Dec 13, 2017
El Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumarado (COCOLATU), la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA), el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), el Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP), el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Apartadó lamentan y repudian el asesinato de Mario Manuel Castaño Bravo.

 
 

 

 

Es necesario replantear los mecanismos de seguridad y protección para líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia. Esa fue la conclusión a la que llegaron todos los panelistas del foro ¿Por qué defender el territorio cuesta la vida?, realizado el pasado 18 de septiembre en instalaciones de la Universidad Javeriana. En este evento participaron como panelistas académicos, investigadores, defensores de derechos humanos, líderes sociales y organizaciones que acompañan a las comunidades.

Durante la discusión, que giró en tres paneles temáticos, las diversas voces plantearon los riesgos a los que están enfrentados los líderes de procesos asociados a la defensa del medio ambiente y del territorio. Los panelistas se refirieron a las dificultades de enfrentar la violencia cuando el sistema económico nacional tiene bases en el extractivismo. Mencionaron, además, el aumento de diferentes formas de violencia con la salida de las Farc y la disputa de dichos territorios por otros actores ilegales.

Si bien hubo diferencias frente a la sistematicidad de los ataques, para todos era claro que es necesario modificar el aparato estatal dirigido a proteger la vida de las comunidades que participan en la defensa de sus territorios y del medio ambiente.

A propósito de esta discusión, Silvia Pabón, investigadora del Cinep/PPP, y quien participó como moderadora de uno de los paneles, presenta estas reflexiones sobre el panorama actual de la seguridad para los líderes en la región de trabajo del equipo de Gestión del Territorio en el Pacífico y recomendaciones para mejorar los dispositivos de protección.

 

 
 

 

 

DENUNCIAMOS EL ASESINATO DEL LÍDER RECLAMANTE DE TIERRAS PORFIRIO JARAMILLO, COMUNIDAD DE GUACAMAYAS, CONSEJO COMUNITARIO DE LA LARGA Y TUMARADÓ (COCOLATU).

30 de enero. El consejo comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU), la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA) y el Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP / Programa por la Paz lamentan y repudian el homicidio del líder reclamante de tierras Porfirio Jaramillo Bogallo, miembro del consejo local de la comunidad de Guacamayas, consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, sucedido en la madrugada del pasado domingo.

Consideramos que el asesinato del líder Porfirio Jaramillo no es un caso aislado, y que los hechos de violencia contra líderes y lideresas reclamantes de tierras constituyen una estrategia sistemática por parte de actores poderosos interesados en obstaculizar el proceso de restitución de derechos territoriales de COCOLATU.

Estos lamentables hechos evidencian que la restitución de los derechos territoriales étnicos no avanza. Pero si avanza el despojo y la persecución a líderes y lideresas, porque existen grandes intereses económicos detrás de estos territorios. Intereses que son sostenidos y facilitados por grupos armados ilegales, así como por estructuras políticas locales, regionales y nacionales.

HECHOS:

El pasado sábado 28 de enero en horas de la noche, cuatro (4) hombres armados vestidos con prendas de uso privativo de la fuerza pública que se movilizaban en motocicleta, ingresaron a la vivienda del señor Porfirio Jaramillo Bogallo, ubicada en la comunidad Guacamayas, consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, y procedieron a retenerlo en contra de su voluntad, siendo testigos del hecho familiares y miembros de la comunidad. Su cadáver fue encontrado en la madrugada del domingo 29 de enero, con heridas de arma blanca, en la zona de El Tigre, en la carretera que conduce de Nuevo Oriente a Chigorodó, a una distancia aproximada de 2 o 3 kms de su comunidad.

ANTECEDENTES:

El señor Porfirio Jaramillo Bocallo había retornado hace dos (2) años a la comunidad de Guacamayas, después de haber sido desplazado por los grupos paramilitares. Era un líder activo de la comunidad de Guacayamas, y de la organización de víctimas reclamantes de tierras “Tierra y Paz”.

El señor Jaramillo venía siendo víctima de amenazas en contra de su integridad personal, por lo que había solicitado un esquema de seguridad y protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin respuesta efectiva de este organismo.

Según “Tierra y Paz”, el señor Jaramillo "denunció intimidaciones de muerte por parte del actual poseedor del predio que él estaba reclamando, un hombre conocido como 'el cura', y de su administrador. Ambos le habrían dicho que lo harían matar de los paramilitares". La misma organización aseguró que hace cuatro (4) meses le llegó una comunicación al líder campesino en la que se le daba un plazo para abandonar su finca. Inmediatamente puso una denuncia ante la Policía y la Fiscalía, indicando que sospechaba de dónde venían estas intimidaciones.

EXIGIMOS:

A la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) que garanticen una restitución y reparación integral, en condiciones de seguridad, a las víctimas de COCOLATU.

A las instituciones locales y regionales (Alcaldía de Turbo, Gobernación de Antioquia), que activen las medidas para garantizar la protección de los líderes y lideresas reclamantes de tierras de COCOLATU.

A la Fiscalía General de la Nación, que adelante con celeridad los procesos de investigación y judicialización de los responsables del homicidio del líder Porfirio Jaramillo, y no dejen este crimen impune.

A la Unidad Nacional de Protección, que ponga en marcha la ruta de protección colectiva para las comunidades pertenecientes al consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, así como esquemas de protección individual contextualizados y oportunos.

A la Policía, Ejército y Ministerio de Defensa, que cumplan con su misión de garantizar la vida, libertad e integridad de los ciudadanos, lo que implica reconocer la existencia de una estrategia violenta sistemática en contra de los reclamantes de tierras en toda la región de Uraba.

El presente comunicado es suscrito por:

  • El Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU).
  • La Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA).
  • El Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (CINEP/PPP).

Descargar comunicado

 

 

 

“Encontramos varios elementos desestabilizadores de paz en el Chocó, que obstaculizan la consolidación de un proceso de paz y la construcción de desarrollo desde la cosmovisión de las comunidades” afirma Juan Pablo Guerrero, coordinador del proyecto Gestión del Territorio en el Pacífico del CINEP/PPP. Desde la experiencia investigativa, Guerrero analiza el contexto al que se enfrentarían los posibles acuerdos de paz.

Entre 2011 y 2014 alrededor de 35.640 personas fueron desplazadas de los municipios de este departamento del pacífico. En el proceso de restitución de tierras resulta indispensable brindar condiciones para el regreso de estos ciudadanos que, según dice Guerrero, “son comunidades que pretenden retornar al territorio pero no existen garantías por parte del Estado”.

Para garantizar la distribución justa y equitativa del territorio, la Unidad de Restitución de Tierras contactó al CINEP/PPP para caracterizar las afectaciones territoriales a los títulos colectivos de comunidades negras cometidas desde 1991. Este es un paso para el cumplimiento de la ley 1448 de 2011, referida entre otros a la reparación integral de las víctimas.

Este trabajo pretende caracterizar las afectaciones territoriales de los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios La Larga Tumaradó y Pedeguita Mancilla (subregión del Bajo Atrato, Chocó) como herramienta de política pública de restitución de derechos territoriales étnicos en el marco del Decreto Ley 4635 de 2011. Los territorios que demandan están compuestos por 107mil hectáreas y por alrededor de 48mil hectáreas respectivamente para cada Consejo.

Este proceso de restitución se dificulta por los elementos desestabilizadores de paz que explica Guerrero. Para empezar, se han otorgado 160 títulos para explotación minera hasta el 2012, lo que representa 250.000 hectáreas de las que se pretenden extraer metales preciosos como oro, cobre y molibdeno. Económicamente, “la participación del sector minero del PIB departamental es de un 40% y no se ve ese incremento en temas de educación ni productivos, sino en temas de explotación”, explica el investigador Guerrero. En el año 2000 la minería representaba alrededor de 25.000 millones de pesos del PIB de Chocó, ahora es de 1,8 billones de pesos respecto a 3,2 billones del total del departamento.

Por otro lado, se ha generado un incremento en la siembra de cultivos ilícitos y la comercialización de hoja de coca y marihuana prensada. En el año 2008 había 1.200 hectáreas de coca que ahora ocupan 5.000 hectáreas. El aumento se produjo especialmente en la subregión de Baudó y Bajo Atrato, lugares donde se distribuyen hacia Centroamérica o Ecuador. Sin embargo, explica Guerrero, “el asunto complicado es lo que está detrás: las alianzas estratégicas de actores armados como bandas criminales (o paramilitares), el ELN, las FARC, o incluso, cuerpos de investigación judicial y miembros de comunidades locales”.

Los 31 municipios de Chocó tienen presencia de actores armados ilegales. Particularmente, las bandas criminales se ubican en las cabeceras municipales y los grupos guerrilleros en las zonas rurales. Además, la presencia del ELN es bastante marcada en varios territorios de la región como en Baudó (alto, medio y bajo) y San Juan (alto, medio y bajo).

Dentro de los elementos que no permiten consolidar la construcción de paz, se destacan los indicadores de pobreza y de corrupción. El 63% de los habitantes de Chocó son pobres y 150.000 personas viven en pobreza extrema. Además, las altas cifras de corrupción reflejan la baja eficiencia institucional, lo que explica que el departamento haya tenido cuatro gobernadores en el pasado periodo electoral.

Pasada la etapa de sistematización y divulgación de la caracterización realizada, en un escenario posterior a la adjudicación de terrenos, CINEP/PPP se propone generar un monitoreo y seguimiento de los procesos judiciales para una restitución integral de los derechos colectivos.

Gisselle Martín Chocontá
Equipo de comunicaciones