Colombia vive una transición política importante. La implementación del Acuerdo Final de Paz; la composición del Congreso sin un bloque mayoritario para legislar; fuerzas alternativas que expresaron sus propuestas con vigor en las elecciones presidenciales y un plebiscito anticorrupción que, si bien no alcanzó el umbral, sobrepasó las expectativas con más de once millones y medio de votos. En este contexto el gobierno del presidente Duque tiene significativos retos para trabajar durante sus cuatro años de mandato:

Un primer reto es el tratamiento del Acuerdo Final de Paz. No solo en lo que tiene que ver con la incorporación de los excombatientes de las FARC, sino por los compromisos con los más de ocho millones y medio de las víctimas, la ciudadanía en general y la comunidad internacional, en asuntos estructurales como el desarrollo rural, la participación política y la aplicación del sistema integral de justicia. Pero igualmente el gobierno no podrá dejar sin tratamiento de fondo la negociación con el ELN de cara a cerrar propositivamente en el país los diálogos con la insurgencia.


En el tema económico, el hecho de que el país haya ingresado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, exige garantizar el derecho al trabajo decente, la actividad sindical, la regulación de la informalidad laboral que, según el DANE, llega al cincuenta por ciento. Igualmente, exige reducir la desigualdad de ingresos y la brecha entre el país urbano y el país rural. El nuevo gobierno tiene bajo su responsabilidad el manejo del gasto exponencial en salud y en pensiones que, según estudios de la Universidad de los Andes, se estima en tres billones de pesos la deuda de las EPS a la red hospitalaria público-privada. En tanto que el régimen público de pensiones tiene un hueco fiscal de cuarenta billones, según Asofondos.

Un tercer reto del gobierno es atender las problemáticas que afectan la seguridad. En los últimos dos años y medio, según la Defensoría del Pueblo, van trescientos cuarenta y tres asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos. Estos hechos dolorosos y nefastos se están dando en contextos donde los reclamantes de tierras impulsan los procesos de restitución, en territorios donde el narcotráfico controla sembrados y rutas, en regiones donde las inversiones minero-energéticas, legales e ilegales, desarrollan sus proyectos. ¿Cómo desarticular estas dinámicas violentas? ¿Por qué las fuerzas de seguridad del Estado, con su alta capacidad y sus importantes recursos no dan los resultados esperados?

Un cuarto reto es la lucha contra la corrupción. Según Transparencia Internacional, Colombia ocupa el lugar número noventa y seis de ciento ochenta países a nivel mundial, un puesto alto en corrupción. Existe un importante número de normas contra la corrupción, pero lo que falta es hacer cumplir esas normas, garantizar la denuncia y la aplicación efectiva de penas para los corruptos. Finalmente, un quinto reto estructural es la educación. Los resultados de la prueba Saber once deja regiones como el Caribe, el Pacífico, la Orinoquia y Amazonia en niveles críticos de calidad y de muy bajo acceso a la educación superior.

El papa Francisco, en su visita a Colombia recordó que el país está transitando por nuevos caminos como sociedad, por eso dijo que: “ningún tipo de violencia restrinja o anule ni una vida más en el país. Todos somos necesarios para crear y formar la sociedad, esta no se hace sólo con algunos de pura sangre, sino con todos, y aquí radica la grandeza de un país en el que todos tienen cabida y todos son importantes”. El Papa hizo un llamado a los colombianos a desoír “la cizaña”, la polarización y la división que nos impide llegar a la paz.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director Cinep/Programa por la paz.

 

Migración de hermanos venezolanos a Colombia 

Según Migración Colombia solo el año pasado, cerca de 800.000 personas entraron de Venezuela al país. De ellas, aproximadamente, el 70% se quedaron legalmente y el 30% ilegalmente. Sin embargo, estos datos de Migración Colombia pueden quedarse cortos, muchas personas no son contabilizadas. Existen trochas fronterizas no controladas y un número importante de personas pueden tener, legalmente, la doble nacionalidad; producto de que, en la década de los años setenta del siglo pasado, alrededor de cinco millones de colombianos migraron y algunos se establecieron en el hermano país con el fin de buscar mejores las oportunidades económicas, de la misma manera que hoy las personas que llegan de Venezuela, por otras razones históricas, lo están haciendo al migrar a Colombia.

De otra parte, se observa que no todos los migrantes venezolanos se radican en Colombia, hay quienes usan el país como una estación de paso para llegar a otros destinos, tales como: Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, México, Brasil y España. Lo cierto es que a medida que la crisis política, social, y económica empeora en Venezuela, más y más venezolanos huyen de su país cada día. Especialmente, los venezolanos pobres, que enfrentan escasez de alimentos y medicinas, y que no pueden mantener a sus familias, buscan refugio en el extranjero como una forma de escapar de su situación.

Algunos países de la región han adoptado medidas para restringir la migración venezolana, otros han optado por una respuesta más humanitaria facilitando visas especiales, solicitudes de asilo y de residencia, al mismo tiempo que abordan las necesidades de refugio y oportunidades económicas para los migrantes. Sin embargo, la situación es frágil. A medida que crezca el flujo de migrantes y la crisis venezolana continúe, los argumentos nacionalistas y xenófobos también crecerán, creando un ambiente para las políticas anti-inmigrante.

En Colombia las nuevas regulaciones impuestas en febrero pasado ponen en peligro a los migrantes venezolanos. Estas reglas, sumadas a los obstáculos para obtener documentos en Venezuela ponen a miles de venezolanos en riesgo de ser explotados en el sector informal. Tampoco el país ofrece una política humanitaria seria.

El documento de Aparecida en los números 414 y 415: “Entre las tareas de la Iglesia a favor de los migrantes, está indudablemente la denuncia profética de los atropellos que sufren frecuentemente como también el esfuerzo por incidir, junto a los organismos de la sociedad civil, en los gobiernos de los países para lograr una política migratoria que tenga en cuenta los derechos de las personas en movilidad. Los migrantes deben ser acompañados pastoralmente por sus Iglesias de origen y estimulados a hacerse discípulos y misioneros en las tierras y comunidades que los acogen. Los migrantes que parten de nuestras comunidades pueden ofrecer un valioso aporte a las comunidades que los acogen.”

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep /Programa por la Paz

 

La Jurisdicción Especial para la Paz, creada en el Acuerdo Final de Paz, es la oportunidad para que se apliquen medidas de justicia a todos los actores que hicieron parte de delitos en medio del conflicto armado: los excombatientes de las FARC, los agentes del Estado y de las fuerzas armadas y los terceros civiles que hicieron parte del conflicto armado. Es una justicia cuyo objetivo es reparar, satisfacer los derechos y ofrecerles verdad a los más de ocho millones y medio de víctimas que produjo el conflicto armado. Su centro de gravedad no es castigar sino restaurar a los más afectados. Igualmente es una justicia que busca que el conflicto no vuelva a repetir y, de esta manera, hacer un cierre radical del ciclo de violencia que imperó durante más de cinco décadas. Por eso es una justicia especial, no reemplaza a la justicia ordinaria y, además, es temporal: existirá como máximo por veinte años. Es una justicia transicional, es decir, se va a aplicar para pasar, si queremos, de un conflicto violento a una posible paz estable y duradera.

Por tanto, la Justicia Especial para la Paz no es un mecanismo de impunidad, como algunos políticos lo han querido hacer ver en sus discursos. La realidad es que el conflicto que vivimos en Colombia por décadas, es una situación generada por los complejos problemas económicos y políticos que todos hemos padecido y que en ellos diversos actores y la ciudadanía en general, están involucrados por acción o por omisión y con diversos grados de responsabilidad. Por eso, no solo algunos que estuvieron involucrados en el conflicto violento deben responder ante la justicia, sino que todos los involucrados en delitos, en el contexto del conflicto, deben responder. Esencialmente para restaurar los derechos de las víctimas y no simplemente para pagar un castigo.

El Estado colombiano se ha comprometido con la sociedad colombiana y con la comunidad internacional a cumplir seriamente con el desarrollo del Acuerdo Final. En asuntos centrales como la Justicia Especial para la Paz, si las partes no cumplen, el país puede caer en una alteración mayor y es inconveniente para las relaciones internacionales. Hay mucho que perder si el Acuerdo no se cumple y mucho que ganar si el Acuerdo se cumple, sin perder el espíritu de la negociación.

El arzobispo de Tunja, Luis Augusto Castro, en declaraciones a la prensa el mes pasado dijo que la Justicia Especial de Paz es fundamental para cerrar todo el proceso de paz alcanzado con el Acuerdo Final. Y añadió: La Justicia de Paz no es un acto de venganza. Las víctimas están esperando la verdad y los victimarios están esperando que les den la oportunidad de rehacer sus vidas. Por eso pide defenderlo. Recordó que el Sistema Transicional de Justicia fue definido en el acuerdo de Roma y que por eso lo más conveniente es resolver el conflicto como ha pasado con otros en el mundo, a través de justicia transicional.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la paz.

 

Cada tres días asesinan un líder, una lideresa o un defensor de Derechos Humanos en Colombia. En los últimos dos años y medio, hasta el diez de julio, la Defensoría del Pueblo publicó 322 asesinatos. Ellos y ellas eran personas que buscaban el respeto a los derechos: salud digna, educación de calidad, empleo decente y estable, acceso y buen uso del agua. Líderes y lideresas que buscan con sus organizaciones que les devuelvan las tierras usurpadas por quienes de manera violenta e insaciable se apropian de las riquezas minerales, de las energías naturales o por quienes necesitan dominar la producción, transformación y comercio de la cocaína.

Mujeres y hombres, líderes comunales, jóvenes, indígenas, negros, campesinos y pobladores urbanos que hacen parte de partidos políticos, en particular, personas de la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Ellas y ellos defendían los derechos de sus comunidades con la palabra, con los argumentos y propuestas de paz. Como lo expresa el Padre de Roux “en otros países, estas mujeres y estos hombres serían héroes nacionales. Aquí los matamos”. Según la Defensoría del Pueblo son 265 municipios y 337 organizaciones sociales que están en peligro, especialmente en Cauca, Tolima, Córdoba, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia y Nariño.

Hace dos semanas el gobierno presentó medidas frente a esta realidad, entre otras: acelerar y ampliar un plan urgente de medidas colectivas de seguridad. Poner en marcha unidades básicas de protección de la policía. Destinar más recursos para la Unidad Nacional de Protección. Fortalecer en el Ministerio de Defensa instrumentos de alertas tempranas y reacción rápida. La creación de una ventanilla y línea única de denuncia en el Ministerio del Interior. Conformar en la Fiscalía General la unidad especial de investigación para apoyar las regiones más afectadas. Esperemos que estas medidas sean asumidas por el nuevo gobierno, que no mueran entre la demagogia y la negligencia. Por su parte, Naciones Unidas y la comunidad internacional han expresado su condena y alta preocupación por los altos grados de impunidad.

El seis de julio la Conferencia Episcopal expresó: “Manifestamos de nuevo nuestra profunda consternación por los asesinatos de hermanos y hermanas en los últimos días; nos unimos al dolor de sus familias. Toda vida es sagrada y toda muerte violenta es inaceptable. Hacemos una llamada a la sociedad colombiana a mantener la estabilidad de las regiones y de la democracia y a continuar avanzando por los caminos que garantizan la vida, la libertad y la justicia. Pedimos a las autoridades elevar los niveles de protección y los mecanismos establecidos legalmente para garantizar la vida de quienes están bajo amenazas”.

 Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

La historia de la energía eléctrica nace a mediados del siglo XVIII con Franklin y Volta. En la tercera década del siglo XIX Faraday crea un generador de energía y a finales de este siglo Swan y Edison crean la bombilla eléctrica. Por este tiempo se construyen las primeras hidroeléctricas en el mundo y Colombia entra rápido en este camino. La Compañía Eléctrica de Bucaramanga en 1890 construyó la Planta de Chitotá, en el río Suratá, primera hidroeléctrica del país. Pero es entre los años 70 y 90 del siglo XX que se construyen grandes hidroeléctricas como San Carlos, Chivor, Betania, Guatapé, Guavio y el país se interconecta. Sin embargo, este gran desarrollo de infraestructura no tuvo un esquema adecuado de financiación que garantizara su sostenibilidad, ni se estudió suficientemente el impacto social y ambiental de estos proyectos.

La historia de Hidroituango, uno de los proyectos más importante del país, comenzó hace 158 años, pero parece no leyó las lecciones de otros proyectos similares en Colombia. Hoy está en riesgo y seis municipios en alerta máxima: Ituango, Valdivia, Briceño, Tarazá, Cáceres y Caucacia. Según la Unidad nacional de riesgo y desastres, cerca de siete mil personas evacuaron sus casas y más de cien mil están en riesgo si colapsa la represa. La cuenca del río Magdalena, a la que pertenece el rio Cauca e Hidroituango, tiene 33 hidroeléctricas operando y dos en construcción, esto tiene efectos sobre la salud de toda la cuenca e impacta las planicies inundables en la Depresión Momposina en Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre. A esto se suma el estudio de 99 proyectos hidroeléctricos en la cuenca del Magdalena para alcanzar la meta de generación de energía que necesita el país en el 2050. Según estudios realizados por investigadores colombianos y extranjeros, publicados en la revista Hidrología y Ciencias de los Sistemas Terrestres, en mayo del presente año, si estos desarrollos no se sustentan en un enfoque de impacto ambiental integral y solo hacen estudios de impacto ambiental limitados al ecosistema puntual donde se planean ubicar, se seguirán produciendo impactos sociales, ambientales y económicos negativos en la cuenca del Magdalena. No se trata de desechar las hidroeléctricas sino de reconocer y minimizar los impactos con alternativas viables. La tendencia mundial es hacia formas de producción de energía menos impactante y Europa estudia la remoción de sus hidroeléctricas.

El número 183 de Laudato Si nos dice: “un estudio del impacto ambiental no debería ser posterior a la elaboración de un proyecto o de cualquier política a desarrollarse. Tiene que insertarse desde el principio y elaborarse de modo interdisciplinario, transparente e independiente de toda presión económica o política. Siempre es necesario alcanzar consensos entre los distintos actores sociales, pero en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo que quieren para ellos y sus hijos, y pueden considerar los fines que trascienden el interés económico inmediato”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz