Oct 22, 2017

Desde inicios de abril, cuando el Congreso de la República concilió el acto legislativo, los magistrados de la Corte Constitucional estudian el decreto que establece la justicia transicional para los miembros de las Farc para definir si dicho documento se ajusta a la constitución política del país. Este es tal vez el punto más discutido de los acuerdos. Tanto así, que la máxima corte por primera vez en su historia realizó una audiencia pública de dos días para escuchar las voces de diversos sectores que se pronuncian sobre la JEP. Con estos conceptos, la corte deberá votar en las próximas semanas y decidir el futuro jurídico, no solo de los miembros de las Farc, sino de militares y terceros civiles que deben responder ante la justicia por hechos enmarcados en el conflicto.

A continuación presentamos puntos más polémicos que se presentaron ante la Corte Constitucional.


 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

En el Diálogos Cinep/PPP del pasado 3 de mayo, el tema principal fue la justicia en los casos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia. A propósito de los veinte años del asesinato de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado, Cinep/PPP comienza este mes de rememoración con el tema de los mecanismos de justicia para resolver los casos de líderes y defensores asesinados, que han aumentado en los últimos meses.

Este diálogo tuvo como invitados a Gustavo Gallón, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas; Luz Marina Monzón, abogada de víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; Camilo Borrero, profesor de la Universidad Nacional y compañero de Mario Calderón y Javier Giraldo, jesuita e investigador del banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP. La moderación estuvo a cargo de Alejandro Angulo, jesuita e investigador del Cinep/PPP.

Giraldo S.J, haciendo alusión a la violencia política que ha causado tantas muertes y despojos en nuestro país, dijo que "vamos cada vez descubriendo que vivimos en una sociedad diseñada por los victimarios". Otra de las ideas con más fuerza de este diálogo fue la propuesta que hizo Alejandro Angulo S.J. desde su moderación: "que esta memoria no sea una memoria triste, sino que sea una memoria creativa" haciendo un llamado a la diversidad de formas que tenemos los colombianos para exigir justicia.

Por su parte, Luz Marina Monzón, abogada de víctimas, se refirió al asesinato de líderes y defensores como un ataque a la visibilización de las desigualdades, de las injusticias y de los abusos, y reforzó que "detrás de los asesinatos de los defensores de Derechos Humanos está el interés de seguir imponiendo un modelo económico y político".

Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, resaltó que a pesar de las dificultades que se han presentado con el proceso de paz, el avance por la construcción de la paz es muy superior a lo que tenía el país hace veinte años. Además, recordó a los investigadores del Cinep asesinados: "si Mario y Elsa estuvieran presentes, nos dirían que hay que seguir adelante, y eso es lo que ha hecho la comunidad de Derechos Humanos".

A propósito de este asesinato, Camilo Borrero recordó los veinte años de impunidad de este crimen, y la responsabilidad que aún tiene el estado con su familia y con la sociedad para esclarecerlo, pues aún no se ha dado con los autores intelectuales. A pesar de ello, Borrero afirmó que: "con todo en contra, pero con el espíritu a favor, tenemos la posibilidad de que la impunidad quede atrás, porque lo que está en juego no es un ajuste con el pasado, sino lo que queremos para el futuro, por eso es nuestro deber participar ahora".

Al concluir este diálogo, varios de los invitados coincidieron que la sociedad tiene un compromiso enorme para construir la paz en este momento. Y el estado la responsabilidad de no permitir que la impunidad siga siendo un común denominador en los casos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. Con este evento, el Cinep/Programa por la Paz da apertura al mes de conmemoración de los 20 años del asesinato de Mario Calderón, Elsa y Carlos Alvarado.

Asista al próximo evento: De la comunicación, la paz y la construcción de opinión pública. Una reflexión a propósito del legado de Elsa Alvarado

 Vea aquí la transmisión del evento:

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones

A propósito de la conmemoración del día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas, William Rozo, investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política habla de la importancia de esta conmemoración y del lugar de las víctimas en la implementación de los acuerdos.

El 9 de abril se conmemora el día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas. ¿Cuál es la importancia de esta fecha?

William Rozo

Cualquier proceso de reconciliación, de tránsito de la guerra a la paz, las víctimas juegan un papel sumamente importante y uno de los aspectos más relevantes es el reconocimiento de las víctimas. Yo creo que en Colombia se ha avanzado bastante en ese campo, comparado con otros procesos en el mundo. Ya hay un reconocimiento de las víctimas, hay avances desde 2010 con la ley de víctimas, la ley 1448 de 2011 y con todos los problemas que pueda tener esa ley, hay avances.

Sin embargo, estamos preocupados un poco porque el mayor número de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia son cometidas por grupos paramilitares y agentes del Estado. En este escenario de reconciliación nos preocupa que el reconocimiento de esas víctimas no es el mejor.

Hay que reconocer que la ley de víctimas por lo menos dejó un día para recordar a las víctimas con todas las críticas que pueda tener, pero es que antes del 2011 no había, ni siquiera se reconocía que había víctimas. Esta fecha del 9 de abril tiene esa importancia de reconocer a las víctimas.

¿Qué consecuencias podría traer ese poco reconocimiento?

Ese escenario es muy grave, porque lo que puede ocurrir es que estas víctimas no se sientan a gusto y empiecen a demandar cuanta norma exista y sobre todo a recurrir a instrumentos internacionales. Ahí habría que hacer una llamado para que todas las víctimas tengan el mismo estatus, el mismo tratamiento, las mismas garantías en el proceso de transición, el mismo nivel de reparación y de reconocimiento.  

Para citar un ejemplo, el pasado 5 de abril se firmó los decretos ley que dan vía a la Comisión de la Verdad  y el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En ese espacio el presidente Santos invitó a seis víctimas, pero ninguna de ellas era víctima de crímenes de Estado. Ese tipo de acciones nos preocupa y yo creo que instituciones como el Cinep/PPP deben hacer un llamado para que las víctimas sean reconocidas en su conjunto pero completas y en igualdad de condiciones y garantías.

Para las víctimas ¿por qué es importante que se creen este tipo de mecanismos como Comisión de la Verdad  y el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas?

Son muy importantes porque en todos los procesos de transición prima la verdad sobre la justicia y la memoria sobre los procesos de sanción. O sea, es más importante que las futuras generaciones sepan qué pasó y que los hechos tengan mucha visibilidad para que no se vuelvan a repetir los mismos errores del pasado a que existan sanciones penales. Es un poco lo que pasa en los procesos de memoria en Alemania o en Argentina, que las nuevas generaciones se den cuenta que no es bueno resolver los problemas por la vía armada. Por eso es tan importante el Museo Nacional de la Memoria y todos los ejercicios de memoria que se están haciendo en el país. Ese es el sentido  y la importancia de la memoria, que nos ayude a mantener un pasado que conectado con un proceso de reconciliación, sea un pasado que nos ayude a solucionar los conflictos de otra manera. La reconciliación y el perdón es poder recordar sin lastimarnos, sin agredirnos. A ese nivel tenemos que llegar, pero eso tarda mucho tiempo y requiere mucho trabajo porque este conflicto dejó y sigue dejando muchas víctimas y mucho dolor.

¿Cómo lograr el reconocimiento de las víctimas de Estado si muchas de estas iniciativas surgen desde las instituciones estatales?

Ese es un desafío. Yo creo que hay de fortalecer mucho las organizaciones de la sociedad civil y que estas ayuden a poner sus recursos y sus esfuerzos para que las víctimas más débiles puedan estar al nivel de las otras en términos de reconocimiento. No es que unas sean más importantes que otras, es que unas están más marginadas que otras. ¿Cómo podemos hacer esa tarea las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento de derechos humanos? Ayudando a organizarlas, fortaleciéndolas, aportando desde nuestros trabajos de investigación para que puedan tener herramientas y puedan empoderarse y tengan más argumentos en sus procesos.

¿Qué beneficios tiene el acuerdo con las Farc para las víctimas?

El acuerdo es un acuerdo político de carácter no vinculante. Este trae unos puntos muy favorables para las víctimas pero lo que es vinculante es la legislación que se hace a partir de la implementación de ese acuerdo.  Por ejemplo, el acto legislativo que modificó la constitución para incorporar ese acuerdo dentro de la jurisdicción colombiana no se corresponde con lo que dice el acuerdo, desconoció completamente a las víctimas. El espíritu del acuerdo no está en el acto legislativo y las víctimas quedaron muy lejos, sin voz ni participación. Lo que hay no nos gusta mucho, pero eso es mejor que nada.

¿A qué se refiere cuando habla de participación?

Por ejemplo, en la Jurisdicción Especial para la Paz no hay manera de que las víctimas tengan acceso a los procesos como sujeto procesal y eso es un derecho fundamental. Cuando hay una agresión obviamente la víctima debe tener representación como sujeto procesal dentro del proceso, ese no es el caso dentro de la nueva legislación. Yo siento que tanto las Farc como loa agentes del Estado le tienen miedo a la voz de las víctimas. Y nuestro deber como organizaciones acompañantes de la sociedad civil es ayudar a que esa voz esté.

¿Cómo será el trabajo del Banco de Datos hacia el futuro?

Nosotros hacemos un proceso de memoria, de salvaguarda de la información de violación a los derechos humanos y devolvemos ese producto como un insumo para que las víctimas lo puedan utilizar como herramienta en su trabajo de reivindicación de derechos. Para el trabajo hacia futuro, el equipo se va a reunir en estos días para reflexionarlo. Nosotros creemos que sí vamos a incidir en la Comisión de la Verdad. Todavía no sabemos cómo porque no se sabe cómo funcionará esta comisión, pero creemos que si estaremos orientados a incidir allí. Otros estamos trabajando en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, desarrollando investigaciones y documentos. Por ahora seguiremos trabajando en la revista Noche y Niebla porque aún las cifras de victimización son alarmantes.

 

Miguel Martínez

Equipo de Comunicaciones

A propósito de la discusión adelantada en el Congreso sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, el primer Diálogos Cinep/PPP invitó a expertos para conversar sobre el tema de la justicia en la implementación de los acuerdos. 

El diálogo tuvo como invitados a Rodrigo Uprimny, jurista y experto en derecho constitucional; Judith Maldonado, integrante de Voces de paz y John Jairo Montoya, jesuita e investigador del Cinep/PPP. En la moderación estuvo Diana Durán, editora judicial de El Espectador. 

Para Uprimny "el acuerdo de paz estableció un buen sistema de garantía integral de los derechos de las víctimas, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y el robustecimiento de los programas de reparación. Es único en el mundo que dos partes enfrentadas decidan someter sus crímenes a una jurisdicción que nace del acuerdo", además aseguró que el punto en el que debería existir una presión política es la responsabilidad de mandos superiores, ese es el tema que debe ser corregido. 

Ante las profundas críticas sobre la responsabilidad de mando "es importante conocer los mecanismo que podemos tener las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de víctimas, porque la JEP tendrá en cuenta los informes que presentemos, parte del trabajo que hagamos como aportantes a la Comisión de la Verdad será estar muy vigilantes para que efectivamente los mandos no lleguen a beneficiarse", afirmó Judith Maldonado.

Por su parte el investigador John Montoya, S.J. enfatizó en cuanto al papel de las víctimas que "los juicios hechos en la Ley de Justicia y Paz realmente no cumplieron con su objetivo de proteger a las víctimas, por el contrario fue una ley de impunidad al victimario, no podría adelantarme a lo que va a ocurrir con la Jurisdicción Especial para la Paz, pero en lo que concierne a las víctimas y al rol que van a tener en el proceso, considero que será similar, las víctimas no cuentan, la sociedad civil no tiene participación, no le auguro un buen futuro a las víctimas porque estamos en una sociedad sobrevictimizada y los casos que llegarán a la JEP serán pocos".

Al concluir el diálogo los invitados coincidieron en los retos que tiene el Congreso para tramitar de manera prioritaria y especial las normas de la Jurisdicción.

 Ver video de los Diálogos Cinep/PPP