Oct 17, 2017

Hoy se radica el proyecto de ley que declararía el 19 de mayo como el Día nacional de la lucha contra la impunidad de los crímenes contra defensores de derechos humanos.

En el marco de la conmemoración de los 20 años del asesinato de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado, padre de Elsa, el Cinep/Programa por la Paz impulsó la propuesta de declarar el 19 de mayo Día nacional contra la impunidad. El Representante Alirio Uribe Muñoz, radicará el proyecto de ley de honores hoy a las 2:00 p.m.

"Hemos elegido este día, 19 de mayo, en memoria de los defensores de derechos humanos Elsa Alvarado y Mario Calderón, quienes fueron asesinados en 1997 y cuyo crimen fue declarado este año, de lesa humanidad" manifestó el Congresista.

En el acto de radicación del proyecto estarán presentes, Ivan Calderón, hijo de la pareja asesinada; Marco Fidel Vargas, subdirector del Cinep, lugar donde trabajaron hasta su muerte los defensores de derechos humanos, y otros miembros de las familias Calderón y Alvarado.

Igualmente acompañarán la radicación que se hará en la Secretaria de la Cámara de Representantes, los congresistas también firmantes del proyecto:  Angela María Robledo, Angélica Lozano, Inti Asprilla, Oscar Ospina, de la Alianza Partido Verde; Víctor Correa, Germán Navas Talero, Iván Cepeda Castro y Senen Niño, del Polo Democrático; Carlos Guevara, del Mira; y Luciano Grisales, del Partido Liberal.

El proyecto busca llamar la atención sobre la urgencia que tiene garantizar la investigación y sanción efectiva para las amenazas y agresiones que a diario sufren quienes defienden los derechos humanos en el país.

Nota:

Mario Calderón, Elsa Alvarado y el padre de Elsa Carlos Alvarado fueron asesinados el 19 de mayo de 1997. Mario y Elsa eran líderes sociales y defensores de derechos humanos y ese liderazgo fue incómodo para alguien que decidió quitarles la vida. Después de 20 años la impunidad impera en su caso y es por esto que buscamos que esta fecha sea reconocida como el Día nacional contra la impunidad.

 

 

 

 

 

El presente informe sobre agresiones y graves violaciones de derechos a defensores de derechos humanos y líderes sociales ha sido elaborado con base en los registros del Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP), del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), en un ejercicio de aproximación a este fenómeno. El documento no pretende dar cuenta de la universalidad de casos, ni abarcar la totalidad de una realidad que seguramente excede a este informe, en lo cualitativo y en lo cuantitativo; tampoco intenta trazar líneas de causalidad entre las coincidencias que se presentan con los asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos, sino complementar, apoyar y ratificar las denuncias que han venido presentando organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, instituciones del Estado y el Sistema de Naciones Unidas, en un intento de brindar un panorama más completo sobre el creciente fenómeno que se está registrando y que constituye un ambiente lleno de peligros y barreras para la implementación de los acuerdos de paz que se están implementando en este momento de la historia colombiana.

 
 

 

 

Cinep/Programa por la Paz, Foro Nacional por Colombia y Viva la Ciudadanía manifiestan su preocupación ante lo expresado por la precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez en su comunicación del 26 de septiembre de 2017 sobre la Ley estatutaria de garantías para la participación de la ciudadanía, organizaciones y movimientos sociales y para la movilización y la protesta social y que fue tema de la agenda mediática, sin la correspondiente verificación de la información.

 
 

 

 

Las víctimas del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATU – exigimos que la Unidad de Restitución de Tierras se comprometa con nuestra defensa en el proceso de restitución de derechos territoriales.

 09 de septiembre. Los miembros del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATU queremos denunciar ante la opinión pública, el desconcierto y alto nivel de incertidumbre en el que nos encontramos actualmente ante el accionar dilatorio y poco garantista de la Unidad de Restitución de Tierras – URT – frente a su representación como abogados defensores de nuestro proceso.

 

 
 

 

 

Comunicado de Serjus Guatemala suscrito con autoridades  y  organizaciones con las que trabajamos, preocupados e indignados  por las acciones que pretenden frenar la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala.

 Desde 2007 la Comision Internacional Contra la Impunidad  en Guatemala C ICIG, surgió de un convenio entre las Organización  de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala y es sostenida por la Unión Europea y con el aporte de varios países entre los que están, Suecia, Alemania, España, Francia, Italia, Noruega,Suiza, Paises Bajos, así como  USA, Canada, Argentina, Chile, Colombia, Peru y Uruguay

Inicialmente  se avanzó muy poco,  pero actualmente de acuerdo a su mandato,  a cargo del Comisionado Ivan Velasquez,  se ha avanzado bastante en acciones  por mejorar el sistema de justicia y en la investigación y persecución penal de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos,  exmilitares violadores de derechos humanos y  funcionarios corruptos enquistados en las diferentes  estructuras de gobierno, tanto del organismo ejecutivo  como del organismo legislativo y sistema judicial, así como grandes empresarios que han fomentado la corrupción  a favor de sus intereses y  también el despojo de territorios y recursos naturales  a comunidades. En estas acciones se ha llegado hasta familiares corruptos del Presidente de la República y de ahora incluso de él mismo que está incurriendo constantemente en acciones ilegales

 Estas acciones  de la CICIG han provocado una reacción concertada entre todos estos sectores y poderes  que están tratando de destituir y expulsar del pais al Comisionado Ivan Velasquez, encabezados por  el mismo Presidente de la República quien habiendo fracasado en su intento de que  el Secretario de  Organización de Naciones Unidas  destituyera al Comisionado, lo   declaro non grato y decretó su expulsión  ilegalmente y en contra del mismo Acuerdo de Creación de la CICIG. 

 Ante todo esto muchas autoridades de los Pueblos Indígenas  y comunidades,  organizaciones populares y organizaciones sociales, universidades, iglesias, así como columnistas de prensa han levantado su protesta y condena contra estos actos  en contra del Comisionado y que tratan asimismo de anular la acción de CICIG y el Ministerio Publico.

 El Procurador de Derechos Humanos   y otras organizaciones presentaron recursos de amparo  llevando a que la Corte de Constitucionalidad  anulara definitivamente la declaración de non grato  emitida por el Presidente de la República y la expulsión de Comisionado.

 La reacción de los sectores y grupos que se sienten amenazados  por la investigación y persecución penal en contra de su corrupción, su impunidad y sus  violaciones  de los derechos, entre los que están, diputados, funcionarios públicos, gobernadores, alcaldes, asociaciones de militares, no se ha hecho esperar y  se están agrupando con todo su poder en apoyo del Presidente de la República e insistiendo en acciones contra el Comisionado, la CIcig y el Ministerio Publico, generando inestabilidad en las instituciones del estado, haciendo llamados a la violencia y tratando de generar terror en la población.

No obstante todo ello las organizaciones del Pueblo seguimos condenando todos estos actos violatorios e ilegales y estamos tratando de mantener acciones porque no se frene la lucha contra la corrupción y la impunidad.  En todo ello agradecemos y necesitamos  toda la solidaridad  de  las organizaciones internacionales.

 Enviamos adjunto  nuestra declaración como  autoridades comunitarias,  comunidades y  organizaciones  populares y sociales y algunos de otros pronunciamientos de diferentes organizaciones.