Sep 24, 2017
Ciudadanía y paz

Ciudadanía y paz (22)

 

  • Cinep/ Programa por la Paz presentó un informe preliminar que da cuenta del impacto de la implementación del cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo, en las comunidades locales de las zonas veredales y puntos de normalización.

 

  • El documento también señala los aprendizajes que surgen del acompañamiento de la sociedad civil en este ejercicio.

 

El punto tres del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP, contempló un Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación (MM&V) para la verificación del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. 

La creación de este mecanismo —compuesto por el Gobierno, las FARC y la Misión política especial de las Naciones Unidas autorizada por el Consejo de Seguridad— tuvo en cuenta experiencias de otros países y fue resultado de las discusiones realizadas al interior de la Subcomisión técnica del fin de conflicto, instalada en el marco de la Mesa de Negociación de La Habana (Cuba) de la que hicieron parte tanto militares como guerrilleros.

Fruto de la experiencia de acompañamiento al MM&V, que duró casi un año, se publica el informe El cese bilateral: más allá del fuego, que presenta un análisis de los impactos de la implementación del punto 3.1 (Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas entre el Gobierno nacional y las FARC-EP) en las comunidades locales donde se ubicaron las ZVTN y los PTN.

Este documento aborda tres aspectos. En primer lugar, hace un análisis de los impactos del proceso de instalación y adecuación de las ZVTN y PTN en las comunidades locales que las recibieron. En segundo lugar, hace una lectura de los aciertos y las dificultades de este proceso y, por último, presenta una reflexión más amplia sobre el acompañamiento necesario de la sociedad civil a la implementación del Acuerdo Final de Paz en su conjunto, así como a experiencias semejantes de separación de fuerzas y ceses al fuego.

Es importante resaltar que para esta labor el Comité de Acompañamiento contó con el apoyo de la Embajada Suiza en Colombia, que se convirtió en una aliada importante para nuestro relacionamiento con diferentes actores y para llevar a cabo las actividades propuestas.

Descargar el informe.

 

Margareth Figueroa Garzón

Equipo de Publicaciones

Durante un año diversas organizaciones acompañaron el proceso de Monitoreo y verificación del Cese al Fuego y de Hostilidades entre Gobierno y FARC-EP en Colombia. Este jueves 27 de julio, se encontrarán diversos actores para dialogar en torno a los resultados que arrojó este proceso. 

"La idea es tener un espacio de encuentro y diálogo para recalcar que el cese al fuego fue mucho más que un ejercicio militar y para que la ciudadanía pueda conocer lo que se vive en las zonas rurales y cómo se vivió este proceso en los territorios”

Lorena Carrillo González, quien es la Secretaría técnica del Comité de acompañamiento de la sociedad civil al mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo. Socióloga, magister en Estudios Rurales e investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular, amplía aspectos principales de este informe.

¿Cuál es el balance de los resultados del informe y los principales hitos en dicho proceso de acompañamiento?

Lorena Carillo: Lo primero es recalcar que el cese al fuego se cumplió, las dos partes cumplieron las reglas salvo 9 violaciones identificadas a lo largo del cese y la mayoría de afectaciones o incidentes fueron leves. Cuál es una de las principales situaciones que nosotros queremos remarcar allí, que si bien el cese se cumplió, el cese va mucho más allá del fuego, no se trató solamente de un ejercicio de separar fuerzas y verificar que las partes cumplieran las reglas a las que se comprometieron sino ver eso cómo llegó a afectar los territorios donde se llevaron a cabo estos procesos.

El proceso de cese al fuego ha sido una experiencia muy novedosa en el mundo. La ONU nunca había hecho parte de un proceso así como el que se constituyó con las FARC. Una herramienta novedosa de la que vale la pena aprender. El problema es que todas las cosas que se diseñaron en los protocolos fueron pensadas desde un ejercicio militar y no se tuvo en cuenta que estos territorios, al igual que sucedió en el transcurso de la guerra, no son territorios que están vacíos o que están aislados, ahí vive gente. Hubo un impacto en la cotidianidad de la gente, se está transformando y eso justamente es en lo que queremos llamar la atención.

¿Quiénes conformaron el comité de acompañamiento de la Sociedad Civil al Mecanismo de Monitoreo y Verificación?

L: El comité de acompañamiento surgió de una propuesta de 35 organizaciones que firmaron una carta dirigida a la mesa de negociaciones, la cual se envió a la mesa  de negociaciones de la Habana en febrero de 2016. A partir de la carta, la puesta en marcha fue liderada por 9 organizaciones a nivel nacional pero sobre todo por juntas de acción comunal y organizaciones regionales desde los territorios, es un espectro amplio de organizaciones que se unieron en torno al acompañamiento y que incluye organizaciones de iglesia, plataformas de derechos humanos, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales.

En el informe se menciona que “acompañar tal proceso desde la sociedad civil se convirtió en un reto adicional” ¿Por qué fue un reto?

L: Fue un reto porque justamente lo que era la mayor fortaleza se convertía en el mayor reto. Al tener tantas organizaciones con diversidad de agendas y apuestas encaminadas a lograr la implementación del acuerdo de paz; el reto era lograr ponernos de acuerdo en un punto para poder hacer ese acompañamiento.

A medida que pasaba el proceso iban cambiando las prioridades de las organizaciones porque había unas que estaban mucho más pendientes del asunto legislativo, otras de los procesos de reincorporación, otras de un ejercicio con las víctimas, entonces a medida que se iba implementando este acuerdo en su parte normativa y a medida que iban pasando los días en las zonas veredales las prioridades cambiaron y justamente cambian porque el cese funcionó.

La mayor tensión era pensar qué pasaba si el cese se rompía. Entonces hubo un momento en el que había mucha atención de organizaciones y plataformas, pero como funcionó esta parte dejó de ser prioritaria y pasaron a  ser prioritarios otros ejercicios como el fastrack que la Corte lo tumbó. Esas cosas fueron las que dificultaron los retos, sobre todo el tema de la comunicación desde los espacios locales a la articulación con los espacios nacionales; como la de Popayán que incluía zonas del Tolima y era imposible lograr que la gente se pudiera reunir en un mismo espacio.

¿Qué retos surgen a partir de los resultados de esta etapa?

L: Lo que queda es poder rescatar esta experiencia, potencializarla, aprender de los errores cometidos, ver de qué manera se puede mejorar porque creemos que esta es una experiencia que vale la pena tener en cuenta para futuros procesos; por ejemplo el cese bilateral que parece que va a iniciar pronto con el ELN, pero también para otros, no sólo en Colombia.

Ver cómo detrás de un ejercicio aparentemente militar también hay un componente social civil muy importante que debería ser incluido por lo menos en el diseño y en la primera fase de implementación. El tema de la pedagogía, el poder explicarle a la gente qué es lo que va a pasar en sus territorios, cómo lo pueden hacer de manera que no les afecte su vida cotidiana, es algo que queremos recalcar en este proceso.  

Este jueves tendrá lugar el encuentro que se ha propuesto para socializar esta experiencia de Acompañamiento y verificación ¿Cuáles serán los temas principales y quienes son los invitados al evento?

L: Vamos a presentar justamente el informe, es un informe preliminar de este proceso de acompañamiento que duró cerca de un año donde estuvimos involucradas organizaciones de nivel nacional, regional y local. Van a participar líderes de algunas de las zonas veredales para que sean ellos los que nos puedan contar desde su experiencia cotidiana lo que funcionó con el mecanismo y lo que debamos tener en cuenta para mejorar a futuro.

También, tendremos la presencia del Mecanismo de Monitoreo de los tres componentes, ellos nos van a hacer una retroalimentación a ese informe, vamos a contar con la participación de algunos representantes de instituciones estatales, de organizaciones no gubernamentales y también de la embajada de Suiza que apoyó este proceso desde el principio.

 

María Gabriela Novoa

Equipo de Comunicaciones

Columna originalmente publicada en Razón Pública

El censo socioeconómico de los ex combatientes descubre una realidad de campesinos que se educaron en escuelas rurales, que desean seguir viviendo y trabajando en el campo, y que por tanto necesitan de la reforma rural integral que fue pactada.

Lorena Carrillo González*

Guerrilla de campesinos

El censo socioeconómico que llevó a cabo la Universidad Nacional sobre los integrantes de las FARC que se encuentran en las zonas veredales incluyó un total de 10.015 personas, y sus autores estiman que cerca de 1.000 integrantes más faltaron por incluirse.

El 81 por ciento de las y los ex combatientes tienen vínculos con zonas campesinas: 66 por ciento son de origen rural y 15 por ciento de origen rural-urbano. Estas cifras no son sorprendentes, porque las FARC tienen raíces en las regiones de colonización de Colombia.  

Por eso ya desde 1964 – sino desde mucho antes-, los guerrilleros habían venido demandando una reforma agraria, acceso a la tierra, formalización de la propiedad para colonos y campesinos, acceso a créditos y asistencia técnica para el campo.

Y en efecto: en el punto 1 del Acuerdo de la Habana se acordó formalizar la propiedad sobre siete millones de hectáreas y adjudicar tres millones más para campesinos y campesinas. El Acuerdo también incluye innovaciones en materia de asistencia técnica y desarrollo de líneas de créditos.

Sin embargo el camino hacia la “reforma rural integral” (RRI) allí esbozada es incierto y el panorama actual de la desigualdad en el campo colombiano no es muy alentador.

Aunque se trate de un hecho obvio, esta sencilla verdad  estuvo oculta a la opinión pública durante el largo tiempo de confrontación armada: las y los guerrilleros son seres humanos que, independientemente de sus deudas con la justicia, han habitado y labrado los campos. En medio de la guerra también sembraban cultivos de pancoger, criaban gallinas y cerdos. Gracias al censo y a algunos medios de comunicación, este hecho obvio es algo más visible hoy.  

¿Qué pasó con el campo?

Acostumbrados a narrar y a analizar el drama de la guerra y de sus víctimas, desde la academia también tenemos que vislumbrar, por ejemplo, las implicaciones que para los integrantes de las FARC tiene su reincorporación a un escenario rural más desigual y marginal que aquel que los llevó a las armas hace 53 años.

Los resultados del censo son más que desafiantes para un país centralizado y conservador, cuyas zonas rurales han estado marginadas desde siempre.

Según el informe de la OXFAM, la desigualdad en la distribución de la tierra ha aumentado durante las últimas décadas: “las explotaciones de más de 500 hectáreas se han mantenido en torno al 0,4%-0,5% del total. Sin embargo la superficie que ocupan se ha ampliado enormemente, pasando de 5 millones de hectáreas en 1970 (el 29% del área total censada) a 47 millones en 2014 (el 68%).”  El mismo estudio concluye que “el 1% de las explotaciones de mayor tamaño maneja más del 80% de la tierra”.

Bajo estas circunstancias, la desigualdad medida por el índice de Gini llegó a 0,897 en 2014, lo cual sitúa a Colombia como el país más desigual en América Latina.  En 1960 el índice de Gini era de 0,868, lo cual confirmaría que la desigualdad, en vez de disminuir, ha seguido agravándose. 

Pero por otra parte  hay que tener en cuenta que mientras en 1960 el 48 por ciento del total de la población colombiana vivía en el campo, en 2005 la proporción había disminuido al 25 por ciento.

Tanto la desigualdad como el cambio demográfico son factores importantes para tener en mente en el momento de adoptar decisiones relacionadas con políticas, programas y presupuesto para las zonas rurales de Colombia.  

¿Hay tierra pa’ tanta gente?

El 77 por ciento de los integrantes de las FARC no tienen una vivienda pero sí ganas de seguir viviendo en el campo (el 60 por ciento manifestó interés en actividades agropecuarias, un 37r por ciento en participar de los mercados campesinos, y otro 28 por ciento en acuicultura, entre otras alternativas).

Con una población cuya cultura es campesina y que le ha hecho saber al país que cree en un proceso de reincorporación colectiva, la opción de migrar hacia las ciudades, si bien no queda descartada, sí tiene muy bajas probabilidades de llevarse a cabo, y de hacerlo sería especialmente difícil en las ciudades intermedias.

Y a estos nuevos aspirantes a un pedazo de tierra en el campo hay que sumarle la elevada concentración de la propiedad, el derecho de las víctimas despojadas a la restitución, la adjudicación de tres millones de hectáreas a miles de campesinos, y las más de veintidós mil familias que habitan en áreas protegidas con riesgo de ser desplazadas, ademas de las que podrían quedar en el limbo con el proceso de delimitación de páramos

Escuela nueva

El 90 por ciento de los y las integrantes de las FARC manifestaron saber leer y escribir, pese a que apenas el 8 por ciento culminó sus estudios de educación básica o media vocacional.

Lo anterior debido, en parte por las propias escuelas de alfabetizacion de las FARC, y en parte porque la educación rural en Colombia sigue el método de “la escuela nueva”, una propuesta flexible para atender los problemas que enfrentan los niños y niñas en el campo (grandes distancias para llegar a clases, falta de infraestructura y de personal, falta de dotación básica).

La escuela nueva ha permitido grandes logros, en especial en el aumento de la cobertura de la educación primaria en zonas rurales. Con el apoyo de guías de aprendizaje. un solo docente se encarga de dar clase a todos los grados de la primaria. En las veredas es muy común encontrar escuelas donde conviven en un mismo salón de clases estudiantes de primero a quinto de primaria. El docente hace un esfuerzo por separarlos en esquinas, de modo que a un lado se encuentren los de quinto, al otro los de cuarto, y así sucesivamente. Los niños y niñas repasan las cartillas y el docente, aunque cuenta con pocas herramientas, se esfuerza por prestar atención a cada uno de los estudiantes; los niños por su parte memorizan el contenido de las cartillas, antes de aprender y reflexionar sobre el mismo.  

Bajo ese sistema educativo se formaron miles de guerrilleros antes de unirse a las filas de las FARC. Y bajo este sistema se siguen formando hoy en día miles de niños. No obstante, cuando esta población completa la primaria y no tiene la opción de continuar sus estudios de secundaria, busca alternativas como por ejemplo –y en el mejor de los casos- jornalear.

El informe del 2015 de la Misión para la Transformación del Campo Colombiano del Departamento Nacional de Planeación alerta sobre el rezago existente en cuanto a  cobertura de la educación secundaria y media vocacional del sector rural frente al sector urbano. Estas brechas conllevan un aumento en los índices de pobreza y limitan la movilidad social en el campo colombiano.

La educación es sólo un ejemplo del difícil panorama que enfrentan las y los campesinos colombianos. Con baja cobertura e infraestructura para la básica secundaria, y la falta de opciones para adelantar estudios superiores, la reincorporación de los miles de campesinos ex combatientes es arte y parte del reto de remediar las brechas históricas en el ámbito rural.

 

Socióloga, magister en Estudios Rurales e investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

 

¿Sobre qué trata el artículo?

La idea del artículo es pensarse a Buenaventura como un escenario que presenta una serie de retos en el marco del posacuerdo. De manera particular intentando hacer una lectura crítica alrededor de lo que significan los acuerdos y la idea de paz que está detrás de ellos. Porque si bien hay un interés y los acuerdos son un escenario muy alentador para el país, también traen una serie de limitaciones que en el caso de un municipio que históricamente ha sido una zona periférica del país, vale la pena pensarse.

¿Cómo nace este artículo?

Yo vengo trabajando más o menos hace dos años en el municipio de Buenaventura, primero como producto de una investigación de la universidad y luego fue un interés personal que se fue fortaleciendo con el paso del tiempo y en el marco de esa investigación surgía la pregunta de cómo pensarse Buenaventura en una coyuntura como la actual.

¿Por qué la gente debería leer este artículo?

Creo que es importante no solo leer el artículo sino toda la revista, porque los últimos cien días en la coyuntura nacional han sido bastantes movidos, no solo por las amenazas y asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos, sino también por la movilización social radicalizada y exacerbada que se ha visto. Es el ejemplo del paro en Chochó, el paro en Buenaventura e inclusive las movilizaciones del magisterio y de diversos sectores. Con relación a lo que presentan los medios, creo que hay una invisibilización respecto a la crisis estructural que vive Buenaventura que no solo es una manifestación esporádica, sino que es un acumulado de factores que vienen gestándose desde hace varios años y que demuestran no solo la falta de presencia institucional, sino la corrupción y la presencia de actores armados.

¿Cuáles son los puntos clave del artículo?

Yo creo que son tres. El primero es la dicotomía entre un concepto de paz totalizante y una apuesta por pensar la paz en plural, Las paces. El segundo es hacer énfasis en que si bien en el marco del conflicto armado hubo muchas víctimas, es importante destacar el papel de los actores y de las empresas privadas como un actor generador de violencia. Y el tercero serían los retos que representa la implementación de los acuerdos, sabiendo que el discurso en sí mismo tiene una plataforma de paz liberal que representa un imaginario de desarrollo que se implementará en cada uno de los municipios del país.

 
 

 

 

Luz Elena Patarroyo, investigadora del Cinep/Programa por la Paz fue una de las representantes de las organizaciones sociales invitada a compartir su trabajo en la audiencia pública sobre educación rural que se llevó a cabo el 11 de mayo en el Congreso de la República. Vea aquí el balance que hace la investigadora sobre esta jornada:

 

A esta audiencia asistieron diversos miembros de la Mesa Nacional de Educación Rural, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, Colciencias y el Sena, entre otros. Estas fueron algunas de las conclusiones de esta jornada:

  • La necesidad de construir un proceso intersectorial entre estado, organizaciones y privados para la elaboración de un Plan Especial de Educación Rural y posterior a este, una política pública de Educación Rural.
  • Una educación rural tiene que estar adecuadamente financiada.
  • Esta política deberá reconocer la pluralidad que compone nuestro país, deberá tener un enfoque étnico, de género, de inclusión, teniendo en cuenta las particularidades de los territorios.
  • La reconstrucción del tejido social y económico a partir de los objetivos de la economía solidaria, buscando llegar a una educación liberadora, con calidad, donde se vincule en lo rural los proyectos productivos que aporten a la construcción de innovación tecnológica. Que sean las mismas comunidades que lideren estas reflexiones sobre el conocimiento. 
  • Reconocer cuáles fueron las razones y los efectos de la guerra en la ruralidad. 
  • La educación rural tiene la potencialidad de transformar las condiciones de vida en los territorios, mejorando las condiciones existenciales de la población rural y cerrando brechas de desigualdad entre el campo y la ciudad. 
  • La educación rural puede ser una forma de transformar los saberes desde las dinámicas culturales de las comunidades.
  • Las condiciones de opresión de la mujer en las zonas rurales son mayores que en las urbanas. 

Aquí, la ponencia presentada en la audiencia pública:

 
 
Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicaciones Cinep/PPP

 

 

Lilia tiene 59 años, es una mujer de ojos claros que habla con firmeza y que ya no teme llorar en público. Lilia asegura que desde que estaba en el vientre de su madre ha tenido que vivir la violencia política y la estigmatización; sin embargo, estas situaciones la han fortalecido. Ella sigue los pasos de su padre y trabaja por un mejor país, pues como dice: “la lucha por los derechos se hereda”.

Lilia es hija de Luis Eduardo Yaya, dirigente sindical de la Unión Patriótica y defensor de derechos humanos. Recuerda que siendo niña le reclamaba mucho a su papá por no estar con ella. Cuando él le regaló Veinte mil leguas de viaje submarino de Julio Verne en la dedicatoria le decía: “son más de veinte mil los sufrimientos para tu padre por no poder darte el calor que mereces, pero llegará el día que siempre me tendrás a tu lado mi adorada hijita Lili”.

El 21 de febrero de 1989 Luis Eduardo Yaya se comunicó por teléfono con su hija, le dijo: “nos vemos ya sabes cuándo”. Para ese momento ya estaba interceptado, tenían que hablar en clave. El “cuándo” al que se refería era el 25 de febrero, día del cumpleaños de Lilia, pero a ese encuentro nunca llegó. A Luis Fernando lo asesinaron el 23 de febrero en Villavicencio. “El Estado me hizo un regalito inolvidable”, dice Lilia entre lágrimas.

Ella trae a su memoria las dedicatorias, los libros, los momentos que compartieron. Prosigue luego de una pausa: “a mi papi lo recordaré todos los días de mi vida. Este año cuando fue el aniversario de su asesinato pensé que iba estar más tranquila, pero no fue así. Ese día cuando me desperté estaba mi cara llenita de lágrimas, había estado soñando con él. Mi hija que es estudiante de psicología me dice: ‘mami no has cerrado eso’. Según ella porque no lo vi echar al hueco. A nosotros no nos permitieron estar en su funeral, nos sacaron porque dijeron que nos iban a asesinar”. 

Lilia Yaya recuerda que habían transcurrido 23 años y jamás había hablado del asunto, “jamás me había encontrado con otra persona que hubiera vivido un hecho victimizante en el marco de la guerra. Antes no lo hablaba con nadie porque mis hermanos no querían tocar el tema. El entorno en el que me desenvolvía era totalmente apático, de eso no se hablaba y cuando me daba la nostalgia pues lloraba”,

Se unió a la iniciativa del costurero de la memoria, como terapia para reconstruir sucesos del pasado que vienen a la mente y no dejan de doler. Un espacio que reúne familiares de las víctimas, donde cada uno de los participantes cuenta en telas una parte de su vida, una parte de su historia.

Zurcir la memoria

El costurero de la memoria es un colectivo conformado por personas de distintas partes del país. Nació en 2008 cuando se conocieron los casos de los “falsos positivos” con la organización de las Madres de Soacha, la iniciativa antes se llamaba la Mesa de Chanchiros. Desde las organizaciones que estaban prestando atención psicosocial, como la Fundación Manuel Cepeda Vargas y Minga, se buscó ampliar el alcance de la iniciativa; no se quería dejar la metáfora de coser, tejer, unir y remendar fragmentos de vida, por lo que surge El Costurero, kilómetros de vida y de memoria.

Inicialmente se reunían víctimas de crímenes de Estado, familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, madres y familiares de los “falsos positivos” y del exterminio de la Unión Patriótica; ahora todo aquel que quiera participar es bienvenido. El primer trabajo fue terapéutico porque muchas de las víctimas, como en el caso de Lilia, no había tenido acompañamiento psicológico. “Fue un espacio realmente sanador, yo le tenía desconfianza. Cuando dijeron ‘a tejer’ pensé en punto, cadeneta, chisme (…) Fue difícil al principio, pero luego uno se va encarretando y se enamora del espacio, porque transformó nuestra vida, allá nos unió el dolor, llegamos personas muy diversas, de distintos territorios, de diversos hechos victimizantes por diversos actores de diferentes grupos: del Estado, de los paramilitares y de la guerrilla”, agrega Lilia.

La cita de las costureras es cada jueves por la tarde en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, cada participante lleva sus telas y comparte las historias alegres y tristes.

El costurero de la memoria es una experiencia de reconciliación a través del arte, es una manera de zurcir el duelo, de coser un nuevo país. Son costureras y no tejedoras, porque coser es el simbolismo de unir, de remendar, de poner parches. A Lilia le gusta coser mapas, según ella porque su vida ha transcurrido alrededor de lo que ha sucedido en Colombia y su padre, junto a sus compañeros, soñaba con cambiar la estructura social y política del país.

Al preguntarle a Lilia qué es para las costureras la reconciliación, asegura que es una esperanza, es un sueño, pero también un trabajo. “Sin darnos cuenta lo que hacemos en el costurero es una forma de reconciliarnos con la vida y con nosotros mismos. Con mis compañeros hemos aprendido mucho, hemos hecho pedagogía de la memoria, tenemos un pasado doloroso pero proyectado a un futuro diferente”.

Jennipher Corredor
Equipo comunicaciones
  

 

La vida sin armas

A tiempo con el cronograma acordado, con la entrega de 137 armas de guerrilleros que hacen parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación inicia dejación de armas de las Farc.

El monitoreo de la dejación de armas está a cargo de la Misión Naciones Unidas y comienza con el registro e identificación del armamento, de manera simultánea en todas las zonas y puntos transitorios, en la primera fase se entregarán el 30 % de las armas, en la segunda otro 30% y en la fase final el 40% restante. La recolección de armas concluiría el 29 de mayo.  

Según la Misión de Naciones Unidas “En la primera fase recibirá las armas de los guerrilleros miembros del Mecanismo de Monitoreo y Verificación en paralelo empezará el proceso de planeación y verificación de la destrucción del armamento inestable, como municiones, minas y explosivos”.

La Misión hace el registro del armamento para conocer la cantidad y el tipo, identificará  las características de cada arma y las depositará en contenedores cerrados con doble llave, posteriormente sacará el armamento de las zonas veredales. Al concluir el proceso de dejación se destruirá las armas para posteriormente construir tres monumentos en La Habana, Nueva York y Colombia.

Para Fernando Sarmiento, investigador del Cinep/PPP “hay un esfuerzo de las partes por dar cumplimiento al cronograma que quedó acordado, sin embargo hay que mirar en dos niveles: un nivel técnico de lo que significa el proceso que tiene que hacer Naciones Unidas en la recepción e identificación de las armas, inventariar, dar custodia y guardar para los efectos posteriores de construcción de monumentos. El otro aspecto que hay que mirar es más político, de lo que representa la entrega de armas, que las Farc hayan cumplido con la primera fecha de entrega de armamento es muy importante para dar confianza al proceso, demostrar que hay un compromiso y así también exigir cumplimiento por parte del Gobierno”.

“Todo lo que vaya sucediendo en términos de cumplimiento de acuerdos con las Farc va a repercutir en el proceso con el ELN, lo mejor que pueden hacer las partes es cumplir con lo acordado porque es el mejor mensaje para el proceso en curso con el ELN” concluyó Sarmiento.

Entrega o dejación

Es una diferencia política, porque no es lo mismo que un ejército que no ha sido vencido se enfrente a una negociación en esos términos, no pueden hablar de entrega de armas, porque la entrega de armas tiene la connotación de haber sido vencido y entregar al vencedor.

Las Farc plantearon el concepto de la dejación de las armas, que es un acto unilateral, en el marco de la negociación ellos deciden dejar las armas y no las van a entregar a su adversario histórico, las entregas simbólicamente a un ente de confianza que son las Naciones Unidas, se las depositan a ellos con un fin, crear un acto simbólico: la construcción de tres monumentos.

Hay una diferencia en la connotación de la dos palabras, pero que se refieren especialmente a lo que significa para las Farc hacer el proceso de transición a la vida política, no como un ejército vencido sino como un ejército que da el paso a la vida civil dejando las armas a un lado para hacer el ejercicio de la política, un acto simbólico de transición a la vida sin armas.

Jennipher Corredor
Equipo Comunicaciones

El segundo punto del acuerdo de La Habana, Participación política: apertura democrática para construir la paz, establece algunos parámetros que, según las delegaciones, amplían las posibilidades de los diferentes sectores sociales para  tener una participación más amplia y efectiva.

En uno de sus apartes, relacionado con la participación de la sociedad civil, plantea la presentación de un proyecto de ley al Congreso de la república en el que se brinden garantías para esa participación. Dentro de este punto, se solicitó al Cinep/PPP y a otras dos organizaciones su apoyo para lograr que el proyecto que se presente sea acorde a las necesidades de las comunidades del país.  Magda López, investigadora del equipo de Iniciativas de paz y Marco Fidel Vargas, investigador de equipo de educación, hablan del trabajo que han desarrollado ante la solicitud de la mesa de negociaciones.

¿Por qué desde la mesa de La Habana se solicita al Cinep/PPP apoyar en este punto?

Magda López

Hay que señalar el trabajo en temas de investigación, educación, acompañamiento y presencia en los territorios que ha hecho el Cinep y el Programa por la Paz durante muchos años. Ese trabajo fue reconocido en la mesa de negociación en La Habana, tanto por la delegación de las Farc como la del gobierno. Nos reconocen como un actor de la sociedad civil que lidera, que impulsa, que denuncia. Y como un centro de pensamiento que acompaña a las víctimas y a las comunidades más afectadas por el conflicto. Resaltaron mucho el trabajo en derechos humanos y el registro que se lleva desde el banco de datos de las violaciones a estos en diferentes partes del país.

¿Cómo llega el Cinep/PPP a la mesa?

Nosotros llegamos a la mesa por diferentes trabajos veníamos desarrollando en los últimos años. Uno de ellos fue un consulta ciudadana organizada por Foro nacional por Colombia y por petición del Alto Comisionado para la Paz sobre reconciliación y convivencia. Nosotros hicimos la secretaría técnica y a partir de ese momento hicimos el contacto con estas organizaciones.

¿Cuál fue la solicitud que les hicieron?

Tres organizaciones (Foro nacional por Colombia, Viva la ciudadanía y Cinep/PPP) fueron llamadas a acompañar uno de las tareas que quedaban para la implementación. Esta quedó enmarcada en el punto 2 del acuerdo y tiene que ver con la creación de un proyecto de ley de garantías de la participación ciudadana, la movilización y la protesta social y otras actividades que pueden hacer las organizaciones sociales.

Según lo estableció la mesa de conversaciones de La Habana, había un llamado a las tres organizaciones para que diseñaran una metodología de cara a la convocatoria de un espacio nacional en el que se pudieran recoger diferentes insumos que dieran los lineamientos para este proyecto de ley.  Cada una de las organizaciones no hemos repartido la recolección de una serie de insumos temáticos de acuerdo a las experticias y experiencias de cada organización, que se discutirán en cada una de las mesas en el espacio nacional y en los espacios territoriales.

¿Cuál es la agenda o cronograma que tienen?

El consejo Nacional de Participación ha nombrado sus delegados. Con ellos, en estos días, estamos organizando los eventos regionales. Los resultados de estos eventos debemos presentarlos, a más tardar, el 31 de marzo. Es decir, los lineamientos para el proyecto de ley debemos entregarlos para esa fecha. El encargo de La Habana, para las tres organizaciones, termina con la entrega de ese documento que recoge los aportes de las organizaciones de la sociedad civil de las diferentes regiones del país.

 La participación ciudadana en Colombia

En 2015 se expidió la ley 1757 que busca promocionar y proteger el derecho a la participación ciudadana. Esta ley presenta las formas institucionales de participación, regula las iniciativas populares y los mecanismos de participación (referendo, plebiscito, consulta popular), sin embargo, no brinda garantías reales para el ejercicio de la participación pues no están explícitamente mencionadas. Esta ley reconoce que la participación ciudadana se expresa a partir de mecanismos institucionales, pero también la movilización social y la organización ciudadana hacen parte de la participación, y por lo tanto deben ser oídas por los mandatarios locales, regionales y nacionales.

Dentro de la normatividad estipulada en la ley, se crea el Consejo Nacional de Participación. Este se encarga de orientar al gobierno nacional en temas relacionados con la participación de diferentes sectores sociales. Esta instancia trabaja con las tres organizaciones designadas por la mesa de La Habana y su rol es el de liderar la convocatoria al espacio nacional y acompañar en los espacios regionales la discusión para tener claridad de las propuestas de las comunidades.

 En el punto 2.2.1. del acuerdo final, les solicitan organizar el espacio nacional. ¿Cuál es la metodología para estos espacios de debate?

Marco Fidel Vargas

Lo primero será dividir los nueve temas planteados en mesas por sectores. Allí se organizarán las organizaciones dependiendo el tipo de temática que trabajen. Luego se identificarán las fallas, falencias u obstáculos que tiene la sociedad civil y que no les propicia una participación efectiva. Una vez identificadas, las mismas organizaciones presentarán sus propuestas que les permitan superar esos obstáculos y poder tener garantías. De ahí en adelante  la tarea es de las tres organizaciones (Foro nacional por Colombia, Viva la ciudadanía y el Cinep/PPP) para sistematizar esas propuestas y presentarlas al espacio nacional categorizadas.

Dentro del acuerdo les piden los lineamientos para el proyecto de ley  que dé garantías a la participación ¿Cuáles deben ser esas garantías?

Esas garantías deben girar en torno a habilidades que tienen las comunidades en las regiones del país, al tipo de institucionalidad que debe asumirlas, que deben garantizar que existan las garantías, las condiciones para exigir los derechos cuando sean vulnerados, los instrumentos de protección para que constantemente las comunidades puedan exigir  y el acceso a la participación que deben tener todas las regiones de acuerdo a su propio contexto.

¿Cuál es el conducto para llevar las propuestas de las comunidades al proyecto de ley?

Vamos a convocar entre 4 y 6 espacios regionales donde las organizaciones de la sociedad civil van a llevar sus propuestas. De allí se elegirán representantes para el espacio nacional. El documento de sistematización de estos eventos se llevará a una comisión de diálogo en la que se redactará el primer borrador del proyecto de ley. Luego, ese borrador se entrega a las delegaciones de gobierno y de las Farc para que lo revisen. Allí se pueden hacer las correcciones necesarias y cuando ambas partes estén de acuerdo  entregan el documento al Ministerio del Interior para que radique el proyecto en el Congreso. Allí la discusión se hará por Fast track y una vez aprobada la ley, pasará a la Corte Constitucional que la dejará en firme.

Luego de entregar los lineamientos ¿el Cinep/PPP piensa hacer algo más?

El mandato de la mesa es entregar los lineamientos. Sin embargo, hay llamados desde diferentes sectores para que las tres organizaciones y el Consejo nacional de participación sigan haciendo el monitoreo y seguimiento al proyecto de ley. La gente en la experiencia sabe que muchas veces participan en los espacios de discusión, pero cuando la discusión llega al legislativo o a los entes de toma de decisiones, no hay fidelidad o no concuerda lo que la gente dijo con el texto final que aprueban. Estamos esperando si nos es posible participar en esa otra discusión.

 

 Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

 

 

Tras varios meses de tensión y de incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones entre el gobierno nacional y el ELN, el pasado 2 de febrero se destrabó el inicio de los diálogos de paz. Julián Barajas, asistente de investigación del equipo de Iniciativas de Paz, habla de la instalación de la mesa y el inicio de la fase pública de la negociación.

 

Luego de la instalación oficial de la mesa ¿Cómo llegan ambas delegaciones a la negociación?

Julián Barajas Más que cómo llegan, es necesario analizar el proceso que se dio antes de la misma instalación. El año pasado, a pesar de casi tres años de conversaciones exploratorias, fue un año de congelamiento casi total del proceso. Sin embargo, y a pesar de la incertidumbre, se logró solventar ese impase y se instaló la mesa el 7 de febrero.  Si nos remitimos a los discursos tanto de Pablo Beltrán como de Juan Camilo Restrepo, pareciera que a pesar del congelamiento y de los grandes desencuentros que hubo en el 2016, cada delegación internamente reforzó su convicción de iniciar un diálogo con la otra parte. Había un pregunta en ambas delegaciones: ¿qué tanta voluntad de paz tiene la contraparte? Creo las dos nos demostraron el compromiso, tanto del gobierno con los indultos a los dos guerrilleros presos, como del ELN con la liberación de Odín Sánchez, y del soldado que tenían retenido en Arauca.

¿Cuál es su análisis de los discursos que presentó cada delegación en el acto de instalación de la mesa?

J.B. Como toda negociación, cada parte pone su agenda. El discurso de Juan Camilo Restrepo deja ver que al gobierno lo que le interesa es el desarme del ELN. En ese sentido va a abogar para que baje, no sé si la intensidad del conflicto, pero por lo menos la capacidad militar del ELN. Pablo Beltrán por su parte, posiciona lo que para el ELN es el punto crucial, que es la participación de la sociedad civil. Como ya tenemos un punto de comparación, al recordar el discurso de Iván Márquez en la instalación de la mesa con las Farc, a mí me parece que ese discurso de Márquez era mucho más, no sé si radical, pero por lo menos más ambicioso que el presentado por Beltrán el 7 de febrero.

¿Cómo espera ud que sea esa participación de la sociedad civil dentro del proceso?

J.B. Aquí hay una ventaja y es que ya hay una agenda que estipula una participación, y eso ya es un avance, porque parece que va a ser una participación más directa. Este es diferente al proceso con las Farc, porque a pesar de que hubo participación de las víctimas, ese modelo tuvo bastantes críticas, en el sentido que no fue una participación amplia y directa de la población. Frente a ese aspecto se aprendió que en un proceso como estos es necesario involucrar a la sociedad.

Yo aspiro que este sea un experimento para ampliar la participación democrática de la ciudadanía en Colombia. Hay una cierta precaución en el tema de participación y es que el proceso se puede alargar mucho. Eso es verdad, se necesita diseñar una metodología que logre encausarla y que no nos quedemos simplemente en debatir y no concretar nada. Esta es una oportunidad necesaria, y ojalá esta experiencia sea un acumulado para incentivar y motivar la participación de la ciudadanía.

Frente a la negativa de algunos comandantes del ELN de renunciar a la práctica del secuestro ¿Cómo puede afectar este tema a la negociación?

J.B. El secuestro es indefendible. Todo el congelamiento del año pasado fue bajo el argumento del secuestro.  Analizando el tema política y económicamente, las cifras de secuestrados que tiene actualmente el ELN no son significativas. Por lo tanto, el argumento de que el secuestro es una vía indispensable de financiación de la guerra, se cae por la poca cantidad de secuestrados que tienen.

El secuestro lo usan no solo como práctica de financiación sino también sino también como arma política y hoy en día no les funciona de esa forma. Entonces yo sí creo que el ELN debe renunciar al secuestro porque no les representa grandes capitales económicos y tampoco capitales políticos. Ese sería un gesto no solo con el gobierno sino con toda la sociedad colombiana y que además, le quitaría un argumento a los opositores del proceso de paz.

¿Cómo diferenciar el proceso de las Farc con el del ELN?

J.B. Juan Camilo Restrepo de antemano lo dijo en su discurso. El gobierno ha venido entendiendo con el tiempo que este es un proceso distinto al de las Farc en tanto que el ELN es una organización independiente y autónoma, con su propia naturaleza y su propia idiosincrasia. Sin embargo tampoco se pueden cerrar las puertas de interlocución. Claramente este proceso debe aprender y debe tener en cuenta la negociación y la implementación con las Farc. Lo peligroso es que pareciera, por parte del gobierno, que hay una iniciativa de no abrir más los temas de justicia y el tema de dejación de armas. Yo entiendo el argumento del gobierno de tener en cuenta la jurisdicción especial para la paz que se acordó en La Habana, pero el ELN también tiene un argumento muy fuerte y es que ellos no participaron en esa discusión. Yo creo que la vía es que el punto de partida para la discusión de la justicia y la dejación de armas con el ELN sea lo ya acordado con las Farc.

Teniendo en cuenta que el gobierno Santos tiene el tiempo limitado y que la agenda del ELN puede extenderse en su discusión ¿Cómo debe ser el manejo de la negociación?

J.B. En Colombia no va a haber paz si la paz es una política de gobierno y no una política de Estado. Si los colombianos queremos la paz tenemos que asumir que la paz no puede depender del gobierno de turno. La única salida ante este situación es que todos los sectores de la sociedad civil que estamos a favor de la solución política nos unamos para darle continuidad a este proceso independientemente de quien sea elegido como nuevo presidente. El problema no es que se acabe este gobierno. El problema es que hay opositores a la salida política y negociada al conflicto que tienen grandes probabilidades de ganar la presidencia y eso puede hacer que los pasos que hemos dado hacia la paz se pierdan.

 

En su último artículo en la Revista Cien días hacía un llamado a la sociedad civil para presionar a las partes para que instalaran la mesa. Ahora que inicia la negociación ¿cuál es el papel de la sociedad civil en acompañar pero también exigir resultados a la mesa?

J.B. Yo creo que el talón de Aquiles, no solo de la izquierda sino de sectores progresistas, es que nos cuesta trabajar juntos. Cada sector o facción quiere imponer su agenda propia. Ahora lo que necesitamos es una plataforma que reúna todos esos sectores y que abogue por la paz. Generalmente la gente se moviliza ante una injusticia, pero se moviliza mucho más cuando se siente parte o cuando se siente afectado. En ese sentido, este año será crucial para involucrar a la sociedad y lograr un interés nacional por participar políticamente.

Según cifras del censo general del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en 2005 el 25% de la población colombiana –11,2 millones– y el 62% de los municipios del país –692– son considerados rurales. Aunque son muchas las cifras en las que se evidencia la inequidad entre la población rural y la urbana, preocupa el tema de la educación. Un informe del Ministerio de Educación Nacional de 2013 demuestra que de cada 100 estudiantes que ingresan al sistema educativo en la zona rural, 48 culminan la educación media, mientras que en las áreas urbanas lo hacen 82 estudiantes.

Frente a este panorama, que ha sido constante desde hace décadas, diversas organizaciones, instituciones y maestros han creado procesos educativos con un enfoque diferencial que permiten cerrar las brechas en acceso, permanencia, calidad y, sobre todo, pertinencia  de la educación que reciben las comunidades rurales del país.

Colombia es un país con una gran diversidad. A lo largo del territorio confluyen diferentes culturas que tienen sus propias formas de entender, ver y vivir su realidad. Dadas estas condiciones, no es coherente tener un solo modelo educativo para la niñez y la juventud de todo el país.

“La misma educación que se le da a los niños y jóvenes, los hace querer salir del campo para vivir en la ciudad, porque enseña que la ciudad es progreso y bienestar y que en el campo está la ignorancia, la pobreza y el atraso”, afirma Jorge Iván Marín, educador de zonas rurales de Antioquia. El mismo Marín manifiesta que existe en el país un  sistema educativo que habla de ruralidad pero no marca mayores diferencias entre la pedagogía y la didáctica que emplea en el contexto urbano y el rural.

 

De ahí que sea importante que el sistema educativo reconozca la cultura propia de los pobladores rurales y busque mecanismos para responder a sus necesidades porque, tal como lo señala Ariel Rueda, de la Asociación campesina de Antioquia, “la educación que nos están llevando a nosotros los campesinos no es acorde a las necesidades del campo porque las personas que imparten esta educación desconocen las realidades del campo”.

  Instalación de la mesa

Como resultado de las negociaciones con la guerrilla de las Farc, quedó estipulado en el acuerdo final, en su punto 3.2.2.2., la creación del Plan Especial de Educación Rural. En este se dan los lineamientos generales de la política pública que reformará la educación que reciben los habitantes rurales del país.

Para reglamentar este punto del acuerdo, 72 organizaciones e instituciones dedicadas a la educación y al desarrollo del sector rural han designado a sus representantes a la Mesa Nacional de Educación Rural, que en los próximos meses discutirán con el Ministerio de Educación Nacional el texto que será incluido en el Plan Marco de Implementación de los Acuerdos. Esta mesa fue instalada formalmente el pasado 9 de febrero en las instalaciones del Cinep/PPP con la presencia y representación de las organizaciones.

Estas organizaciones, instituciones, maestros y líderes de base coinciden en afirmar que parte de la enorme brecha de inequidad y la desigualdad en oportunidades y garantías que viven las poblaciones rurales del país son causa del sistema educativo que no está diseñado con enfoque diferenciado para las personas que viven y trabajan en el campo. Por eso han venido debatiendo las necesidades que tienen los pobladores rurales en los congresos Nacionales de Educación Rural, de donde salen las propuestas que se llevarán al Ministerio para su discusión.

Una de las propuestas es lograr que la educación que reciban los habitantes del campo no se reduzca a la básica, sino que la educación técnica, tecnológica e incluso la profesional tengan su espacio dentro del Plan nacional de educación. Tal como lo expresa Beatriz López, de la Corporación para la Investigación y el Desarrollo, “la educación como motor del desarrollo debe llegar a los campesinos en todos sus niveles. Es un reto que la educación superior llegue al campo y aún más, que los campesinos se queden y con esos conocimientos aporte al desarrollo integral de la ruralidad”.  

 

Otras propuestas en las que trabaja la mesa nacional están relacionadas con la adaptación de modelos educativos de diferentes culturas, contenidos pertinentes para cada región, infraestructura adecuada para la enseñanza, calidad educativa, permanencia,  educación en ciudadanía, desarrollo del campo y construcción de paz desde las regiones.

Durante los primeros meses del 2017 el Ministerio de Educación  deberá presentar los lineamientos de la política pública de educación rural para que pase al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio del Posconflicto para construir el Plan Marco de Implementación de los Acuerdos, en el que se articulan las políticas que cada ministerio está construyendo a partir de lo acordado en La Habana. Una vez aprobadas, se asignarán presupuestos y se iniciará la implementación.  

 

Miguel Angel Martínez
Equipo de Comunicaciones