Apr 25, 2017

En el punto sexto del Acuerdo Final para la Paz, que trata de la implementación, verificación y refrendación, el Gobierno Nacional y las FARC adoptaron la creación de la “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)”, integrada por tres representantes del alto Gobierno Nacional y por tres representantes plenipotenciarios de las FARC o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. Esta comisión tiene por objetivos la resolución de diferencias, el impulso, la implementación, el seguimiento y la verificación del Acuerdo.

Esta labor implica el concurso y compromiso de las distintas instituciones del Estado, las autoridades territoriales, las organizaciones y movimientos sociales, las comunidades, instituciones de la sociedad civil, las iglesias, los partidos políticos incluyendo el movimiento político que surja del tránsito de las FARC a la actividad política legal, sus excombatientes y los ciudadanos y ciudadanas en general. No obstante lo anterior, el Gobierno nacional será el responsable de la correcta implementación del Acuerdo de Paz, tanto en su gestión política como en la financiación de lo que él implica. A su vez esta Comisión de Seguimiento e Impulso de la Implementación del Acuerdo, tiene un componente internacional de verificación, cuyo propósito es comprobar el avance de la implementación, identificar retrasos, contradicciones y deficiencias, brindar oportunidades de mejoramiento continuo, así como contribuir a la búsqueda de soluciones y al fortalecimiento de la misma.

El viernes veintitrés de marzo el Gobierno y las FARC, anunciaron al país que este componente internacional de verificación estará encabezado por el ex presidente español Felipe González y el ex presidente uruguayo Pepe Mujica, con el apoyo técnico del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, de los Estados Unidos, y de una Secretaría Técnica a cargo del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

En el marco de esta designación, el CINEP/Programa por la Paz, siguiendo las prioridades de la Compañía de Jesús, continuará apostando, como lo realiza desde hace cuarenta y cinco años, por la trasformación política de los conflictos sociales del país, buscando una paz con justicia social, basada en el respeto y realización de los derechos humanos, la promoción de la responsabilidad y la participación ciudadana, y el reconocimiento de las diferencias territoriales, étnicas y culturales. 

* Editorial presentada el domingo 2 de abril del 2017, en el programa radial de RCN “Notas humanas y divinas”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director general Cinep/Programa por la Paz
 
 

La vida sin armas

A tiempo con el cronograma acordado, con la entrega de 137 armas de guerrilleros que hacen parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación inicia dejación de armas de las Farc.

El monitoreo de la dejación de armas está a cargo de la Misión Naciones Unidas y comienza con el registro e identificación del armamento, de manera simultánea en todas las zonas y puntos transitorios, en la primera fase se entregarán el 30 % de las armas, en la segunda otro 30% y en la fase final el 40% restante. La recolección de armas concluiría el 29 de mayo.  

Según la Misión de Naciones Unidas “En la primera fase recibirá las armas de los guerrilleros miembros del Mecanismo de Monitoreo y Verificación en paralelo empezará el proceso de planeación y verificación de la destrucción del armamento inestable, como municiones, minas y explosivos”.

La Misión hace el registro del armamento para conocer la cantidad y el tipo, identificará  las características de cada arma y las depositará en contenedores cerrados con doble llave, posteriormente sacará el armamento de las zonas veredales. Al concluir el proceso de dejación se destruirá las armas para posteriormente construir tres monumentos en La Habana, Nueva York y Colombia.

Para Fernando Sarmiento, investigador del Cinep/PPP “hay un esfuerzo de las partes por dar cumplimiento al cronograma que quedó acordado, sin embargo hay que mirar en dos niveles: un nivel técnico de lo que significa el proceso que tiene que hacer Naciones Unidas en la recepción e identificación de las armas, inventariar, dar custodia y guardar para los efectos posteriores de construcción de monumentos. El otro aspecto que hay que mirar es más político, de lo que representa la entrega de armas, que las Farc hayan cumplido con la primera fecha de entrega de armamento es muy importante para dar confianza al proceso, demostrar que hay un compromiso y así también exigir cumplimiento por parte del Gobierno”.

“Todo lo que vaya sucediendo en términos de cumplimiento de acuerdos con las Farc va a repercutir en el proceso con el ELN, lo mejor que pueden hacer las partes es cumplir con lo acordado porque es el mejor mensaje para el proceso en curso con el ELN” concluyó Sarmiento.

Entrega o dejación

Es una diferencia política, porque no es lo mismo que un ejército que no ha sido vencido se enfrente a una negociación en esos términos, no pueden hablar de entrega de armas, porque la entrega de armas tiene la connotación de haber sido vencido y entregar al vencedor.

Las Farc plantearon el concepto de la dejación de las armas, que es un acto unilateral, en el marco de la negociación ellos deciden dejar las armas y no las van a entregar a su adversario histórico, las entregas simbólicamente a un ente de confianza que son las Naciones Unidas, se las depositan a ellos con un fin, crear un acto simbólico: la construcción de tres monumentos.

Hay una diferencia en la connotación de la dos palabras, pero que se refieren especialmente a lo que significa para las Farc hacer el proceso de transición a la vida política, no como un ejército vencido sino como un ejército que da el paso a la vida civil dejando las armas a un lado para hacer el ejercicio de la política, un acto simbólico de transición a la vida sin armas.

Jennipher Corredor
Equipo Comunicaciones

El segundo punto del acuerdo de La Habana, Participación política: apertura democrática para construir la paz, establece algunos parámetros que, según las delegaciones, amplían las posibilidades de los diferentes sectores sociales para  tener una participación más amplia y efectiva.

En uno de sus apartes, relacionado con la participación de la sociedad civil, plantea la presentación de un proyecto de ley al Congreso de la república en el que se brinden garantías para esa participación. Dentro de este punto, se solicitó al Cinep/PPP y a otras dos organizaciones su apoyo para lograr que el proyecto que se presente sea acorde a las necesidades de las comunidades del país.  Magda López, investigadora del equipo de Iniciativas de paz y Marco Fidel Vargas, investigador de equipo de educación, hablan del trabajo que han desarrollado ante la solicitud de la mesa de negociaciones.

¿Por qué desde la mesa de La Habana se solicita al Cinep/PPP apoyar en este punto?

Magda López

Hay que señalar el trabajo en temas de investigación, educación, acompañamiento y presencia en los territorios que ha hecho el Cinep y el Programa por la Paz durante muchos años. Ese trabajo fue reconocido en la mesa de negociación en La Habana, tanto por la delegación de las Farc como la del gobierno. Nos reconocen como un actor de la sociedad civil que lidera, que impulsa, que denuncia. Y como un centro de pensamiento que acompaña a las víctimas y a las comunidades más afectadas por el conflicto. Resaltaron mucho el trabajo en derechos humanos y el registro que se lleva desde el banco de datos de las violaciones a estos en diferentes partes del país.

¿Cómo llega el Cinep/PPP a la mesa?

Nosotros llegamos a la mesa por diferentes trabajos veníamos desarrollando en los últimos años. Uno de ellos fue un consulta ciudadana organizada por Foro nacional por Colombia y por petición del Alto Comisionado para la Paz sobre reconciliación y convivencia. Nosotros hicimos la secretaría técnica y a partir de ese momento hicimos el contacto con estas organizaciones.

¿Cuál fue la solicitud que les hicieron?

Tres organizaciones (Foro nacional por Colombia, Viva la ciudadanía y Cinep/PPP) fueron llamadas a acompañar uno de las tareas que quedaban para la implementación. Esta quedó enmarcada en el punto 2 del acuerdo y tiene que ver con la creación de un proyecto de ley de garantías de la participación ciudadana, la movilización y la protesta social y otras actividades que pueden hacer las organizaciones sociales.

Según lo estableció la mesa de conversaciones de La Habana, había un llamado a las tres organizaciones para que diseñaran una metodología de cara a la convocatoria de un espacio nacional en el que se pudieran recoger diferentes insumos que dieran los lineamientos para este proyecto de ley.  Cada una de las organizaciones no hemos repartido la recolección de una serie de insumos temáticos de acuerdo a las experticias y experiencias de cada organización, que se discutirán en cada una de las mesas en el espacio nacional y en los espacios territoriales.

¿Cuál es la agenda o cronograma que tienen?

El consejo Nacional de Participación ha nombrado sus delegados. Con ellos, en estos días, estamos organizando los eventos regionales. Los resultados de estos eventos debemos presentarlos, a más tardar, el 31 de marzo. Es decir, los lineamientos para el proyecto de ley debemos entregarlos para esa fecha. El encargo de La Habana, para las tres organizaciones, termina con la entrega de ese documento que recoge los aportes de las organizaciones de la sociedad civil de las diferentes regiones del país.

 La participación ciudadana en Colombia

En 2015 se expidió la ley 1757 que busca promocionar y proteger el derecho a la participación ciudadana. Esta ley presenta las formas institucionales de participación, regula las iniciativas populares y los mecanismos de participación (referendo, plebiscito, consulta popular), sin embargo, no brinda garantías reales para el ejercicio de la participación pues no están explícitamente mencionadas. Esta ley reconoce que la participación ciudadana se expresa a partir de mecanismos institucionales, pero también la movilización social y la organización ciudadana hacen parte de la participación, y por lo tanto deben ser oídas por los mandatarios locales, regionales y nacionales.

Dentro de la normatividad estipulada en la ley, se crea el Consejo Nacional de Participación. Este se encarga de orientar al gobierno nacional en temas relacionados con la participación de diferentes sectores sociales. Esta instancia trabaja con las tres organizaciones designadas por la mesa de La Habana y su rol es el de liderar la convocatoria al espacio nacional y acompañar en los espacios regionales la discusión para tener claridad de las propuestas de las comunidades.

 En el punto 2.2.1. del acuerdo final, les solicitan organizar el espacio nacional. ¿Cuál es la metodología para estos espacios de debate?

Marco Fidel Vargas

Lo primero será dividir los nueve temas planteados en mesas por sectores. Allí se organizarán las organizaciones dependiendo el tipo de temática que trabajen. Luego se identificarán las fallas, falencias u obstáculos que tiene la sociedad civil y que no les propicia una participación efectiva. Una vez identificadas, las mismas organizaciones presentarán sus propuestas que les permitan superar esos obstáculos y poder tener garantías. De ahí en adelante  la tarea es de las tres organizaciones (Foro nacional por Colombia, Viva la ciudadanía y el Cinep/PPP) para sistematizar esas propuestas y presentarlas al espacio nacional categorizadas.

Dentro del acuerdo les piden los lineamientos para el proyecto de ley  que dé garantías a la participación ¿Cuáles deben ser esas garantías?

Esas garantías deben girar en torno a habilidades que tienen las comunidades en las regiones del país, al tipo de institucionalidad que debe asumirlas, que deben garantizar que existan las garantías, las condiciones para exigir los derechos cuando sean vulnerados, los instrumentos de protección para que constantemente las comunidades puedan exigir  y el acceso a la participación que deben tener todas las regiones de acuerdo a su propio contexto.

¿Cuál es el conducto para llevar las propuestas de las comunidades al proyecto de ley?

Vamos a convocar entre 4 y 6 espacios regionales donde las organizaciones de la sociedad civil van a llevar sus propuestas. De allí se elegirán representantes para el espacio nacional. El documento de sistematización de estos eventos se llevará a una comisión de diálogo en la que se redactará el primer borrador del proyecto de ley. Luego, ese borrador se entrega a las delegaciones de gobierno y de las Farc para que lo revisen. Allí se pueden hacer las correcciones necesarias y cuando ambas partes estén de acuerdo  entregan el documento al Ministerio del Interior para que radique el proyecto en el Congreso. Allí la discusión se hará por Fast track y una vez aprobada la ley, pasará a la Corte Constitucional que la dejará en firme.

Luego de entregar los lineamientos ¿el Cinep/PPP piensa hacer algo más?

El mandato de la mesa es entregar los lineamientos. Sin embargo, hay llamados desde diferentes sectores para que las tres organizaciones y el Consejo nacional de participación sigan haciendo el monitoreo y seguimiento al proyecto de ley. La gente en la experiencia sabe que muchas veces participan en los espacios de discusión, pero cuando la discusión llega al legislativo o a los entes de toma de decisiones, no hay fidelidad o no concuerda lo que la gente dijo con el texto final que aprueban. Estamos esperando si nos es posible participar en esa otra discusión.

 

 Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

 

 

Aunque los diálogos de paz ente el Gobierno nacional y las Farc-EP se extendieron por casi cuatro años, ante otras experiencias internacionales es una de las negociaciones más rápidas, si se compara por ejemplo con Guatemala y El Salvador que tardaron más de diez años o Irlanda del Norte que estuvo negociando por más de veinte.

La corta negociación no necesariamente implica un periodo equivalente de implementación. Los contratiempos se han hecho evidentes, desde el triunfo del No el pasado 2 de octubre cuando se esperaba iniciar la implementación de lo acordado con la guerrilla al otro día de la refrendación en las urnas. La mínima diferencia en los resultados del plebiscito dejó incertidumbre en la ciudadanía que apoyaba lo ya acordado, ante la zozobra se volcó a las calles exigiendo Acuerdo Ya, mientras tanto la comunidad internacional veía con preocupación la situación, optó entonces por conceder al presidente Santos el Nobel de Paz y darle el apoyo para llevar a buen término un nuevo acuerdo.

Empezaron las nuevas negociaciones, incluyendo las más de 500 propuestas de los líderes del No, Gobierno y Farc revisaron los temas e hicieron precisiones, el 24 de noviembre firmaron un nuevo Acuerdo Final y el Congreso lo refrendó definitivamente el 30 de noviembre.

Llegó el día D, con él la implementación de los acuerdos y la movilización de las Farc a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización- ZVTN- y Puntos Transitorios dispuestos para la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil, el número de zonas se redujo y se estimaba que para finales de diciembre llegaran todos los guerrilleros a las zonas, sin embargo, hasta la semana pasada concluyó el tránsito pero persisten los inconvenientes y retrasos logísticos en la adecuación de las zonas.

Polarización presente

Los reveses de la implementación incluyen tanto los incumplimientos en las zonas veredales por parte del Gobierno como los sectores inconformes con el acuerdo de paz que continúan debatiendo modificaciones, hechos que acentúa la polarización. La situación se agrava de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

En el informe de Interntional Crisis Group ‘Bajo la sombra del No: la paz en Colombia después del plebiscito’, presentado en Cinep/PPP el pasado 23 de febrero, se afirma que “el apoyo político al nuevo acuerdo es débil y, posiblemente, saldrá a relucir aún más cuando inicien las campañas políticas para las próximas elecciones presidenciales de 2018. La implementación completa del acuerdo no está, por lo tanto, todavía garantizada. A pesar de ello, el gobierno y las FARC tienen una ventana de oportunidad durante los próximos 18 meses para consolidar, a través de la implementación, un apoyo al proceso que incremente los costos políticos de truncarlo a partir de mediados del 2018.” (Ver informe completo)

“El discurso autocomplaciente que ha surgido del triunfo del No, no puede hacer perder de vista que el uribismo es realmente un fenómeno político que tiene altísimas probabilidades de ganar las elecciones del 2018 y esto quiere decir que al perder espacio es pertinente garantizar un estatuto a la oposición por la incertidumbre que hay, y dejar de pensar que el estatuto de oposición en Colombia va a ser una concesión concreta al movimiento político de las Farc” aseguró Víctor Barrera, investigador del Cinep/PPP durante la presentación del informe.

 

 

Otro de los retos para la implementación está en las instituciones, para Kyle Johnson, investigador de International Crisis Group se evidencia “falta de capacidad local en las instituciones que tienen que implementar el tránsito de la guerra a la paz,  el acercamiento del Gobierno Nacional se hace de arriba hacia abajo, la paz territorial es algo que se manda desde el centro. Las peleas y desacuerdos de coordinación y articulación con las entidades, son un reflejo de la polarización, hay desacuerdo en cómo debería ser la paz”.

Finalmente un reto que ha encendido las alertas es la violencia a nivel local, el asesinato de líderes y defensores de derechos humanos en conjunto con las acciones persistentes de los grupos armados hacen que no haya paz en los territorios. El llamado es para crear sinergias a partir de un espacio de diálogo despolitizado entre sociedad civil, Gobierno y comunidad internacional para luego pasar a la acción y protección.

 

Concluye el informe, que si los esfuerzos para implementar el acuerdo no sobrepasan estos obstáculos algunos puntos acordados pueden estar condenados al fracaso antes incluso de que tengan alguna posibilidad de éxito. 

Jennipher Corredor
Equipo Comunicaciones

19 zonas veredales y siete puntos transitorios se han dispuesto para cumplir con el objetivo del cese al fuego, bilateral y definitivo, la dejación de armas y la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

 

Elaboración y fotografía: Jennipher Corredor Sánchez