Sep 25, 2017
Comunicados

Comunicados (16)

Una serie de hechos que atentan contra la vida y la seguridad de miembros de distintas comunidades reclamantes de tierras en el Bajo Atrato hace que distintas organizaciones como Cinep/PPP, suscriban este comunicado para hacer un llamado a las autoridades y diferentes entes de control para que se respete el derecho a la vida, la libertad y la integridad de la población reclamante, las organizaciones que los acompañan y los distintos funcionarios que intervienen en estos procesos de restitución. 

 
 

 

 

El pasado 23 julio llegó a la Mesa Nacional de Víctimas, una amenaza contra la vida de varias lideresas y líderes de las organizaciones que lo componen. Nos solidarizamos con ellos y ellas y alentamos a la comunidad internacional, a organizaciones sociales y a la sociedad en general a unirse en pro de buscar la protección de quienes han luchado desde hace varias décadas por la búsqueda de la construcción de paz en Colombia.  Compartimos el comunicado que desde la organización Viva la Ciudadanía, organización víctima de estas amenazas, han construido y   y queremos con esto empezar una campaña en redes, en el enlace que anexo están imágenes que pueden usar en sus redes con el Hashtag #NoMásAmenazas para apoyarnos.

 
 

 

 

El Grupo de familiares de víctimas de Crímenes de Estado de Boyacá : Vida, Memoria y Dignidad invitan el próximo 16 de julio a partir de las 8:30 a.m. a una caminata que parte del cementerio central de Duitama hasta la empresa Postobón punto donde fue asesinado Luis Orlando Saiz. Esta conmemoración se realiza al año del asesinato y reclama justicia frente a este caso y frente a todos los hechos de violencia que han ocurrido en el departamento de Boyacá  a manos de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. 

 
 

 

 

Los jesuitas de América Latina y El Caribe / CPAL nos solidarizamos con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

¡No están solos!

Los Superiores de los jesuitas de América Latina y el Caribe condenamos el espionaje perpetrado en contra del CENTRO PRODH en México, exigimos que se suspenda esta grave violación a los derechos humanos y que se sancione a los culpables.

Los Provinciales de los Jesuitas de América Latina y el Caribe apoyamos plenamente a los jesuitas de México en sus opciones en favor de la justicia a través de sus obras apostólicas. Por tal motivo nos unimos en su condena al espionaje presuntamente cometido por el Gobierno de México en contra de miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez – CENTRO PRODH, así como de otros reconocidos periodistas y defensores de los derechos humanos, dado a conocer por el New York Times el pasado 19 de junio.

Junto con los jesuitas mexicanos exigimos a las autoridades mexicanas que garanticen la integridad de todos los miembros del CENTRO PRODH y de todos aquellos que han sido víctimas de esta violación de sus derechos. El CENTRO PRODH es una obra de la Compañía de Jesús, que durante 29 años defiende a numerosas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas a las del caso -aún no resuelto- de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, que ha causado tanta indignación a nivel internacional.

En nombre de todos los jesuitas de América Latina y de El Caribe nos unimos a la exigencia de nuestros compañeros de México pidiendo que se investigue exhaustivamente este hecho ilegal y violatorio a los derechos humanos, que se sancione a los culpables y que se garantice que la información extraída ilícitamente no sea utilizada indebidamente.

Lamentamos que este hecho agrave aún más la situación de irrespeto de los derechos humanos en México; tanto más cuanto el mismo presidente Enrique Peña Nieto, anunciando que ordenó realizar con celeridad una investigación sobre el hecho, afirmó que las acusaciones son falsas y pidió que caiga el peso de la ley contra quienes lo denunciaron, erigiéndose así a la vez en juez y parte, y condenando la investigación al fracaso.

Solidarios con nuestros compañeros apostólicos y con todas las víctimas de violaciones a las libertades fundamentales, nos mantendremos vigilantes de lo que suceda y motivamos a la sociedad civil en general para que siga promoviendo y exigiendo la libertad, la transparencia y la plena vigencia de todos los derechos humanos para todos, tanto en México como en el resto del continente.

 


ROBERTO JARAMILLO BERNAL, S.J.
Presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas
de América Latina y el Caribe - CPAL

Organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, etnias y poblaciones rechazan el asesinato de bernardo cuero bravo, fiscal de asociación nacional de afrocolombianos desplazados-afrodes

 
 
 

 

 

Comunicado público de la comisión nacional de diálogo para la construcción de la ley de garantias y promoción de la participación ciudadana y de los movimientos sociales y otras modificaciones normativas al gobierno nacional de Colombia, a la Csivi y a la comunidad.

 
 

 

 

 Nos parece muy grave que, al igual que otros líderes sociales asesinados, amenazados y perseguidos judicialmente en las últimas semanas, los y las defensores de derechos humanos se encuentren limitados en su participación, justamente hoy que se requiere de ellos y ellas para la implementación y sostenibilidad de los acuerdos con las FARC y a los que se llegue con ELN ahora que inició la fase pública de negociación con esta guerrilla.
 

 

 

En días pasados tuvimos conocimiento sobre un borrador elaborado por el Gobierno Nacional denominado proyecto de ley "Por el cual se adoptan disposiciones de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales y se dictan otras disposiciones". Se nos ha informado que ese proyecto sería presentado para la discusión y concertación de la CSIVI y de su lectura nos ha surgido una enorme preocupación, ya que tanto el enfoque general de la iniciativa, como varios de sus contenidos particulares, desconocen abiertamente la Constitución Política de 1991, la jurisprudencia de la Corte Constitucional e incluso el propio contenido del Acuerdo de Paz de la Habana suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP en noviembre de 2016
 
 

 

 

Como Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (Cinep/PPP) expresamos nuestra preocupación por la creciente ola de asesinatos a líderes comunitarios. Es el caso de la señora Marcelina Canacué de 60 años de edad, reconocida líder integrante del movimiento político Marcha Patriótica y adscrita a la Junta de Acción Comunal de la vereda Versalles, jurisdicción del municipio de Palermo, Huila, quien fue asesinada el pasado 25 de noviembre, Día de la no violencia contra las mujeres. Advertimos que este tipo de acciones repetidas buscan generar un ambiente de inestabilidad y hostilidad para la implementación de los acuerdos de paz con las FARC.

Es imperativo que el Presidente de la República tome medidas y acciones inmediatas para garantizar el derecho a la vida de todos los colombianos y que agilice la realización de dicho acuerdo sin poner en riesgo a las víctimas y a los líderes sociales.

Nuevamente alertamos sobre el riesgo en el que se encuentran los defensores de derechos humanos. Tan solo en el tercer trimestre del año se registraron 19 homicidios y 37 amenazas a mujeres y hombres integrantes de organizaciones y movimientos sociales que amedrentan la participación ciudadana. No basta con firmar un acuerdo de paz si la vida sigue siendo amenazada, si la palabra de quienes piensan diferente es amordazada y silenciada, si la acción de quienes deciden defender los derechos propios y de otros es callada por una violencia dirigida y orientada hacia el terror.

Por eso hacemos un llamado de urgencia al presidente de la república, señor Juan Manuel Santos Calderón, en su calidad de jefe de Estado y comandante supremo de las fuerzas armadas, para que se implementen –cuanto antes y con la necesaria decisión– las herramientas y protocolos para combatir el paramilitarismo y los grupos armados que se han organizado tras su desmovilización; brindar protección a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, y garantizar su derecho a la vida.  Todo lo anterior en coherencia con el Acuerdo para el logro de una paz estable y duradera para Colombia.

Reiteramos nuestra preocupación por las víctimas y por las personas que lideran procesos en defensa de la dignidad humana. A ellas nuestra solidaridad y respaldo en este momento de la historia que esperamos no deje más dolor ni muerte en la memoria de nuestro país. Por eso, trabajamos  por el cuidado y la defensa de la vida, porque ella es sagrada.

Es tiempo de reconocer la diferencia, de aceptar que existe en Colombia una deuda histórica con una parte de la población que ha sido excluida y que reclama su derecho a participar, a ser reconocida, escuchada en la defensa de sus territorios y valorada políticamente como un actor legítimo. Es necesario seguir trabajando en el fortalecimiento de la democracia y del ejercicio de la  política sin violencia.

Estos más de cuatro años de negociación en La Habana y el nuevo acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016, deben ser entendidos como el punto de partida de un proceso largo que busca, en medio de las diferencias, contradicciones y acuerdos, la construcción de la paz sin la mediación de la violencia, para  hacer de Colombia un país más justo, sostenible y en paz.

Cinep/Programa por la Paz.

Descargar comunicado

 

Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos solicitamos audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH para exponer nuestras preocupaciones respecto al desconocimiento de los estándares internacionales de justicia y reparación en las propuestas de los promotores del No.

Según Soraya Gutiérrez, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo "en la audiencia con la CIDH se quiere alertar sobre la impunidad en la que se encuentran los crímenes de Estado, las fórmulas de las campaña del No que buscan perpetuar la impunidad en relación con agentes del Estado y que se garantice que las víctimas tengan una participación amplia en todos los espacios de discusión como de implementación una vez se hagan los ajustes a los acuerdos". 

En rueda de prensa los voceros de las organizaciones expusieron los principales argumentos que afectan los derechos de las víctimas ante los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre, en este momento se hace imposible activar los mecanismos establecidos en el acuerdo, por lo que no se está haciendo un reconocimiento de lo pactado, avanzando por ejemplo en el desarrollo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Por su parte los promotores del No han reactivado la propuesta de un "alivio judicial" a los integrantes de la fuerza pública, si bien los miembros de las Farc-EP no son los únicos responsables de crímenes graves en contexto del conflicto armado, conceder "alivio judicial" significa mayor impunidad y afectación a los derechos de las víctimas de crímenes cometidos por agentes estatales. “Consideramos que medidas que buscan proteger a los agentes estatales, a empresarios y políticos no favorece el derecho a la verdad de las víctimas y reitera un pacto de silencio e impunidad”, aseguró Diana Gómez, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Estado- Movice.

Según el informe ¡Basta Ya! del Centro de Memoria Histórica demuestra que la violencia ha estado alimentada mayormente por la responsabilidad colectiva de la fuerza pública e individual de varios de sus agentes. Delitos como la desaparición forzada, con 45.944 víctimas directas, son atribuidos a grupos paramilitares y agentes de la fuerza pública en el 84% de casos. Las ejecuciones extrajudiciales, que entre 2002 y 2010 dejaron 4.475 víctimas, son todas ellas responsabilidad de agentes estatales. Así mismo ocurre con los asesinatos selectivos en los que paramilitares y fuerza pública son responsables del 69% de los casos, o las 1.982 masacres cuya responsabilidad en el 56% de casos es atribuida a grupos paramilitares en asocio con la fuerza pública, autoridades civiles, y civiles financiadores del conflicto, mientras el 27 % de los casos son atribuidos a autores desconocidos y el 17% a las guerrillas.
 
Finalmente las organizaciones de víctimas hacemos un llamado para reconocer y avanzar en lo acordado en la mesa de La Habana, en el punto 5 de los acuerdos, para que las modificaciones respeten la centralidad y los derechos de las víctimas.