Jan 18, 2018

La vida de Mario Manuel Castaño Bravo fue definida por desplazarse y sobrevivir a la violencia, varias veces. Nació hace 55 años en Arboletes, Antioquia. Al Bajo Atrato llegó tras huir de la violencia de Córdoba y Sucre. Años después, en Chocó, a Mario y a su nueva comunidad los despojaron de sus tierras, nuevamente; este episodio doloroso lo convertiría en un líder reclamante. Mario murió el domingo pasado, 26 de noviembre de 2017, asesinado con disparos, frente a su esposa, hijos y nietos.

Mario era uno de los principales líderes del proceso de restitución de derechos territoriales en el Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó. Mario era reconocido por hablar fuerte contra las injusticias, por denunciar a los despojadores y por movilizarse con la población para denunciar y reclamar los derechos de todos.

Su historia en el Bajo Atrato inició en los años setenta, cuando llegó a la zona y encontró un territorio dominado por la selva. Su vocación de trabajo y la disciplina le permitieron asentarse y, junto a varios de sus familiares y compañeros, construyó los cimientos de lo que hoy en día es la comunidad de La Madre Unión.

Desde su llegada a esta zona del Urabá chocoano, Mario se caracterizó por su espíritu emprendedor y su capacidad de adaptación a la geografía agreste de la zona. Convivió con los negros que ocupaban la región desde 1940 y en el día a día, adquirió los conocimientos y prácticas tradicionales y construyó relaciones de hermandad, compadrazgo y trabajo comunitario hasta el punto de autorreconocerse como parte de la comunidad afrodescendiente.

En sus relatos se podía conocer de primera mano la forma en que las parteras recibían a los niños y cómo mitigaban los dolores de las madres con plantas tradicionales que buscaban en el monte. Mario contaba sus historias y con ellas se entendían las dificultades de aprender a recorrer los ríos en champa y canalete. Mario hablaba y se podía sentir la importancia de la solidaridad y el trabajo comunitario entre negros y mestizos para garantizar la supervivencia.

Así, con trabajo constante, consiguió la finca Árbol del Pan, un predio de 166 hectáreas en las que sembraba plátano, arroz y maíz, y cuidaba del bosque nativo, reconociendo la importancia de la conservación de sus “paisanos morenos”.

En el año de 1993 presenció la llegada de los primeros actores armados a la zona. La guerrilla de las FARC comenzó a hacer un trabajo político, invitando a las familias de la comunidad a afiliarse al partido y a participar de las reuniones informativas. Esta presencia se tornó violenta a tal punto que muchas familias tuvieron que abandonar el territorio para evitar las presiones existentes sobre los menores de edad para ingresar a la filas del grupo armado. Mario, como líder de la comunidad, se opuso a esta situación y enfrentó las presiones, lo que produjo que recibiera constantes amenazas en contra de su vida.

En 1997, los rumores de la entrada de grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado generaron gran temor en los habitantes de la zona. Mario se desplazó a la cabecera municipal de Ríosucio y allí permaneció hasta 1999, año en el que decidió volver a Árbol de Pan, la finca que había habitado durante 25 años. A su regreso, Mario encontró que Jesús Vergara Díaz figuraba como nuevo propietario y legítimo dueño de la finca, y que había transformado radicalmente el bosque que él tanto había preservado. Al interpelar a Vergara, Mario descubrió que su predio había sido vendido a este hombre y que, tras amenazas, debía firmar un papel en el que reconocía el negocio, si quería proteger su vida y la de su familia. Los 6’520.000 pesos que el comprador aduce haber pagado por el derecho de propiedad, jamás fueron entregados a Mario.

Ante la situación y la imposibilidad de recuperar su finca, Mario se desplazó, nuevamente, a una casa en la comunidad de Florida. En el año 2000, Mario inició un proceso público de denuncia en contra de los grupos paramilitares y las empresa ganaderas y palmicultoras que, aprovechando el contexto de violencia generalizada, lo despojaron a él y a cientos de familias más de los predios que habían habitado por muchos años. Esta lucha lo llevaría a ser uno de los líderes que participaría en la creación de la primera zona humanitaria en el Consejo Comunitario de Curvaradó, como una estrategia de resistencia y, bajo el derecho de las comunidades afrodescendientes, a permanecer y vivir en paz en su territorio.

Su lucha constante y valiente lo llevó a tomar la decisión de regresar, voluntariamente, a su finca. Dadas las constantes amenazas que él y los líderes reclamantes de la comunidad de La Madre Unión continuaron recibiendo después del retorno, sin acompañamiento del Estado, el 16 de diciembre de 2013, conformaron la zona de biodiversidad de La Madre Abajo.

A partir de esa fecha, Mario se convirtió en uno de los principales líderes reclamantes de tierras de La Larga y Tumaradó. Y con sus reclamos y su exposición pública llegaron nuevas y constantes amenazas, que se mantuvieron los últimos cinco años de su vida. Mario decidió despojarse del miedo y continuar con su trabajo, seguir denunciando a quienes se adueñaron de las tierras. El Consejo está en la espera de que la Unidad Nacional de Tierras radique la demanda de restitución de las 107 mil hectáreas de La Larga-Tumaradó. La lucha para Mario terminó por la fuerza, el domingo, con su muerte. Los demás siguen esperando, despojados de sus tierras y despojados de sus miedos.

 

Astrid Toscano

Es necesario replantear los mecanismos de seguridad y protección para líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia. Esa fue la conclusión a la que llegaron todos los panelistas del foro ¿Por qué defender el territorio cuesta la vida?, realizado el pasado 18 de septiembre en instalaciones de la Universidad Javeriana. En este evento participaron como panelistas académicos, investigadores, defensores de derechos humanos, líderes sociales y organizaciones que acompañan a las comunidades.

Durante la discusión, que giró en tres paneles temáticos, las diversas voces plantearon los riesgos a los que están enfrentados los líderes de procesos asociados a la defensa del medio ambiente y del territorio. Los panelistas se refirieron a las dificultades de enfrentar la violencia cuando el sistema económico nacional tiene bases en el extractivismo. Mencionaron, además, el aumento de diferentes formas de violencia con la salida de las Farc y la disputa de dichos territorios por otros actores ilegales.

Si bien hubo diferencias frente a la sistematicidad de los ataques, para todos era claro que es necesario modificar el aparato estatal dirigido a proteger la vida de las comunidades que participan en la defensa de sus territorios y del medio ambiente.

A propósito de esta discusión, Silvia Pabón, investigadora del Cinep/PPP, y quien participó como moderadora de uno de los paneles, presenta estas reflexiones sobre el panorama actual de la seguridad para los líderes en la región de trabajo del equipo de Gestión del Territorio en el Pacífico y recomendaciones para mejorar los dispositivos de protección.

 

 
 

 

 

El Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU), la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA), el Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Instituto Popular de Capacitación (IPC), y la Pastoral Social - Diócesis de Apartadó Lamentamos y repudiamos profundamente el homicidio del joven reclamante de tierras Jesús Alberto Sánchez Correa, quien pertenecía a la comunidad de Guacamayas, territorio colectivo de La Larga y Tumaradó1, y fue asesinado el pasado sábado 19 de agosto de 2017.

 
 

 

 

Dentro de las acciones del proyecto Cuando tengamos la tierra crecerá la semilla se realizó la segunda reunión de la Mesa de diálogo Multiactor de impulso a compromisos sobre seguridad y protección para reclamantes de tierras en Magdalena. En este espacio se discutieron los avances que han tenido las instituciones estatales en medidas para proteger la vida y la labor de los reclamantes.

En la mesa participaron líderes del Magdalena, instituciones estatales, organizaciones internacionales y organizaciones que acompañan los procesos de restitución de las comunidades de Diana María (Zona Bananera), Chimborazo (Puebloviejo) y Salaminita (Pivijay/Fundación). Para los participantes es importante trabajar en la protección a estas comunidades porque han registrado 142 hechos de violencia contra la población civil entre 2011 y 2016. De estos, dos casos son de homicidios y 109 amenazas directas y dos atentados.

Para las organizaciones convocantes hubo tres elementos que incrementaron la inseguridad a líderes de restitución. El primero es la reorganización de grupos paramilitares, algunos luego de cumplir condenas en Justicia y Paz. El segundo, el desprestigio a la política de restitución de tierras por parte del ex Procurador General Alejandro Ordoñez, ganaderos y terratenientes de la región, que estigmatizaron a los líderes reclamantes de tierras. Y el tercero que  continúan las amenazas a líderes por medio de panfletos y llamadas atribuidas a bandas criminales.

Franklin Ospina, presidente de la Asocarvirtmag, presentó sus preocupaciones por el desmonte de los equipos de seguridad de líderes de la región, llamado frente al que la representante de la Unidad Nacional de Protección afirmó que los estudios de seguridad se revisan constantemente y que se eliminan las medidas cuando los líderes no cumplen los requisitos expuestos en la ley, uno de ellos es la amenaza directa contra la persona.

Ospina también hizo un llamado a las entidades estatales para que las medidas de seguridad que se implementen sean colectivas y no personales, propuesta que fue respaldada por Leonardo Díaz, representante de Somos Defensores quien argumentó que las medidas personales de seguridad generan ruptura del tejido social en las comunidades y no solo legitiman las amenazas sino que no reducen el riesgo para las personas amenazadas.

La Policía Nacional afirmó tener registro de 6798 peticiones de proceso de restitución de tierras en el Magdalena. También alertó sobre la presencia de varios Grupos Armados Organizados entre ellos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Pachenca y los Costeños a quienes se les atribuyen la aparición de 10 panfletos amenazantes contra la población civil y a quienes se les conoce en la región como los ejércitos anti restitución.

Finalmente se lograron algunos acuerdos con los representantes de las entidades participantes para gestionar reuniones, talleres con las comunidades, y construir propuestas conjuntas de prevención y protección que se articulen con las políticas públicas que surgen del acuerdo de paz y que permitan mejorar las garantías para los líderes de procesos de restitución en el departamento.

 
Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones

La situación de abandono del Estado, la pésima administración, la alta corrupción y dependencia política en Buenaventura, el Chocó y en general en el Pacífico, se remonta varios siglos atrás. La relación de Buenaventura con Cali o de Quibdó con Medellín o de Tumaco con Pasto, existe bajo el esquema de una relación colonial de dominación y dependencia y no de una interacción entre iguales. A las comunidades y territorios del Pacífico les ha tocado sobrevivir en medio de la inequidad económica, el empobrecimiento, la exclusión política y el señalamiento étnico-cultural. De otra parte, el aumento del poder político local, por la descentralización, no implicó cambios positivos, al contrario, la mayor parte de la clase política regional del Pacífico se convirtió en uno de los actores más depredadores y corruptos. En este contexto, el paro en el Pacífico es justo.

Sus habitantes están hastiados de tolerar que no tienen ni siquiera acceso a los servicios públicos y sociales más básicos Mientras que Cali, Medellín, Pasto o Bogotá disfrutan de coberturas de los servicios públicos del orden de noventa por ciento en promedio, en Buenaventura, Quibdó o Tumaco solamente llega agua corriente a los hogares algunos días. El índice de pobreza multidimensional en Buenaventura es del sesenta y seis por ciento y el noventa y tres por ciento de la gente vive de economía informal o de economías ilegales mineras, del narcotráfico o del contrabando. A pesar de que la ciudad recibe más de un billón de pesos, uno de los ingresos per cápita más altos del país. La ciudadanía está indignada y esta vez no buscan soluciones de corto plazo, sino estructurales. Exige decretar la emergencia económica y social, pero la respuesta del gobierno ha sido reprimir con el ESMAD.

Por su parte, las Pastorales sociales de las diócesis del Pacífico y las organizaciones étnico-territoriales en un comunicado del veinticuatro de mayo dijeron: “expresamos nuestra solidaridad con las protestas pacíficas en Chocó y Buenaventura y reconocemos en ellas un acto legítimo e impostergable por la vida digna y la paz en todo el Pacífico colombiano. Las protestas hacen visible su realidad social y los repetidos incumplimientos del Gobierno. Las comunidades protestan para reclamar asuntos básicos: educación, salud, agua potable, infraestructura primaria; y por los altos niveles de corrupción, violencia, inoperancia institucional e injusticias socioeconómicas. Asimismo, rechazamos la respuesta represiva y violenta del Gobierno con el uso del ESMAD. La paz debe ser para darle dignidad al pueblo.”

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz