Jul 21, 2017

 

Se necesitó más de medio siglo de conflicto armado, de violencia fratricida y de diálogos fracasados y exitosos para empezar a comprender en Colombia que la vida política de una sociedad, es mejor hacerla sin la mediación perversa e inútil de las armas. Sin embargo, el precio fue muy alto: más de siete millones de víctimas, sesenta mil desaparecidos, doscientos veinte mil muertos, siete mil secuestros y más de seis mil soldados víctimas de minas antipersonales.

Fue necesario que las Naciones Unidas, con una misión especial pedida desde el Acuerdo Final, conformada por quinientos veinte verificadores de diez y nueve países, estuvieran presentes en este proceso de dejación de armas. Los hechos son contundentes: seis mil ochocientos guerrilleros y dos mil ciento ochenta y cuatro milicianos agrupados en las zonas veredales, siete mil ciento treinta y dos armas individuales operativas de alta calidad, así como la entrega de novecientas cuarenta y dos caletas con armamento serán destruidas antes del próximo primero de septiembre.

Esto significa que las FARC dejaron de ser un grupo armado y pasarán a convertirse en un movimiento político para poner encima en medio del debate democrático su apuesta de la sociedad. Es importante que este nuevo movimiento, así como sus bases y sus líderes sean respetados, como debe ser respetado cualquier líder político de los diversos movimientos en Colombia. El Estado debe estar al frente de estas garantías. Hemos sido testigos y lo seguimos siendo, de las siniestras estrategias de guerra sucia que actores armados, como los paramilitares o sectores sociales, proclives a la violencia, imponen sobre los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos.

El veintisiete de junio de dos mil diecisiete debería pasar a la historia como uno de los momentos de mayor transcendencia de la vida política del país; pero a la vez, como el día del reconocimiento al valor de nuestras víctimas, sin ninguna distinción, sea quien sea su victimario. Siguiendo la invitación del Presidente de la Conferencia Episcopal, Obispo Luis Augusto Castro Quiroga, luego de la dejación de armas lo que nos corresponde es un desarme interior, que es el más difícil pero lo tenemos que lograr para consolidar la paz en Colombia. Que cada uno se quite el odio y el armamento que tenemos por dentro, para avanza en la reconciliación del país.

Nos espera un camino largo para que la paz con justicia social sean una realidad, pero lo que sabemos es que por la violencia no la podemos lograr. Las armas se empuñaron por el cierre de la participación política. Cobra hoy sentido decir: adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida la construcción de la paz mediada por el debate y la concertación de las ideas, propuestas y argumentos.

 

 Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

Gracias a una alianza entre Cinep/Programa por la Paz y la Escuela Superior de Administración Pública con apoyo del Servicio Jesuita Refugiados, durante el mes de junio se están realizando 9 talleres en ciudadanía y democracia en las Zonas Veredales.

Un equipo integrado por profesionales de la ESAP, profesionales del SJR, investigadores del Cinep/PPP y el equipo pedagógico de las FARC tendrá encuentros en las diferentes ZVTN  para cualificar a las personas asistentes en los siguientes temas: participación ciudadana, Estado social y democrático de Derecho, defensa de los Derechos Humanos y solución pacífica de los conflictos. El objetivo principal de los talleres es aportar herramientas para la integración territorial. En ese sentido, existe un componente de Reconciliación que se trabaja durante los tres días que dura el taller.

Los equipos facilitadores están conformados por seis personas de las diferentes organizaciones. Y los participantes son treinta  por parte de las zonas veredales y 10 por parte de la comunidad. Las zonas veredales contempladas para la realización de los talleres son: El Oso, Betania, Pondores, Monteredondo, Charras, Montañita, Dabeiba, La Carmelita y La Pradera.

El diseño de los talleres se ha realizado en conjunto con el comité pedagógico de las FARC y pretende configurarse como un ejercicio participativo en donde el diálogo de saberes permita potenciar conocimiento y competencias de los y las participantes a los talleres para transitar hacia la integración de los territorios.Este diálogo de saberes se ha centrado en los siguientes temas: arquitectura constitucional, comprensión de los DD.HH y los mecanismos para su protección, mecanismos de participación y mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Además de seguir una ruta temática, los facilitadores diseñaron una ruta metodológica que permite ilustrar cada una de las actividades que realizarán en cada tema. Los participantes tendrán la oportunidad de establecer un diálogo sobre sus experiencias previas y posteriores a la exposición teórica de los temas y adentrarse en la comprensión de lo masculino y lo femenino en el abordaje que hacen de cada uno.

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo Comunicaciones

Los jesuitas de América Latina y El Caribe / CPAL nos solidarizamos con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

¡No están solos!

Los Superiores de los jesuitas de América Latina y el Caribe condenamos el espionaje perpetrado en contra del CENTRO PRODH en México, exigimos que se suspenda esta grave violación a los derechos humanos y que se sancione a los culpables.

Los Provinciales de los Jesuitas de América Latina y el Caribe apoyamos plenamente a los jesuitas de México en sus opciones en favor de la justicia a través de sus obras apostólicas. Por tal motivo nos unimos en su condena al espionaje presuntamente cometido por el Gobierno de México en contra de miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez – CENTRO PRODH, así como de otros reconocidos periodistas y defensores de los derechos humanos, dado a conocer por el New York Times el pasado 19 de junio.

Junto con los jesuitas mexicanos exigimos a las autoridades mexicanas que garanticen la integridad de todos los miembros del CENTRO PRODH y de todos aquellos que han sido víctimas de esta violación de sus derechos. El CENTRO PRODH es una obra de la Compañía de Jesús, que durante 29 años defiende a numerosas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas a las del caso -aún no resuelto- de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, que ha causado tanta indignación a nivel internacional.

En nombre de todos los jesuitas de América Latina y de El Caribe nos unimos a la exigencia de nuestros compañeros de México pidiendo que se investigue exhaustivamente este hecho ilegal y violatorio a los derechos humanos, que se sancione a los culpables y que se garantice que la información extraída ilícitamente no sea utilizada indebidamente.

Lamentamos que este hecho agrave aún más la situación de irrespeto de los derechos humanos en México; tanto más cuanto el mismo presidente Enrique Peña Nieto, anunciando que ordenó realizar con celeridad una investigación sobre el hecho, afirmó que las acusaciones son falsas y pidió que caiga el peso de la ley contra quienes lo denunciaron, erigiéndose así a la vez en juez y parte, y condenando la investigación al fracaso.

Solidarios con nuestros compañeros apostólicos y con todas las víctimas de violaciones a las libertades fundamentales, nos mantendremos vigilantes de lo que suceda y motivamos a la sociedad civil en general para que siga promoviendo y exigiendo la libertad, la transparencia y la plena vigencia de todos los derechos humanos para todos, tanto en México como en el resto del continente.

 


ROBERTO JARAMILLO BERNAL, S.J.
Presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas
de América Latina y el Caribe - CPAL

La salud en Colombia se encuentra en estado terminal por el tumor maligno de la corrupción. A pesar de existir sobre Sanitas y Prestasalud, las compañías que estuvieron en la puja por la compra de Cafesalud, muchas dudas y denuncias, Prestasalud compró Cafesalud y a la IPS Esimed por uno punto cuarenta y cinco billones de pesos. Un gran negocio para el consorcio conformado por trece empresas y más de ciento ochenta clínicas, se quedó con la EPS más grande del país con seis millones de afiliados. Es tan bueno el negocio que a pesar de la alta deuda de Cafesalud, valorada en más de ochocientos mil millones de pesos, el consorcio Prestasalud le interesó más el alto flujo de caja que ronda los cuatrocientos cuarenta mil millones de pesos mensuales.

Si bien Prestasalud promete que cuenta con la capacidad técnica y la solvencia financiera para garantizar el derecho fundamental a la salud de los afiliados, durante el análisis de las propuestas aparecieron sombras y denuncias contra el consorcio. Algunos de sus socios presuntamente están implicados en escándalos de corrupción y procesos de investigación, acusados por la Fiscalía General, por la Procuraduría y por estrados españoles. Delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en beneficio de terceros, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, denuncias laborales colectivas y relaciones con las turbias irregularidades de Saludcoop, son parte del prontuario.

El cardenal Rubén Salazar, durante el desarrollo de la asamblea del Episcopado colombiano, en julio del año pasado, lanzó un llamado de humanidad y respeto a los operadores de la salud para que presten mejores servicios. Es indudable –dijo el cardenal– que la inmensa mayoría de la población tiene dificultades para acceder rápida y efectivamente a la salud que necesita. Hay que hacer un llamamiento profundo a las IPS y EPS para que tomen conciencia de la dignidad de la persona; y añadió: uno de los mayores problemas del sistema de salud es la corrupción. Muchos de los recursos destinados a la salud van a parar a los bolsillos de particulares, que se apropian de ese dinero.

 

 Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

Editorial: Pacífico es Dignidad

  • Jul 21, 2017
  • Publicado en Prensa

La situación de abandono del Estado, la pésima administración, la alta corrupción y dependencia política en Buenaventura, el Chocó y en general en el Pacífico, se remonta varios siglos atrás. La relación de Buenaventura con Cali o de Quibdó con Medellín o de Tumaco con Pasto, existe bajo el esquema de una relación colonial de dominación y dependencia y no de una interacción entre iguales. A las comunidades y territorios del Pacífico les ha tocado sobrevivir en medio de la inequidad económica, el empobrecimiento, la exclusión política y el señalamiento étnico-cultural. De otra parte, el aumento del poder político local, por la descentralización, no implicó cambios positivos, al contrario, la mayor parte de la clase política regional del Pacífico se convirtió en uno de los actores más depredadores y corruptos. En este contexto, el paro en el Pacífico es justo.

Sus habitantes están hastiados de tolerar que no tienen ni siquiera acceso a los servicios públicos y sociales más básicos Mientras que Cali, Medellín, Pasto o Bogotá disfrutan de coberturas de los servicios públicos del orden de noventa por ciento en promedio, en Buenaventura, Quibdó o Tumaco solamente llega agua corriente a los hogares algunos días. El índice de pobreza multidimensional en Buenaventura es del sesenta y seis por ciento y el noventa y tres por ciento de la gente vive de economía informal o de economías ilegales mineras, del narcotráfico o del contrabando. A pesar de que la ciudad recibe más de un billón de pesos, uno de los ingresos per cápita más altos del país. La ciudadanía está indignada y esta vez no buscan soluciones de corto plazo, sino estructurales. Exige decretar la emergencia económica y social, pero la respuesta del gobierno ha sido reprimir con el ESMAD.

Por su parte, las Pastorales sociales de las diócesis del Pacífico y las organizaciones étnico-territoriales en un comunicado del veinticuatro de mayo dijeron: “expresamos nuestra solidaridad con las protestas pacíficas en Chocó y Buenaventura y reconocemos en ellas un acto legítimo e impostergable por la vida digna y la paz en todo el Pacífico colombiano. Las protestas hacen visible su realidad social y los repetidos incumplimientos del Gobierno. Las comunidades protestan para reclamar asuntos básicos: educación, salud, agua potable, infraestructura primaria; y por los altos niveles de corrupción, violencia, inoperancia institucional e injusticias socioeconómicas. Asimismo, rechazamos la respuesta represiva y violenta del Gobierno con el uso del ESMAD. La paz debe ser para darle dignidad al pueblo.”

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz