Jan 16, 2018

Los indignantes y dolorosos feminicidios de la niña Yuliana Andrea Samboní Muñoz ocurrido el 4 de diciembre en Bogotá y de Dora Lilia Gálvez, el pasado 6 de noviembre en Buga, son solo dos casos de mujeres que representan un fenómeno creciente de violencia social contra las mujeres colombianas. El Instituto de Medicina Legal, señala en informes recientes, que en el país cada día son asesinadas entre tres y cuatro mujeres. El año pasado fueron asesinadas novecientas setenta mujeres en Colombia. Todos los casos son historias atroces, saturadas de terror, de brutalidad, de violencia sexual y de injusticia. Otro estudio de Profamilia señala que la violencia de género ha afectado, en los últimos años, a un setenta y cuatro por ciento de las colombianas, el incremento de las violencias contra las mujeres en Colombia está desbordado. Cada treinta y dos minutos una mujer es víctima de violencia intrafamiliar. Cada doce minutos una mujer es víctima de violencia de pareja. Cada veintisiete minutos una mujer es víctima de violencia sexual. El año pasado se reportaron ciento cuarenta y siete feminicidios pero solamente se emitieron cinco sentencias condenatorias y a septiembre de este año se reportaron ciento cincuenta y siete casos con solo veinte sentencias.

Pero uno de los elementos más graves es que la mayoría de casos ocurren en la esfera intrafamiliar, pero también muchos otros en el ámbito de una sociedad que no ha generado cambios de fondo en el uso de un paradigma patriarcal, esencialmente machista, tirano y que subordina a la mujer frente al hombre.

Estos casos indignantes y brutales en contra de las mujeres, logran la atención en las redes sociales y en los medios de comunicación, lo que genera un grado de atención y visibilidad en la ciudadanía. Pero, lo más seguro es que cada caso, termina en el olvido, la indiferencia y, lo que es peor, en un nivel de impunidad del noventa y cinco por ciento, según la Fundación Sisma Mujer. Colombia cuenta con leyes de avanzada contra el feminicidio y la violencia de género, tal y como la 'Ley Rosa Elvira Cely' que sanciona hasta con 50 años de cárcel a los responsables de asesinar mujeres por su condición de mujer, pero la realidad demuestra que no se implementan.

El Papa Francisco, el día ocho de marzo, fiesta de la mujer, expresó: “Un mundo donde las mujeres son marginadas es un mundo estéril porque las mujeres no sólo traen la vida sino que transmiten la capacidad de mirar más allá, miran más allá de ellas. Nos transmiten la capacidad de comprender el mundo con ojos distintos, de escuchar las cosas con corazón más creativo, más paciente, más tierno. ¡Cuántas mujeres padecen el peso de la vida y el drama de la violencia! El Señor quiere que vivan libres y con plena dignidad”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director general Cinep/Programa por la Paz

Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Sucedió lo que no era previsible ni deseable para un poco menos del cincuenta por ciento de los votantes norteamericanos, para la mayoría de los analistas, para las encuestas y para varias naciones del mundo.

Este hecho sigue confirmando la tendencia mundial de lo impredecible en asuntos políticos, tal y como sucedió este año con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la larga elección del Presidente Mariano Rajoy en España y el Plebiscito por la Paz en Colombia. ¿Pero, cómo entender este tipo de resultados y comportamientos políticos en nuestras sociedades contemporáneas?

Algunas hipótesis explicativas nos pueden ayudar a comprender esta situación. Una primera hipótesis es que vivimos en sociedades con altos grados de polarización, basadas en una visión estereotipada de la realidad: el mundo es solo blanco o solo negro, no hay grises, no hay colores. Compresiones que no admiten la riqueza de las diversas culturas, creencias e identidades, ni los cambios. Lo diverso es un peligro latente. Los diferentes se constituyen en sospechosos y en enemigos, se justifica la exclusión, el odio y la violencia. El cambio de los modelos sociales tradicionales produce inseguridad y miedo de perder poder, así sean sistemas sociales injustos y excluyentes en ellos se tiene confianza.

Una segunda hipótesis muestra que actualmente en los eventos electorales la ciudadanía se moviliza más por factores afectivos, de estado de ánimo y pragmáticos que resuelven problemas del diario vivir, que por elementos reflexivos y analíticos que buscan cambios de largo plazo. En este sentido la política se convirtió más en un instrumento transaccional para el beneficio individual y no para el bien común. La política elevó sus grados de corrupción en amplios sectores de dirigentes y de ciudadanos, a la vez que perdió legitimidad y credibilidad en la sociedad. Resultado de esta situación es: el uso de la política para castigar a los mandatarios de turno sin importar las consecuencias. Y, la despolitización ciudadana, el desinterés por los temas políticos y fenómenos como la abstención masiva.

Una tercera hipótesis afirma que la influencia de la comunicación política ha fracasado: por difundir mensajes distorsionados, por hacer eco de prejuicios, por incapacidad en descubrir y analizar movimientos y tendencias de baja frecuencia, pero de gran recorrido y profundidad. Trump, el Brexit y el No al plebiscito ganaron con el voto oculto frente a un gran esfuerzo de los electores con un voto culto e informado. Esto es una realidad.

En Aparecida los obispos constataron que en América Latina avanzan diversas formas de regresión autoritaria por vía democrática que, en ciertas ocasiones, derivan en regímenes de corte neopopulista. La inmadurez de dirigentes políticos radicaliza sus posiciones, fomentan la conflictividad, polarizan, generan frustración y desencanto por la política y particularmente por la democracia. Para encontrar estas ideas podemos consultar el documento en los números setenta y cuatro, setenta y cinco y setenta y siete.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director general Cinep/Programa por la Paz

Una vez realizado el plebiscito, estamos frente a un reto histórico difícil para conseguir un acuerdo de paz. La mínima diferencia del NO sobre el SI, ha dejado hasta el momento al país en una incertidumbre política y económica que debemos transformar en oportunidad.

La tarea seria es no perder lo construido durante los dos años de preparación para la negociación y los cuatro años de su desarrollo en La Habana, así como la posibilidad real de generar un acuerdo que recoja de manera concertada no solo las pretensiones del NO y las del SI, sino lo que necesita el país, sus ciudadanos y en especial las víctimas del conflicto armado.

El acuerdo debe apuntar prioritariamente a trabajar la crisis espiritual que tenemos como sociedad. El acuerdo es para ayudar a la construcción de una paz con justicia social, una política incluyente y democrática y una economía para generar equidad y bienestar para los ciudadanos. El acuerdo no es solo para resolver los intereses particulares, en el orden judicial, económico y político, de algunas élites o sectores sociales del país, sean ellas de los sectores sociales influyentes o de los grupos alzados en armas.

La compleja renegociación está encima de la mesa, no se puede soslayar. El alcance que se le quiere dar, las modificaciones y sus resultados, se espera sean claras. Estas definiciones están en manos, en primer lugar del Gobierno Nacional; en segundo lugar, en manos de la oposición o sea del Centro Democrático y otros grupos que votaron por el NO, en tercer lugar en manos de las FARC-EP. Pero igualmente está la mayoría ciudadana que debe movilizarse y expresar su voz y acción constructiva. Hasta el momento se han hecho visibles cinco puntos donde se centraría la renegociación: el primero busca clarificar la participación política de los comandantes de las FARC-EP en cargos del poder legislativo y ejecutivo. El segundo punto es el debate sobre la exclusión de las fuerzas armadas, lo mismo que a los civiles que hayan apoyado con recursos la guerra en la justicia transicional. El tercer punto, también sobre justicia, apunta a revisar las penas que van a cumplir las FRAC-EP; en los acuerdos sobresalen más las penas restaurativas de cara a la reparación de las víctimas, como el trabajo social o restricciones de la libertad, que las penas punitivas como pagar efectivamente cárcel, en especial para delitos atroces en el contexto de la guerra. El cuarto punto propone la exclusión del narcotráfico como delito político conexo al conflicto armado. Finalmente, el quinto punto, propone clarificar aún más el tema de dejación de las armas.

La crisis nos pone ante un escenario desafiante. Que esta oportunidad nos haga sensibles a la invitación libre y responsable que nos hace el Dios de la Vida para construir el proyecto del Reino de Justicia y de Amor eficaz.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/PPP

Desde hace tres décadas se incubó la crisis de Electricaribe al calor de la privatización de los servicios públicos, y hoy la región Caribe está al filo de un apagón. Pero… ¿cuáles son las causas determinantes de esta crisis? No es ningún secreto: la ineficacia técnica, comercial y política de Electricaribe y del Estado es dramática. Preocupa en toda esta deteriorada evolución, las graves implicaciones económicas y sociales. Hasta el momento han existido intervenciones de empresas estadounidenses, venezolanas y españolas, pero ninguna ha podido resolver los problemas. El sector eléctrico hoy está prácticamente todo en manos de la inversión privada. Su interés prioritario no es prestar un servicio público de calidad sino hacer la menor inversión con el máximo de rentabilidad; factor determinante de la crisis. Pero igualmente hay un mito que se desnuda: no es cierto, como decían los defensores de la privatización en los años noventa, que el manejo de los servicios públicos y sociales en manos de privados era de mayor calidad que el del sector público. Sin duda, el Estado tampoco pudo responder con eficiencia y ética pública a los requerimientos. A cuenta de los dos modelos los ciudadanos salimos pagando los platos rotos.

En este momento Electricaribe es incapaz de reducir pérdidas, de responder con calidad y de lograr una estructura de sostenibilidad. A pesar de que el Ministerio de Minas le giró ciento treinta y tres mil cuatrocientos millones de pesos para construir adecuaciones en siete departamentos, las obras no se concluyeron y más de cincuenta y cinco mil usuarios dejaron de beneficiarse. Según la Contraloría el detrimento patrimonial de Electricaribe y el Ministerio de Minas, estuvo cerca de los sesenta y seis mil millones de pesos. Los habitantes del Caribe llevan años protestando por el mal servicio y la copa se rebosó. Por eso, los ciudadanos y gobernantes de los departamentos costeños están pidiendo al gobierno nacional, intervenir a Electricaribe - filial de la española Gas Natural Fenosa-, conseguir nuevos operadores, exigir al gobierno nuevas redes; que se invierta en lo que corresponde, y que los generadores de energía como Isagén, AES Chivor y Emgesa se hagan parte de la solución. Ojalá que ahora, ante la profunda crisis, se encuentre una salida definitiva que desactive esta bomba social que amenaza a la costa Caribe con un apagón. Ojala que a los denunciantes de estos hechos no les suceda lo que le pasó al profeta Jeremías cuando, por denunciar las injusticias e irresponsabilidades de los gobernantes, los primeros que lo arrojaron al pozo profundo para desaparecerlo fueron los príncipes cercanos al rey. Necesitamos profetas que como Jeremías se atrevan a visibilizar los problemas y a proponer alternativas así no sean de la conveniencia de los poderes dominantes.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/PPP

¿Cómo está el departamento de La Guajira después de más de treinta años de explotación carbonífera? Está saqueado por una economía de enclave y extracción y por una administración corrupta. Las comunidades indígenas, negras y campesinas segregadas, empobrecidas y golpeadas con necesidades básicas insatisfechas en un sesenta y cinco por ciento, según el DANE. La actividad minero energética ha generado desplazamiento de comunidades, sequía y contaminación de ríos, y adicionalmente daños ambientales con impactos negativos de larga duración. La corrupción política ha impedido que se lleven a cabo programas sociales con cambios sostenibles. En la mayor parte de los municipios de La Guajira los colegios y escuelas están desmantelados o abandonados. La salud, como en todo el país, vive una honda crisis. Faltan centros asistenciales, hospitales, personal médico y medicamentos, la tasa de mortalidad asociada a la desnutrición aguda en La Guajira aumentó un cincuenta por ciento en los últimos cuatro años, según el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.

En La Guajira la situación de los niños y niñas Wayuu es tan crítica, que la Procuraduría en días pasados dio a conocer su petición a la Corte Constitucional para que intervenga ante las constantes violaciones a los derechos fundamentales frente a una evidente y crítica situación de abandono institucional, que amerita impartir una serie de órdenes para proteger a la población de La Guajira y en especial a la comunidad indígena Wayuu. Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó al Gobierno nacional asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil, así como tomar medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener, a la brevedad posible, acceso al agua potable y a alimentos en calidad y cantidad suficientes. Pero la situación no ha cambiado a pesar de las medidas cautelares y de recientes órdenes impartidas por el Tribunal Superior de La Guajira para que el presidente de la República garantice el acceso al agua de los niños Wayuu que mueren de sed y hambre. En declaraciones recogidas por El Catolicismo el obispo de Riohacha, Héctor Salah, aseguró que “la principal calamidad de La Guajira es su clase política. Pues, valiéndose del poder delegado por la gente, ha usado para su propio beneficio los recursos que debieron emplear en la solución de tanto problema que tiene la región. No se pueden seguir robando la plata destinada para alimentar a los niños wayuu, como lo han venido haciendo en los últimos años”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/PPP