Oct 17, 2017

El presente informe sobre agresiones y graves violaciones de derechos a defensores de derechos humanos y líderes sociales ha sido elaborado con base en los registros del Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP), del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), en un ejercicio de aproximación a este fenómeno. El documento no pretende dar cuenta de la universalidad de casos, ni abarcar la totalidad de una realidad que seguramente excede a este informe, en lo cualitativo y en lo cuantitativo; tampoco intenta trazar líneas de causalidad entre las coincidencias que se presentan con los asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos, sino complementar, apoyar y ratificar las denuncias que han venido presentando organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, instituciones del Estado y el Sistema de Naciones Unidas, en un intento de brindar un panorama más completo sobre el creciente fenómeno que se está registrando y que constituye un ambiente lleno de peligros y barreras para la implementación de los acuerdos de paz que se están implementando en este momento de la historia colombiana.

 
 

 

 

Una ola de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos tiene alarmado al país. Los crímenes han ido in crescendo durante este año. Distintas ONG de derechos humanos así como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, han alertado sobre el recrudecimiento de las amenazas y asesinatos en los últimos cuatro años. En los primeros nueve meses de 2016 mataron a cincuenta y cuatro de ellos; treinta y uno de estos graves hechos han ocurrido en los últimos tres meses. El promedio es de uno cada tres días. Crímenes como el de Erley Monroy, líder de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero; Didier Losada, presidente de la Junta de Acción Comunal de Platanillo, en Uribe, Meta; Marcelina Canacué, lideresa integrante del movimiento político Marcha Patriótica de Palermo, Huila; Néstor Iván Martínez líder de las comunidades negras de Cesar y opositor de la minería; Maria Fabiola Jiménez, lidereza comunitaria de Barbosa, Antioquia; Roberto Taicus Bisbicus, líder del pueblo indígena awá y profesor en zona rural de Tumaco; Nereo Meneses, Joel Meneses y Ariel Sotelo, defensores del medio ambiente líderes de Almaguer, Cauca, y miembros del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), opositores a la minería y a la siembra de cultivos ilícitos en su territorio.

Para algunos analistas esta realidad puede ser una advertencia de sabotaje al proceso de paz, pues varios de estos atentados han afectado a líderes de comunidades cercanas a las zonas veredales donde se concentrarán las FARC, y pertenecen a organizaciones sociales que respaldan el proceso de paz. En esta lógica, los asesinatos pueden ser una respuesta de sectores que no se resignan a que el acuerdo de paz se implemente y tratan de romperlo violentamente. Por su parte, el Estado hasta ahora ha respondido con una protección individual a los líderes, pero no está implementado una verdadera estrategia de seguridad integral para los territorios, esta estrategia está contemplada en el acuerdo de paz firmado y debería implementarse cuanto antes. Cinep/Programa por la Paz expresa su preocupación por esta ola de asesinatos que generan un escenario incierto para la implementación de los acuerdos de paz. Es imperativo que el Presidente de la República tome medidas inmediatas para garantizar la vida de todos los líderes, liderezas sociales y defensores de derechos humanos. No basta con firmar un acuerdo si la vida sigue siendo violentada, si la palabra de quienes piensan diferente se calla con los fusiles. El nuevo acuerdo firmado, entre el gobierno y las FARC, el pasado 24 de noviembre, es el punto de partida para este propósito. Al respecto, el Episcopado Colombiano expresa: “Con espíritu de servicio, acompañaremos la implementación del acuerdo, como voz profética que interprete al pueblo colombiano, y de modo especial, a las víctimas del conflicto armado, a los campesinos, a las minorías étnicas y a los más pobres. Es hora de reconciliación, de unidad y de compromiso”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/Programa por la paz

Como Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (Cinep/PPP) expresamos nuestra preocupación por la creciente ola de asesinatos a líderes comunitarios. Es el caso de la señora Marcelina Canacué de 60 años de edad, reconocida líder integrante del movimiento político Marcha Patriótica y adscrita a la Junta de Acción Comunal de la vereda Versalles, jurisdicción del municipio de Palermo, Huila, quien fue asesinada el pasado 25 de noviembre, Día de la no violencia contra las mujeres. Advertimos que este tipo de acciones repetidas buscan generar un ambiente de inestabilidad y hostilidad para la implementación de los acuerdos de paz con las FARC.

Es imperativo que el Presidente de la República tome medidas y acciones inmediatas para garantizar el derecho a la vida de todos los colombianos y que agilice la realización de dicho acuerdo sin poner en riesgo a las víctimas y a los líderes sociales.

Nuevamente alertamos sobre el riesgo en el que se encuentran los defensores de derechos humanos. Tan solo en el tercer trimestre del año se registraron 19 homicidios y 37 amenazas a mujeres y hombres integrantes de organizaciones y movimientos sociales que amedrentan la participación ciudadana. No basta con firmar un acuerdo de paz si la vida sigue siendo amenazada, si la palabra de quienes piensan diferente es amordazada y silenciada, si la acción de quienes deciden defender los derechos propios y de otros es callada por una violencia dirigida y orientada hacia el terror.

Por eso hacemos un llamado de urgencia al presidente de la república, señor Juan Manuel Santos Calderón, en su calidad de jefe de Estado y comandante supremo de las fuerzas armadas, para que se implementen –cuanto antes y con la necesaria decisión– las herramientas y protocolos para combatir el paramilitarismo y los grupos armados que se han organizado tras su desmovilización; brindar protección a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, y garantizar su derecho a la vida.  Todo lo anterior en coherencia con el Acuerdo para el logro de una paz estable y duradera para Colombia.

Reiteramos nuestra preocupación por las víctimas y por las personas que lideran procesos en defensa de la dignidad humana. A ellas nuestra solidaridad y respaldo en este momento de la historia que esperamos no deje más dolor ni muerte en la memoria de nuestro país. Por eso, trabajamos  por el cuidado y la defensa de la vida, porque ella es sagrada.

Es tiempo de reconocer la diferencia, de aceptar que existe en Colombia una deuda histórica con una parte de la población que ha sido excluida y que reclama su derecho a participar, a ser reconocida, escuchada en la defensa de sus territorios y valorada políticamente como un actor legítimo. Es necesario seguir trabajando en el fortalecimiento de la democracia y del ejercicio de la  política sin violencia.

Estos más de cuatro años de negociación en La Habana y el nuevo acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016, deben ser entendidos como el punto de partida de un proceso largo que busca, en medio de las diferencias, contradicciones y acuerdos, la construcción de la paz sin la mediación de la violencia, para  hacer de Colombia un país más justo, sostenible y en paz.

Cinep/Programa por la Paz.

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Usted tiene derecho a defender sus derechos. Este es un principio básico. Y básico quiere decir que no depende ni de códigos, ni de instituciones, ni de leyes. Si uno no tuviera ese derecho de defenderlos, nuestros derechos no existirían.

Y entonces ¿por qué algunos creen que los defensores de los derechos humanos no tienen derecho a defenderse y de ayudar a defender los derechos de otras personas? Esta es la pregunta del millón porque, en general, lo que hay detrás de esa negación de la defensa es un millón de hectáreas o muchos millones de pesos.

En realidad los que defienden los derechos humanos están trabajando por usted, por mí y por ellos mismos. Porque defender los derechos humanos es defender el derecho a la integridad de la vida, la de uno y la de los demás. Y esos derechos se inventaron para que la gente común y corriente pueda defenderse cuando sus propios gobiernos los atacan. Suena absurdo pero así es: hay gobiernos que matan a sus ciudadanos, alegando el bien de la ciudadanía. De forma que lo matan a uno por su propio bien. Y por eso el derecho internacional de los derechos humanos es para protegerse de los gobiernos que abusan de su legítima fuerza que está destinada a la defensa y no a la ofensa de los ciudadanos. Para esa defensa el gobierno legítimo está autorizado mantener un ejército y una policía.

En realidad, los ejércitos están diseñados para defenderse de otros países en las guerras internacionales. Y la policía, que es una institución civil, está destinada a colaborar en mantener el orden público en el país. No debiera ser un cuerpo armado.

Pero sucede y pasa que en Colombia, por las circunstancias de la insurgencia armada, el ejército está dedicado a la guerra interna y la policía se militarizó. Y como esas circunstancias son las de la guerra interna, todo el panorama colombiano de la integridad de la vida se ha ensombrecido en una guerra civil y sucia, en la que se mezclan la estrategia antiguerrillera, la represión social y la criminalidad común. La proliferación del homicidio como relación social nos está indicando que matar no es una solución para ningún problema. Y que el usar el asesinato como medio se vuelve contra el asesino. Con ello, la defensa de los derechos humanos se hace cada día más urgente. Y los defensores de los derechos humanos merecen una consideración especial, porque en esa proliferación de la violencia, el único recurso útil es defender a toda costa la integridad de la vida. A los gobiernos les conviene más defender a los defensores que tratar de silenciarlos.

Alejandro Angulo, S.J.

"En Colombia defender los derechos humanos es una labor de alto riesgo. ¿Cómo no aterrarnos de que por defender los derechos humanos, esenciales para la humanidad, pero particularmente los de los más débiles e indefensos, pueda ser un riesgo tan alto en nuestro país?" Jorge Julio Mejía S.J. En Rompecabezas los invitamos a escuchar el panorama actual que viven los defensores en el país, a conocer un poco sobre su labor diaria y a entender por qué son indispensables para la construcción de paz. 

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