Mar 27, 2017
Conflicto y estado

Conflicto y estado (3)

Para avanzar en la mesa de negociaciones es indipensable generar confianzas y pertinente el desescalamiento del conflicto, luego del inicio de la fase pública de la negociación aun persisten los hechos violentos de uno y otro bando, tanto de parte del Ejército como del ELN. Desde el Cinep/PPP hemos recopilado algunas noticias que evidencian el aumento de la incursiones y el escaso compromiso de las partes para llevar a buen término las conversaciones.

 

Para Víctor Barrera, investigador del Cinep/ PPP, "el ELN no le quieren dar la importancia que se merece al tema del desecalamiento, lo que quieren es participación, para el Gobierno los dos temas son fundamentales, no puede haber participación en estas condiciones de inseguridad. Hay también el desacuerdo en cuanto a la valoración que se hace respecto al desescalamiento y al tema de participación y eso sumado a otro elemento, la dificultad de desescalar de manera rápida, pero precisamente desde su naturaleza federada no sabemos qué tan consistente pueda ser un cese unilateral por ejemplo en este caso. Hay dudas a cerca de si lo que diga el Comando Central va a ser acatado por todos sus frentes y bloques teniendo en cuenta esas variaciones territoriales. La mesa está atrapada en un equilibrio pernicioso para ambas partes, precisamente porque cada asume que la otra no tiene compromiso real."

 

 

Una de las mayores preocupaciones que mostraron los miembros de las Farc en la mesa de diálogos para su desmovilización fue el fenómeno del paramilitarismo. El punto 3 del acuerdo Fin del conflicto incluye varias medidas que buscan erradicar estos grupos. Victor Barrera, investigador del proyecto de Conflicto y Estado habla de los grupos paramilitares y de los riesgos que estos traen para la implementación de los acuerdos.

 ¿Cuál es el estado actual del paramilitarismo en el país?

Victor Barrera

La discusión sobre el paramilitarismo ha sido muy coyuntural. Llevamos una década discutiendo si son bandas criminales, como las denomina el gobierno, o si son el paramilitarismo tal cual como se vivió en el país. Para no caer en esa discusión, uno podría denominar unas ofertas de seguridad privada atadas a agendas locales y a unos intereses muy concretos de mantener el statu quo. Esas son unas tendencias que se ven a lo largo de más de cuatro décadas de paramilitarismo en Colombia.

Hay muchas similitudes en la continuidad territorial, en algunos municipios se ha concentrado este fenómeno históricamente. Entre estos grupos de la actualidad existen ejercicios de la violencia, administración de mercado ilegales y un portafolio de criminalidad mucho más grande de lo que conocimos como paramilitarismo en años anteriores.

¿Cómo entender el tema de las Bacrim?

Dentro del Cinep/PPP no hay un consenso de cómo denominarlos. Yo prefiero denominarlos como grupos armados post-desmovilización, porque es escapar a esa discusión de si son o no paramilitares y entrar a analizar lo que hacen y por qué lo hacen.

En términos generales, después de la desmovilización de los paramilitares hubo un descenso en la violencia letal. Algunos sectores del gobierno interpretan estas cifras con un error que es confundir la estrategia de la violencia con la capacidad efectiva de estos grupos. Ese cambio en la dinámica de la violencia tiene que ver con un cambo estratégico en el posicionamiento. Años atrás estos grupos tenían fuertes alianzas con sectores estatales en la lucha contra la insurgencia pero luego de la desmovilización hay una política por mostrarlos como enemigos del Estado y se despliega toda una ofensiva para combatirlos. En ese contexto se entiende por qué la violencia letal no hace parte de un repertorio dominante de estos grupos sino que la amenaza es mucho más efectiva porque es menos costosa y tiene menos riesgos políticos y judiciales para ellos.

En el sentido estricto, estas organizaciones no son reincidencias del paramilitarismo. Aquí lo que hay es una capacidad de movilizar nuevo recurso humano que está formado, que tiene habilidades criminales y que sabe vender su fuerza de trabajo en un mercado ilegal.

¿Qué está pasando con los asesinatos y amenazas a líderes sociales?

No hay una gran organización detrás de estos hechos. Lo que hemos visto y que nos llama la atención es que tenemos un número de líderes sociales asesinados similar al que experimentó el país en 2002, solo que en ese año los índices de violencia eran muy altos. Es anormal que tengamos en mismo número de muertos en magnitudes de conflicto tan distintas.

Tenemos cifras de asesinatos de líderes sociales dramáticas en un contexto dónde la magnitud del conflicto armado ha disminuido a niveles históricos, por lo tanto, no es un efecto colateral ni aleatorio de la confrontación armada. Hay unas condiciones estructurales a nivel local y unos intereses muy concretos que permiten que se reproduzca la violencia contra líderes sociales. Es importante insistir en que las dinámicas de la violencia no letal a nivel de amenazas es dramático. A los líderes sociales ya no solo se les quiere eliminar sino también generar un ambiente de zozobra constante.

En lo que llaman las Bacrim hay un giro organizacional muy importante. Ya no son estructuras jerárquicas sino una serie de facciones que se van recomponiendo mucho más rápido. La violencia ejercida por estos grupos tienen un sentido de resolver disputas alrededor de mercado ilegales.

Son las agendas locales que en coyunturas específicas activan la violencia contra los líderes sociales. Por ejemplo, son diferentes las condiciones de los asesinatos de líderes que promueven la sustitución de cultivos en una zona como el nudo del paramillo, que es una zona de mercado histórica donde convergen el cultivo, el procesamiento y la exportación  con las condiciones que viven los líderes sociales de otras zonas como San Vicente del Caguán.

Hay gente que todavía está en el debate conceptual de si son o no paramilitares y si hay una gran estrategia para boicotear el proceso de paz, pero son las condiciones a nivel local que permiten la reproducción de la violencia contra los líderes sociales. Aparte, yo diría en principio que no existe esa gran estrategia porque las posibilidades de que todos estos grupos se coordinen es muy costosa.

¿Cuáles son los retos en la política pública de protección a desmovilizados y a líderes sociales?

Con la unidad de protección que existe hoy no hay garantías para garantizar seguridad, así que  lo primero es crear una nueva institucionalidad en función de brindar esas garantías. Puede haber una iniciativa a nivel nacional, pero que prescinde del conocimiento local para poder hacerle frente a las posibles amenazas. Es necesario tener una fuerza mucho más especializada en la protección de los líderes en sus territorios.

A finales del año pasado el Ministerio de Defensa Nacional autorizó los bombardeos contra las bandas criminales. ¿Cómo modifica esa decisión la dinámica del conflicto?

Atender este fenómeno necesita tomar decisiones de mediano y largo plazo. Políticamente hay presión para dar resultados de corto plazo y esa ha sido la política de objetivos de alto valor. Y es considerar que capturando cabecillas, mandos medios y enlaces  claves en las áreas financieras de estas organizaciones, se van a desarticular. Es casi el mismo modelo que se usó con las Farc, solo que con la guerrilla había unas condiciones diferentes. En las Farc los combatientes rasos dependían de sus mandos medios y altos, pero en los grupos post-desmovilización como no tienen estructuras jerárquicas, esas capturas no inciden mucho porque simplemente ponen a alguien más.  La estrategia militar de dar capturas o bajas a integrantes de esos grupos es muy rentable políticamente y en la opinión pública, pero no da resultados a mediano y largo plazo.

Desde el equipo estamos maneando una hipótesis de trabajo. En México se implementó una estrategia muy similar a la de objetivos de alto valor y mostró que aparte que no resuelven el problema principal, genera una violencia mayor en el área donde operan esos grupos.

¿Cómo se deben manejar la política de los mercados ilegales para que se adapten a lo acordado con las Farc?

Yo tengo una visión muy pragmática sobre este tema teniendo en cuenta que la dinámica de los mercados ilícitos no se va a resolver en dos años, pero sí se pueden tomar unas medidas encaminadas a la reducción de la violencia mientras se prepara el terreno para reemplazar los mercados ilegales. Lo primero que hay que tener en el contexto de la implementación son unos factores mínimos de seguridad tanto para los desmovilizados como para las comunidades que los van a recibir. La propuesta de desarrollo regional debe incluir ofertas económicas, educativas, familiares para que los desmovilizados no vuelvan a la ilegalidad y para que las propias comunidades no vean en los mercados ilegales una opción.

¿Qué hacer frente a estos grupos de cara a la implementación de los acuerdos de La Habana?

Hace falta una política orientada hacia la judicialización de la macrocriminalidad. Toda la estrategia se ha concentrado en la militarización pero no hay un componente de justicia que pueda atender el fenómeno. El Ministerio maneja cifras de cerca de 17.000 miembros de estas organizaciones que han sido capturados entre 2007 y 2015, pero no hay pruebas para judicializarlos y vuelven a las calles a delinquir.

Hay una estrategia pero es la más costosa tanto en términos económicos como políticos porque no muestra resultados a corto plazo y consiste en generar dinámicas de desarrollo que desactiven estos grupos. Cuando se genera una capacidad de desarrollo a nivel regional  se agotan las dinámicas de los mercados ilegales y quedan sin margen de manejo estos grupos.

Un tercer elemento está relacionado con lo que Isaac Beltrán ha denominado las carreras criminales. Hay personas que una vez se inician en el mundo criminal en delitos menores, se genera una inercia y las posibilidades de sacarlo de esa carrera criminar son muy costosas o muy difíciles de implementar. En los territorios donde actúan estos grupos no hay una política concreta dirigida a la juventud rural o semiurbana que es el caldo de cultivo de las organizaciones ilegales.

 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

 

El pasado 11 de noviembre se dieron cita doce observatorios nacionales para compartir aprendizajes, dificultades y retos de la construcción de paz.

Con el objetivo de generar un diálogo de saberes y acercarse a las experiencias  que desde distintos observatorios de derechos humanos adelantan, el CINEP/Programa por la Paz junto con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, realizaron el encuentro “Mesa Nacional de Observatorios: Miramos hacia la paz”.

El grupo de investigación Derecho y Género de la facultad de derecho de la universidad de Los Andes dio apertura al encuentro exponiendo la inclusión de las mujeres en el debate local y la importancia de adoptar la perspectiva de género en el conflicto armado y cómo el movimiento nacional e internacional de mujeres ha sido especialmente efectivo en producir diagnósticos sobre las injusticias que se cometen contra estas en los conflictos armados, y sobre la necesidad de que las reparaciones tengan en cuenta las particularidades de su situación.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral-MOE presentó el trabajo realizado desde el Observatorio Político-Electoral de la Democracia el cual cuenta con distintas plataformas que trabajan en 35 regionales y con la ayuda de más de 380 organizaciones a nivel nacional, el proceso de recolección de información contribuye para dar diagnóstico en las regiones y brindar insumos para la toma de decisiones en instancias estatales.

El Observatorio de Culturas dependencia adscrita a la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte de Bogotá, en el último sondeo que realizó preguntó a los bogotanos por el tema de la paz, el posacuerdo y los diálogos de La Habana. Como resultado se percibe en Bogotá una ciudad desentendida de las negociaciones. 

Dentro de los temas discutidos en el encuentro se trató el tema de la participación de los medios de comunicación y el rol que juegan en la elaboración de la agenda pública en Derechos Humanos. Los medios tradicionales reafirman la polarización por lo que es importante considerar el trabajo de los medios comunitarios y alternativos.

Al terminar el encuentro se concluyó que la apropiación de prácticas y herramientas usadas dentro de los observatorios pueden crear lenguajes comunes, teniendo en cuenta las dinámicas diferenciadas y las miradas que se han volcado hacia la paz territorial, considerando la discusión de los derechos humanos como un medio pero dando preponderancia a la construcción de ciudadanía.

Otros observatorios asistentes: Movimiento Unidad Nacional de Víctimas- MUNALVIC; Observatorio de Realidad Social, Pastoral Social; Observatorio de Derechos; Humanos Policía Nacional; Observatorio del delito, Policía Nacional; Observatorio de transparencia y anticorrupción, Secretaria de Trasparencia; Observatorio de Construcción de Paz, universidad Jorge Tadeo Lozano; Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana-CEACSC y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.