Nov 22, 2017
Banco de Datos de DDHH

Banco de Datos de DDHH (12)

 

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep/Programa por la Paz presentó a la opinión pública el Informe Tumaco, ¿víctima de quién?, donde se registraron los casos de violaciones a derechos humanos del primer semestre de 2017.

El Cinep/PPP y el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, en su apuesta por la vida manifiesta con preocupación los datos que representan la crisis que tiene el país en Derechos Humanos en la actual coyuntura y que se presentan junto con la Revista Noche y Niebla n° 55.  Comparado con el primer semestre de 2016, este periodo en 2017 registra un incremento de 26% respecto a victimizaciones cometidas por paramilitares y una leve disminución del 2% en cuanto a victimizaciones de autor no identificado.

Este balance, afirmó Luis Guillermo Guerrero, director del Cinep/PPP, “nos da para decir que centenares de colombianos siguen siendo victimizados. Resulta preocupante el fortalecimiento del paramilitarismo o de los grupos armados que defienden intereses económicos y políticos privados a través de la amenaza y ejecución de ciudadanos y ciudadanas inocentes”.

Según el informe que presenta el Banco de Datos, en el primer semestre de 2017 se le atribuye a los paramilitares un total de 389 victimizaciones y a actores armados no identificados, 484 victimizaciones.

El director también hizo énfasis en el preocupante accionar del ESMAD y la Policía Nacional en el contexto de la protesta social durante este año en el país y en la crisis humanitaria y social que viven las comunidades afrocolombianas e indígenas de la costa pacífica nariñense.

El coordinador de Equipo de Derechos Humanos de Cinep/PPP, Alejandro Angulo S.J., se refirió al informe publicado por la Defensoría del Pueblo en marzo de este año, en donde se revela que entre 2016 y los primeros dos meses de 2017 se presentaron 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Los autores de estos hechos se atribuyen a grupos posdesmovilización. Y afirmó: “La verdadera guerra colombiana no ha terminado. Tumaco, es una de las múltiples pruebas de ello.  La verdadera guerra colombiana, aquella que se adelanta con el fin de despojar de su tierra a las poblaciones que no pueden y no quieren armarse para defender sus territorios, no ha terminado”.

Así lo demuestran las cifras recolectadas por los investigadores del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep/PPP. Como violencia político-social se catalogan los crímenes cometidos contra personas con participación en procesos políticos, pero cuyos presuntos responsables se desconocen. En el primer semestre de 2017 se registraron un total de 482 victimizaciones de este tipo, de las cuales 83 ocurrieron el departamento de Nariño. De estas, 63 tuvieron lugar en el municipio de Tumaco.

 

DEPARTAMENTO

A

B

C

D

E

F

G

H

Total general

NARIÑO

4

55

1

11

7

1

4

 

83

CAUCA

45

17

3

4

 

 

3

1

73

NORTE DE SANTANDER

7

17

3

4

3

25

 

 

59

ANTIOQUIA

10

14

3

5

1

 

 

 

33

BOLÍVAR

 

6

 

2

1

22

1

 

32

HUILA

4

17

2

3

 

 

1

 

27

ARAUCA

2

10

 

2

5

1

1

 

21

SANTANDER

15

4

 

2

 

 

 

 

21

BOGOTÁ D.C.

6

4

1

8

1

 

 

 

20

VALLE DEL CAUCA

4

5

1

1

7

 

1

1

20

BOYACÁ

9

 

9

 

 

 

 

 

18

META

2

5

 

3

4

 

 

 

14

SUCRE

8

 

 

 

 

 

 

 

8

CAQUETÁ

 

5

 

1

1

 

 

 

7

CÓRDOBA

 

4

 

3

 

 

 

 

7

CESAR

1

4

1

 

 

 

 

 

6

CHOCÓ

2

2

 

2

 

 

 

 

6

CUNDINAMARCA

 

6

 

 

 

 

 

 

6

PUTUMAYO

 

3

 

2

 

 

 

 

5

VAUPÉS

 

 

 

 

 

5

 

 

5

CASANARE

3

 

 

 

 

 

 

 

3

GUAVIARE

 

1

 

 

 

1

 

 

2

RISARALDA

 

 

 

 

 

2

 

 

2

TOLIMA

1

1

 

 

 

 

 

 

2

CALDAS

 

 

 

1

 

 

 

 

1

MAGDALENA

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Total General

123

181

24

54

30

57

11

2

482

A: AMENAZA; B: ASESINATO; C: ATENTADO; D: LESIÓN FÍSICA; E:  RAPTO ; F: SECUESTRO ; G: TORTURA ; H: VIOLENCIA SEXUAL

 

Y así lo rectificó Arnulfo Mina Garcés, vicario de la Diócesis de Tumaco: “La deuda histórica que tiene el Gobierno nacional con toda la región del Pacífico ha facilitado ese cúmulo de necesidades insatisfechas en toda la costa pacífica” sumado al complejo problema del narcotráfico del que Tumaco es protagonista siendo uno de los primeros municipios productores de coca en el país.

“Si no hay un plan de prevención serio por parte del Gobierno nacional y regional, en cinco años Tumaco no solo será productor sino también consumidor de drogas”, afirmó el sacerdote Mina Garcés. Además, argumentó que si bien los Diálogos de La Habana le dieron una esperanza al pueblo de Tumaco, desafortunadamente la situación de los últimos meses muestra que la violencia se ha incrementado.

Para Javier Giraldo S.J., coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP, la persistencia del paramilitarismo es evidente a pesar de que el gobierno siga negando su existencia, pues siguen siendo los mayores responsables de victimizaciones de violencia política. “No son bandas criminales ni delincuencia común, tienen una orientación muy concreta, en los mismos textos de las amenazas se puede comprobar eso. Están al lado de grandes proyectos económicos y tienen una ideología política”,  afirmó Giraldo S.J

Laura Contreras

Equipo de Comunicaciones

Dentro de la estrategia de la Compañía de Jesús de regionalización, la Conferencia de Provinciales de América Latina – CPAL viene desarrollando la articulación de experiencias locales de varios países y en torno a diferentes ejes temáticos. Uno de ellos es el de derechos humanos y ecología integral cuyo grupo de homólogos, de los diferentes centros sociales, se reunió en las instalaciones del Cinep/PPP para concretar un plan completo de acción frente a los dos temas.

“Lo que busca este grupo es articular procesos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos de personas y poblaciones, pero también integrado a los derechos de la naturaleza” explica Galo Reinaldo Bogarín – Coordinador de la red de centros sociales de la CPAL. Los grupos de homólogos son parte de la estrategia que tiene la red de centros sociales para unirse en temáticas de interés comunes a lo largo de Latinoamérica.

Dentro de las múltiples problemáticas sociales que comparten los países de América Latina, uno de gran impacto en las comunidades es precisamente el relacionado a temas de medio ambiente. Durante este encuentro los representantes de cada centro social denunciaban prácticas comunes como el desplazamiento de poblaciones por proyectos extractivos. “Tenemos la tercera parte del territorio concesionada para proyectos mineros. Tenemos 950 proyectos en negociación y 583 proyectos ya aprobados para minería metálica. Hay 123 proyectos de generación de energía hidroeléctrica, 35 proyectos de generación de energía solar.” Dijo Pedro Landa del Grupo de homólogos de derechos humanos y ecología ambiental de Honduras.

En El Salvador es situación es muy similar. “Solo el 3% de nuestro territorio tiene bosque, después de Haití, somos el país con el territorio más vulnerable a cualquier tipo de crisis medioambiental. Solo con que llueva 3 días seguidos se genera desplazamiento de comunidades por crecientes de ríos o deslave de montañas” Manuel Escalante – Instituto de derechos humanos de la Uca

Los riesgos no son solo para las comunidades, los defensores de derechos humanos en Latinoamérica están en alto riesgo. Según Global Witness, durante 2016 fueron asesinados 200 líderes defensores del medio ambiente, el 60% de ellos sucedieron en países latinoamericanos. “En Honduras, lamentablemente, somos catalogados como el país más peligroso para la defensa del medio ambiente, en los últimos 10 años han asesinado 123 defensores y defensoras del medio ambiente” dijo Pedro Landa.

En medio de este complejo panorama, el grupo de homólogos quiere incidir para mejorar las condiciones tanto de las comunidades como de los defensores del medio ambiente. “El tema de la justicia ambiental es importante para la compañía porque es importante para la humanidad. En el fondo lo que hacemos es promover la protección de los derechos humanos y también los derechos de la naturaleza para que tengamos una casa común habitable” afirmó Rafael Moreno, S.J. – Coordinador de CPAL para redes socio pastorales de américa latina. “Ha sido una decisión de la Compañía de Jesús a nivel mundial el que todas las obras nos articulemos para responder y tener incidencia ante las problemáticas de la globalización” añadió.

El objetivo de lograr esa articulación es fortalecer las experiencias locales de cada país, pero también sumar esfuerzos para lograr mayor incidencia. “La problemática no puede ser solo resuelta en escalas locales. Estas problemáticas son globales y regionales por lo tanto, al fortalecer los procesos en la región podemos tener un panorama mucho más amplio y podemos tener más impacto en las acciones” según Galo Bogarín.

Para el próximo años la red de homólogos desarrollará dos informes. Uno sobre democracia y derechos humanos en América Latina en el que intentarán caracterizar las problemáticas que se presentan en términos de niveles de democracia y esto relacionado a los derechos humanos. El segundo será sobre el extractivismo en esta misma región, situando las condiciones que se desarrollan, los vínculos entre empresa y Estado, la megaminería como proceso de relacionamiento fundamentalmente a procesos externos que vienen a la región.

 

Miguel Martínez
Equipo de comunicación

Entre el 25 y 30 de septiembre se llevó a cabo la jornada interinstitucional de atención a víctimas de desaparición forzada en el Guaviare. Funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal, Fiscalía General de La Nación, Defensoría del Pueblo y Unidad para las Víctimas atendieron a más de 200 familiares que están en el proceso de identificación de víctimas de este crimen en el departamento.

Este proceso comenzó el 21 de febrero con una reunión entre instituciones convocada por Cinep/Programa por la Paz y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entre el 20 y el 22 de mayo, se realizó un taller de capacitación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación a líderes de organizaciones sociales y de víctimas y comunidad religiosa del Guaviare.

Se espera que este modelo piloto de atención a familiares que se realizó en el Guaviare, se replique en todos los municipios del país en donde se tengan registros o denuncias de desaparecidos con ocasión y en razón al conflicto armado interno. Actualmente, no hay una cifra consolidada que evidencie la cantidad total de desaparecidos en el departamento. Este es uno de los principales problemas existentes para llevar a cabo este proceso, pero se estima según el Registro único de víctimas que la cifra alcanza las 3.000 víctimas.

En esta jornada se recibieron 140 declaraciones de nuevos casos y se actualizaron datos de procesos anteriores. El proceso estuvo acompañado de un equipo psicosocial de la Unidad de Víctimas para atender a los asistentes a la convocatoria. Medicina Legal, realizó la toma de muestra a los familiares de casos por esclarecer para comprobar con posibles descubrimientos de fosas comunes o cadáveres sin identificar, para continuar con el proceso completo de entrega.

William Rozo, investigador del banco de datos de Cinep/PPP, organizador de esta jornada opina que el proceso de paz favoreció esta búsqueda. “Eso lo expresaron los familiares, pues hay mayor libertad para moverse en el territorio. Por eso el afán para que estas jornadas se realicen porque existe incertidumbre por la tensa calma que se vive en el Guaviare”

El Cinep/PPP apoyó la convocatoria a los familiares para que asistieran a la jornada y acompañó el desplazamiento de algunos de ellos, en especial, los que residían en veredas apartadas del territorio. El equipo del Banco de Datos de Derechos Humanos celebra la realización de este tipo de acciones conjuntas y articuladas entre las entidades que tienen la responsabilidad de la búsqueda, identificación y entrega de los desaparecidos en el país.

Este ejercicio, hace parte de una de las funciones que tendrá la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas creada con el Acuerdo de Paz de La Habana, que pretende esclarecer los casos de desaparición forzada, formulando el censo nacional de cementerios, adelantando la búsqueda en otros municipios, actualizando la información de casos y registrando nuevos. Según la Unidad para las Víctimas, actualmente hay 46.000 casos de desaparición forzada reportados a nivel nacional.

 

Laura Inés Contreras - Equipo de comunicaciones

Con el aporte de: William Rozo- Investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos

 

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep/Programa por la Paz presentó a la opinión pública su informe anual de 2016, el cual se tituló El paramilitarismo sí existe.  

El Cinep/Programa por la Paz y el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación el incremento de las amenazas y asesinatos por parte de grupos paramilitares en contra de líderes sociales, campesinos y organizaciones de derechos humanos.El análisis de los últimos 8 números de la revista Noche y Niebla  deja ver una disminución global de las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, aumentan los casos de violencia por razones políticas”, afirmó Alejandro Angulo, S.J. 

Durante la presentación del informe se atribuyeron 550 victimizaciones a grupos paramilitares y 833 a actores armados no identificados, por lo que se puede afirmar que se trata de violencia política. "Preocupa el incremento de las amenazas y asesinatos por parte de grupos paramilitares en contra de líderes sociales", señaló Luis Guillermo Guerrero Guevara, director de Cinep/Programa por la Paz.

Otro de los datos que llamó la atención de los investigadores del Banco de Datos es que las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional, especialmente del ESMAD, son muy similares a las de los paramilitares: 548 victimizaciones durante el 2016.

PRESUNTOS RESPONSABLES

A

B

C

D

E

F

G

H

Total

PARAMILITARES

395

7

9

 

83

44

12

 

550

POLICÍA NACIONAL

58

 

 

196

17

256

12

9

548

EJÉRCITO NACIONAL

44

 

 

30

8

6

 

1

89

ARMADA NACIONAL

10

 

 

5

1

4

1

 

21

INPEC

4

 

 

 

5

5

4

2

20

FISCALÍA GENERAL

5

 

 

5

 

 

 

 

10

CTI

 

 

 

6

 

 

 

 

6

FUERZA PÚBLICA

 

 

 

3

 

 

 

 

3

GAULA

 

 

 

 

1

1

 

 

2

FUERZA AÉREA

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A AMENAZA; B ATENTADO; C DESAPARICIÓN; D DETENCIÓN ARBITRARIA; E EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL;  F HERIDO; G TORTURA; H VIOLENCIA SEXUAL

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, Cinep/PPP.

El caso regional que se presentó en esta ocasión fue el del Magdalena Medio, por lo que se contó con la colaboración de Santiago Camargo, del Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio (OPI). Según Camargo “entre 1985 y 2016 se han presentado 477.019 hechos victimizantes, de los cuales el 80% son atribuidos a grupos paramilitares”.

 A pesar de las inversiones, tanto del sector privado como estatal, en la región siguen ocurriendo altos índices de violaciones a los derechos humanos. Entre los años 2014 y 2016 se presentaron 439 agresiones en los 31 municipios que cubre el observatorio. Adicionalmente, el observatorio denuncia la presencia de más de 20 grupos paramilitares en la zona.

El padre Javier Giraldo S.J. hizo un llamado  frente a esta problemática al decir que “no se puede seguir negando la existencia ni el accionar de los grupos paramilitares en Colombia”. Por su parte, Alejandro Angulo S.J. cuestionó la capacidad de la justicia para investigar los crímenes contra campesinos y líderes sociales, en el escenario del posconflicto.

Para más información sobre los casos registrados por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política el entre julio y diciembre de 2016, consultar la revista Noche y Niebla edición No. 54

Lea el informe completo aquí.

A propósito de la conmemoración del día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas, William Rozo, investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política habla de la importancia de esta conmemoración y del lugar de las víctimas en la implementación de los acuerdos.

El 9 de abril se conmemora el día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas. ¿Cuál es la importancia de esta fecha?

William Rozo

Cualquier proceso de reconciliación, de tránsito de la guerra a la paz, las víctimas juegan un papel sumamente importante y uno de los aspectos más relevantes es el reconocimiento de las víctimas. Yo creo que en Colombia se ha avanzado bastante en ese campo, comparado con otros procesos en el mundo. Ya hay un reconocimiento de las víctimas, hay avances desde 2010 con la ley de víctimas, la ley 1448 de 2011 y con todos los problemas que pueda tener esa ley, hay avances.

Sin embargo, estamos preocupados un poco porque el mayor número de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia son cometidas por grupos paramilitares y agentes del Estado. En este escenario de reconciliación nos preocupa que el reconocimiento de esas víctimas no es el mejor.

Hay que reconocer que la ley de víctimas por lo menos dejó un día para recordar a las víctimas con todas las críticas que pueda tener, pero es que antes del 2011 no había, ni siquiera se reconocía que había víctimas. Esta fecha del 9 de abril tiene esa importancia de reconocer a las víctimas.

¿Qué consecuencias podría traer ese poco reconocimiento?

Ese escenario es muy grave, porque lo que puede ocurrir es que estas víctimas no se sientan a gusto y empiecen a demandar cuanta norma exista y sobre todo a recurrir a instrumentos internacionales. Ahí habría que hacer una llamado para que todas las víctimas tengan el mismo estatus, el mismo tratamiento, las mismas garantías en el proceso de transición, el mismo nivel de reparación y de reconocimiento.  

Para citar un ejemplo, el pasado 5 de abril se firmó los decretos ley que dan vía a la Comisión de la Verdad  y el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En ese espacio el presidente Santos invitó a seis víctimas, pero ninguna de ellas era víctima de crímenes de Estado. Ese tipo de acciones nos preocupa y yo creo que instituciones como el Cinep/PPP deben hacer un llamado para que las víctimas sean reconocidas en su conjunto pero completas y en igualdad de condiciones y garantías.

Para las víctimas ¿por qué es importante que se creen este tipo de mecanismos como Comisión de la Verdad  y el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas?

Son muy importantes porque en todos los procesos de transición prima la verdad sobre la justicia y la memoria sobre los procesos de sanción. O sea, es más importante que las futuras generaciones sepan qué pasó y que los hechos tengan mucha visibilidad para que no se vuelvan a repetir los mismos errores del pasado a que existan sanciones penales. Es un poco lo que pasa en los procesos de memoria en Alemania o en Argentina, que las nuevas generaciones se den cuenta que no es bueno resolver los problemas por la vía armada. Por eso es tan importante el Museo Nacional de la Memoria y todos los ejercicios de memoria que se están haciendo en el país. Ese es el sentido  y la importancia de la memoria, que nos ayude a mantener un pasado que conectado con un proceso de reconciliación, sea un pasado que nos ayude a solucionar los conflictos de otra manera. La reconciliación y el perdón es poder recordar sin lastimarnos, sin agredirnos. A ese nivel tenemos que llegar, pero eso tarda mucho tiempo y requiere mucho trabajo porque este conflicto dejó y sigue dejando muchas víctimas y mucho dolor.

¿Cómo lograr el reconocimiento de las víctimas de Estado si muchas de estas iniciativas surgen desde las instituciones estatales?

Ese es un desafío. Yo creo que hay de fortalecer mucho las organizaciones de la sociedad civil y que estas ayuden a poner sus recursos y sus esfuerzos para que las víctimas más débiles puedan estar al nivel de las otras en términos de reconocimiento. No es que unas sean más importantes que otras, es que unas están más marginadas que otras. ¿Cómo podemos hacer esa tarea las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento de derechos humanos? Ayudando a organizarlas, fortaleciéndolas, aportando desde nuestros trabajos de investigación para que puedan tener herramientas y puedan empoderarse y tengan más argumentos en sus procesos.

¿Qué beneficios tiene el acuerdo con las Farc para las víctimas?

El acuerdo es un acuerdo político de carácter no vinculante. Este trae unos puntos muy favorables para las víctimas pero lo que es vinculante es la legislación que se hace a partir de la implementación de ese acuerdo.  Por ejemplo, el acto legislativo que modificó la constitución para incorporar ese acuerdo dentro de la jurisdicción colombiana no se corresponde con lo que dice el acuerdo, desconoció completamente a las víctimas. El espíritu del acuerdo no está en el acto legislativo y las víctimas quedaron muy lejos, sin voz ni participación. Lo que hay no nos gusta mucho, pero eso es mejor que nada.

¿A qué se refiere cuando habla de participación?

Por ejemplo, en la Jurisdicción Especial para la Paz no hay manera de que las víctimas tengan acceso a los procesos como sujeto procesal y eso es un derecho fundamental. Cuando hay una agresión obviamente la víctima debe tener representación como sujeto procesal dentro del proceso, ese no es el caso dentro de la nueva legislación. Yo siento que tanto las Farc como loa agentes del Estado le tienen miedo a la voz de las víctimas. Y nuestro deber como organizaciones acompañantes de la sociedad civil es ayudar a que esa voz esté.

¿Cómo será el trabajo del Banco de Datos hacia el futuro?

Nosotros hacemos un proceso de memoria, de salvaguarda de la información de violación a los derechos humanos y devolvemos ese producto como un insumo para que las víctimas lo puedan utilizar como herramienta en su trabajo de reivindicación de derechos. Para el trabajo hacia futuro, el equipo se va a reunir en estos días para reflexionarlo. Nosotros creemos que sí vamos a incidir en la Comisión de la Verdad. Todavía no sabemos cómo porque no se sabe cómo funcionará esta comisión, pero creemos que si estaremos orientados a incidir allí. Otros estamos trabajando en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, desarrollando investigaciones y documentos. Por ahora seguiremos trabajando en la revista Noche y Niebla porque aún las cifras de victimización son alarmantes.

 

Miguel Martínez

Equipo de Comunicaciones

Por: John Montoya, SJ*

Se debaten intensamente en el Congreso de la República los actos legislativos y las leyes de implementación del Acuerdo de Paz relativas a los mecanismos de adjudicación de responsabilidad de los victimarios por las violaciones a los derechos humanos y al reconocimiento de los derechos de las víctimas. Mediante el uso de la figura del “fast track” se hizo la Ley 1820/2016 “por medio del cual se dictan disposiciones sobre amnistías, indulto, y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”. Igual procedimiento se está utilizando en la expedición de otras normas fundamentales de justicia rectificadora como la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la ley que regulará la Comisión de la Verdad.

La pregunta inexorable que debe abordarse en todo proceso de negociación de paz, con consecuencias durante la transición, es cómo enfrentar las atrocidades de un pasado de confrontación armada y cómo garantizar que éstas no se repitan.

A mi juicio, la respuesta a esta pregunta ha puesto un excesivo énfasis en la dimensión retributiva de la justicia —llamada también rectificadora—, es decir, la que se ocupa de enjuiciar los graves crímenes cometidos durante el conflicto, incluyendo su versión más restauradora en la Comisión de la Verdad. Uno de los peligros que tiene la transición hacia la paz es limitar la justicia a su función rectificadora, esto es, a la sanción de los victimarios, al mero reconocimiento de los derechos de las víctimas y a la pretensión de conocimiento de la verdad, que es difícil de lograr. Considero, como explicaré adelante, que una inflación desmedida en las pretensiones rectificadoras de la justicia, podría no ayudar lo suficiente en este camino de transición a la paz.

Una revisión de la literatura sobre el impacto de los juicios a las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en países en transición, sobre todo en América Latina, nos muestra  caminos diversos de comprensión.

Un primer grupo de académicos en los años ochenta, entre los cuales se destacan Huntington, O’Donnell, Schmitter, quienes estudiaron casos de transición en América Latina, argumentan que los juicios criminales por violaciones a los DDHH son políticamente insostenibles y lesionan las nuevas democracias. Huntington sostiene, por ejemplo, que los juicios deben hacerse tan pronto comience el período de transición, pues “la justicia ha de llegar pronto, o definitivamente no llega”.[1]

Otros autores sostienen que “rehusar amnistías e insistir en persecución criminal, puede prolongar el conflicto, resultar en más muertes, destrucción y sufrimiento humano” (Shar).

En términos generales estos autores plantean la estrategia del “mal menor”, es decir, solo investigar y castigar las graves violaciones a los derechos humanos.[2] Aun así, mantienen cierto pesimismo acerca de los efectos negativos que puedan causar estos juicios a la democracia.

De otro lado, Snyder y Vinjamuri son igualmente pesimistas con la aplicación de la justicia internacional después de la expedición del Estatuto de Roma que impone el cumplimiento de estándares mínimos de justicia para los países en transición. Según ellos, los juicios criminales por graves violaciones a los derechos humanos o al DIH incrementan la posibilidad de futuras atrocidades, exacerban el conflicto y lesionan los esfuerzos por construir democracia.[3]

Una aproximación distinta nos presenta Kathryn Skkink.[4] Esta autora hizo seguimiento empírico a 17 países de América Latina en transición entre 1983 y 2004 que tuvieron juicios criminales por abusos a los DDHH en el pasado. Los datos empíricos demostraron que ninguno de estos países entró en período de desestabilización política, retornó a dictaduras o al conflicto interno por causa de enjuiciamiento a responsables de violaciones de DDHH. Se creyó por ejemplo que el arresto de Pinochet en Londres terminaría en golpe de Estado y, por lo tanto, el retorno del régimen militar a Chile. No ocurrió así. Igualmente en Argentina hubo temor de regreso de los militares al poder —quienes gozaban de apoyo popular—cuando Jorge Videla fue sentenciado a cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos. Tampoco se concretó tal temor. Los hallazgos de Skkink han demostrado que en los 17 países donde se han llevado a cabo juicios criminales por violaciones a los derechos humanos, 14 han mejorado el respeto por estos. Para esta académica, el tiempo durante el cual se juzgaron violaciones a los derechos humanos fueron momentos de gran intensidad política y de alguna manera esto contribuyó  a la transición hacia la paz y la democratización de sociedades que han experimentado intensos conflictos o regímenes autoritarios.[5]

En medio de este acalorado debate no solo académico sino en la arena política como lo hemos visto en Colombia, nos preguntamos, entonces, ¿cuál es la justicia que una sociedad en transición requiere para conseguir la paz y consolidar la democracia?

No hay duda que la discusión más fuerte en el proceso de paz de la Habana ha girado alrededor de la justicia rectificadora. Todo parece indicar que la fase de implementación del Acuerdo seguirá la misma dirección. De hecho, es poco el seguimiento de los medios, el debate público y el interés de la opinión pública por la mayoría de las provisiones del Acuerdo de Paz que tienen que ver con el compromiso del Estado de saldar deudas históricas con los campesinos y las minorías étnicas, y dar garantías para la participación en política de sectores políticos tradicionalmente marginados y estigmatizados. Así las cosas, la justicia ha quedado reducida a qué tanto enjuiciamiento habrá para las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario dejando de lado otras dimensiones de la justicia indispensables para garantizar el tránsito a una paz duradera y a la democratización de nuestro país.

Una investigación llevada a cabo por la profesora Rettberg de la Universidad de los Andes publicada en 2008, muestra los siguientes resultados a esta pregunta: “… para qué son los juicios contra los responsables de los diferentes crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano”. La respuesta es tan interesante como sorprendente: el 41.1 % respondió para conocer la verdad, el 26.1% respondió para permitir que las personas puedan volver a convivir, el 12.9%  afirmó no tener una respuesta, el 11% contestó para perdonar los actos cometidos, el 4.4 % para vengar los actos cometidos y el 4.3% para olvidar lo ocurrido.[6]

En esta investigación se le pregunta a las víctimas qué formas de reparación prefieren. Contestaron: cubrimiento de sus necesidades económicas y de la familia (45.5%), conocer la verdad de lo que ocurrió (44.0%), compensación  monetaria (37.8%), el juzgamiento de los responsables (26.6%), y en último lugar está la petición de perdón (5.1%).[7]

En pocas palabras, las víctimas entrevistadas quieren conocer la verdad y cubrir sus necesidades económicas. Poco más del 25% de las víctimas quieren el juzgamiento de sus victimarios.

Ahora vayamos al Acuerdo de Paz. Su lectura atenta nos permitirá advertir que entre las 582 disposiciones  aproximadamente, 236 tienen que ver con temas de desarrollo y la garantía de los derechos humanos por parte del Estado.

Así las cosas, la justicia rectificadora (o lo que es lo mismo la penal, punitiva o retributiva), por si sola, no solucionará los complejos problemas relacionados con el conflicto armado que nosotros como sociedad debemos comenzar a resolver para transitar de la larga confrontación armada a un período de construcción de paz y fortalecimiento democrático.

El período del posacuerdo que ya estamos viviendo reclama urgentemente acciones conjuntas del Estado y la sociedad civil, al nivel que a cada uno le corresponde, para el fortalecimiento de otras dos dimensiones de la justicia. Son estas:

1). La justicia entendida como el imperio del derecho (the rule of law), o la justicia legal. Esto es el fortalecimiento del aparato de justicia: imparcial, independiente, eficiente y protectora de los derechos humanos. Una justicia con capacidad de ejercer control sobre los poderes públicos y que garantice un elemento fundamental en toda democracia: la responsabilidad de quien ejerce la autoridad y los ciudadanos.

El fortalecimiento del imperio del derecho también implica la defensa de todos los ciudadanos en todo el territorio nacional por parte de la Fuerza Pública. Esto significa en Colombia detener el avance vertiginoso de grupos criminales (neo-paramilitares como les denominan unos, o bacrim, como les dicen otros)que están copando los territorios que ya no controlan las Farc.

2). La justicia distributiva, entendida como la acción del Estado que garantiza los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y se ocupa de aminorar la discriminación y desigualdad, factores íntimamente asociados al conflicto colombiano.

Rama Mani, quien ha trabajado temas de teorías de la justicia en sociedades en conflicto, sostiene que un extremado acento en la justicia rectificadora no favorece la paz puesto que es imposible satisfacer los derechos de todas y cada una de las víctimas en un conflicto.[8] Piénsese por ejemplo en el número de víctimas del conflicto colombiano. Son más las víctimas que quedan por fuera de los procesos de la justicia rectificadora que los que tienen un rol activo dentro de los juicios por violaciones a los derechos humanos. En Colombia tenemos como ejemplo los pobres resultados de la Ley de Justicia y Paz.  

La JEP como mecanismo de justicia transicional que se debate en el Congreso, comparte el simbolismo e imperfecciones de la Justicia Penal Internacional que ha hecho de “gran hermana” en el proceso de paz colombiano. La realidad es que el Estatuto de Roma y todo su sistema jurídico sancionatorio —al que tanto se le teme en el tercer mundo y donde en realidad se aplica— es tan paquidérmico, burocrático, selectivo y politizado, como nuestra justicia colombiana. De ahí la urgencia de descentrar este debate sobre la justicia en su dimensión retributiva o rectificadora y poner un especial énfasis en el fortalecimiento de la justicia legal y distributiva. Así está contemplado en la mayoría de las provisiones del Acuerdo de Paz y esto es lo que quieren las víctimas, según lo demuestran los resultados de la investigación de Rettberg. 

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* Jesuita, Investigador del Cinep.
[1] Huntington, Samuel (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman, Ok: University of Oklahoma Press, p. 228.
[2] O’Donnell, G & Schmitter, Ph (1986). Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions About Uncertain Democracies. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, p. 30
[3] Snyder Jack & Vinjamuri Leslie (2003/2004). “Trials and Errors: Principle and Pragmatism in Strategies of International Justice,” International Security 28 (3), p. 353
[4] Skkink Kathryn & Walling Carrie (2007). “The Impact of Human Rights Trials in Latin America.” Journal of Peace Research, Vol. 44 (4), p. 427-445
[5] Ibid, 432
[6] Rettberg, Angelika (2008). “Reparación en Colombia ¿Qué quieren las víctimas?” Bogotá: Panamericana Formas e Impresos, p. 86.
[7] Ibid, pp. 69-70
[8] Mani, Rama (2007). “Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War.” Maldon, USA: Polity Press, 87-125.
  

 

Audiencia pública ante Congreso en el marco de la refrendación de los acuerdos. Sobre la necesidad de garantías de independencia administrativa en la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

El lanzamiento de la revista Noche y Niebla n. 53 se llevó a cabo el jueves 8 de septiembre en horas de la mañana, en el marco de la Feria del libro Cinep/PPP. En la presentación de este número dedicado a la región del Eje Cafetero, participaron voceros y defensores de los derechos humanos en el Quindío, y el Cinep con la representación de Luis Guillermo Guevara, director del Centro y Alejandro Angulo director del Banco de Datos.

En esta edición la revista hace un balance estadístico de la violación de derechos humanos en Colombia durante el primer semestre del 2016 pues “un gran número de hechos violentos quedan escondidos en las memorias prohibidas de las víctimas y en el silencio de las tumbas”, como afirmó Guevara. Así mismo resulta importante la labor de recoger los testimonios que visibilizan a las personas afectadas por la violencia y reconocerlas como víctimas, por eso en su intervención Alejandro Angulo hizo hincapié en las cifras que revelan la vulneración de los derechos humanos de comunidades campesinas, obreras e indígenas en mayor medida.

Diana Muriel, vocera de la Plataforma de Derechos Humanos de Caldas, explicó que una de las falencias que ha permitido la permanencia del conflicto en la región del Eje Cafetero, es la invisibilización del problema por parte de los medios y las instituciones gubernamentales. Por eso, con el enfoque regional de la revista se hace una lectura histórica y social de este territorio, recogiendo 3 fenómenos fundamentales la llegada del paramilitarismo: los intereses económicos sobre la tierra y los asesinatos extrajudiciales, a partir de estos aspectos se explican la violencia y los conflictos socioambientales que afectan al Eje Cafetero. Encuentre aquí la revista Noche y Niebla N°53

 

 

 

 

 

 

 

Naciones Unidas declaró el 26 de junio como el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, CINEP/Programa por la Paz se une a esta conmemoración recopilando algunas historias de personas que han padecido este crimen, historias que documentados en nuestra revista Noche y Niebla.

En audiencia pública el pasado 8 de julio los congresistas Iván Cepeda y Alirio Uribe junto a organizaciones defensoras de derechos humanos: Colectivo Fals Borda, Corporación Claretiana, Corporación Avre, Comisión Intereclesial Justicia y Paz y el CINEP/PPP abrieron un espacio de denuncia para dar a conocer la situación de las Personas No Identificadas (PNI) sepultadas, en el marco del conflicto armado, en cementerios y enterramientos clandestinos del país con el objetivo de que se implemente una política pública sostenible, con asignación presupuestaria y coordinada con la sociedad civil, que garantice la entrega digna de restos mortales.

Desde el equipo del Banco de Datos y Violencia Política del CINEP/PPP en cabeza del padre Javier Giraldo, S.J. se denunció la situación de los cementerios de los llanos orientales. “Se han exhumado 856 cuerpos pero en 5 años solo se han entregado 66 a sus familias. Si hacemos un cálculo, para entregar los 856 cuerpos se necesitan 65 años y, ¿cuánto vamos a necesitar si se espera que sean exhumados los más de 20.000 registrados?” reflexionó Giraldo en su intervención. Junto a otras ONG, el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ha acompañado el proceso de exploración y exhumaciones en los cementerios de la Macarena, Granada, Vista Hermosa, Villavicencio y San José del Guaviare donde, de acuerdo a datos de la Fiscalía General de la Nación, se encuentran 2.314 cuerpos sepultados.


Durante la audiencia intervino el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quién señaló que la Fiscalía continuará adelantando los procesos de ubicación e identificación a través del Grupo de Exhumaciones con los que cuenta a nivel nacional. A su vez el director del Instituto de Medicina legal y Ciencias forenses, Doctor Eduardo Valdés expuso la grave situación de los cementerios del país al no existir una adecuado tratamiento de los cuerpos de personas inhumadas como no identificadas, “devolverlos a los cementerios al identificarlos es volverlos a desaparecer” señaló.

Las organizaciones han hecho un esfuerzo de reconstrucción histórica desde el año 2009 en la región del Ariari, incluso involucrándose directamente en el proceso de exhumación. En algunos territorios se han presentado dificultades para que el equipo de la Fiscalía se instale y realice las exhumaciones, para facilitar el proceso se llevaron a cabo exhumaciones humanitarias: grupos de ONG’s, acompañados de expertos técnicos, hicieron las exhumaciones para entregar los restos a la Fiscalía en zonas más tranquilas.

De acuerdo con datos de la Fiscalía existen 20.453 cadáveres sin identificar en los cementerios municipales del país. Luego de una denuncia interpuesta por los habitantes de La Macarena, Meta por la contaminación del agua que relacionaban con la multitud de cadáveres que veían descargar frecuentemente en la base militar; la entidad judicial solicitó a 1.103 alcaldías municipales un reporte de los casos de PNI. De éstas, 454 reportaron NN’s inhumados, 360 aseguraron que no registran y 261 no respondieron el requerimiento.

“El no encontrar los cadáveres de sus seres queridos y, el no poder darles una sepultura digna es realmente una acción de tortura para miles de familias en Colombia”, asegura Giraldo, quien insiste en la necesidad de respetar las normas de inhumación de restos humanos. Desde CINEP/PPP, se insta al gobierno a tomar medidas, además de las ya expresadas, sobre los procesos posteriores a la exhumación e identificación como el traslado de los cuerpos a lugares de entierro digno, el acompañamiento psicosocial a las familias y la investigación imparcial sobre las circunstancias de muerte.