Jan 17, 2018
Ciudadanía y paz

Ciudadanía y paz (25)

Durante el 2017 las instituciones que conforman Educapaz han trabajado para mejorar la educación en el sur del Tolima. Este proyecto que vincula siete organizaciones ya es reconocido no solo por las comunidades educativas y la sociedad civil, sino también por las autoridades locales. Las instituciones que conforman el proyecto son: Escuela Nueva, Convivencia Productiva, Fe y Alegría, Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, Javeriana Cali, Fundación para la Reconciliación y Cinep/PPP. Además, hay tres organizaciones aliadas: Avina, la Red Prodepaz y Clayss.

Educapaz tiene tres grandes líneas de trabajo. La primera es Educación Rural que acompaña a sedes educativas de los cuatro municipios. Allí hay 28 colegios, cada uno de estos, con sedes rurales. Este acompañamiento es educativo y pedagógico en el que se revisan las metodologías de enseñanza de cada una de las sedes para sugerir nuevas estrategias. También se trabaja en mejorar la relación de los docentes con las comunidades para que estas hagan parte del proceso educativo de los niños y niñas.

Otra tarea planteada en esta línea es la construcción de los Planes Educativos Municipales. Para esto, crearon un mecanismo de articulación de actores, llamada la Mesa Educativa Municipal, en la que confluyen los diferentes actores relacionados con la enseñanza escolar, representantes del sector público, líderes comunitarios y líderes de asociaciones productivas. El objetivo de cada mesa es crear una propuesta de política pública educativa enfocada en las necesidades de los niños y jóvenes rurales de cada uno de los cuatro municipios. La Universidad Javeriana de Cali validará la participación en esta construcción del plan como un diplomado, para así cualifica el quehacer de cada uno de los actores.

“Nuestra tarea como Cinep/PPP es promover espacios de reflexión sobre las políticas públicas y crear una agenda común y pública con diversos sectores”, dice Luz Elena Patarroyo, coordinadora del equipo de participación ciudadana del Cinep/PPP. “En esta región, muchas personas han sufrido la guerra, y eso genera mucho escepticismo. La gente está muy ilusionada con que haya cambios pero al mismo tiempo está muy temerosa de ser engañada o utilizada”, agrega Patarroyo.

Para el próximo año, y una vez se haya terminado la concertación del plan, se presentará a los consejos municipales para que sea discutido y aprobado como política pública oficial. Es importante reconocer que el trabajo de la mesa ha tenido incidencia en la escala regional, pues se ha vinculado con la Agencia de Renovación del Territorio para que estas propuestas locales sean incluidas dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET–. “La orientación de la mesa y su participación en las discusiones de los PDET está encaminada a que la gente se haga preguntas que no se había hecho en torno al tema de la educación”, dice Juan Carlos Merchán, investigador del Cinep/PPP y miembro del equipo de Educapaz.

Para Luz Elena Patarroyo el proceso de los PDET es muy rápido y no posibilita que la gente tenga un tiempo de maduración y comprensión sobre para participar. “Esa debilidad la hemos venido trabajando como pilar de la educación y así dar una información más cualificada, generar reflexiones y aportar a la articulación de la política pública que estamos construyendo con el PDET.  Volvemos a la tarea de mediadores entre una acción que es estatal y la comunidad educativa”, afirma.

Por su parte, Juan Carlos Merchán, indica que uno de los principales obstáculos del proceso ha sido lograr la participación de las administraciones municipales. “Nosotros estamos aliados con la Secretaría de Educación de la Gobernación, y eso genera distanciamientos con algunas administraciones porque no quieren trabajar con sus opositores políticos”, afirma; sin embargo, señala que poco a poco han logrado demostrar que este es un proyecto que va más allá de las filiaciones políticas. 

La segunda línea de trabajo de Educapaz es la formación en Ciudadanía, Reconciliación y Educación Socio Emocional –Crese–. Esta estrategia busca generar propuestas para trabajar la reconciliación, que no está vinculada a la educación cognitiva intelectual, sino a la educación de los sentimientos. Hasta ahora se ha implementado en instituciones educativas urbanas y el proyecto para el próximo año es llevar esta propuesta a las instituciones rurales, que es donde más daño ha causado el conflicto armado.

La tercera línea de trabajo es Incidencia y Comunicación. En esta se gesta el relacionamiento con las instituciones del nivel nacional como el Ministerio de educación, y extranjeras como las agencias de cooperación. Desde esta área se han organizado reuniones y foros en los que representantes de las instituciones estatales de diferentes niveles, han debatido sobre las problemáticas que enfrenta la educación y las posibles soluciones que podrían implementarse. “Esto es un proyecto multiactor simultaneo. No es de que empiece de la base o de arriba, sino que en cada uno de los niveles hay que trabajar al tiempo para lograr verdadera incidencia”, dice Merchán.

Según Merchán, la mayor dificultad que enfrenta el proceso es que los municipios en los que se trabaja no están certificados por el Estado colombiano. Esto lo que implica es que no son autosostenibles económicamente, por lo que no pueden decidir autónomamente la inversión de sus dineros. “¿Cómo hacemos que una política pública funcione si el municipio no puede decidir qué hacer con su plata? Hay que buscar nuevas fuentes de financiación, y para nosotros, una de ellas son los PDET”, añade el investigador.

Ante este panorama son muchas las expectativas que tienen los diferentes actores en torno a la educación. “La guerra había cerrado con un bloqueo territorial todo el sur del Tolima. De las mayores ganancias es descubrir todo el potencial que tiene el Tolima. Es increíble todo el potencial de saberes, las personas, los recursos”, afirma Patarroyo. La proyección de Educapaz está en varios territorios del país. Se espera que en los próximos cinco años el proyecto inicie actividades en dos regiones más que aún están en discusión.

 

Miguel Martínez
Equipo de Comunicaciones

Pocas experiencias lo marcan a uno tanto en la vida, como el viaje que hicimos a Vaupés.
Iniciamos el viaje en Mitú, en el puerto a eso de las 4 de la tarde, pues nos habían dicho que el viaje duraba 2 horas. Apenas a unos minutos de haber arrancado inició una lluvia que estuvo presente en la mayor parte del recorrido. No sé si nos mojaba más el agua que saltaba del rio, porque la voladora iba muy pesada, o la lluvia. Disfrutamos el paisaje y por supuesto, el atardecer. Sin embargo, después de las 6:30 ya estaba muy oscuro y como estaba nublado no teníamos ninguna fuente de luz.

De las cosas que más me impacto fue ver algunas luces que nos alumbraban a lo lejos, al preguntarle a X nos dijo que eran pescadores y que anunciaban que estaban ahí para que nuestra lancha pasara lejos de donde ellos estaban. Estas personas estaban allí, en medio del rio, en absoluta oscuridad, rodeados de selva, parados en canoas, pescando. Nos dijeron que podían estar ahí toda la noche, hasta que amaneciera y que muchos preferían esa hora porque era más fácil pescar.

No sé cómo, pero llegamos a las 8 a Mandí. La primera imagen fue varias mujeres lavando platos y ollas en la orilla del río, en completa oscuridad, cada una con una linterna que usan solo cuando caminan. El inspector de policía nos llevó hasta la casa cural y nos ayudó a instalar las hamacas. A los pocos minutos ya todos estábamos durmiendo.

Al día siguiente, a las 6 de la mañana, ya sonaban las campanas de la iglesia, que quedaba a unos metros de la casa cural. Fue la señal para levantarnos e ir al rio a bañarnos. Todas las personas que bajaban al río, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, bajaban con un balde y un jabón rey. Mientras se bañaban, lavaban la ropa que usaron el día anterior. Al llegar a la maloka nos recibieron con curiosidad y con el desayuno.

— Tenemos caldo de pescado con un poquito de picante — dijo el inspector

Si algo he aprendido es que no hay nada tan subjetivo como la medición del picante. Al instante de probarla nos dimos cuenta que era mucho más picante de lo que pensábamos. Aunque todos se tomaban el caldo sin inmutarse, algunos de nosotros estábamos tosiendo por lo fuerte que estaba. Solo pudimos comernos el pescado y la papa. Como si fuera poco, Maclau, uno de los líderes, se acercó a ofrecernos más ají.
Luego del desayuno nos presentamos uno a uno. Éramos más de 150, por lo que esta presentación duró más de dos horas. Luego nos dividimos en grupos e iniciaron los talleres. Con nosotros estaban los capitanes y las personas que más conocían la región. Cada uno contó la historia de su comunidad, que ha pasado de generación en generación por la tradición oral. Algunos remontaban el inicio de sus comunidades varios siglos atrás. Recordaron la persecución que sufrieron sus abuelos por las caucheras y la llegada de las campañas evangelizadoras que cambiaron su forma de vida.

— Con la llegada de los curas perdimos la mayoría de nuestras tradiciones, la vestimenta, nuestros ritos, y tuvimos que movernos de nuestros territorios. — Dijo uno de los capitanes.
Mandí es el poblado más grande del Vaupés medio porque es el punto central de las 21 comunidades indígenas que viven sobre el rio, la mayoría de ellas del pueblo Kubeo. Allí queda la inspección de policía, el colegio con bachillerato completo y la maloka más grande. Allí el abandono del Estado es absoluto. No hay puestos de salud, no hay antenas de comunicaciones, no hay electricidad, apenas llega la señal de la emisora del ejérctio. Aunque la mayoría prefiere que sea así.

— Por lo menos podemos mantener nuestras costumbres vivas por más tiempo — me dijo una de las profesoras del colegio al almuerzo. — ya hemos visto que los jóvenes sobre todo que se van a Mitú, empiezan a desechar nuestra cultura y eso es grave porque es lo que nos une como pueblo — añadió.

Es como si vivieran en otro país.

— Lo único que sabemos de los acuerdos de paz es que desde junio del año pasado dejamos de ver a las Farc por estos lados — dijo el inspector. — Nos han dicho que tienen un enfoque étnico que puede beneficiarnos, pero aquí nadie ha venido a explicarnos nada de eso — continuó.

Sin embargo, tenían preocupación de saber que hay unas disidencias que no se acogieron al acuerdo y que pueden estar por esa zona.

En mi tarea de hacer reportería gráfica me crucé con varios niños que me miran con mucha curiosidad por lo que estaba haciendo sin decir nada, aunque yo les preguntara. Para romper el hielo empecé a tomarles fotos y a mostrárselas a lo que respondían con una carcajada. De a poco entraron en confianza y ya hasta posaban para las fotos. Ellos fueron los que me llevaron por los diferentes lugares, la escuela, los cultivos de caña, al lago, y algunos de ellos a sus casas. Estos niños de menos de 10 años me contaban historias de sus familias, de las estrellas, de los dioses que protegían los lugares sagrados en el río, de cómo se prepara la chicha y de cuáles son los mejores lugares para pescar. Los niños no sabían de dibujos animados, ni de películas, pero están muy bien entrenados para sobrevivir en su entorno.

El cierre del encuentro fue una fiesta. Estaban celebrando que había representantes de la mayoría de comunidades del Vaupés medio y que de ahí iban a coordinar acciones de incidencia. Instalaron la planta eléctrica comunitaria y un parlante con música. Cuando estábamos todos en la Maloka nos hicieron ponernos de pie.

— Y ahora nuestro regalo para los invitados de la fundación Natura, el Cinep y los capitanes— dijo el animador de la fiesta.

En ese momento empezó a entrar una fila de mujeres, cada una con una olla en la mano. Cuando se acercaron a nosotros empezaron a sacar totumadas de chicha para que nosotros tomáramos. En la primera ronda conté 22 mujeres, por consiguiente, tomamos 22 totumadas algunas más grandes que otras y cada una con un sabor diferente. Luego nos sentamos y venía uno de los actos culturales más importantes, el baile del carrizo. Se levantaron 8 hombres, cada uno con un instrumento similar a la zampoña. Cada uno tocaba unos sonidos que se alternaban entre ellos, pero todos juntos hacían la melodía. Bailaban de un extremo de la maloka al otro hombro a hombro, luego en fila y después de varios minutos se unían las mujeres al lado de ellos. Cada baile duraba unos 8 minutos e hicieron uno por cada pueblo presente. Después de varias tandas del baile, venía la segunda ronda de chicha. Ya algunos se abstuvieron de participar. La celebración duró casi toda la noche.

Al día siguiente teníamos que volver a Mitú. Varias familias, el inspector, y el sacerdote salieron a despedirnos. El viaje de vuelta fue muy diferente, ya pudimos ver todo el recorrido y solo gastamos 2 horas y media. El choque cultural fue muy grande. Cada comunidad vive para sí misma. Es muy fuerte el sentido de lo comunitario y de distribución de labores. Los con los que jóvenes tenían la firme intención de estudiar alguna carrera y luego volver a su comunidad a fortalecer las organizaciones que los representan. Los mayores tienen la función de enseñar a los jóvenes su cultura, su cosmovisión y costumbres. Hay un interés de crear redes entre las comunidades para trabajar en acciones de incidencia ante las autoridades para mejorar sus condiciones.

Estas comunidades indígenas del medio Vaupés me enseñaron mucho, desde los más pequeños hasta los chamanes más experimentados. Es increíble la convicción que tienen y su sentido de comunidad, con la que incluso se opusieron a los actores armados que existieron alguna vez en su región. Esas experiencias de construcción de paz territorial las publicaremos próximamente en uno de los videos que sistematizan este tipo de experiencias y que podrán ver en nuestra página y redes sociales.

 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

 

  • Cinep/ Programa por la Paz presentó un informe preliminar que da cuenta del impacto de la implementación del cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo, en las comunidades locales de las zonas veredales y puntos de normalización.

 

  • El documento también señala los aprendizajes que surgen del acompañamiento de la sociedad civil en este ejercicio.

 

El punto tres del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP, contempló un Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación (MM&V) para la verificación del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. 

La creación de este mecanismo —compuesto por el Gobierno, las FARC y la Misión política especial de las Naciones Unidas autorizada por el Consejo de Seguridad— tuvo en cuenta experiencias de otros países y fue resultado de las discusiones realizadas al interior de la Subcomisión técnica del fin de conflicto, instalada en el marco de la Mesa de Negociación de La Habana (Cuba) de la que hicieron parte tanto militares como guerrilleros.

Fruto de la experiencia de acompañamiento al MM&V, que duró casi un año, se publica el informe El cese bilateral: más allá del fuego, que presenta un análisis de los impactos de la implementación del punto 3.1 (Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas entre el Gobierno nacional y las FARC-EP) en las comunidades locales donde se ubicaron las ZVTN y los PTN.

Este documento aborda tres aspectos. En primer lugar, hace un análisis de los impactos del proceso de instalación y adecuación de las ZVTN y PTN en las comunidades locales que las recibieron. En segundo lugar, hace una lectura de los aciertos y las dificultades de este proceso y, por último, presenta una reflexión más amplia sobre el acompañamiento necesario de la sociedad civil a la implementación del Acuerdo Final de Paz en su conjunto, así como a experiencias semejantes de separación de fuerzas y ceses al fuego.

Es importante resaltar que para esta labor el Comité de Acompañamiento contó con el apoyo de la Embajada Suiza en Colombia, que se convirtió en una aliada importante para nuestro relacionamiento con diferentes actores y para llevar a cabo las actividades propuestas.

Descargar el informe.

 

Margareth Figueroa Garzón

Equipo de Publicaciones

Durante un año diversas organizaciones acompañaron el proceso de Monitoreo y verificación del Cese al Fuego y de Hostilidades entre Gobierno y FARC-EP en Colombia. Este jueves 27 de julio, se encontrarán diversos actores para dialogar en torno a los resultados que arrojó este proceso. 

"La idea es tener un espacio de encuentro y diálogo para recalcar que el cese al fuego fue mucho más que un ejercicio militar y para que la ciudadanía pueda conocer lo que se vive en las zonas rurales y cómo se vivió este proceso en los territorios”

Lorena Carrillo González, quien es la Secretaría técnica del Comité de acompañamiento de la sociedad civil al mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo. Socióloga, magister en Estudios Rurales e investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular, amplía aspectos principales de este informe.

¿Cuál es el balance de los resultados del informe y los principales hitos en dicho proceso de acompañamiento?

Lorena Carillo: Lo primero es recalcar que el cese al fuego se cumplió, las dos partes cumplieron las reglas salvo 9 violaciones identificadas a lo largo del cese y la mayoría de afectaciones o incidentes fueron leves. Cuál es una de las principales situaciones que nosotros queremos remarcar allí, que si bien el cese se cumplió, el cese va mucho más allá del fuego, no se trató solamente de un ejercicio de separar fuerzas y verificar que las partes cumplieran las reglas a las que se comprometieron sino ver eso cómo llegó a afectar los territorios donde se llevaron a cabo estos procesos.

El proceso de cese al fuego ha sido una experiencia muy novedosa en el mundo. La ONU nunca había hecho parte de un proceso así como el que se constituyó con las FARC. Una herramienta novedosa de la que vale la pena aprender. El problema es que todas las cosas que se diseñaron en los protocolos fueron pensadas desde un ejercicio militar y no se tuvo en cuenta que estos territorios, al igual que sucedió en el transcurso de la guerra, no son territorios que están vacíos o que están aislados, ahí vive gente. Hubo un impacto en la cotidianidad de la gente, se está transformando y eso justamente es en lo que queremos llamar la atención.

¿Quiénes conformaron el comité de acompañamiento de la Sociedad Civil al Mecanismo de Monitoreo y Verificación?

L: El comité de acompañamiento surgió de una propuesta de 35 organizaciones que firmaron una carta dirigida a la mesa de negociaciones, la cual se envió a la mesa  de negociaciones de la Habana en febrero de 2016. A partir de la carta, la puesta en marcha fue liderada por 9 organizaciones a nivel nacional pero sobre todo por juntas de acción comunal y organizaciones regionales desde los territorios, es un espectro amplio de organizaciones que se unieron en torno al acompañamiento y que incluye organizaciones de iglesia, plataformas de derechos humanos, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales.

En el informe se menciona que “acompañar tal proceso desde la sociedad civil se convirtió en un reto adicional” ¿Por qué fue un reto?

L: Fue un reto porque justamente lo que era la mayor fortaleza se convertía en el mayor reto. Al tener tantas organizaciones con diversidad de agendas y apuestas encaminadas a lograr la implementación del acuerdo de paz; el reto era lograr ponernos de acuerdo en un punto para poder hacer ese acompañamiento.

A medida que pasaba el proceso iban cambiando las prioridades de las organizaciones porque había unas que estaban mucho más pendientes del asunto legislativo, otras de los procesos de reincorporación, otras de un ejercicio con las víctimas, entonces a medida que se iba implementando este acuerdo en su parte normativa y a medida que iban pasando los días en las zonas veredales las prioridades cambiaron y justamente cambian porque el cese funcionó.

La mayor tensión era pensar qué pasaba si el cese se rompía. Entonces hubo un momento en el que había mucha atención de organizaciones y plataformas, pero como funcionó esta parte dejó de ser prioritaria y pasaron a  ser prioritarios otros ejercicios como el fastrack que la Corte lo tumbó. Esas cosas fueron las que dificultaron los retos, sobre todo el tema de la comunicación desde los espacios locales a la articulación con los espacios nacionales; como la de Popayán que incluía zonas del Tolima y era imposible lograr que la gente se pudiera reunir en un mismo espacio.

¿Qué retos surgen a partir de los resultados de esta etapa?

L: Lo que queda es poder rescatar esta experiencia, potencializarla, aprender de los errores cometidos, ver de qué manera se puede mejorar porque creemos que esta es una experiencia que vale la pena tener en cuenta para futuros procesos; por ejemplo el cese bilateral que parece que va a iniciar pronto con el ELN, pero también para otros, no sólo en Colombia.

Ver cómo detrás de un ejercicio aparentemente militar también hay un componente social civil muy importante que debería ser incluido por lo menos en el diseño y en la primera fase de implementación. El tema de la pedagogía, el poder explicarle a la gente qué es lo que va a pasar en sus territorios, cómo lo pueden hacer de manera que no les afecte su vida cotidiana, es algo que queremos recalcar en este proceso.  

Este jueves tendrá lugar el encuentro que se ha propuesto para socializar esta experiencia de Acompañamiento y verificación ¿Cuáles serán los temas principales y quienes son los invitados al evento?

L: Vamos a presentar justamente el informe, es un informe preliminar de este proceso de acompañamiento que duró cerca de un año donde estuvimos involucradas organizaciones de nivel nacional, regional y local. Van a participar líderes de algunas de las zonas veredales para que sean ellos los que nos puedan contar desde su experiencia cotidiana lo que funcionó con el mecanismo y lo que debamos tener en cuenta para mejorar a futuro.

También, tendremos la presencia del Mecanismo de Monitoreo de los tres componentes, ellos nos van a hacer una retroalimentación a ese informe, vamos a contar con la participación de algunos representantes de instituciones estatales, de organizaciones no gubernamentales y también de la embajada de Suiza que apoyó este proceso desde el principio.

 

María Gabriela Novoa

Equipo de Comunicaciones

Columna originalmente publicada en Razón Pública

El censo socioeconómico de los ex combatientes descubre una realidad de campesinos que se educaron en escuelas rurales, que desean seguir viviendo y trabajando en el campo, y que por tanto necesitan de la reforma rural integral que fue pactada.

Lorena Carrillo González*

Guerrilla de campesinos

El censo socioeconómico que llevó a cabo la Universidad Nacional sobre los integrantes de las FARC que se encuentran en las zonas veredales incluyó un total de 10.015 personas, y sus autores estiman que cerca de 1.000 integrantes más faltaron por incluirse.

El 81 por ciento de las y los ex combatientes tienen vínculos con zonas campesinas: 66 por ciento son de origen rural y 15 por ciento de origen rural-urbano. Estas cifras no son sorprendentes, porque las FARC tienen raíces en las regiones de colonización de Colombia.  

Por eso ya desde 1964 – sino desde mucho antes-, los guerrilleros habían venido demandando una reforma agraria, acceso a la tierra, formalización de la propiedad para colonos y campesinos, acceso a créditos y asistencia técnica para el campo.

Y en efecto: en el punto 1 del Acuerdo de la Habana se acordó formalizar la propiedad sobre siete millones de hectáreas y adjudicar tres millones más para campesinos y campesinas. El Acuerdo también incluye innovaciones en materia de asistencia técnica y desarrollo de líneas de créditos.

Sin embargo el camino hacia la “reforma rural integral” (RRI) allí esbozada es incierto y el panorama actual de la desigualdad en el campo colombiano no es muy alentador.

Aunque se trate de un hecho obvio, esta sencilla verdad  estuvo oculta a la opinión pública durante el largo tiempo de confrontación armada: las y los guerrilleros son seres humanos que, independientemente de sus deudas con la justicia, han habitado y labrado los campos. En medio de la guerra también sembraban cultivos de pancoger, criaban gallinas y cerdos. Gracias al censo y a algunos medios de comunicación, este hecho obvio es algo más visible hoy.  

¿Qué pasó con el campo?

Acostumbrados a narrar y a analizar el drama de la guerra y de sus víctimas, desde la academia también tenemos que vislumbrar, por ejemplo, las implicaciones que para los integrantes de las FARC tiene su reincorporación a un escenario rural más desigual y marginal que aquel que los llevó a las armas hace 53 años.

Los resultados del censo son más que desafiantes para un país centralizado y conservador, cuyas zonas rurales han estado marginadas desde siempre.

Según el informe de la OXFAM, la desigualdad en la distribución de la tierra ha aumentado durante las últimas décadas: “las explotaciones de más de 500 hectáreas se han mantenido en torno al 0,4%-0,5% del total. Sin embargo la superficie que ocupan se ha ampliado enormemente, pasando de 5 millones de hectáreas en 1970 (el 29% del área total censada) a 47 millones en 2014 (el 68%).”  El mismo estudio concluye que “el 1% de las explotaciones de mayor tamaño maneja más del 80% de la tierra”.

Bajo estas circunstancias, la desigualdad medida por el índice de Gini llegó a 0,897 en 2014, lo cual sitúa a Colombia como el país más desigual en América Latina.  En 1960 el índice de Gini era de 0,868, lo cual confirmaría que la desigualdad, en vez de disminuir, ha seguido agravándose. 

Pero por otra parte  hay que tener en cuenta que mientras en 1960 el 48 por ciento del total de la población colombiana vivía en el campo, en 2005 la proporción había disminuido al 25 por ciento.

Tanto la desigualdad como el cambio demográfico son factores importantes para tener en mente en el momento de adoptar decisiones relacionadas con políticas, programas y presupuesto para las zonas rurales de Colombia.  

¿Hay tierra pa’ tanta gente?

El 77 por ciento de los integrantes de las FARC no tienen una vivienda pero sí ganas de seguir viviendo en el campo (el 60 por ciento manifestó interés en actividades agropecuarias, un 37r por ciento en participar de los mercados campesinos, y otro 28 por ciento en acuicultura, entre otras alternativas).

Con una población cuya cultura es campesina y que le ha hecho saber al país que cree en un proceso de reincorporación colectiva, la opción de migrar hacia las ciudades, si bien no queda descartada, sí tiene muy bajas probabilidades de llevarse a cabo, y de hacerlo sería especialmente difícil en las ciudades intermedias.

Y a estos nuevos aspirantes a un pedazo de tierra en el campo hay que sumarle la elevada concentración de la propiedad, el derecho de las víctimas despojadas a la restitución, la adjudicación de tres millones de hectáreas a miles de campesinos, y las más de veintidós mil familias que habitan en áreas protegidas con riesgo de ser desplazadas, ademas de las que podrían quedar en el limbo con el proceso de delimitación de páramos

Escuela nueva

El 90 por ciento de los y las integrantes de las FARC manifestaron saber leer y escribir, pese a que apenas el 8 por ciento culminó sus estudios de educación básica o media vocacional.

Lo anterior debido, en parte por las propias escuelas de alfabetizacion de las FARC, y en parte porque la educación rural en Colombia sigue el método de “la escuela nueva”, una propuesta flexible para atender los problemas que enfrentan los niños y niñas en el campo (grandes distancias para llegar a clases, falta de infraestructura y de personal, falta de dotación básica).

La escuela nueva ha permitido grandes logros, en especial en el aumento de la cobertura de la educación primaria en zonas rurales. Con el apoyo de guías de aprendizaje. un solo docente se encarga de dar clase a todos los grados de la primaria. En las veredas es muy común encontrar escuelas donde conviven en un mismo salón de clases estudiantes de primero a quinto de primaria. El docente hace un esfuerzo por separarlos en esquinas, de modo que a un lado se encuentren los de quinto, al otro los de cuarto, y así sucesivamente. Los niños y niñas repasan las cartillas y el docente, aunque cuenta con pocas herramientas, se esfuerza por prestar atención a cada uno de los estudiantes; los niños por su parte memorizan el contenido de las cartillas, antes de aprender y reflexionar sobre el mismo.  

Bajo ese sistema educativo se formaron miles de guerrilleros antes de unirse a las filas de las FARC. Y bajo este sistema se siguen formando hoy en día miles de niños. No obstante, cuando esta población completa la primaria y no tiene la opción de continuar sus estudios de secundaria, busca alternativas como por ejemplo –y en el mejor de los casos- jornalear.

El informe del 2015 de la Misión para la Transformación del Campo Colombiano del Departamento Nacional de Planeación alerta sobre el rezago existente en cuanto a  cobertura de la educación secundaria y media vocacional del sector rural frente al sector urbano. Estas brechas conllevan un aumento en los índices de pobreza y limitan la movilidad social en el campo colombiano.

La educación es sólo un ejemplo del difícil panorama que enfrentan las y los campesinos colombianos. Con baja cobertura e infraestructura para la básica secundaria, y la falta de opciones para adelantar estudios superiores, la reincorporación de los miles de campesinos ex combatientes es arte y parte del reto de remediar las brechas históricas en el ámbito rural.

 

Socióloga, magister en Estudios Rurales e investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

 

Desde hace tres años se comenzó a construir el proyecto Educapaz. Hace un año, gracias a las diferentes alianzas entre organizaciones, esta apuesta por la educación rural en el país ha llegado a 4 municipios del Tolima y espera quedarse en las agendas educativas del departamento al menos por 10 años. Hablamos con Luz Elena Patarroyo y Juan Carlos Merchán, investigadores del Cinep/Programa por la Paz que han estado al frente de este proyecto en representación de la organización. 

¿Cómo nació Educapaz?

Luz Elena Patarroyo:

Esta es una propuesta que se creó inicialmente entre Fe y Alegría y Porticus a la que se fueron uniendo diversas entidades. Estas son entidades que de alguna manera han liderado estrategias y propuestas de educación que  tienen una experiencia reconocida en todo el país.

Todos los que conforman Educapaz son Cinep/PPP, Universidad Javeriana, Fundación Escuela Nueva, Convivencia productiva, Aulas en Paz, la Universidad de los Andes, Fe y Alegría, Fundación para la Reconciliación y hay tres aliados estratégicos uno que es Avina, la Redprodepaz y Clayss.

Todas estas entidades trabajan por la educación bajo el criterio de que una forma de trabajar por la paz, es trabajar por la educación.  Las estrategias que se quieren implementar son a largo plazo, por eso en principio Educapaz está pensado para 10 años y en esos 10 años se espera llegar como mínimo a tres regiones diferentes del país.

Educapaz ha hecho énfasis en el aspecto rural, entonces vamos a ir a las zonas rurales porque allí es donde incide profundamente el conflicto. La idea es desarrollar capacidades ciudadanas y humanas en donde el conflicto ha estado más fuerte. Esto con el propósito de incidir en la paz. Ambas cosas van fuertemente ligadas.

 

¿Cuál es la labor de Cinep/PPP en Educapaz?

L.E.P: Educapaz tiene tres líneas de acción: la línea de educación rural, la línea de capacidades para la reconciliación y la de comunicación, investigación e incidencia. Cinep/PPP hace parte de la línea uno, estamos desarrollando una acción conjunta entre cuatro entidades: Fe y Alegría, Universidad Javeriana de Cali, Fundación Escuela Nueva y nosotros.

Y nuestra tarea fundamentalmente es vincular el trabajo desde el apoyo en el aula de clase, ese sería el primer momento de la relación que es escuela, luego la relación comunidad que sería trabajar todos los planes educativos institucionales que es la relación escuela- comunidad y la parte del territorio es el énfasis que hace Cinep/PPP, entonces lo que hacemos allá es vincularnos con las otras entidades y desde ahí aportar en la constitución de las mesas educativas municipales y los planes educativos municipales.

Hemos diseñado un plan para que la gente pueda construir política pública educativa municipal y esto viene de un trabajo anterior que habíamos realizado en el Magdalena Medio. Ahí construimos la política pública de 17 municipios en donde hay toda una metodología un trabajo elaborado, por esta experiencia estamos en Educapaz.

 

¿Cómo se ha dado ese diálogo intersectorial y cuál ha sido la importancia de hacerlo así?

Juan Carlos Merchán: ¿Qué estamos haciendo ahora en los cuatro municipios del sur del Tolima? En Chaparral, Planadas, Río Blanco y Ataco, estamos conectándonos con una diversidad de actores en el territorio que nos parece que tienen que ver con lo educativo para que hagan parte de ese espacio que son las mesas educativas municipales.

En este momento tenemos participación del sector educativo ( docentes, estudiantes, rectores, padres de familia de zonas rurales), estamos teniendo participación de líderes sociales (líderes comunitarios,  de juntas de acción comunal, y también líderes de asociaciones productivas del territorio), ese sector productivo es fundamental porque nosotros no concebimos una educación rural sin una vida productiva.

Hace parte de estas mesas educativas otros sectores, por ejemplo está asistiendo la policía, está asistiendo el ejército, la alcaldía, concejales del consejo municipal, todo ese sector político, estatal, gubernamental, que con el sector educativo, el sector de líderes sociales y el sector productivo, son una buena representación de la diversidad de los actores de un territorio.

La idea es que al final del proceso de la mesa educativa - que va a llevar varios meses hasta inicios del próximo año- se dé en forma didáctica, de forma pedagógica y se vayan construyendo los planes educativos municipales. Esos planes deben tener un diagnóstico de los problemas educativos territoriales más importantes y luego unas líneas estratégicas de cómo resolver esos problemas. La idea es que el próximo año podamos llevar esos planes investigativos a los consejos municipales para que se vuelva un acuerdo municipal del consejo con la alcaldía y ahí se vuelva política pública, ojalá a doce años para que no dependa del gobernante de turno.

¿Cuál es la importancia de comenzar el proyecto en el departamento del Tolima?

J.C.M: Se decidió comenzar por el sur del Tolima por varias razones. Primero, encontramos unos aliados en el territorio, personas que hacen parte de la Secretaría de Educación de la Gobernación que hace varios años estaban interesados en estos temas de política educativa pero en el mundo político del departamento nadie les captaba esa iniciativa.  Nos dimos cuenta que con esta propuesta, encajábamos en ese territorio. Tiene un poder simbólico muy grande, en esta época de posacuerdo  justo en la zona donde nacieron las FARC, comenzáramos una propuesta de educación rural para la paz.

Nos hemos dado cuenta que consolidar el proceso de Educapaz en el Tolima ha requerido más tiempo de lo que se pensaba. Esperamos que estos 10 años podamos estar en dos o cuatro regiones, lo importante es quedarnos tres o cuatro años en cada región para que exista un proceso. Lo que más le ha generado confianza a las diferentes instituciones es la voluntad de nosotros de quedarnos varios años.

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones

¿Sobre qué trata el artículo?

La idea del artículo es pensarse a Buenaventura como un escenario que presenta una serie de retos en el marco del posacuerdo. De manera particular intentando hacer una lectura crítica alrededor de lo que significan los acuerdos y la idea de paz que está detrás de ellos. Porque si bien hay un interés y los acuerdos son un escenario muy alentador para el país, también traen una serie de limitaciones que en el caso de un municipio que históricamente ha sido una zona periférica del país, vale la pena pensarse.

¿Cómo nace este artículo?

Yo vengo trabajando más o menos hace dos años en el municipio de Buenaventura, primero como producto de una investigación de la universidad y luego fue un interés personal que se fue fortaleciendo con el paso del tiempo y en el marco de esa investigación surgía la pregunta de cómo pensarse Buenaventura en una coyuntura como la actual.

¿Por qué la gente debería leer este artículo?

Creo que es importante no solo leer el artículo sino toda la revista, porque los últimos cien días en la coyuntura nacional han sido bastantes movidos, no solo por las amenazas y asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos, sino también por la movilización social radicalizada y exacerbada que se ha visto. Es el ejemplo del paro en Chochó, el paro en Buenaventura e inclusive las movilizaciones del magisterio y de diversos sectores. Con relación a lo que presentan los medios, creo que hay una invisibilización respecto a la crisis estructural que vive Buenaventura que no solo es una manifestación esporádica, sino que es un acumulado de factores que vienen gestándose desde hace varios años y que demuestran no solo la falta de presencia institucional, sino la corrupción y la presencia de actores armados.

¿Cuáles son los puntos clave del artículo?

Yo creo que son tres. El primero es la dicotomía entre un concepto de paz totalizante y una apuesta por pensar la paz en plural, Las paces. El segundo es hacer énfasis en que si bien en el marco del conflicto armado hubo muchas víctimas, es importante destacar el papel de los actores y de las empresas privadas como un actor generador de violencia. Y el tercero serían los retos que representa la implementación de los acuerdos, sabiendo que el discurso en sí mismo tiene una plataforma de paz liberal que representa un imaginario de desarrollo que se implementará en cada uno de los municipios del país.

 
 
 
 
Miguel Martínez
Equipo de Comunicaciones

 

 

Luz Elena Patarroyo, investigadora del Cinep/Programa por la Paz fue una de las representantes de las organizaciones sociales invitada a compartir su trabajo en la audiencia pública sobre educación rural que se llevó a cabo el 11 de mayo en el Congreso de la República. Vea aquí el balance que hace la investigadora sobre esta jornada:

 

A esta audiencia asistieron diversos miembros de la Mesa Nacional de Educación Rural, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, Colciencias y el Sena, entre otros. Estas fueron algunas de las conclusiones de esta jornada:

  • La necesidad de construir un proceso intersectorial entre estado, organizaciones y privados para la elaboración de un Plan Especial de Educación Rural y posterior a este, una política pública de Educación Rural.
  • Una educación rural tiene que estar adecuadamente financiada.
  • Esta política deberá reconocer la pluralidad que compone nuestro país, deberá tener un enfoque étnico, de género, de inclusión, teniendo en cuenta las particularidades de los territorios.
  • La reconstrucción del tejido social y económico a partir de los objetivos de la economía solidaria, buscando llegar a una educación liberadora, con calidad, donde se vincule en lo rural los proyectos productivos que aporten a la construcción de innovación tecnológica. Que sean las mismas comunidades que lideren estas reflexiones sobre el conocimiento. 
  • Reconocer cuáles fueron las razones y los efectos de la guerra en la ruralidad. 
  • La educación rural tiene la potencialidad de transformar las condiciones de vida en los territorios, mejorando las condiciones existenciales de la población rural y cerrando brechas de desigualdad entre el campo y la ciudad. 
  • La educación rural puede ser una forma de transformar los saberes desde las dinámicas culturales de las comunidades.
  • Las condiciones de opresión de la mujer en las zonas rurales son mayores que en las urbanas. 

Aquí, la ponencia presentada en la audiencia pública:

 
 
Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicaciones Cinep/PPP

 

 

Lilia tiene 59 años, es una mujer de ojos claros que habla con firmeza y que ya no teme llorar en público. Lilia asegura que desde que estaba en el vientre de su madre ha tenido que vivir la violencia política y la estigmatización; sin embargo, estas situaciones la han fortalecido. Ella sigue los pasos de su padre y trabaja por un mejor país, pues como dice: “la lucha por los derechos se hereda”.

Lilia es hija de Luis Eduardo Yaya, dirigente sindical de la Unión Patriótica y defensor de derechos humanos. Recuerda que siendo niña le reclamaba mucho a su papá por no estar con ella. Cuando él le regaló Veinte mil leguas de viaje submarino de Julio Verne en la dedicatoria le decía: “son más de veinte mil los sufrimientos para tu padre por no poder darte el calor que mereces, pero llegará el día que siempre me tendrás a tu lado mi adorada hijita Lili”.

El 21 de febrero de 1989 Luis Eduardo Yaya se comunicó por teléfono con su hija, le dijo: “nos vemos ya sabes cuándo”. Para ese momento ya estaba interceptado, tenían que hablar en clave. El “cuándo” al que se refería era el 25 de febrero, día del cumpleaños de Lilia, pero a ese encuentro nunca llegó. A Luis Fernando lo asesinaron el 23 de febrero en Villavicencio. “El Estado me hizo un regalito inolvidable”, dice Lilia entre lágrimas.

Ella trae a su memoria las dedicatorias, los libros, los momentos que compartieron. Prosigue luego de una pausa: “a mi papi lo recordaré todos los días de mi vida. Este año cuando fue el aniversario de su asesinato pensé que iba estar más tranquila, pero no fue así. Ese día cuando me desperté estaba mi cara llenita de lágrimas, había estado soñando con él. Mi hija que es estudiante de psicología me dice: ‘mami no has cerrado eso’. Según ella porque no lo vi echar al hueco. A nosotros no nos permitieron estar en su funeral, nos sacaron porque dijeron que nos iban a asesinar”. 

Lilia Yaya recuerda que habían transcurrido 23 años y jamás había hablado del asunto, “jamás me había encontrado con otra persona que hubiera vivido un hecho victimizante en el marco de la guerra. Antes no lo hablaba con nadie porque mis hermanos no querían tocar el tema. El entorno en el que me desenvolvía era totalmente apático, de eso no se hablaba y cuando me daba la nostalgia pues lloraba”,

Se unió a la iniciativa del costurero de la memoria, como terapia para reconstruir sucesos del pasado que vienen a la mente y no dejan de doler. Un espacio que reúne familiares de las víctimas, donde cada uno de los participantes cuenta en telas una parte de su vida, una parte de su historia.

Zurcir la memoria

El costurero de la memoria es un colectivo conformado por personas de distintas partes del país. Nació en 2008 cuando se conocieron los casos de los “falsos positivos” con la organización de las Madres de Soacha, la iniciativa antes se llamaba la Mesa de Chanchiros. Desde las organizaciones que estaban prestando atención psicosocial, como la Fundación Manuel Cepeda Vargas y Minga, se buscó ampliar el alcance de la iniciativa; no se quería dejar la metáfora de coser, tejer, unir y remendar fragmentos de vida, por lo que surge El Costurero, kilómetros de vida y de memoria.

Inicialmente se reunían víctimas de crímenes de Estado, familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, madres y familiares de los “falsos positivos” y del exterminio de la Unión Patriótica; ahora todo aquel que quiera participar es bienvenido. El primer trabajo fue terapéutico porque muchas de las víctimas, como en el caso de Lilia, no había tenido acompañamiento psicológico. “Fue un espacio realmente sanador, yo le tenía desconfianza. Cuando dijeron ‘a tejer’ pensé en punto, cadeneta, chisme (…) Fue difícil al principio, pero luego uno se va encarretando y se enamora del espacio, porque transformó nuestra vida, allá nos unió el dolor, llegamos personas muy diversas, de distintos territorios, de diversos hechos victimizantes por diversos actores de diferentes grupos: del Estado, de los paramilitares y de la guerrilla”, agrega Lilia.

La cita de las costureras es cada jueves por la tarde en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, cada participante lleva sus telas y comparte las historias alegres y tristes.

El costurero de la memoria es una experiencia de reconciliación a través del arte, es una manera de zurcir el duelo, de coser un nuevo país. Son costureras y no tejedoras, porque coser es el simbolismo de unir, de remendar, de poner parches. A Lilia le gusta coser mapas, según ella porque su vida ha transcurrido alrededor de lo que ha sucedido en Colombia y su padre, junto a sus compañeros, soñaba con cambiar la estructura social y política del país.

Al preguntarle a Lilia qué es para las costureras la reconciliación, asegura que es una esperanza, es un sueño, pero también un trabajo. “Sin darnos cuenta lo que hacemos en el costurero es una forma de reconciliarnos con la vida y con nosotros mismos. Con mis compañeros hemos aprendido mucho, hemos hecho pedagogía de la memoria, tenemos un pasado doloroso pero proyectado a un futuro diferente”.

Jennipher Corredor
Equipo comunicaciones
  

 

La vida sin armas

A tiempo con el cronograma acordado, con la entrega de 137 armas de guerrilleros que hacen parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación inicia dejación de armas de las Farc.

El monitoreo de la dejación de armas está a cargo de la Misión Naciones Unidas y comienza con el registro e identificación del armamento, de manera simultánea en todas las zonas y puntos transitorios, en la primera fase se entregarán el 30 % de las armas, en la segunda otro 30% y en la fase final el 40% restante. La recolección de armas concluiría el 29 de mayo.  

Según la Misión de Naciones Unidas “En la primera fase recibirá las armas de los guerrilleros miembros del Mecanismo de Monitoreo y Verificación en paralelo empezará el proceso de planeación y verificación de la destrucción del armamento inestable, como municiones, minas y explosivos”.

La Misión hace el registro del armamento para conocer la cantidad y el tipo, identificará  las características de cada arma y las depositará en contenedores cerrados con doble llave, posteriormente sacará el armamento de las zonas veredales. Al concluir el proceso de dejación se destruirá las armas para posteriormente construir tres monumentos en La Habana, Nueva York y Colombia.

Para Fernando Sarmiento, investigador del Cinep/PPP “hay un esfuerzo de las partes por dar cumplimiento al cronograma que quedó acordado, sin embargo hay que mirar en dos niveles: un nivel técnico de lo que significa el proceso que tiene que hacer Naciones Unidas en la recepción e identificación de las armas, inventariar, dar custodia y guardar para los efectos posteriores de construcción de monumentos. El otro aspecto que hay que mirar es más político, de lo que representa la entrega de armas, que las Farc hayan cumplido con la primera fecha de entrega de armamento es muy importante para dar confianza al proceso, demostrar que hay un compromiso y así también exigir cumplimiento por parte del Gobierno”.

“Todo lo que vaya sucediendo en términos de cumplimiento de acuerdos con las Farc va a repercutir en el proceso con el ELN, lo mejor que pueden hacer las partes es cumplir con lo acordado porque es el mejor mensaje para el proceso en curso con el ELN” concluyó Sarmiento.

Entrega o dejación

Es una diferencia política, porque no es lo mismo que un ejército que no ha sido vencido se enfrente a una negociación en esos términos, no pueden hablar de entrega de armas, porque la entrega de armas tiene la connotación de haber sido vencido y entregar al vencedor.

Las Farc plantearon el concepto de la dejación de las armas, que es un acto unilateral, en el marco de la negociación ellos deciden dejar las armas y no las van a entregar a su adversario histórico, las entregas simbólicamente a un ente de confianza que son las Naciones Unidas, se las depositan a ellos con un fin, crear un acto simbólico: la construcción de tres monumentos.

Hay una diferencia en la connotación de la dos palabras, pero que se refieren especialmente a lo que significa para las Farc hacer el proceso de transición a la vida política, no como un ejército vencido sino como un ejército que da el paso a la vida civil dejando las armas a un lado para hacer el ejercicio de la política, un acto simbólico de transición a la vida sin armas.

Jennipher Corredor
Equipo Comunicaciones