Nov 18, 2017

El 13 de septiembre se llevó a cabo el Conversatorio "Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz" que permitió el encuentro entre Senadores, Delegados de Ministerios, Representantes de comunidades y Organizaciones sociales en el Congreso de la República para que se expresara la preocupación colectiva frente al aplazamiento del trámite para la aprobación de las CTEP.

  

 

 

María Gabriela Novoa

Equipo de comunicaciones 

Desde inicios de abril, cuando el Congreso de la República concilió el acto legislativo, los magistrados de la Corte Constitucional estudian el decreto que establece la justicia transicional para los miembros de las Farc para definir si dicho documento se ajusta a la constitución política del país. Este es tal vez el punto más discutido de los acuerdos. Tanto así, que la máxima corte por primera vez en su historia realizó una audiencia pública de dos días para escuchar las voces de diversos sectores que se pronuncian sobre la JEP. Con estos conceptos, la corte deberá votar en las próximas semanas y decidir el futuro jurídico, no solo de los miembros de las Farc, sino de militares y terceros civiles que deben responder ante la justicia por hechos enmarcados en el conflicto.

A continuación presentamos puntos más polémicos que se presentaron ante la Corte Constitucional.


 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

En el Diálogos Cinep/PPP del pasado 3 de mayo, el tema principal fue la justicia en los casos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia. A propósito de los veinte años del asesinato de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado, Cinep/PPP comienza este mes de rememoración con el tema de los mecanismos de justicia para resolver los casos de líderes y defensores asesinados, que han aumentado en los últimos meses.

Este diálogo tuvo como invitados a Gustavo Gallón, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas; Luz Marina Monzón, abogada de víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; Camilo Borrero, profesor de la Universidad Nacional y compañero de Mario Calderón y Javier Giraldo, jesuita e investigador del banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP. La moderación estuvo a cargo de Alejandro Angulo, jesuita e investigador del Cinep/PPP.

Giraldo S.J, haciendo alusión a la violencia política que ha causado tantas muertes y despojos en nuestro país, dijo que "vamos cada vez descubriendo que vivimos en una sociedad diseñada por los victimarios". Otra de las ideas con más fuerza de este diálogo fue la propuesta que hizo Alejandro Angulo S.J. desde su moderación: "que esta memoria no sea una memoria triste, sino que sea una memoria creativa" haciendo un llamado a la diversidad de formas que tenemos los colombianos para exigir justicia.

Por su parte, Luz Marina Monzón, abogada de víctimas, se refirió al asesinato de líderes y defensores como un ataque a la visibilización de las desigualdades, de las injusticias y de los abusos, y reforzó que "detrás de los asesinatos de los defensores de Derechos Humanos está el interés de seguir imponiendo un modelo económico y político".

Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, resaltó que a pesar de las dificultades que se han presentado con el proceso de paz, el avance por la construcción de la paz es muy superior a lo que tenía el país hace veinte años. Además, recordó a los investigadores del Cinep asesinados: "si Mario y Elsa estuvieran presentes, nos dirían que hay que seguir adelante, y eso es lo que ha hecho la comunidad de Derechos Humanos".

A propósito de este asesinato, Camilo Borrero recordó los veinte años de impunidad de este crimen, y la responsabilidad que aún tiene el estado con su familia y con la sociedad para esclarecerlo, pues aún no se ha dado con los autores intelectuales. A pesar de ello, Borrero afirmó que: "con todo en contra, pero con el espíritu a favor, tenemos la posibilidad de que la impunidad quede atrás, porque lo que está en juego no es un ajuste con el pasado, sino lo que queremos para el futuro, por eso es nuestro deber participar ahora".

Al concluir este diálogo, varios de los invitados coincidieron que la sociedad tiene un compromiso enorme para construir la paz en este momento. Y el estado la responsabilidad de no permitir que la impunidad siga siendo un común denominador en los casos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. Con este evento, el Cinep/Programa por la Paz da apertura al mes de conmemoración de los 20 años del asesinato de Mario Calderón, Elsa y Carlos Alvarado.

Asista al próximo evento: De la comunicación, la paz y la construcción de opinión pública. Una reflexión a propósito del legado de Elsa Alvarado

 Vea aquí la transmisión del evento:

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones

Por: John Montoya, SJ*

Se debaten intensamente en el Congreso de la República los actos legislativos y las leyes de implementación del Acuerdo de Paz relativas a los mecanismos de adjudicación de responsabilidad de los victimarios por las violaciones a los derechos humanos y al reconocimiento de los derechos de las víctimas. Mediante el uso de la figura del “fast track” se hizo la Ley 1820/2016 “por medio del cual se dictan disposiciones sobre amnistías, indulto, y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”. Igual procedimiento se está utilizando en la expedición de otras normas fundamentales de justicia rectificadora como la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la ley que regulará la Comisión de la Verdad.

La pregunta inexorable que debe abordarse en todo proceso de negociación de paz, con consecuencias durante la transición, es cómo enfrentar las atrocidades de un pasado de confrontación armada y cómo garantizar que éstas no se repitan.

A mi juicio, la respuesta a esta pregunta ha puesto un excesivo énfasis en la dimensión retributiva de la justicia —llamada también rectificadora—, es decir, la que se ocupa de enjuiciar los graves crímenes cometidos durante el conflicto, incluyendo su versión más restauradora en la Comisión de la Verdad. Uno de los peligros que tiene la transición hacia la paz es limitar la justicia a su función rectificadora, esto es, a la sanción de los victimarios, al mero reconocimiento de los derechos de las víctimas y a la pretensión de conocimiento de la verdad, que es difícil de lograr. Considero, como explicaré adelante, que una inflación desmedida en las pretensiones rectificadoras de la justicia, podría no ayudar lo suficiente en este camino de transición a la paz.

Una revisión de la literatura sobre el impacto de los juicios a las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en países en transición, sobre todo en América Latina, nos muestra  caminos diversos de comprensión.

Un primer grupo de académicos en los años ochenta, entre los cuales se destacan Huntington, O’Donnell, Schmitter, quienes estudiaron casos de transición en América Latina, argumentan que los juicios criminales por violaciones a los DDHH son políticamente insostenibles y lesionan las nuevas democracias. Huntington sostiene, por ejemplo, que los juicios deben hacerse tan pronto comience el período de transición, pues “la justicia ha de llegar pronto, o definitivamente no llega”.[1]

Otros autores sostienen que “rehusar amnistías e insistir en persecución criminal, puede prolongar el conflicto, resultar en más muertes, destrucción y sufrimiento humano” (Shar).

En términos generales estos autores plantean la estrategia del “mal menor”, es decir, solo investigar y castigar las graves violaciones a los derechos humanos.[2] Aun así, mantienen cierto pesimismo acerca de los efectos negativos que puedan causar estos juicios a la democracia.

De otro lado, Snyder y Vinjamuri son igualmente pesimistas con la aplicación de la justicia internacional después de la expedición del Estatuto de Roma que impone el cumplimiento de estándares mínimos de justicia para los países en transición. Según ellos, los juicios criminales por graves violaciones a los derechos humanos o al DIH incrementan la posibilidad de futuras atrocidades, exacerban el conflicto y lesionan los esfuerzos por construir democracia.[3]

Una aproximación distinta nos presenta Kathryn Skkink.[4] Esta autora hizo seguimiento empírico a 17 países de América Latina en transición entre 1983 y 2004 que tuvieron juicios criminales por abusos a los DDHH en el pasado. Los datos empíricos demostraron que ninguno de estos países entró en período de desestabilización política, retornó a dictaduras o al conflicto interno por causa de enjuiciamiento a responsables de violaciones de DDHH. Se creyó por ejemplo que el arresto de Pinochet en Londres terminaría en golpe de Estado y, por lo tanto, el retorno del régimen militar a Chile. No ocurrió así. Igualmente en Argentina hubo temor de regreso de los militares al poder —quienes gozaban de apoyo popular—cuando Jorge Videla fue sentenciado a cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos. Tampoco se concretó tal temor. Los hallazgos de Skkink han demostrado que en los 17 países donde se han llevado a cabo juicios criminales por violaciones a los derechos humanos, 14 han mejorado el respeto por estos. Para esta académica, el tiempo durante el cual se juzgaron violaciones a los derechos humanos fueron momentos de gran intensidad política y de alguna manera esto contribuyó  a la transición hacia la paz y la democratización de sociedades que han experimentado intensos conflictos o regímenes autoritarios.[5]

En medio de este acalorado debate no solo académico sino en la arena política como lo hemos visto en Colombia, nos preguntamos, entonces, ¿cuál es la justicia que una sociedad en transición requiere para conseguir la paz y consolidar la democracia?

No hay duda que la discusión más fuerte en el proceso de paz de la Habana ha girado alrededor de la justicia rectificadora. Todo parece indicar que la fase de implementación del Acuerdo seguirá la misma dirección. De hecho, es poco el seguimiento de los medios, el debate público y el interés de la opinión pública por la mayoría de las provisiones del Acuerdo de Paz que tienen que ver con el compromiso del Estado de saldar deudas históricas con los campesinos y las minorías étnicas, y dar garantías para la participación en política de sectores políticos tradicionalmente marginados y estigmatizados. Así las cosas, la justicia ha quedado reducida a qué tanto enjuiciamiento habrá para las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario dejando de lado otras dimensiones de la justicia indispensables para garantizar el tránsito a una paz duradera y a la democratización de nuestro país.

Una investigación llevada a cabo por la profesora Rettberg de la Universidad de los Andes publicada en 2008, muestra los siguientes resultados a esta pregunta: “… para qué son los juicios contra los responsables de los diferentes crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano”. La respuesta es tan interesante como sorprendente: el 41.1 % respondió para conocer la verdad, el 26.1% respondió para permitir que las personas puedan volver a convivir, el 12.9%  afirmó no tener una respuesta, el 11% contestó para perdonar los actos cometidos, el 4.4 % para vengar los actos cometidos y el 4.3% para olvidar lo ocurrido.[6]

En esta investigación se le pregunta a las víctimas qué formas de reparación prefieren. Contestaron: cubrimiento de sus necesidades económicas y de la familia (45.5%), conocer la verdad de lo que ocurrió (44.0%), compensación  monetaria (37.8%), el juzgamiento de los responsables (26.6%), y en último lugar está la petición de perdón (5.1%).[7]

En pocas palabras, las víctimas entrevistadas quieren conocer la verdad y cubrir sus necesidades económicas. Poco más del 25% de las víctimas quieren el juzgamiento de sus victimarios.

Ahora vayamos al Acuerdo de Paz. Su lectura atenta nos permitirá advertir que entre las 582 disposiciones  aproximadamente, 236 tienen que ver con temas de desarrollo y la garantía de los derechos humanos por parte del Estado.

Así las cosas, la justicia rectificadora (o lo que es lo mismo la penal, punitiva o retributiva), por si sola, no solucionará los complejos problemas relacionados con el conflicto armado que nosotros como sociedad debemos comenzar a resolver para transitar de la larga confrontación armada a un período de construcción de paz y fortalecimiento democrático.

El período del posacuerdo que ya estamos viviendo reclama urgentemente acciones conjuntas del Estado y la sociedad civil, al nivel que a cada uno le corresponde, para el fortalecimiento de otras dos dimensiones de la justicia. Son estas:

1). La justicia entendida como el imperio del derecho (the rule of law), o la justicia legal. Esto es el fortalecimiento del aparato de justicia: imparcial, independiente, eficiente y protectora de los derechos humanos. Una justicia con capacidad de ejercer control sobre los poderes públicos y que garantice un elemento fundamental en toda democracia: la responsabilidad de quien ejerce la autoridad y los ciudadanos.

El fortalecimiento del imperio del derecho también implica la defensa de todos los ciudadanos en todo el territorio nacional por parte de la Fuerza Pública. Esto significa en Colombia detener el avance vertiginoso de grupos criminales (neo-paramilitares como les denominan unos, o bacrim, como les dicen otros)que están copando los territorios que ya no controlan las Farc.

2). La justicia distributiva, entendida como la acción del Estado que garantiza los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y se ocupa de aminorar la discriminación y desigualdad, factores íntimamente asociados al conflicto colombiano.

Rama Mani, quien ha trabajado temas de teorías de la justicia en sociedades en conflicto, sostiene que un extremado acento en la justicia rectificadora no favorece la paz puesto que es imposible satisfacer los derechos de todas y cada una de las víctimas en un conflicto.[8] Piénsese por ejemplo en el número de víctimas del conflicto colombiano. Son más las víctimas que quedan por fuera de los procesos de la justicia rectificadora que los que tienen un rol activo dentro de los juicios por violaciones a los derechos humanos. En Colombia tenemos como ejemplo los pobres resultados de la Ley de Justicia y Paz.  

La JEP como mecanismo de justicia transicional que se debate en el Congreso, comparte el simbolismo e imperfecciones de la Justicia Penal Internacional que ha hecho de “gran hermana” en el proceso de paz colombiano. La realidad es que el Estatuto de Roma y todo su sistema jurídico sancionatorio —al que tanto se le teme en el tercer mundo y donde en realidad se aplica— es tan paquidérmico, burocrático, selectivo y politizado, como nuestra justicia colombiana. De ahí la urgencia de descentrar este debate sobre la justicia en su dimensión retributiva o rectificadora y poner un especial énfasis en el fortalecimiento de la justicia legal y distributiva. Así está contemplado en la mayoría de las provisiones del Acuerdo de Paz y esto es lo que quieren las víctimas, según lo demuestran los resultados de la investigación de Rettberg. 

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* Jesuita, Investigador del Cinep.
[1] Huntington, Samuel (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman, Ok: University of Oklahoma Press, p. 228.
[2] O’Donnell, G & Schmitter, Ph (1986). Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions About Uncertain Democracies. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, p. 30
[3] Snyder Jack & Vinjamuri Leslie (2003/2004). “Trials and Errors: Principle and Pragmatism in Strategies of International Justice,” International Security 28 (3), p. 353
[4] Skkink Kathryn & Walling Carrie (2007). “The Impact of Human Rights Trials in Latin America.” Journal of Peace Research, Vol. 44 (4), p. 427-445
[5] Ibid, 432
[6] Rettberg, Angelika (2008). “Reparación en Colombia ¿Qué quieren las víctimas?” Bogotá: Panamericana Formas e Impresos, p. 86.
[7] Ibid, pp. 69-70
[8] Mani, Rama (2007). “Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War.” Maldon, USA: Polity Press, 87-125.
  

 

A propósito de la discusión adelantada en el Congreso sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, el primer Diálogos Cinep/PPP invitó a expertos para conversar sobre el tema de la justicia en la implementación de los acuerdos. 

El diálogo tuvo como invitados a Rodrigo Uprimny, jurista y experto en derecho constitucional; Judith Maldonado, integrante de Voces de paz y John Jairo Montoya, jesuita e investigador del Cinep/PPP. En la moderación estuvo Diana Durán, editora judicial de El Espectador. 

Para Uprimny "el acuerdo de paz estableció un buen sistema de garantía integral de los derechos de las víctimas, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y el robustecimiento de los programas de reparación. Es único en el mundo que dos partes enfrentadas decidan someter sus crímenes a una jurisdicción que nace del acuerdo", además aseguró que el punto en el que debería existir una presión política es la responsabilidad de mandos superiores, ese es el tema que debe ser corregido. 

Ante las profundas críticas sobre la responsabilidad de mando "es importante conocer los mecanismo que podemos tener las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de víctimas, porque la JEP tendrá en cuenta los informes que presentemos, parte del trabajo que hagamos como aportantes a la Comisión de la Verdad será estar muy vigilantes para que efectivamente los mandos no lleguen a beneficiarse", afirmó Judith Maldonado.

Por su parte el investigador John Montoya, S.J. enfatizó en cuanto al papel de las víctimas que "los juicios hechos en la Ley de Justicia y Paz realmente no cumplieron con su objetivo de proteger a las víctimas, por el contrario fue una ley de impunidad al victimario, no podría adelantarme a lo que va a ocurrir con la Jurisdicción Especial para la Paz, pero en lo que concierne a las víctimas y al rol que van a tener en el proceso, considero que será similar, las víctimas no cuentan, la sociedad civil no tiene participación, no le auguro un buen futuro a las víctimas porque estamos en una sociedad sobrevictimizada y los casos que llegarán a la JEP serán pocos".

Al concluir el diálogo los invitados coincidieron en los retos que tiene el Congreso para tramitar de manera prioritaria y especial las normas de la Jurisdicción.

 Ver video de los Diálogos Cinep/PPP