Dec 17, 2017

Hace pocas semanas Colombia vivió la visita del Papa Francisco como una experiencia de excepcional sentido emotivo, reflexivo y espiritual. La inequidad, la pobreza, la violencia, la justicia, la reconciliación y la paz fueron los temas que estuvieron presentes en los mensajes papales. Sin embargo, los efectos de este importante pasaje de la vida nacional aún falta madurarlos. Si el legado que nos dejó Francisco, no se trabaja con un discernimiento libre, intencionado y consciente, puede ser presa de la memoria de corto plazo y finalmente del olvido. Tenemos un gran desafío.

La visita del Papa se enmarca en su momento especialmente crítico de la vida del país. Su decisión de venir a Colombia estuvo motivada por el servicio a la construcción de la paz. Francisco tuvo como propósito elevar la calidad social y política de la paz, haciendo un vehemente y profundo llamado espiritual por la humanización de la Paz.

En Bogotá, interpeló al establecimiento político diciendo: “No es la ley del más fuerte sino la fuerza de la ley, la que es aprobada por todos, la que rige la convivencia pacífica. Se necesitan leyes justas que puedan garantizar esa armonía, (Ellas) nacen del deseo de resolver las causas estructurales de la pobreza que generan exclusión y violencia. Les pido que escuchen a los pobres, a los que sufren. Mírenlos a los ojos y déjense interrogar en todo momento por sus rostros surcados de dolor y sus manos suplicantes”.

Igualmente, indicó, como Pastor, a los obispos: No tengan miedo de perderse si salen de sí mismos. No enmudezcan la voz de Aquel que los ha llamado ni se ilusionen en que sea la suma de sus pobres virtudes o los halagos de los poderosos de turno quienes aseguran el resultado de la misión. Construyan una Iglesia que ofrezca a este país un testimonio elocuente de cuánto se puede progresar cuando se está dispuesto a no quedarse en las manos de unos pocos. No sirven alianzas con una parte u otra sino la libertad de hablar a los corazones de todos. Algunos continúan propagando la cómoda neutralidad de aquellos que nada eligen para quedarse con la soledad de sí mismos. No participen en ninguna negociación que mal-venda sus esperanzas”.

En Villavicencio, al encontrarse con las víctimas, expresó con claridad sobre la reconciliación: “No significa desconocer o disimular las diferencias y los conflictos. No es legitimar las injusticias personales o estructurales. El recurso a la reconciliación no puede servir para acomodarse a las situaciones de injusticia. Debemos estar preparados y sólidamente asentados en principios de justicia que en nada disminuyen la caridad. La historia nos pide asumir un compromiso definitivo en defensa de los derechos humanos. Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar urgentemente un paso en esta dirección, que es aquella del bien común, de la equidad, de la justicia, del respeto de la naturaleza y de sus exigencias.

Nuestro desafío no solo pasa por recordar el mensaje del Papa Francisco, sino por llevarlo a los hechos de reconciliación y paz que necesita Colombia.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

 

Continua el deterioro estructural de la salud en Colombia. Y no hay una solución profunda a tan grave problema. Según la Asociación Colombiana de Hospitales, el 14% de cerca de mil instituciones que funcionan en el país, se han visto obligadas a cerrar servicios médicos. El 29% de los hospitales disminuyeron su capacidad, cunde el déficit presupuestal. Esta situación afecta al personal médico, pero especialmente a los usuarios, quienes tienen que recorrer varios centros hospitalarios para conseguir atención.

Esto se ha convertido en una queja que se repite desde hace varios años. Los gobiernos prometen, pero no cumplen sus compromisos. La salud se deteriora día a día. La gente sigue padeciendo un sistema inoperante que heredamos de la ley cien desde mil novecientos noventa y tres. Las EPS no pagan el servicio a hospitales y clínicas, por eso no se les puede pagar a los médicos ni a los trabajadores del sector, ni a los que invierten sus capitales y se endeudan para atender los pacientes. La tutela, para alcanzar algún servicio se volvió tan habitual que los médicos en lugar recetarios tienen formatos para que los enfermos demanden mediante tutela la atención médica. Por la mala paga de las EPS, los pacientes acumulan dolencias, crece el sufrimiento y mueren. Los empleados del sector público, profesionales y paramédicos, son maltratados, no hay para ellos un trabajo digno y decente. Nadie vigila, nadie controla, ninguna corrección ni sanción, cunde la impunidad frente a la violación del derecho fundamental a la salud. Las deudas de Caprecom, que son del Estado, continúan. El Estado parece encubrir las de Saludcoop a la que intervino y liquidó con pésimos resultados. Quebró a Cafesalud y no se sabe que va a pasar con sus pacientes y obligaciones. Tampoco se sabe para dónde va Medimás.

La Iglesia católica en Colombia ha generado llamados de atención a las autoridades de salud. En julio de dos mil dieciséis, en la Asamblea plenaria del Episcopado, el Cardenal Rubén Salazar dijo “Hago un llamado de humanidad y respeto a los operadores de la salud y a la red hospitalaria para que presten mejores servicios. Es indudable, que la inmensa mayoría de la población tiene dificultades para acceder rápida y efectivamente a la salud que necesita. Hay que hacer un llamamiento profundo a las IPS y EPS para que tomen conciencia de la dignidad de la persona, sobre todo durante la enfermedad, uno de los percances más duros de la vida. Muchos de los recursos destinados a la salud van a parar a los bolsillos de particulares, que se apropian de ese dinero”. El Arzobispo de Cali, Dario Monsalve, complementó: “Basta ver los casos en el Hospital Universitario de Cali para darse cuenta del horror que significa la corrupción en el sector salud y la pérdida de los presupuestos. A los pobres los están sepultando en vida”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

 

Colombia es un país rico en biodiversidad, con un once por ciento de su territorio en parques naturales, rico en flora y aves, con una gran reserva hídrica. Un país con diversidad de climas y paisajes, con Amazonía, con desiertos a orillas del Caribe y selva tropical en la costa pacífica. Pero, simultáneamente, un país que, en los últimos diez años, ha sido concesionado en cerca del cuarenta por ciento a empresas mineras y de hidrocarburos.

A simple vista pareciera una gran oportunidad de desarrollo, pero no es así, el problema grave reside en que existe un número importante de hectáreas, difícil de especificar, que se encuentran en zonas protegidas como: páramos, parques nacionales, territorios indígenas y territorios colectivos afro-descendientes.

El «boom» minero, iniciado en dos mil dos en el país, se hizo público por el presidente Santos al declarar la minería como una de las locomotoras de crecimiento que llevaría a la prosperidad de todos. Consolidar la minería a cielo abierto y a gran escala, fue una bandera del gobierno Uribe. Lo que puso en desventaja a los pequeños mineros frente a las multinacionales. Pero en el fondo, lo que genera esta dinámica en los últimos años, es que el precio del carbón y del oro han alcanzado máximos históricos: la tonelada de carbón pasó de noventa dólares en dos mil cuatro a ciento sesenta en dos mil once y, la onza de oro, aumentó su valor de setecientos dólares en dos mil ocho a los mil trescientos en dos mil diecisiete.

 En este contexto, mientras las grandes compañías tienen muchas garantías, los pequeños mineros se encuentran marginalizados y en algunos casos perseguidos por su labor tradicional, como se ha podido ver en Segovia y Remedios, durante las últimas semanas. No obstante, las empresas multinacionales no son las únicas interesadas en este negocio. Los actores armados ilegales encuentran en él una vía para incrementar sus ingresos.

 Analizando el mapa de Colombia, se observa que la ubicación de estos grupos coincide con las áreas de explotación minera; en consecuencia, los niveles de violaciones de derechos humanos: desapariciones, asesinatos, amenazas y desplazamiento forzado son alarmantes en zonas mineras. Colombia, siendo el primer productor mundial de esmeraldas, el primer productor de níquel y carbón de Sur América y el décimo productor mundial de oro, en las poblaciones donde se explotan esos recursos se registran los más altos niveles de necesidades básicas insatisfechas a nivel nacional.

 El Papa Francisco, en el número cincuenta y uno de la Encíclica Laudato Si, expresa que una vez acabadas las operaciones mineras "dejan grandes pasivos humanos y ambientales, como la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales que ya no se pueden sostener".

 En consecuencia, debemos ser conscientes que defender la Creación, en un sistema depredador cuyo fin es el lucro, es una acción que implica asumir el riesgo de la acción profética a la que nos invita el evangelio de Jesús.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la paz

 

La tierra: despojo sin fin

  • Dic 17, 2017
  • Publicado en Prensa

El Estado colombiano, cumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos expidió, en el año 2011 la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para la población que sufre el despojo o/y abandono forzado de sus tierras. Este mecanismo de reparación sigue siendo uno de los mayores desafíos para el Estado colombiano.

Según la Unidad de Restitución de Tierras, en este momento el 60% de las 102.000 solicitudes de restitución de tierras se encuentran en proceso. Esto significa que en 5 años de vigencia de la citada ley se han entregado 200.000 hectáreas de tierra a sus legítimos dueños, y otras 600.000 están en proceso para ser restituidas. Un resultado flaco y poco halagador si tenemos en cuenta que en Colombia existe un despojo, tanto a las comunidades rurales como al Estado en tierras baldías, de aproximadamente siete millones de hectáreas. No hay que olvidar que, por legislación de tierras, los baldíos, hacen parte de las tierras que deben distribuirse a las comunidades pobres.

Pero, además, dicha ley se ha venido aplicando en un contexto de persistencia de conflicto armado, ausencia de Garantías de protección de no repetición sobre las víctimas e impunidad para los violadores. Persiste la oposición a la devolución de las tierras y al retorno de los despojados a los territorios más afectados, por parte de los grupos paramilitares, de sectores políticos y empresariales interesados en mantener los beneficios derivados del despojo de tierras.

Las cifras de violencia contra las comunidades, líderes reclamantes de tierras y acompañantes defensores, entre el año 2011 y 2016, recogidas por el Cinep/PPP, son alarmantes: 142 hechos de violencia. De ellos, 46 son homicidios y 80 individuales y colectivas, además de atentados, lesiones personales y raptos. El riesgo es tal que existe la probabilidad de que cada trimestre un líder rural, en razón esta actividad comunitaria, sea asesinado o desaparecido en Colombia. Los departamentos más afectados son Córdoba, Bolívar, Sucre y Urabá antioqueño. No obstante, es preciso afirmar, que esta información solo indica una tendencia pues existe un alto subregistro de ella.

En julio de 2015 el Papa Francisco durante el segundo encuentro mundial de movimientos populares en Bolivia, expresó: “La tercera tarea, tal vez la más importante que debemos asumir hoy, es defender la Madre Tierra. La casa común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, vejada impunemente. La cobardía en su defensa es un pecado grave. No se puede permitir que ciertos intereses se impongan, sometan a los Estados y organismos internacionales, y continúen destruyendo la creación. Yo les pido, en nombre de Dios, que defiendan a la Madre Tierra”

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

 

 

Los casos de corrupción en Colombia aumentan vertiginosamente: Interbolsa, Reficar, Saludcoop, las vías de transporte masivo en Bogotá, Bucaramanga y Cali, la financiación campañas a la presidencia de la república por parte de Odebrecht, con el fin de obtener privilegios en la contratación de las carreteras cuatro G. Son tantos los casos que la corrupción se ha convertido en un tema cotidiano de los medios de comunicación y la gente los ve como parte del paisaje social ¿Qué está pasando? La persistencia de las prácticas corruptas demuestra que no se trata de un fenómeno ocasional ni exclusivo de la política, estamos ante una tendencia arraigada en la sociedad que afecta los códigos éticos más profundos.

¿Qué está haciendo la institucionalidad pública y privada para desmontar la corrupción? Al parecer muy poco o nada, pues el fenómeno en lugar de atenuarse, crece. ¿Qué acciones estamos realizando en la familia, la escuela, la vida comunitaria, eclesial, laboral y ciudadana, para desactivar las raíces de la corrupción? ¿De qué manera somos parte del círculo de la corrupción por acción o por omisión? El desafío es romper el circuito de la corrupción, la justificación de que todos tenemos derecho al cómo voy yo (o CVY), desconociendo los derechos y bienes de los demás. El reto es trabajar el cambio de modelos de vida basados en la acumulación y el consumo desmedido por encima del crecimiento humano. De nada vale un desarrollo económico basado en la inequidad, postergando para amplios sectores de la población el bienestar y una calidad de vida digna, equitativa y sustentable.

Necesitamos fortalecer un Estado democrático garante de los derechos humanos. Históricamente lo que ha existido es un Estado atrapado en una negociación perniciosa entre élites nacionales, regionales y locales. Las primeras conceden a las segundas una amplia autonomía a cambio de su respaldo. En consecuencia, se creó una relación basada en el clientelismo que propicia la debilidad institucional y la permisividad de la sociedad facilitando la corrupción.

El Papa Francisco en un discurso dirigido a una delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal en el Vaticano, en octubre del año dos mil catorce, expresaba: “la corrupción es un proceso de muerte que se ha vuelto habitual en la sociedad. El corrupto no puede aceptar la crítica, descalifica a quien la hace, busca disminuir cualquiera autoridad moral que pueda cuestionarlo, incluso ataca con insultos a todo el que piense diferente y si puede lo persigue. Es un mal más grande que el pecado, pero que sin embargo no puede contra la esperanza traída por el Señor Jesús”

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz