Investigadora Equipo de Conflicto, Estado y Desarrollo