Nov 24, 2017
Iniciativas de paz

Iniciativas de paz (16)

Pocas experiencias lo marcan a uno tanto en la vida, como el viaje que hicimos a Vaupés.
Iniciamos el viaje en Mitú, en el puerto a eso de las 4 de la tarde, pues nos habían dicho que el viaje duraba 2 horas. Apenas a unos minutos de haber arrancado inició una lluvia que estuvo presente en la mayor parte del recorrido. No sé si nos mojaba más el agua que saltaba del rio, porque la voladora iba muy pesada, o la lluvia. Disfrutamos el paisaje y por supuesto, el atardecer. Sin embargo, después de las 6:30 ya estaba muy oscuro y como estaba nublado no teníamos ninguna fuente de luz.

De las cosas que más me impacto fue ver algunas luces que nos alumbraban a lo lejos, al preguntarle a X nos dijo que eran pescadores y que anunciaban que estaban ahí para que nuestra lancha pasara lejos de donde ellos estaban. Estas personas estaban allí, en medio del rio, en absoluta oscuridad, rodeados de selva, parados en canoas, pescando. Nos dijeron que podían estar ahí toda la noche, hasta que amaneciera y que muchos preferían esa hora porque era más fácil pescar.

No sé cómo, pero llegamos a las 8 a Mandí. La primera imagen fue varias mujeres lavando platos y ollas en la orilla del río, en completa oscuridad, cada una con una linterna que usan solo cuando caminan. El inspector de policía nos llevó hasta la casa cural y nos ayudó a instalar las hamacas. A los pocos minutos ya todos estábamos durmiendo.

Al día siguiente, a las 6 de la mañana, ya sonaban las campanas de la iglesia, que quedaba a unos metros de la casa cural. Fue la señal para levantarnos e ir al rio a bañarnos. Todas las personas que bajaban al río, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, bajaban con un balde y un jabón rey. Mientras se bañaban, lavaban la ropa que usaron el día anterior. Al llegar a la maloka nos recibieron con curiosidad y con el desayuno.

— Tenemos caldo de pescado con un poquito de picante — dijo el inspector

Si algo he aprendido es que no hay nada tan subjetivo como la medición del picante. Al instante de probarla nos dimos cuenta que era mucho más picante de lo que pensábamos. Aunque todos se tomaban el caldo sin inmutarse, algunos de nosotros estábamos tosiendo por lo fuerte que estaba. Solo pudimos comernos el pescado y la papa. Como si fuera poco, Maclau, uno de los líderes, se acercó a ofrecernos más ají.
Luego del desayuno nos presentamos uno a uno. Éramos más de 150, por lo que esta presentación duró más de dos horas. Luego nos dividimos en grupos e iniciaron los talleres. Con nosotros estaban los capitanes y las personas que más conocían la región. Cada uno contó la historia de su comunidad, que ha pasado de generación en generación por la tradición oral. Algunos remontaban el inicio de sus comunidades varios siglos atrás. Recordaron la persecución que sufrieron sus abuelos por las caucheras y la llegada de las campañas evangelizadoras que cambiaron su forma de vida.

— Con la llegada de los curas perdimos la mayoría de nuestras tradiciones, la vestimenta, nuestros ritos, y tuvimos que movernos de nuestros territorios. — Dijo uno de los capitanes.
Mandí es el poblado más grande del Vaupés medio porque es el punto central de las 21 comunidades indígenas que viven sobre el rio, la mayoría de ellas del pueblo Kubeo. Allí queda la inspección de policía, el colegio con bachillerato completo y la maloka más grande. Allí el abandono del Estado es absoluto. No hay puestos de salud, no hay antenas de comunicaciones, no hay electricidad, apenas llega la señal de la emisora del ejérctio. Aunque la mayoría prefiere que sea así.

— Por lo menos podemos mantener nuestras costumbres vivas por más tiempo — me dijo una de las profesoras del colegio al almuerzo. — ya hemos visto que los jóvenes sobre todo que se van a Mitú, empiezan a desechar nuestra cultura y eso es grave porque es lo que nos une como pueblo — añadió.

Es como si vivieran en otro país.

— Lo único que sabemos de los acuerdos de paz es que desde junio del año pasado dejamos de ver a las Farc por estos lados — dijo el inspector. — Nos han dicho que tienen un enfoque étnico que puede beneficiarnos, pero aquí nadie ha venido a explicarnos nada de eso — continuó.

Sin embargo, tenían preocupación de saber que hay unas disidencias que no se acogieron al acuerdo y que pueden estar por esa zona.

En mi tarea de hacer reportería gráfica me crucé con varios niños que me miran con mucha curiosidad por lo que estaba haciendo sin decir nada, aunque yo les preguntara. Para romper el hielo empecé a tomarles fotos y a mostrárselas a lo que respondían con una carcajada. De a poco entraron en confianza y ya hasta posaban para las fotos. Ellos fueron los que me llevaron por los diferentes lugares, la escuela, los cultivos de caña, al lago, y algunos de ellos a sus casas. Estos niños de menos de 10 años me contaban historias de sus familias, de las estrellas, de los dioses que protegían los lugares sagrados en el río, de cómo se prepara la chicha y de cuáles son los mejores lugares para pescar. Los niños no sabían de dibujos animados, ni de películas, pero están muy bien entrenados para sobrevivir en su entorno.

El cierre del encuentro fue una fiesta. Estaban celebrando que había representantes de la mayoría de comunidades del Vaupés medio y que de ahí iban a coordinar acciones de incidencia. Instalaron la planta eléctrica comunitaria y un parlante con música. Cuando estábamos todos en la Maloka nos hicieron ponernos de pie.

— Y ahora nuestro regalo para los invitados de la fundación Natura, el Cinep y los capitanes— dijo el animador de la fiesta.

En ese momento empezó a entrar una fila de mujeres, cada una con una olla en la mano. Cuando se acercaron a nosotros empezaron a sacar totumadas de chicha para que nosotros tomáramos. En la primera ronda conté 22 mujeres, por consiguiente, tomamos 22 totumadas algunas más grandes que otras y cada una con un sabor diferente. Luego nos sentamos y venía uno de los actos culturales más importantes, el baile del carrizo. Se levantaron 8 hombres, cada uno con un instrumento similar a la zampoña. Cada uno tocaba unos sonidos que se alternaban entre ellos, pero todos juntos hacían la melodía. Bailaban de un extremo de la maloka al otro hombro a hombro, luego en fila y después de varios minutos se unían las mujeres al lado de ellos. Cada baile duraba unos 8 minutos e hicieron uno por cada pueblo presente. Después de varias tandas del baile, venía la segunda ronda de chicha. Ya algunos se abstuvieron de participar. La celebración duró casi toda la noche.

Al día siguiente teníamos que volver a Mitú. Varias familias, el inspector, y el sacerdote salieron a despedirnos. El viaje de vuelta fue muy diferente, ya pudimos ver todo el recorrido y solo gastamos 2 horas y media. El choque cultural fue muy grande. Cada comunidad vive para sí misma. Es muy fuerte el sentido de lo comunitario y de distribución de labores. Los con los que jóvenes tenían la firme intención de estudiar alguna carrera y luego volver a su comunidad a fortalecer las organizaciones que los representan. Los mayores tienen la función de enseñar a los jóvenes su cultura, su cosmovisión y costumbres. Hay un interés de crear redes entre las comunidades para trabajar en acciones de incidencia ante las autoridades para mejorar sus condiciones.

Estas comunidades indígenas del medio Vaupés me enseñaron mucho, desde los más pequeños hasta los chamanes más experimentados. Es increíble la convicción que tienen y su sentido de comunidad, con la que incluso se opusieron a los actores armados que existieron alguna vez en su región. Esas experiencias de construcción de paz territorial las publicaremos próximamente en uno de los videos que sistematizan este tipo de experiencias y que podrán ver en nuestra página y redes sociales.

 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

 

  • Cinep/ Programa por la Paz presentó un informe preliminar que da cuenta del impacto de la implementación del cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo, en las comunidades locales de las zonas veredales y puntos de normalización.

 

  • El documento también señala los aprendizajes que surgen del acompañamiento de la sociedad civil en este ejercicio.

 

El punto tres del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP, contempló un Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación (MM&V) para la verificación del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. 

La creación de este mecanismo —compuesto por el Gobierno, las FARC y la Misión política especial de las Naciones Unidas autorizada por el Consejo de Seguridad— tuvo en cuenta experiencias de otros países y fue resultado de las discusiones realizadas al interior de la Subcomisión técnica del fin de conflicto, instalada en el marco de la Mesa de Negociación de La Habana (Cuba) de la que hicieron parte tanto militares como guerrilleros.

Fruto de la experiencia de acompañamiento al MM&V, que duró casi un año, se publica el informe El cese bilateral: más allá del fuego, que presenta un análisis de los impactos de la implementación del punto 3.1 (Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas entre el Gobierno nacional y las FARC-EP) en las comunidades locales donde se ubicaron las ZVTN y los PTN.

Este documento aborda tres aspectos. En primer lugar, hace un análisis de los impactos del proceso de instalación y adecuación de las ZVTN y PTN en las comunidades locales que las recibieron. En segundo lugar, hace una lectura de los aciertos y las dificultades de este proceso y, por último, presenta una reflexión más amplia sobre el acompañamiento necesario de la sociedad civil a la implementación del Acuerdo Final de Paz en su conjunto, así como a experiencias semejantes de separación de fuerzas y ceses al fuego.

Es importante resaltar que para esta labor el Comité de Acompañamiento contó con el apoyo de la Embajada Suiza en Colombia, que se convirtió en una aliada importante para nuestro relacionamiento con diferentes actores y para llevar a cabo las actividades propuestas.

Descargar el informe.

 

Margareth Figueroa Garzón

Equipo de Publicaciones

Durante un año diversas organizaciones acompañaron el proceso de Monitoreo y verificación del Cese al Fuego y de Hostilidades entre Gobierno y FARC-EP en Colombia. Este jueves 27 de julio, se encontrarán diversos actores para dialogar en torno a los resultados que arrojó este proceso. 

"La idea es tener un espacio de encuentro y diálogo para recalcar que el cese al fuego fue mucho más que un ejercicio militar y para que la ciudadanía pueda conocer lo que se vive en las zonas rurales y cómo se vivió este proceso en los territorios”

Lorena Carrillo González, quien es la Secretaría técnica del Comité de acompañamiento de la sociedad civil al mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo. Socióloga, magister en Estudios Rurales e investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular, amplía aspectos principales de este informe.

¿Cuál es el balance de los resultados del informe y los principales hitos en dicho proceso de acompañamiento?

Lorena Carillo: Lo primero es recalcar que el cese al fuego se cumplió, las dos partes cumplieron las reglas salvo 9 violaciones identificadas a lo largo del cese y la mayoría de afectaciones o incidentes fueron leves. Cuál es una de las principales situaciones que nosotros queremos remarcar allí, que si bien el cese se cumplió, el cese va mucho más allá del fuego, no se trató solamente de un ejercicio de separar fuerzas y verificar que las partes cumplieran las reglas a las que se comprometieron sino ver eso cómo llegó a afectar los territorios donde se llevaron a cabo estos procesos.

El proceso de cese al fuego ha sido una experiencia muy novedosa en el mundo. La ONU nunca había hecho parte de un proceso así como el que se constituyó con las FARC. Una herramienta novedosa de la que vale la pena aprender. El problema es que todas las cosas que se diseñaron en los protocolos fueron pensadas desde un ejercicio militar y no se tuvo en cuenta que estos territorios, al igual que sucedió en el transcurso de la guerra, no son territorios que están vacíos o que están aislados, ahí vive gente. Hubo un impacto en la cotidianidad de la gente, se está transformando y eso justamente es en lo que queremos llamar la atención.

¿Quiénes conformaron el comité de acompañamiento de la Sociedad Civil al Mecanismo de Monitoreo y Verificación?

L: El comité de acompañamiento surgió de una propuesta de 35 organizaciones que firmaron una carta dirigida a la mesa de negociaciones, la cual se envió a la mesa  de negociaciones de la Habana en febrero de 2016. A partir de la carta, la puesta en marcha fue liderada por 9 organizaciones a nivel nacional pero sobre todo por juntas de acción comunal y organizaciones regionales desde los territorios, es un espectro amplio de organizaciones que se unieron en torno al acompañamiento y que incluye organizaciones de iglesia, plataformas de derechos humanos, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales.

En el informe se menciona que “acompañar tal proceso desde la sociedad civil se convirtió en un reto adicional” ¿Por qué fue un reto?

L: Fue un reto porque justamente lo que era la mayor fortaleza se convertía en el mayor reto. Al tener tantas organizaciones con diversidad de agendas y apuestas encaminadas a lograr la implementación del acuerdo de paz; el reto era lograr ponernos de acuerdo en un punto para poder hacer ese acompañamiento.

A medida que pasaba el proceso iban cambiando las prioridades de las organizaciones porque había unas que estaban mucho más pendientes del asunto legislativo, otras de los procesos de reincorporación, otras de un ejercicio con las víctimas, entonces a medida que se iba implementando este acuerdo en su parte normativa y a medida que iban pasando los días en las zonas veredales las prioridades cambiaron y justamente cambian porque el cese funcionó.

La mayor tensión era pensar qué pasaba si el cese se rompía. Entonces hubo un momento en el que había mucha atención de organizaciones y plataformas, pero como funcionó esta parte dejó de ser prioritaria y pasaron a  ser prioritarios otros ejercicios como el fastrack que la Corte lo tumbó. Esas cosas fueron las que dificultaron los retos, sobre todo el tema de la comunicación desde los espacios locales a la articulación con los espacios nacionales; como la de Popayán que incluía zonas del Tolima y era imposible lograr que la gente se pudiera reunir en un mismo espacio.

¿Qué retos surgen a partir de los resultados de esta etapa?

L: Lo que queda es poder rescatar esta experiencia, potencializarla, aprender de los errores cometidos, ver de qué manera se puede mejorar porque creemos que esta es una experiencia que vale la pena tener en cuenta para futuros procesos; por ejemplo el cese bilateral que parece que va a iniciar pronto con el ELN, pero también para otros, no sólo en Colombia.

Ver cómo detrás de un ejercicio aparentemente militar también hay un componente social civil muy importante que debería ser incluido por lo menos en el diseño y en la primera fase de implementación. El tema de la pedagogía, el poder explicarle a la gente qué es lo que va a pasar en sus territorios, cómo lo pueden hacer de manera que no les afecte su vida cotidiana, es algo que queremos recalcar en este proceso.  

Este jueves tendrá lugar el encuentro que se ha propuesto para socializar esta experiencia de Acompañamiento y verificación ¿Cuáles serán los temas principales y quienes son los invitados al evento?

L: Vamos a presentar justamente el informe, es un informe preliminar de este proceso de acompañamiento que duró cerca de un año donde estuvimos involucradas organizaciones de nivel nacional, regional y local. Van a participar líderes de algunas de las zonas veredales para que sean ellos los que nos puedan contar desde su experiencia cotidiana lo que funcionó con el mecanismo y lo que debamos tener en cuenta para mejorar a futuro.

También, tendremos la presencia del Mecanismo de Monitoreo de los tres componentes, ellos nos van a hacer una retroalimentación a ese informe, vamos a contar con la participación de algunos representantes de instituciones estatales, de organizaciones no gubernamentales y también de la embajada de Suiza que apoyó este proceso desde el principio.

 

María Gabriela Novoa

Equipo de Comunicaciones

Columna originalmente publicada en Razón Pública

El censo socioeconómico de los ex combatientes descubre una realidad de campesinos que se educaron en escuelas rurales, que desean seguir viviendo y trabajando en el campo, y que por tanto necesitan de la reforma rural integral que fue pactada.

Lorena Carrillo González*

Guerrilla de campesinos

El censo socioeconómico que llevó a cabo la Universidad Nacional sobre los integrantes de las FARC que se encuentran en las zonas veredales incluyó un total de 10.015 personas, y sus autores estiman que cerca de 1.000 integrantes más faltaron por incluirse.

El 81 por ciento de las y los ex combatientes tienen vínculos con zonas campesinas: 66 por ciento son de origen rural y 15 por ciento de origen rural-urbano. Estas cifras no son sorprendentes, porque las FARC tienen raíces en las regiones de colonización de Colombia.  

Por eso ya desde 1964 – sino desde mucho antes-, los guerrilleros habían venido demandando una reforma agraria, acceso a la tierra, formalización de la propiedad para colonos y campesinos, acceso a créditos y asistencia técnica para el campo.

Y en efecto: en el punto 1 del Acuerdo de la Habana se acordó formalizar la propiedad sobre siete millones de hectáreas y adjudicar tres millones más para campesinos y campesinas. El Acuerdo también incluye innovaciones en materia de asistencia técnica y desarrollo de líneas de créditos.

Sin embargo el camino hacia la “reforma rural integral” (RRI) allí esbozada es incierto y el panorama actual de la desigualdad en el campo colombiano no es muy alentador.

Aunque se trate de un hecho obvio, esta sencilla verdad  estuvo oculta a la opinión pública durante el largo tiempo de confrontación armada: las y los guerrilleros son seres humanos que, independientemente de sus deudas con la justicia, han habitado y labrado los campos. En medio de la guerra también sembraban cultivos de pancoger, criaban gallinas y cerdos. Gracias al censo y a algunos medios de comunicación, este hecho obvio es algo más visible hoy.  

¿Qué pasó con el campo?

Acostumbrados a narrar y a analizar el drama de la guerra y de sus víctimas, desde la academia también tenemos que vislumbrar, por ejemplo, las implicaciones que para los integrantes de las FARC tiene su reincorporación a un escenario rural más desigual y marginal que aquel que los llevó a las armas hace 53 años.

Los resultados del censo son más que desafiantes para un país centralizado y conservador, cuyas zonas rurales han estado marginadas desde siempre.

Según el informe de la OXFAM, la desigualdad en la distribución de la tierra ha aumentado durante las últimas décadas: “las explotaciones de más de 500 hectáreas se han mantenido en torno al 0,4%-0,5% del total. Sin embargo la superficie que ocupan se ha ampliado enormemente, pasando de 5 millones de hectáreas en 1970 (el 29% del área total censada) a 47 millones en 2014 (el 68%).”  El mismo estudio concluye que “el 1% de las explotaciones de mayor tamaño maneja más del 80% de la tierra”.

Bajo estas circunstancias, la desigualdad medida por el índice de Gini llegó a 0,897 en 2014, lo cual sitúa a Colombia como el país más desigual en América Latina.  En 1960 el índice de Gini era de 0,868, lo cual confirmaría que la desigualdad, en vez de disminuir, ha seguido agravándose. 

Pero por otra parte  hay que tener en cuenta que mientras en 1960 el 48 por ciento del total de la población colombiana vivía en el campo, en 2005 la proporción había disminuido al 25 por ciento.

Tanto la desigualdad como el cambio demográfico son factores importantes para tener en mente en el momento de adoptar decisiones relacionadas con políticas, programas y presupuesto para las zonas rurales de Colombia.  

¿Hay tierra pa’ tanta gente?

El 77 por ciento de los integrantes de las FARC no tienen una vivienda pero sí ganas de seguir viviendo en el campo (el 60 por ciento manifestó interés en actividades agropecuarias, un 37r por ciento en participar de los mercados campesinos, y otro 28 por ciento en acuicultura, entre otras alternativas).

Con una población cuya cultura es campesina y que le ha hecho saber al país que cree en un proceso de reincorporación colectiva, la opción de migrar hacia las ciudades, si bien no queda descartada, sí tiene muy bajas probabilidades de llevarse a cabo, y de hacerlo sería especialmente difícil en las ciudades intermedias.

Y a estos nuevos aspirantes a un pedazo de tierra en el campo hay que sumarle la elevada concentración de la propiedad, el derecho de las víctimas despojadas a la restitución, la adjudicación de tres millones de hectáreas a miles de campesinos, y las más de veintidós mil familias que habitan en áreas protegidas con riesgo de ser desplazadas, ademas de las que podrían quedar en el limbo con el proceso de delimitación de páramos

Escuela nueva

El 90 por ciento de los y las integrantes de las FARC manifestaron saber leer y escribir, pese a que apenas el 8 por ciento culminó sus estudios de educación básica o media vocacional.

Lo anterior debido, en parte por las propias escuelas de alfabetizacion de las FARC, y en parte porque la educación rural en Colombia sigue el método de “la escuela nueva”, una propuesta flexible para atender los problemas que enfrentan los niños y niñas en el campo (grandes distancias para llegar a clases, falta de infraestructura y de personal, falta de dotación básica).

La escuela nueva ha permitido grandes logros, en especial en el aumento de la cobertura de la educación primaria en zonas rurales. Con el apoyo de guías de aprendizaje. un solo docente se encarga de dar clase a todos los grados de la primaria. En las veredas es muy común encontrar escuelas donde conviven en un mismo salón de clases estudiantes de primero a quinto de primaria. El docente hace un esfuerzo por separarlos en esquinas, de modo que a un lado se encuentren los de quinto, al otro los de cuarto, y así sucesivamente. Los niños y niñas repasan las cartillas y el docente, aunque cuenta con pocas herramientas, se esfuerza por prestar atención a cada uno de los estudiantes; los niños por su parte memorizan el contenido de las cartillas, antes de aprender y reflexionar sobre el mismo.  

Bajo ese sistema educativo se formaron miles de guerrilleros antes de unirse a las filas de las FARC. Y bajo este sistema se siguen formando hoy en día miles de niños. No obstante, cuando esta población completa la primaria y no tiene la opción de continuar sus estudios de secundaria, busca alternativas como por ejemplo –y en el mejor de los casos- jornalear.

El informe del 2015 de la Misión para la Transformación del Campo Colombiano del Departamento Nacional de Planeación alerta sobre el rezago existente en cuanto a  cobertura de la educación secundaria y media vocacional del sector rural frente al sector urbano. Estas brechas conllevan un aumento en los índices de pobreza y limitan la movilidad social en el campo colombiano.

La educación es sólo un ejemplo del difícil panorama que enfrentan las y los campesinos colombianos. Con baja cobertura e infraestructura para la básica secundaria, y la falta de opciones para adelantar estudios superiores, la reincorporación de los miles de campesinos ex combatientes es arte y parte del reto de remediar las brechas históricas en el ámbito rural.

 

Socióloga, magister en Estudios Rurales e investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

 

¿Sobre qué trata el artículo?

La idea del artículo es pensarse a Buenaventura como un escenario que presenta una serie de retos en el marco del posacuerdo. De manera particular intentando hacer una lectura crítica alrededor de lo que significan los acuerdos y la idea de paz que está detrás de ellos. Porque si bien hay un interés y los acuerdos son un escenario muy alentador para el país, también traen una serie de limitaciones que en el caso de un municipio que históricamente ha sido una zona periférica del país, vale la pena pensarse.

¿Cómo nace este artículo?

Yo vengo trabajando más o menos hace dos años en el municipio de Buenaventura, primero como producto de una investigación de la universidad y luego fue un interés personal que se fue fortaleciendo con el paso del tiempo y en el marco de esa investigación surgía la pregunta de cómo pensarse Buenaventura en una coyuntura como la actual.

¿Por qué la gente debería leer este artículo?

Creo que es importante no solo leer el artículo sino toda la revista, porque los últimos cien días en la coyuntura nacional han sido bastantes movidos, no solo por las amenazas y asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos, sino también por la movilización social radicalizada y exacerbada que se ha visto. Es el ejemplo del paro en Chochó, el paro en Buenaventura e inclusive las movilizaciones del magisterio y de diversos sectores. Con relación a lo que presentan los medios, creo que hay una invisibilización respecto a la crisis estructural que vive Buenaventura que no solo es una manifestación esporádica, sino que es un acumulado de factores que vienen gestándose desde hace varios años y que demuestran no solo la falta de presencia institucional, sino la corrupción y la presencia de actores armados.

¿Cuáles son los puntos clave del artículo?

Yo creo que son tres. El primero es la dicotomía entre un concepto de paz totalizante y una apuesta por pensar la paz en plural, Las paces. El segundo es hacer énfasis en que si bien en el marco del conflicto armado hubo muchas víctimas, es importante destacar el papel de los actores y de las empresas privadas como un actor generador de violencia. Y el tercero serían los retos que representa la implementación de los acuerdos, sabiendo que el discurso en sí mismo tiene una plataforma de paz liberal que representa un imaginario de desarrollo que se implementará en cada uno de los municipios del país.

 
 
 
 
Miguel Martínez
Equipo de Comunicaciones

 

 

Lilia tiene 59 años, es una mujer de ojos claros que habla con firmeza y que ya no teme llorar en público. Lilia asegura que desde que estaba en el vientre de su madre ha tenido que vivir la violencia política y la estigmatización; sin embargo, estas situaciones la han fortalecido. Ella sigue los pasos de su padre y trabaja por un mejor país, pues como dice: “la lucha por los derechos se hereda”.

Lilia es hija de Luis Eduardo Yaya, dirigente sindical de la Unión Patriótica y defensor de derechos humanos. Recuerda que siendo niña le reclamaba mucho a su papá por no estar con ella. Cuando él le regaló Veinte mil leguas de viaje submarino de Julio Verne en la dedicatoria le decía: “son más de veinte mil los sufrimientos para tu padre por no poder darte el calor que mereces, pero llegará el día que siempre me tendrás a tu lado mi adorada hijita Lili”.

El 21 de febrero de 1989 Luis Eduardo Yaya se comunicó por teléfono con su hija, le dijo: “nos vemos ya sabes cuándo”. Para ese momento ya estaba interceptado, tenían que hablar en clave. El “cuándo” al que se refería era el 25 de febrero, día del cumpleaños de Lilia, pero a ese encuentro nunca llegó. A Luis Fernando lo asesinaron el 23 de febrero en Villavicencio. “El Estado me hizo un regalito inolvidable”, dice Lilia entre lágrimas.

Ella trae a su memoria las dedicatorias, los libros, los momentos que compartieron. Prosigue luego de una pausa: “a mi papi lo recordaré todos los días de mi vida. Este año cuando fue el aniversario de su asesinato pensé que iba estar más tranquila, pero no fue así. Ese día cuando me desperté estaba mi cara llenita de lágrimas, había estado soñando con él. Mi hija que es estudiante de psicología me dice: ‘mami no has cerrado eso’. Según ella porque no lo vi echar al hueco. A nosotros no nos permitieron estar en su funeral, nos sacaron porque dijeron que nos iban a asesinar”. 

Lilia Yaya recuerda que habían transcurrido 23 años y jamás había hablado del asunto, “jamás me había encontrado con otra persona que hubiera vivido un hecho victimizante en el marco de la guerra. Antes no lo hablaba con nadie porque mis hermanos no querían tocar el tema. El entorno en el que me desenvolvía era totalmente apático, de eso no se hablaba y cuando me daba la nostalgia pues lloraba”,

Se unió a la iniciativa del costurero de la memoria, como terapia para reconstruir sucesos del pasado que vienen a la mente y no dejan de doler. Un espacio que reúne familiares de las víctimas, donde cada uno de los participantes cuenta en telas una parte de su vida, una parte de su historia.

Zurcir la memoria

El costurero de la memoria es un colectivo conformado por personas de distintas partes del país. Nació en 2008 cuando se conocieron los casos de los “falsos positivos” con la organización de las Madres de Soacha, la iniciativa antes se llamaba la Mesa de Chanchiros. Desde las organizaciones que estaban prestando atención psicosocial, como la Fundación Manuel Cepeda Vargas y Minga, se buscó ampliar el alcance de la iniciativa; no se quería dejar la metáfora de coser, tejer, unir y remendar fragmentos de vida, por lo que surge El Costurero, kilómetros de vida y de memoria.

Inicialmente se reunían víctimas de crímenes de Estado, familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, madres y familiares de los “falsos positivos” y del exterminio de la Unión Patriótica; ahora todo aquel que quiera participar es bienvenido. El primer trabajo fue terapéutico porque muchas de las víctimas, como en el caso de Lilia, no había tenido acompañamiento psicológico. “Fue un espacio realmente sanador, yo le tenía desconfianza. Cuando dijeron ‘a tejer’ pensé en punto, cadeneta, chisme (…) Fue difícil al principio, pero luego uno se va encarretando y se enamora del espacio, porque transformó nuestra vida, allá nos unió el dolor, llegamos personas muy diversas, de distintos territorios, de diversos hechos victimizantes por diversos actores de diferentes grupos: del Estado, de los paramilitares y de la guerrilla”, agrega Lilia.

La cita de las costureras es cada jueves por la tarde en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, cada participante lleva sus telas y comparte las historias alegres y tristes.

El costurero de la memoria es una experiencia de reconciliación a través del arte, es una manera de zurcir el duelo, de coser un nuevo país. Son costureras y no tejedoras, porque coser es el simbolismo de unir, de remendar, de poner parches. A Lilia le gusta coser mapas, según ella porque su vida ha transcurrido alrededor de lo que ha sucedido en Colombia y su padre, junto a sus compañeros, soñaba con cambiar la estructura social y política del país.

Al preguntarle a Lilia qué es para las costureras la reconciliación, asegura que es una esperanza, es un sueño, pero también un trabajo. “Sin darnos cuenta lo que hacemos en el costurero es una forma de reconciliarnos con la vida y con nosotros mismos. Con mis compañeros hemos aprendido mucho, hemos hecho pedagogía de la memoria, tenemos un pasado doloroso pero proyectado a un futuro diferente”.

Jennipher Corredor
Equipo comunicaciones
  

 

La vida sin armas

A tiempo con el cronograma acordado, con la entrega de 137 armas de guerrilleros que hacen parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación inicia dejación de armas de las Farc.

El monitoreo de la dejación de armas está a cargo de la Misión Naciones Unidas y comienza con el registro e identificación del armamento, de manera simultánea en todas las zonas y puntos transitorios, en la primera fase se entregarán el 30 % de las armas, en la segunda otro 30% y en la fase final el 40% restante. La recolección de armas concluiría el 29 de mayo.  

Según la Misión de Naciones Unidas “En la primera fase recibirá las armas de los guerrilleros miembros del Mecanismo de Monitoreo y Verificación en paralelo empezará el proceso de planeación y verificación de la destrucción del armamento inestable, como municiones, minas y explosivos”.

La Misión hace el registro del armamento para conocer la cantidad y el tipo, identificará  las características de cada arma y las depositará en contenedores cerrados con doble llave, posteriormente sacará el armamento de las zonas veredales. Al concluir el proceso de dejación se destruirá las armas para posteriormente construir tres monumentos en La Habana, Nueva York y Colombia.

Para Fernando Sarmiento, investigador del Cinep/PPP “hay un esfuerzo de las partes por dar cumplimiento al cronograma que quedó acordado, sin embargo hay que mirar en dos niveles: un nivel técnico de lo que significa el proceso que tiene que hacer Naciones Unidas en la recepción e identificación de las armas, inventariar, dar custodia y guardar para los efectos posteriores de construcción de monumentos. El otro aspecto que hay que mirar es más político, de lo que representa la entrega de armas, que las Farc hayan cumplido con la primera fecha de entrega de armamento es muy importante para dar confianza al proceso, demostrar que hay un compromiso y así también exigir cumplimiento por parte del Gobierno”.

“Todo lo que vaya sucediendo en términos de cumplimiento de acuerdos con las Farc va a repercutir en el proceso con el ELN, lo mejor que pueden hacer las partes es cumplir con lo acordado porque es el mejor mensaje para el proceso en curso con el ELN” concluyó Sarmiento.

Entrega o dejación

Es una diferencia política, porque no es lo mismo que un ejército que no ha sido vencido se enfrente a una negociación en esos términos, no pueden hablar de entrega de armas, porque la entrega de armas tiene la connotación de haber sido vencido y entregar al vencedor.

Las Farc plantearon el concepto de la dejación de las armas, que es un acto unilateral, en el marco de la negociación ellos deciden dejar las armas y no las van a entregar a su adversario histórico, las entregas simbólicamente a un ente de confianza que son las Naciones Unidas, se las depositan a ellos con un fin, crear un acto simbólico: la construcción de tres monumentos.

Hay una diferencia en la connotación de la dos palabras, pero que se refieren especialmente a lo que significa para las Farc hacer el proceso de transición a la vida política, no como un ejército vencido sino como un ejército que da el paso a la vida civil dejando las armas a un lado para hacer el ejercicio de la política, un acto simbólico de transición a la vida sin armas.

Jennipher Corredor
Equipo Comunicaciones

Tras varios meses de tensión y de incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones entre el gobierno nacional y el ELN, el pasado 2 de febrero se destrabó el inicio de los diálogos de paz. Julián Barajas, asistente de investigación del equipo de Iniciativas de Paz, habla de la instalación de la mesa y el inicio de la fase pública de la negociación.

 

Luego de la instalación oficial de la mesa ¿Cómo llegan ambas delegaciones a la negociación?

Julián Barajas Más que cómo llegan, es necesario analizar el proceso que se dio antes de la misma instalación. El año pasado, a pesar de casi tres años de conversaciones exploratorias, fue un año de congelamiento casi total del proceso. Sin embargo, y a pesar de la incertidumbre, se logró solventar ese impase y se instaló la mesa el 7 de febrero.  Si nos remitimos a los discursos tanto de Pablo Beltrán como de Juan Camilo Restrepo, pareciera que a pesar del congelamiento y de los grandes desencuentros que hubo en el 2016, cada delegación internamente reforzó su convicción de iniciar un diálogo con la otra parte. Había un pregunta en ambas delegaciones: ¿qué tanta voluntad de paz tiene la contraparte? Creo las dos nos demostraron el compromiso, tanto del gobierno con los indultos a los dos guerrilleros presos, como del ELN con la liberación de Odín Sánchez, y del soldado que tenían retenido en Arauca.

¿Cuál es su análisis de los discursos que presentó cada delegación en el acto de instalación de la mesa?

J.B. Como toda negociación, cada parte pone su agenda. El discurso de Juan Camilo Restrepo deja ver que al gobierno lo que le interesa es el desarme del ELN. En ese sentido va a abogar para que baje, no sé si la intensidad del conflicto, pero por lo menos la capacidad militar del ELN. Pablo Beltrán por su parte, posiciona lo que para el ELN es el punto crucial, que es la participación de la sociedad civil. Como ya tenemos un punto de comparación, al recordar el discurso de Iván Márquez en la instalación de la mesa con las Farc, a mí me parece que ese discurso de Márquez era mucho más, no sé si radical, pero por lo menos más ambicioso que el presentado por Beltrán el 7 de febrero.

¿Cómo espera ud que sea esa participación de la sociedad civil dentro del proceso?

J.B. Aquí hay una ventaja y es que ya hay una agenda que estipula una participación, y eso ya es un avance, porque parece que va a ser una participación más directa. Este es diferente al proceso con las Farc, porque a pesar de que hubo participación de las víctimas, ese modelo tuvo bastantes críticas, en el sentido que no fue una participación amplia y directa de la población. Frente a ese aspecto se aprendió que en un proceso como estos es necesario involucrar a la sociedad.

Yo aspiro que este sea un experimento para ampliar la participación democrática de la ciudadanía en Colombia. Hay una cierta precaución en el tema de participación y es que el proceso se puede alargar mucho. Eso es verdad, se necesita diseñar una metodología que logre encausarla y que no nos quedemos simplemente en debatir y no concretar nada. Esta es una oportunidad necesaria, y ojalá esta experiencia sea un acumulado para incentivar y motivar la participación de la ciudadanía.

Frente a la negativa de algunos comandantes del ELN de renunciar a la práctica del secuestro ¿Cómo puede afectar este tema a la negociación?

J.B. El secuestro es indefendible. Todo el congelamiento del año pasado fue bajo el argumento del secuestro.  Analizando el tema política y económicamente, las cifras de secuestrados que tiene actualmente el ELN no son significativas. Por lo tanto, el argumento de que el secuestro es una vía indispensable de financiación de la guerra, se cae por la poca cantidad de secuestrados que tienen.

El secuestro lo usan no solo como práctica de financiación sino también sino también como arma política y hoy en día no les funciona de esa forma. Entonces yo sí creo que el ELN debe renunciar al secuestro porque no les representa grandes capitales económicos y tampoco capitales políticos. Ese sería un gesto no solo con el gobierno sino con toda la sociedad colombiana y que además, le quitaría un argumento a los opositores del proceso de paz.

¿Cómo diferenciar el proceso de las Farc con el del ELN?

J.B. Juan Camilo Restrepo de antemano lo dijo en su discurso. El gobierno ha venido entendiendo con el tiempo que este es un proceso distinto al de las Farc en tanto que el ELN es una organización independiente y autónoma, con su propia naturaleza y su propia idiosincrasia. Sin embargo tampoco se pueden cerrar las puertas de interlocución. Claramente este proceso debe aprender y debe tener en cuenta la negociación y la implementación con las Farc. Lo peligroso es que pareciera, por parte del gobierno, que hay una iniciativa de no abrir más los temas de justicia y el tema de dejación de armas. Yo entiendo el argumento del gobierno de tener en cuenta la jurisdicción especial para la paz que se acordó en La Habana, pero el ELN también tiene un argumento muy fuerte y es que ellos no participaron en esa discusión. Yo creo que la vía es que el punto de partida para la discusión de la justicia y la dejación de armas con el ELN sea lo ya acordado con las Farc.

Teniendo en cuenta que el gobierno Santos tiene el tiempo limitado y que la agenda del ELN puede extenderse en su discusión ¿Cómo debe ser el manejo de la negociación?

J.B. En Colombia no va a haber paz si la paz es una política de gobierno y no una política de Estado. Si los colombianos queremos la paz tenemos que asumir que la paz no puede depender del gobierno de turno. La única salida ante este situación es que todos los sectores de la sociedad civil que estamos a favor de la solución política nos unamos para darle continuidad a este proceso independientemente de quien sea elegido como nuevo presidente. El problema no es que se acabe este gobierno. El problema es que hay opositores a la salida política y negociada al conflicto que tienen grandes probabilidades de ganar la presidencia y eso puede hacer que los pasos que hemos dado hacia la paz se pierdan.

 

En su último artículo en la Revista Cien días hacía un llamado a la sociedad civil para presionar a las partes para que instalaran la mesa. Ahora que inicia la negociación ¿cuál es el papel de la sociedad civil en acompañar pero también exigir resultados a la mesa?

J.B. Yo creo que el talón de Aquiles, no solo de la izquierda sino de sectores progresistas, es que nos cuesta trabajar juntos. Cada sector o facción quiere imponer su agenda propia. Ahora lo que necesitamos es una plataforma que reúna todos esos sectores y que abogue por la paz. Generalmente la gente se moviliza ante una injusticia, pero se moviliza mucho más cuando se siente parte o cuando se siente afectado. En ese sentido, este año será crucial para involucrar a la sociedad y lograr un interés nacional por participar políticamente.

Durante los días 12 y 13 de diciembre se realizó en la ciudad de Pasto el 2° Foro Construyendo Paz con Equidad desde Nariño, retos para la paz territorial.

La primera jornada invitó a los asistentes a dialogar en torno a la realidad  del departamento, a través de las acciones y resultados concretos en los territorios. Con la exposición de las experiencias de agendas de paz adelantadas por las comunidades y organizaciones sociales en algunos municipios de Nariño, se conocieron las apuestas para la construcción de paz.

Las agendas de paz son propuestas que se generan directamente desde los territorios, iniciativas que surgen de las comunidades. Para Javier Dorado, miembro de la Minga por la Paz de Nariño “la importancia de estas iniciativas es que se socializan, se comparten y a su vez exigen al gobierno que los componentes de estas agendas de paz sean parte de las negociaciones”.

Actualmente la Minga por Paz de Nariño tiene siete propuestas, de las que se destaca el escenario que se está desarrollando en el municipio de Samaniego con la Universidad para la Paz, a través de la propuesta de educación alternativa, sin embargo la propuesta más significativa por el impacto que ha desarrollado es el lanzamiento del primer Territorio Campesino Agroalimentario en el municipio de San Pablo.

Durante la segunda jornada del Foro, se pusieron en mesas de discusión tres temas fundamentales para pensar la construcción de paz en Nariño: Acceso y uso de la tierra, participación política y sustitución de cultivos de uso ilícito. Frente al tema del acceso a la tierra se resalta el cuidado del agua y las afectaciones a las comunidades por el ingreso de megaproyectos a los territorios “La gran minería y agronegocios despojan de la tierra y el territorio a los campesinos de una alternativa de susbsistencia a largo plazo para sus familias”, afirmó Duby Ordónez, lideresa de San Pablo y representante de la Fundación Comité de Integración del Macizo Colombiano - CIMA. Con respecto a la sustitución de cultivos de usos ilícito los participantes identificaron los principales obstáculos presentes en el departamento para la implementación de programas para la sustitución de cultivos. Con respecto eje  de la participación política en el departamento de Nariño se hizo especial énfasis en las características del sistema político actual que impiden el ejercicio pleno de participación por parte de los ciudadanos, ciudadanas y sus comunidades. 

 

 

 

La investigación sobre las dinámicas de los conflictos sociales y políticos es la aplicación de una metodología y un marco conceptual de análisis en  un territorio en particular: el Macizo Andino Nariñense. El trabajo busca recoger los esfuerzos ciudadanos en la comprensión de los conflictos y su transformación para construir la paz.