Nov 24, 2017
Derecho a la tierra

Derecho a la tierra (16)

La garantía de los derechos de las mujeres rurales es uno de los pilares para el desarrollo sostenible y la construcción de una gobernanza responsable de la tierra y los recursos naturales. No obstante, el acceso a la tierra, la seguridad jurídica de la tenencia y su trabajo no es suficientemente reconocido a nivel económico y social. Las mujeres rurales tienen un rol clave en el trabajo de cuidado y productivo dentro de las comunidades para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional, generar ingresos y mejorar los medios de subsistencia y el bienestar general en las zonas rurales.

En el ámbito de la participación política, las dificultades para el empoderamiento político de las mujeres rurales en Latinoamérica están determinadas por prácticas culturales, sistemas de tenencia de la tierra desiguales y también por una escasa apertura en los espacios de decisión. A pesar de estas brechas, la capacidad organizativa de las mujeres rurales es cada vez más fuerte frente a temas económicos, sociales, ambientales, culturales y políticos y existen muchos procesos organizativos que desarrollan acciones de incidencia para ampliar su participación y toma de decisiones y alcanzar una mayor garantía de sus derechos.

 En el día internacional de las mujeres rurales este especial está dedicado a sus derechos, sus estrategias de organización y resistencia y su situación en algunos países latinoamericanos.

 

Participaron en este video: Carolina Vásquez García, Mujeres en Acción con Palabra y Pensamiento Ayuujk (México); Enma Maldonado Cornelio y Hansy Ajanel, mujeres Mayas Kaqchikel, Comité Campesino del Altiplano (Guatemala); Ana Mejía, indígena Miskita (Costa Caribe de Nicaragua); Plácida Perdomo,  Zona de Reserva Campesina Cuenca del Rio Pato y Valle de Balsillas, y Luz Edilma Liberato, Red  Sembradoras de Identidad  de Usme (Colombia); Loyda Olivo Cheme,  Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria COPISA (Provincia de Esmeraldas, Ecuadore); Katia Penha, Quilombo do Divino Espírito Santo,  Coordinadora Nacional de Quilombos –CONAQ  y Elisa Urbano, líder indígena (Brasil); Gladis Caurasi, mujer líder Guaraní de la zona de Yaku Igüa, comunidad de Pananty APG (Gran Chaco, Tarija, Bolivia); Irma Guzmán, Mujeres Mejorando el Chaco, Nelly Alcaraz, MOCAFOR y Rosa Cordero, Mujeres Raíces (Argentina).


 

Hablan las mujeres rurales de América Latina

 Informes regionales

Los Informes/País sobre la situación de las mujeres rurales son una propuesta de la Iniciativa Basada en Compromisos  “Mujer Rural y Derecho a la Tierra” de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC).  Presentamos a continuación los informes de Perú, Nicaragua, Colombia y México, que aportan datos fundamentales para tener en cuenta en cualquier tipo de discusión, proyecto o iniciativa que implique a las mujeres rurales, a la vez que proponen  recomendaciones puntuales para la garantía de sus derechos.

Perú
La situación de las mujeres rurales en el Perú

Nicaragua
Mujeres rurales en Nicaragua: entre heterogeneidad continuidad y cambios

Colombia
Mujeres rurales en Colombia

México
Situación general de las mujeres rurales e indígenas en México


Comunicación e incidencia hecha por mujeres
 

Las siguientes herramientas de comunicación e incidencia son resultados de estrategias implementadas por grupos de mujeres que trabajan por la garantía de sus derechos, el reconocimiento de sus identidades y la participación en los espacios de toma de decisiones que afectan a las mujeres rurales en Latinoamérica.

Con estas herramientas queremos visibilizar experiencias exitosas e innovadoras de comunicación e incidencia pero también aportar a que otros procesos de organización dialoguen con estos aprendizajes o los repliquen. Por esto las fichas están construidas a dos columnas: en la izquierda se cuentan las memorias de los procesos que presentamos:  

Notimia (Agencia de Noticias producidas por mujeres indígenas de Nicaragua, México, Guatemala, Bolivia y Brasil)

Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas 

Alianza de Mujeres por el Acceso a la Tierra y Medios de Producción (Guatemala)


 Mujeres y ruralidad en Bogotá

La vida de las mujeres rurales en los cerros orientales de Bogotá (Colombia), en veredas como Los Saches, el Verjón Bajo, Fátima o el barrio San Luis, es afectada por la presión inmobiliaria, los decretos de delimitación forestal dictados sin recorrer el territorio, la siembra de especies no nativas, e, incluso, por el desconocimiento de que existe vida campesina en una ciudad como Bogotá. Estos son ejemplos de las distintas formas de relación entre lo rural y lo urbano, que suelen afectar lo rural.

Esta crónica ilustrada es resultado de una visita de campo realizada por mujeres y hombres de organizaciones de Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Guatemala y Colombia en junio del 2017, en el marco del Encuentro Subregional Suramérica de la Iniciativa Basada en Compromisos “Mujer Rural y Derecho a la Tierra” de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC).

Luz Edilma Liberato, Gladys Mayordomo, Floralba Tiboche, Gladys Rico y Sara Cerón nos enseñan no solo los problemas que enfrentan las poblaciones rurales vecinas a las grandes ciudades, sino también, el papel fundamental de las mujeres en la defensa del derecho a la vida campesina.

La crónica busca visibilizar la vida y luchas de las mujeres rurales que habitan los cerros orientales de Bogotá. Por eso, ellas son las que hablan de sus trabajos por la defensa del agua, por la protección de los bordes de las quebradas, por la recuperación ambiental a través de la resiembra de especies nativas, de su apuesta por la soberanía alimentaria y de sus aprendizajes de la legislación para hacer frente a las múltiples amenazas de desterritorialización.


   

Documentos de interés

Recomendación general n.° 34 sobre los derechos de las mujeres rurales

Programa Rompecabezas (2016) : Mujer rural, trayectorias de lucha

Linea de tiempo (2016) : Mujer rural en Colombia

Género y políticas de tierras (2016)

Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales (2013)

Mujeres rurales: retos para las políticas públicas (2012)

Mujer rural: sin tierras, sin derechos (2011)

 Mujer rural: derechos y perspectivas (2010)

 

Nota del editor

El presente especial es resultado del trabajo de la Iniciativa Basada en Compromisos Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC) América Latina y el Caribe. Con el apoyo de Cinep/Programa por la Paz como punto focal de esta iniciativa.

Esta es una estrategia de acción colectiva regional que tiene como objetivo aumentar el acceso y control de la tierra y otros recursos de las mujeres rurales, así como la mejora de su participación en las tomas de decisiones sobre tierra y desarrollo rural en la región. Se lleva a cabo a través de la generación de conocimiento sobre la situación de las mujeres rurales, el fortalecimiento de sus capacidades políticas y la incidencia en tomadores de decisión a nivel nacional y regional.

Las organizaciones que hacen parte de esta iniciativa son: Fundación Plurales, en Argentina; Fundación Tierra y Centro de Estudio Regionales de Tarija (Cerdet), en Bolivia; Espacio Feminista, en Brasil; Corporación de Desarrollo Solidario (CDS) y Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (CINEP/PPP), en Colombia; Centro de Mujeres Afrocostarricenses (CMA), en Costa Rica; Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador (Sipae) y Corporación de Gestión y Derecho Ambiental (Ecolex), en Ecuador; Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Comité de Desarrollo Campesino (Codeca); Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), en Guatemala; Unión de Mujeres Campesinas de Honduras (Umcah) y Unión de Trabajadores del Campo, Campesina e Indígena (UTC), en Honduras; Red Ambiental Juvenil de Yucatán (RAJY) - Ecomunnis, en México; Instituto de Investigación y Desarrollo (Nitlapan – UCA) y Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cadpi), en NIcaragua; Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), en Perú; Red Centro Americana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas (REDMURIC) y Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, a escala subregional; y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), Trocaire, a escala internacional.

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Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Coordinadora de publicaciones: Margareth Figueroa Garzón
Comunicador gráfico: Miguel Martínez

Equipo Movilización, territorio e interculturalidad
Investigadora: Ana María Restrepo

Ilustradora: Lizeth León, 'Cuharita de Palo'

Edición video: Leida Ortega 

Por su amplia salida al mar a través del río Sinú y por conectar la región Caribe con el interior del país, el departamento de Córdoba ha contado con la presencia de diversos grupos armados que se disputan el control territorial desde mediados del siglo XX. Ese acaparamiento sistemático de miles de hectáreas de tierra y la distribución de la propiedad en la región están relacionados, también, con la configuración de poderes regionales y la consolidación de grupos privados de seguridad.

De hecho, el territorio cordobés fue plataforma del proyecto paramilitar debido a las estructuras de poder establecidas mediante el modelo de hacienda y a las dinámicas en las que la defensa de la propiedad privada, el modelo ganadero y la extracción agroindustrial debía fomentarse, incluso, por medio de las armas. A esto se suma que, durante los últimos veinte años, la violencia recrudeció como consecuencia del narcotráfico, principalmente porque muchas de las rutas de transporte de estupefacientes que atraviesan Córdoba han sido controladas históricamente por grupos paramilitares. A pesar de la desmovilización de los grupos paramilitares, entre 2002 y 2005, las estructuras armadas que hacían parte de las AUC —ahora denominadas Bandas Criminales (BACRIM) o grupos armados posdesmovilización (GAPD)— permanecen activas en el departamento. Varios líderes comunitarios han alertado sobre la consolidación de estos grupos, pues ha aumentado el número de sus integrantes y se ha establecido un control social de las poblaciones rurales. En este contexto, y dado que el desplazamiento ha sido y sigue siendo una de las principales afectaciones para la población, las comunidades campesinas han liderado procesos de organización territorial. Sin embargo, los líderes han sido estigmatizados, perseguidos y muchos de ellos asesinados durante décadas.

Este especial no solo cuenta las experiencias y reflexiones de organizaciones de víctimas y comunidades rurales del departamento de Córdoba en la ejecución de estrategias de exigibilidad del derecho a la tierra y el territorio, sino, también, narra su memoria sobre hechos victimizantes y su capacidad de resiliencia.


Relatos de guerra y paz en Córdoba

 
 
Propuestas de desarrollo rural y territorial desde las organizaciones
 
Desde hace seis años, el Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio en Córdoba (GTTC) ha liderado la unificación de territorios cordobeses, la recuperación de tierras para la población desplazada y la constitución del Resguardo Zenú del Alto San Jorge, ya reconocido legalmente por el Estado colombiano. La labor del GTTC no solo ha permitido hacer memoria sobre hechos victimizantes, como consecuencia de la presencia de distintos grupos armados en la región, sino también, reflexionar y reconocer la capacidad de resiliencia de las familias y comunidades.
 
 

Unidas por el propósito de consolidar procesos de organización y resistencia por el acceso a la tierra, las 12 organizaciones que conforman el GTTC se sitúan, principalmente, en Montería y en el sur del departamento:  

 

Mirando el horizonte: retos para la organización social en Córdoba

Javier Lautaro Medina, coordinador del equipo de Movilización, territorio e interculturalidad del Cinep/ Programa por la Paz —que ha hecho el acompañamiento al Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba desde el año 2011—, explica cuáles son los retos actuales para las organizaciones sociales en el territorio cordobés. Expone, además, las transformaciones necesarias que necesitan estos territorios que componen el GTTC y comparte sus preocupaciones sobre el panorama que tienen los jóvenes rurales que habitan este territorio. 


Años sin tierra: retorno simbólico al territorio del Manso

Una de las estrategias del GTTC para incidir en el acompañamiento y la exibilidad sobre los derechos a la tierra y el territorio en el departamento de Córdoba tiene que ver con el retorno simbólico al territorio de El Manso, en el Parque Nacional Natural Paramillo.

Entre el 25 y el 27 de octubre de 2016, campesinos oriundos de la zona, que fueron desplazados de su territorio hace 16 años, decidieron retornar simbólicamente y sostener una serie de conversaciones entre ellos y con diferentes organizaciones con el fin de aclarar el futuro del GTTC, los medios de acceso a la justicia por la tierra y el porvenir de su territorio.

Salieron desde el municipio de Fresquillo sobre dos lanchas, cargadas con aproximadamente 30 personas cada una. Ocho horas después, tras atravesar el Parque Nacional Natural Paramillo por la represa Urrá, el río Sinú y el río Manso, desembarcaron en el corregimiento de Barrancón. Presentamos esta galería, una muestra de lo que fueron los tres días durante los cuales los campesinos y las campesinas de El Manso retornaron a su territorio.

 

Cuatro libros clave para entender la lucha por el territorio en Córdoba




Memorias vivas para la recuperación del territorio cordobés (2017)

Este libro hace parte de un proceso de investigación, reflexión y escritura colectiva adelantado por campesinos, campesinas e indígenas, miembros del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba; organización que suma seis años en la apuesta fundamental por la defensa de sus territorios ante el despojo de la guerra y la victimización.

Defender el territorio es construir paz. La experiencia de los pueblos indígenas del Alto San Jorge (2016)

Este informe está construido desde la perspectiva de los derechos a la tierra, al territorio y a vivir en paz de dos comunidades indígenas del Alto San Jorge. El documento hace un acercamiento a la historia de poblamiento de la comunidad emberá de Dochama y el pueblo zenú, al contexto económico general de la zona y de conflicto armado. Además, presenta un recorrido por las capacidades organizativas de estas comunidades, que, en medio del conflicto armado y la inoperancia estatal para garantizar sus derechos, han construido y mantenido estructuras organizativas y experiencias propias de regulación social, base para la construcción de paz territorial.


Tierra y territorio en el departamento de Córdoba en el escenario del posconflicto (2016)

Este informe aborda las dinámicas del conflicto armado, los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades rurales, y el extractivismo en Córdoba. Cada una de estas perspectivas se analiza con base en visitas a terreno y en datos que organizaciones de la sociedad civil, así como entidades gubernamentales, han recolectado durante los últimos años. 

Córdoba: La tierra y el territorio (2014)

Con esta publicación se aporta al debate sobre la garantía del derecho a la tierra y al territorio y la construcción de propuestas incluyentes de acceso a tierras y desarrollo rural en el departamento.

 

Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Coordinadora de publicaciones: Margareth Figueroa Garzón
Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Periodista asistente:
María Gabriela Novoa
Asistente de publicaciones: Alejandra Mouthon

Ilustradora: Martha Lucía Castro Ramos

Dentro de las acciones del proyecto Cuando tengamos la tierra crecerá la semilla se realizó la segunda reunión de la Mesa de diálogo Multiactor de impulso a compromisos sobre seguridad y protección para reclamantes de tierras en Magdalena. En este espacio se discutieron los avances que han tenido las instituciones estatales en medidas para proteger la vida y la labor de los reclamantes.

En la mesa participaron líderes del Magdalena, instituciones estatales, organizaciones internacionales y organizaciones que acompañan los procesos de restitución de las comunidades de Diana María (Zona Bananera), Chimborazo (Puebloviejo) y Salaminita (Pivijay/Fundación). Para los participantes es importante trabajar en la protección a estas comunidades porque han registrado 142 hechos de violencia contra la población civil entre 2011 y 2016. De estos, dos casos son de homicidios y 109 amenazas directas y dos atentados.

Para las organizaciones convocantes hubo tres elementos que incrementaron la inseguridad a líderes de restitución. El primero es la reorganización de grupos paramilitares, algunos luego de cumplir condenas en Justicia y Paz. El segundo, el desprestigio a la política de restitución de tierras por parte del ex Procurador General Alejandro Ordoñez, ganaderos y terratenientes de la región, que estigmatizaron a los líderes reclamantes de tierras. Y el tercero que  continúan las amenazas a líderes por medio de panfletos y llamadas atribuidas a bandas criminales.

Franklin Ospina, presidente de la Asocarvirtmag, presentó sus preocupaciones por el desmonte de los equipos de seguridad de líderes de la región, llamado frente al que la representante de la Unidad Nacional de Protección afirmó que los estudios de seguridad se revisan constantemente y que se eliminan las medidas cuando los líderes no cumplen los requisitos expuestos en la ley, uno de ellos es la amenaza directa contra la persona.

Ospina también hizo un llamado a las entidades estatales para que las medidas de seguridad que se implementen sean colectivas y no personales, propuesta que fue respaldada por Leonardo Díaz, representante de Somos Defensores quien argumentó que las medidas personales de seguridad generan ruptura del tejido social en las comunidades y no solo legitiman las amenazas sino que no reducen el riesgo para las personas amenazadas.

La Policía Nacional afirmó tener registro de 6798 peticiones de proceso de restitución de tierras en el Magdalena. También alertó sobre la presencia de varios Grupos Armados Organizados entre ellos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Pachenca y los Costeños a quienes se les atribuyen la aparición de 10 panfletos amenazantes contra la población civil y a quienes se les conoce en la región como los ejércitos anti restitución.

Finalmente se lograron algunos acuerdos con los representantes de las entidades participantes para gestionar reuniones, talleres con las comunidades, y construir propuestas conjuntas de prevención y protección que se articulen con las políticas públicas que surgen del acuerdo de paz y que permitan mejorar las garantías para los líderes de procesos de restitución en el departamento.

 
Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones

El pasado 7 de junio se conmemoraron 18 años del desplazamiento forzado que sufrió la comunidad de Salaminita en el departamento del Magdalena. Algunos de los testimonios narran lo ocurrido ese día, resaltan la importancia de la conmemoración y exigen mayores garantías para el retorno a su territorio.

Click aquí para ver línea de tiempo del proceso de lucha por el acceso a la tierra de los habitantes de Salaminita.

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de Comunicaciones

Uno de los principales objetivos del Acuerdo de Paz producto de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP es “la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural”. Dicho horizonte es positivo, teniendo en cuenta la centralidad del problema de la tierra en el desarrollo del conflicto y la necesidad de generar cambios estructurales que mitiguen lo que se ha considerado como causas estructurales del conflicto: desigualdad en el acceso a la tierra, mínima garantía de derechos y escasa representación política de poblaciones rurales pobres, entre otros.

La Reforma Rural Integral del acuerdo –haciendo un resumen muy general–  contempla medidas vinculadas a la promoción del acceso a tierras a través de adjudicaciones y también de la constitución de figuras territoriales como las Zonas de Reserva Campesina; medidas para garantizar la caracterización de las tierras rurales en Colombia y las áreas de conservación y su protección; la elaboración de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial en las zonas mayormente afectadas por el conflicto con una amplia participación de las comunidades; y la puesta en marcha de Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral dirigidos a mejorar la infraestructura, los servicios básicos para la población rural y el apoyo a la economía campesina, familiar y comunitaria.

Después de la firma, el tema inmediato está referido a cuáles son los cambios normativos e institucionales, así como los instrumentos de política pública necesarios para materializar los acuerdos. En efecto, en un primer momento se trata de los ajustes normativos por medio del procedimiento conocido como fast track, que implica un trámite más expedito al normal. En este marco, el debate ha sido profundo y refleja las dificultades para concertar arreglos entre los múltiples actores interesados en la tierra.

El Gobierno presentó un ambicioso Proyecto de Ley de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural que reformaba casi por completo la normatividad agraria y de tierras y que fue resistida por sectores sociales, económicos y políticos. En todo caso, estos reparos vienen de distintos sectores que no pueden ubicarse en un mismo lugar: por ejemplo, entre las diversas posturas, una de estas proviene de grupos políticos y gremios que se oponen radicalmente al acuerdo de paz y consideran, de acuerdo a sus declaraciones, que con este se pone en riesgo la propiedad privada y se afecta la productividad. Un segundo conjunto de críticas proviene de organizaciones sociales que han expresado que parte de las propuestas del gobierno atentan directamente contra el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional.

En medio de la discusión el Gobierno optó por desarrollar una normativa específica vía Decreto Ley presidencial que contempla la creación del Fondo de Tierras y los procesos de formalización y acceso a tierras que debe surtir el trámite de Consulta Previa con los grupos étnicos; mientras otro tipo de medidas de mayor alcance serán tramitadas en el Congreso de la República.

Un segundo aspecto relevante se refiere al mecanismo de desarrollo normativo: el 17 de mayo la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones originales del fast track que contemplaba que los cambios realizados en el Congreso a los proyectos de ley debían contar con el aval del Gobierno Nacional y que además estos debían ser votados a favor o en contra en su totalidad.

Esto desde ya significa un reto importante para la implementación de los acuerdos de paz. Un primer asunto tiene que ver con los tiempos: pronto a vencer el periodo del fast track (prorrogable por seis meses más), a partir de ahora todo proyecto de ley surtirá una discusión pormenorizada artículo por artículo, corriéndose el riesgo de que los tiempos no den para desarrollar toda la normatividad necesaria, no solo en lo que respecta a Reforma Rural Integral. Un segundo riesgo tiene que ver con los cambios que los parlamentarios puedan hacer a las propuestas y que estos no sean coherentes con el Acuerdo de Paz.

Las discusiones en el Congreso de la República y la muy probable movilización social a favor de los acuerdos marcarán los ritmos del debate sobre las acciones de política pública necesarias para solucionar los problemas de la tierra en Colombia. Cómo convenir con distintos actores con intereses tan disímiles y diferentes apuestas sobre la tierra, el desarrollo rural y el ordenamiento territorial parece ser la pregunta en este momento. Y, en realidad, esta es la pregunta fundamental de todo proceso de construcción de gobernanza adecuada de la tierra y los recursos naturales. Para la ENI/Colombia este proceso debe partir por el reconocimiento y garantía de los derechos de las comunidades rurales como lo consigna el Acuerdo. Sin duda, de esto se trata la construcción de la paz.

 

Javier Lautaro Medina

Coordinador del Equipo Movilización, tierra y territorio.

Estrategia Colaborativa en Colombia por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio – ENI/Colombia

Artículo publicado en http://www.landcoalition.org

La comunidad de Salaminita, en Pivijay - Magdalena,  sufrió dos procesos de desplazamiento por grupos paramilitares. Uno de ellos fue en el centro poblado donde, luego del asesinato público de varios líderes sociales, derrumbaron las casas que existían. Con amenazas desplazaron a los pobladores de área rural, comprando sus predios a precios muy bajos. Antes los atropellos de los actores ilegales formaron la asociación ASORENACER con la que han luchado el derecho a volver a sus predios.

Esta línea de tiempo señala el proceso de lucha por el acceso a la tierra de estos campesinos los que han tenido que vivir difíciles actos de violencia. Aunque una orden judicial de restitución de tierras y reconstrucción del corregimiento arrasado, aún no se ha cumplido dicha orden judicial.

 

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Actualmente 108 familias campesinas reclaman a través de la política de Restitución de Tierras –Ley 1448- los predios de Chimborazo, Ceibones, Nigrinis y Cantagallar en el municipio de Puebloviejo, corregimiento de Tierra Nueva (Magdalena). Desde 1999 las familias empezaron a ser hostigados por los grupos paramilitares que hacían presencia en la región. Por varios años fueron víctimas del robo de su producción, del dinero de sus ventas, de amenazas y las niñas, niños y mujeres fueron vícitimas de violencia sexual. Luego los hechos a los que fueron sometidos, varias familias abandonaron la región hasta que en 2010 se organizaron en la Fundación de Desplazados y Personas Vulnerables –FUNDAPAD, con la que han adelantado acciones para el restablecimiento de sus derechos por medio de la ley de Justicia y Paz (Ley 975).

Esta línea de tiempo señala el proceso de lucha por el acceso a dicha tierra de estos campesinos en la que han tenido que vivir difíciles actos de violencia. Aún están a la espera de la demanda que fue admitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Santa Marta. 

 

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En enero del 2016, el Congreso de la República promulgó la ley 1776 de 2016 por medio de la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social ZIDRES. En marzo del mismo año la ley fue demandada en varios de sus artículos. El pasado 8 de febrero la Corte Constitucional emitió la siguiente Sentencia sobre aquella demanda.
 
 

 

 

Actualmente, 47 familias desplazadas reclaman a través de la política de Restitución de Tierras –Ley 1448-  la finca Diana María ubicada en Zona Bananera (Magdalena). Los hechos de despojo y desplazamiento forzado ocurrieron en el año 2001 luego de que grupos paramilitares asesinaran a dos jóvenes de la comunidad y obligaran a la comunidad abandonar los predios de manera permanente.

La siguiente línea del tiempo señala el proceso de lucha por el acceso a dicha tierra de estos campesinos: Iniciando desde su ingreso al predio como trabajadores en una finca bananera de la que se hicieron paulatinamente propietarios, pasando por los hechos de violencia que generaron el desplazamiento y finalizando con su lucha por el restablecimiento de sus derechos a la tierra y al territorio.

 
  
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