Sep 25, 2017

La tierra: despojo sin fin

  • Sep 25, 2017
  • Publicado en Prensa

El Estado colombiano, cumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos expidió, en el año 2011 la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para la población que sufre el despojo o/y abandono forzado de sus tierras. Este mecanismo de reparación sigue siendo uno de los mayores desafíos para el Estado colombiano.

Según la Unidad de Restitución de Tierras, en este momento el 60% de las 102.000 solicitudes de restitución de tierras se encuentran en proceso. Esto significa que en 5 años de vigencia de la citada ley se han entregado 200.000 hectáreas de tierra a sus legítimos dueños, y otras 600.000 están en proceso para ser restituidas. Un resultado flaco y poco halagador si tenemos en cuenta que en Colombia existe un despojo, tanto a las comunidades rurales como al Estado en tierras baldías, de aproximadamente siete millones de hectáreas. No hay que olvidar que, por legislación de tierras, los baldíos, hacen parte de las tierras que deben distribuirse a las comunidades pobres.

Pero, además, dicha ley se ha venido aplicando en un contexto de persistencia de conflicto armado, ausencia de Garantías de protección de no repetición sobre las víctimas e impunidad para los violadores. Persiste la oposición a la devolución de las tierras y al retorno de los despojados a los territorios más afectados, por parte de los grupos paramilitares, de sectores políticos y empresariales interesados en mantener los beneficios derivados del despojo de tierras.

Las cifras de violencia contra las comunidades, líderes reclamantes de tierras y acompañantes defensores, entre el año 2011 y 2016, recogidas por el Cinep/PPP, son alarmantes: 142 hechos de violencia. De ellos, 46 son homicidios y 80 individuales y colectivas, además de atentados, lesiones personales y raptos. El riesgo es tal que existe la probabilidad de que cada trimestre un líder rural, en razón esta actividad comunitaria, sea asesinado o desaparecido en Colombia. Los departamentos más afectados son Córdoba, Bolívar, Sucre y Urabá antioqueño. No obstante, es preciso afirmar, que esta información solo indica una tendencia pues existe un alto subregistro de ella.

En julio de 2015 el Papa Francisco durante el segundo encuentro mundial de movimientos populares en Bolivia, expresó: “La tercera tarea, tal vez la más importante que debemos asumir hoy, es defender la Madre Tierra. La casa común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, vejada impunemente. La cobardía en su defensa es un pecado grave. No se puede permitir que ciertos intereses se impongan, sometan a los Estados y organismos internacionales, y continúen destruyendo la creación. Yo les pido, en nombre de Dios, que defiendan a la Madre Tierra”

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

 

 

Los casos de corrupción en Colombia aumentan vertiginosamente: Interbolsa, Reficar, Saludcoop, las vías de transporte masivo en Bogotá, Bucaramanga y Cali, la financiación campañas a la presidencia de la república por parte de Odebrecht, con el fin de obtener privilegios en la contratación de las carreteras cuatro G. Son tantos los casos que la corrupción se ha convertido en un tema cotidiano de los medios de comunicación y la gente los ve como parte del paisaje social ¿Qué está pasando? La persistencia de las prácticas corruptas demuestra que no se trata de un fenómeno ocasional ni exclusivo de la política, estamos ante una tendencia arraigada en la sociedad que afecta los códigos éticos más profundos.

¿Qué está haciendo la institucionalidad pública y privada para desmontar la corrupción? Al parecer muy poco o nada, pues el fenómeno en lugar de atenuarse, crece. ¿Qué acciones estamos realizando en la familia, la escuela, la vida comunitaria, eclesial, laboral y ciudadana, para desactivar las raíces de la corrupción? ¿De qué manera somos parte del círculo de la corrupción por acción o por omisión? El desafío es romper el circuito de la corrupción, la justificación de que todos tenemos derecho al cómo voy yo (o CVY), desconociendo los derechos y bienes de los demás. El reto es trabajar el cambio de modelos de vida basados en la acumulación y el consumo desmedido por encima del crecimiento humano. De nada vale un desarrollo económico basado en la inequidad, postergando para amplios sectores de la población el bienestar y una calidad de vida digna, equitativa y sustentable.

Necesitamos fortalecer un Estado democrático garante de los derechos humanos. Históricamente lo que ha existido es un Estado atrapado en una negociación perniciosa entre élites nacionales, regionales y locales. Las primeras conceden a las segundas una amplia autonomía a cambio de su respaldo. En consecuencia, se creó una relación basada en el clientelismo que propicia la debilidad institucional y la permisividad de la sociedad facilitando la corrupción.

El Papa Francisco en un discurso dirigido a una delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal en el Vaticano, en octubre del año dos mil catorce, expresaba: “la corrupción es un proceso de muerte que se ha vuelto habitual en la sociedad. El corrupto no puede aceptar la crítica, descalifica a quien la hace, busca disminuir cualquiera autoridad moral que pueda cuestionarlo, incluso ataca con insultos a todo el que piense diferente y si puede lo persigue. Es un mal más grande que el pecado, pero que sin embargo no puede contra la esperanza traída por el Señor Jesús”

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

 

 

 

Se necesitó más de medio siglo de conflicto armado, de violencia fratricida y de diálogos fracasados y exitosos para empezar a comprender en Colombia que la vida política de una sociedad, es mejor hacerla sin la mediación perversa e inútil de las armas. Sin embargo, el precio fue muy alto: más de siete millones de víctimas, sesenta mil desaparecidos, doscientos veinte mil muertos, siete mil secuestros y más de seis mil soldados víctimas de minas antipersonales.

Fue necesario que las Naciones Unidas, con una misión especial pedida desde el Acuerdo Final, conformada por quinientos veinte verificadores de diez y nueve países, estuvieran presentes en este proceso de dejación de armas. Los hechos son contundentes: seis mil ochocientos guerrilleros y dos mil ciento ochenta y cuatro milicianos agrupados en las zonas veredales, siete mil ciento treinta y dos armas individuales operativas de alta calidad, así como la entrega de novecientas cuarenta y dos caletas con armamento serán destruidas antes del próximo primero de septiembre.

Esto significa que las FARC dejaron de ser un grupo armado y pasarán a convertirse en un movimiento político para poner encima en medio del debate democrático su apuesta de la sociedad. Es importante que este nuevo movimiento, así como sus bases y sus líderes sean respetados, como debe ser respetado cualquier líder político de los diversos movimientos en Colombia. El Estado debe estar al frente de estas garantías. Hemos sido testigos y lo seguimos siendo, de las siniestras estrategias de guerra sucia que actores armados, como los paramilitares o sectores sociales, proclives a la violencia, imponen sobre los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos.

El veintisiete de junio de dos mil diecisiete debería pasar a la historia como uno de los momentos de mayor transcendencia de la vida política del país; pero a la vez, como el día del reconocimiento al valor de nuestras víctimas, sin ninguna distinción, sea quien sea su victimario. Siguiendo la invitación del Presidente de la Conferencia Episcopal, Obispo Luis Augusto Castro Quiroga, luego de la dejación de armas lo que nos corresponde es un desarme interior, que es el más difícil pero lo tenemos que lograr para consolidar la paz en Colombia. Que cada uno se quite el odio y el armamento que tenemos por dentro, para avanza en la reconciliación del país.

Nos espera un camino largo para que la paz con justicia social sean una realidad, pero lo que sabemos es que por la violencia no la podemos lograr. Las armas se empuñaron por el cierre de la participación política. Cobra hoy sentido decir: adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida la construcción de la paz mediada por el debate y la concertación de las ideas, propuestas y argumentos.

 

 Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

La salud en Colombia se encuentra en estado terminal por el tumor maligno de la corrupción. A pesar de existir sobre Sanitas y Prestasalud, las compañías que estuvieron en la puja por la compra de Cafesalud, muchas dudas y denuncias, Prestasalud compró Cafesalud y a la IPS Esimed por uno punto cuarenta y cinco billones de pesos. Un gran negocio para el consorcio conformado por trece empresas y más de ciento ochenta clínicas, se quedó con la EPS más grande del país con seis millones de afiliados. Es tan bueno el negocio que a pesar de la alta deuda de Cafesalud, valorada en más de ochocientos mil millones de pesos, el consorcio Prestasalud le interesó más el alto flujo de caja que ronda los cuatrocientos cuarenta mil millones de pesos mensuales.

Si bien Prestasalud promete que cuenta con la capacidad técnica y la solvencia financiera para garantizar el derecho fundamental a la salud de los afiliados, durante el análisis de las propuestas aparecieron sombras y denuncias contra el consorcio. Algunos de sus socios presuntamente están implicados en escándalos de corrupción y procesos de investigación, acusados por la Fiscalía General, por la Procuraduría y por estrados españoles. Delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en beneficio de terceros, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, denuncias laborales colectivas y relaciones con las turbias irregularidades de Saludcoop, son parte del prontuario.

El cardenal Rubén Salazar, durante el desarrollo de la asamblea del Episcopado colombiano, en julio del año pasado, lanzó un llamado de humanidad y respeto a los operadores de la salud para que presten mejores servicios. Es indudable –dijo el cardenal– que la inmensa mayoría de la población tiene dificultades para acceder rápida y efectivamente a la salud que necesita. Hay que hacer un llamamiento profundo a las IPS y EPS para que tomen conciencia de la dignidad de la persona; y añadió: uno de los mayores problemas del sistema de salud es la corrupción. Muchos de los recursos destinados a la salud van a parar a los bolsillos de particulares, que se apropian de ese dinero.

 

 Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

Editorial: Pacífico es Dignidad

  • Sep 25, 2017
  • Publicado en Prensa

La situación de abandono del Estado, la pésima administración, la alta corrupción y dependencia política en Buenaventura, el Chocó y en general en el Pacífico, se remonta varios siglos atrás. La relación de Buenaventura con Cali o de Quibdó con Medellín o de Tumaco con Pasto, existe bajo el esquema de una relación colonial de dominación y dependencia y no de una interacción entre iguales. A las comunidades y territorios del Pacífico les ha tocado sobrevivir en medio de la inequidad económica, el empobrecimiento, la exclusión política y el señalamiento étnico-cultural. De otra parte, el aumento del poder político local, por la descentralización, no implicó cambios positivos, al contrario, la mayor parte de la clase política regional del Pacífico se convirtió en uno de los actores más depredadores y corruptos. En este contexto, el paro en el Pacífico es justo.

Sus habitantes están hastiados de tolerar que no tienen ni siquiera acceso a los servicios públicos y sociales más básicos Mientras que Cali, Medellín, Pasto o Bogotá disfrutan de coberturas de los servicios públicos del orden de noventa por ciento en promedio, en Buenaventura, Quibdó o Tumaco solamente llega agua corriente a los hogares algunos días. El índice de pobreza multidimensional en Buenaventura es del sesenta y seis por ciento y el noventa y tres por ciento de la gente vive de economía informal o de economías ilegales mineras, del narcotráfico o del contrabando. A pesar de que la ciudad recibe más de un billón de pesos, uno de los ingresos per cápita más altos del país. La ciudadanía está indignada y esta vez no buscan soluciones de corto plazo, sino estructurales. Exige decretar la emergencia económica y social, pero la respuesta del gobierno ha sido reprimir con el ESMAD.

Por su parte, las Pastorales sociales de las diócesis del Pacífico y las organizaciones étnico-territoriales en un comunicado del veinticuatro de mayo dijeron: “expresamos nuestra solidaridad con las protestas pacíficas en Chocó y Buenaventura y reconocemos en ellas un acto legítimo e impostergable por la vida digna y la paz en todo el Pacífico colombiano. Las protestas hacen visible su realidad social y los repetidos incumplimientos del Gobierno. Las comunidades protestan para reclamar asuntos básicos: educación, salud, agua potable, infraestructura primaria; y por los altos niveles de corrupción, violencia, inoperancia institucional e injusticias socioeconómicas. Asimismo, rechazamos la respuesta represiva y violenta del Gobierno con el uso del ESMAD. La paz debe ser para darle dignidad al pueblo.”

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz