Nov 24, 2017
Comunicados

Comunicados (20)

La sola publicación de la lista de los integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición ha producido un oleaje rápido en el mar político. Toda clase de pescadores, cada uno con su propia caña y su propio anzuelo, lanzaron ya sus carnadas, muchas de ellas venenosas, aun antes de saber qué es y qué se espera de dicha comisión.

Ese mecanismo extrajudicial es el que todos más esperamos, por aquello de que los seres humanos, por nuestra misma naturaleza, buscamos siempre esclarecer la verdad de lo ocurrido. Sobre todo, las personas que han sufrido en carne propia los horrores de la guerra y han sobrevivido con dolor. Pero hay quienes han manifestado su temor al esclarecimiento y han prejuzgado, lanzando al público su descalificación de las personas y de la labor aún no empezada de la Comisión de la Verdad. Esos prejuicios son injustificados y temerarios. ¿Le temen a la verdad?

El Cinep, que durante 45 años ha investigado la realidad colombiana y tratado de entenderla y explicarla, sienta su pública protesta por los ataques calumniosos a su actividad y al trabajo científico del profesor Mauricio Archila Neira. Protesta tanto más indignada cuanto que los señalamientos infundados y tergiversados pueden significar, en la Colombia de hoy, un grave peligro de la vida. Es una triste labor de irresponsables el dedicarse a darle razón al que dijo: (…) Calumnia que algo queda.

Es incomprensible que la defensa de los derechos humanos de la gente, o sea, la protección de la vida, de los bienes y de la honra de las personas, pueda constituir un motivo de descalificación por aquellos mismos cuyos derechos se promueven y se defienden. Y es lamentable que la mayoría de esas agresiones verbales se hagan desde la ignorancia y desde la malevolencia. Tampoco podrían tener otro origen.

Los acusadores del profesor Mauricio Archila Neira, en los medios y en las redes sociales, no han leído siquiera sus obras que hacen parte del legado histórico de Colombia, en especial acerca del tema los movimientos sociales de este país. Tampoco conocen su impresionante hoja de vida ni tienen idea del gran servicio que él le ha prestado a la educación del país. Con la soberbia del que ignora de qué se trata y la cobardía del anonimato, los calumniadores repiten la misma frase insultante sin contenido racional alguno.

El Cinep/Programa por la Paz y el profesor Archila continuarán su trabajo por el esclarecimiento de la realidad colombiana y su defensa de los derechos humanos, labor a la cual han dedicado todos sus esfuerzos, con el mismo empeño con el que la comenzaron. Y este es el momento más propicio para que esas labores incansables sirvan al progreso de la población colombiana y al despertar de la conciencia de su dignidad que no puede ser pisoteada.

 

Descarga aquí el comunicado

 
 

 

 

Hoy se radica el proyecto de ley que declararía el 19 de mayo como el Día nacional de la lucha contra la impunidad de los crímenes contra defensores de derechos humanos.

En el marco de la conmemoración de los 20 años del asesinato de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado, padre de Elsa, el Cinep/Programa por la Paz impulsó la propuesta de declarar el 19 de mayo Día nacional contra la impunidad. El Representante Alirio Uribe Muñoz, radicará el proyecto de ley de honores hoy a las 2:00 p.m.

"Hemos elegido este día, 19 de mayo, en memoria de los defensores de derechos humanos Elsa Alvarado y Mario Calderón, quienes fueron asesinados en 1997 y cuyo crimen fue declarado este año, de lesa humanidad" manifestó el Congresista.

En el acto de radicación del proyecto estarán presentes, Ivan Calderón, hijo de la pareja asesinada; Marco Fidel Vargas, subdirector del Cinep, lugar donde trabajaron hasta su muerte los defensores de derechos humanos, y otros miembros de las familias Calderón y Alvarado.

Igualmente acompañarán la radicación que se hará en la Secretaria de la Cámara de Representantes, los congresistas también firmantes del proyecto:  Angela María Robledo, Angélica Lozano, Inti Asprilla, Oscar Ospina, de la Alianza Partido Verde; Víctor Correa, Germán Navas Talero, Iván Cepeda Castro y Senen Niño, del Polo Democrático; Carlos Guevara, del Mira; y Luciano Grisales, del Partido Liberal.

El proyecto busca llamar la atención sobre la urgencia que tiene garantizar la investigación y sanción efectiva para las amenazas y agresiones que a diario sufren quienes defienden los derechos humanos en el país.

Nota:

Mario Calderón, Elsa Alvarado y el padre de Elsa Carlos Alvarado fueron asesinados el 19 de mayo de 1997. Mario y Elsa eran líderes sociales y defensores de derechos humanos y ese liderazgo fue incómodo para alguien que decidió quitarles la vida. Después de 20 años la impunidad impera en su caso y es por esto que buscamos que esta fecha sea reconocida como el Día nacional contra la impunidad.

 

 

 

 

 

El presente informe sobre agresiones y graves violaciones de derechos a defensores de derechos humanos y líderes sociales ha sido elaborado con base en los registros del Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP), del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), en un ejercicio de aproximación a este fenómeno. El documento no pretende dar cuenta de la universalidad de casos, ni abarcar la totalidad de una realidad que seguramente excede a este informe, en lo cualitativo y en lo cuantitativo; tampoco intenta trazar líneas de causalidad entre las coincidencias que se presentan con los asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos, sino complementar, apoyar y ratificar las denuncias que han venido presentando organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, instituciones del Estado y el Sistema de Naciones Unidas, en un intento de brindar un panorama más completo sobre el creciente fenómeno que se está registrando y que constituye un ambiente lleno de peligros y barreras para la implementación de los acuerdos de paz que se están implementando en este momento de la historia colombiana.

 
 

 

 

Cinep/Programa por la Paz, Foro Nacional por Colombia y Viva la Ciudadanía manifiestan su preocupación ante lo expresado por la precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez en su comunicación del 26 de septiembre de 2017 sobre la Ley estatutaria de garantías para la participación de la ciudadanía, organizaciones y movimientos sociales y para la movilización y la protesta social y que fue tema de la agenda mediática, sin la correspondiente verificación de la información.

 
 

 

 

Una serie de hechos que atentan contra la vida y la seguridad de miembros de distintas comunidades reclamantes de tierras en el Bajo Atrato hace que distintas organizaciones como Cinep/PPP, suscriban este comunicado para hacer un llamado a las autoridades y diferentes entes de control para que se respete el derecho a la vida, la libertad y la integridad de la población reclamante, las organizaciones que los acompañan y los distintos funcionarios que intervienen en estos procesos de restitución. 

 
 

 

 

El pasado 23 julio llegó a la Mesa Nacional de Víctimas, una amenaza contra la vida de varias lideresas y líderes de las organizaciones que lo componen. Nos solidarizamos con ellos y ellas y alentamos a la comunidad internacional, a organizaciones sociales y a la sociedad en general a unirse en pro de buscar la protección de quienes han luchado desde hace varias décadas por la búsqueda de la construcción de paz en Colombia.  Compartimos el comunicado que desde la organización Viva la Ciudadanía, organización víctima de estas amenazas, han construido y   y queremos con esto empezar una campaña en redes, en el enlace que anexo están imágenes que pueden usar en sus redes con el Hashtag #NoMásAmenazas para apoyarnos.

 
 

 

 

El Grupo de familiares de víctimas de Crímenes de Estado de Boyacá : Vida, Memoria y Dignidad invitan el próximo 16 de julio a partir de las 8:30 a.m. a una caminata que parte del cementerio central de Duitama hasta la empresa Postobón punto donde fue asesinado Luis Orlando Saiz. Esta conmemoración se realiza al año del asesinato y reclama justicia frente a este caso y frente a todos los hechos de violencia que han ocurrido en el departamento de Boyacá  a manos de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. 

 
 

 

 

Los jesuitas de América Latina y El Caribe / CPAL nos solidarizamos con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

¡No están solos!

Los Superiores de los jesuitas de América Latina y el Caribe condenamos el espionaje perpetrado en contra del CENTRO PRODH en México, exigimos que se suspenda esta grave violación a los derechos humanos y que se sancione a los culpables.

Los Provinciales de los Jesuitas de América Latina y el Caribe apoyamos plenamente a los jesuitas de México en sus opciones en favor de la justicia a través de sus obras apostólicas. Por tal motivo nos unimos en su condena al espionaje presuntamente cometido por el Gobierno de México en contra de miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez – CENTRO PRODH, así como de otros reconocidos periodistas y defensores de los derechos humanos, dado a conocer por el New York Times el pasado 19 de junio.

Junto con los jesuitas mexicanos exigimos a las autoridades mexicanas que garanticen la integridad de todos los miembros del CENTRO PRODH y de todos aquellos que han sido víctimas de esta violación de sus derechos. El CENTRO PRODH es una obra de la Compañía de Jesús, que durante 29 años defiende a numerosas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas a las del caso -aún no resuelto- de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, que ha causado tanta indignación a nivel internacional.

En nombre de todos los jesuitas de América Latina y de El Caribe nos unimos a la exigencia de nuestros compañeros de México pidiendo que se investigue exhaustivamente este hecho ilegal y violatorio a los derechos humanos, que se sancione a los culpables y que se garantice que la información extraída ilícitamente no sea utilizada indebidamente.

Lamentamos que este hecho agrave aún más la situación de irrespeto de los derechos humanos en México; tanto más cuanto el mismo presidente Enrique Peña Nieto, anunciando que ordenó realizar con celeridad una investigación sobre el hecho, afirmó que las acusaciones son falsas y pidió que caiga el peso de la ley contra quienes lo denunciaron, erigiéndose así a la vez en juez y parte, y condenando la investigación al fracaso.

Solidarios con nuestros compañeros apostólicos y con todas las víctimas de violaciones a las libertades fundamentales, nos mantendremos vigilantes de lo que suceda y motivamos a la sociedad civil en general para que siga promoviendo y exigiendo la libertad, la transparencia y la plena vigencia de todos los derechos humanos para todos, tanto en México como en el resto del continente.

 


ROBERTO JARAMILLO BERNAL, S.J.
Presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas
de América Latina y el Caribe - CPAL

Organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, etnias y poblaciones rechazan el asesinato de bernardo cuero bravo, fiscal de asociación nacional de afrocolombianos desplazados-afrodes

 
 
 

 

 

Comunicado público de la comisión nacional de diálogo para la construcción de la ley de garantias y promoción de la participación ciudadana y de los movimientos sociales y otras modificaciones normativas al gobierno nacional de Colombia, a la Csivi y a la comunidad.