Jul 21, 2017

Editorial: Pacífico es Dignidad

  • Jul 21, 2017
  • Publicado en Prensa

La situación de abandono del Estado, la pésima administración, la alta corrupción y dependencia política en Buenaventura, el Chocó y en general en el Pacífico, se remonta varios siglos atrás. La relación de Buenaventura con Cali o de Quibdó con Medellín o de Tumaco con Pasto, existe bajo el esquema de una relación colonial de dominación y dependencia y no de una interacción entre iguales. A las comunidades y territorios del Pacífico les ha tocado sobrevivir en medio de la inequidad económica, el empobrecimiento, la exclusión política y el señalamiento étnico-cultural. De otra parte, el aumento del poder político local, por la descentralización, no implicó cambios positivos, al contrario, la mayor parte de la clase política regional del Pacífico se convirtió en uno de los actores más depredadores y corruptos. En este contexto, el paro en el Pacífico es justo.

Sus habitantes están hastiados de tolerar que no tienen ni siquiera acceso a los servicios públicos y sociales más básicos Mientras que Cali, Medellín, Pasto o Bogotá disfrutan de coberturas de los servicios públicos del orden de noventa por ciento en promedio, en Buenaventura, Quibdó o Tumaco solamente llega agua corriente a los hogares algunos días. El índice de pobreza multidimensional en Buenaventura es del sesenta y seis por ciento y el noventa y tres por ciento de la gente vive de economía informal o de economías ilegales mineras, del narcotráfico o del contrabando. A pesar de que la ciudad recibe más de un billón de pesos, uno de los ingresos per cápita más altos del país. La ciudadanía está indignada y esta vez no buscan soluciones de corto plazo, sino estructurales. Exige decretar la emergencia económica y social, pero la respuesta del gobierno ha sido reprimir con el ESMAD.

Por su parte, las Pastorales sociales de las diócesis del Pacífico y las organizaciones étnico-territoriales en un comunicado del veinticuatro de mayo dijeron: “expresamos nuestra solidaridad con las protestas pacíficas en Chocó y Buenaventura y reconocemos en ellas un acto legítimo e impostergable por la vida digna y la paz en todo el Pacífico colombiano. Las protestas hacen visible su realidad social y los repetidos incumplimientos del Gobierno. Las comunidades protestan para reclamar asuntos básicos: educación, salud, agua potable, infraestructura primaria; y por los altos niveles de corrupción, violencia, inoperancia institucional e injusticias socioeconómicas. Asimismo, rechazamos la respuesta represiva y violenta del Gobierno con el uso del ESMAD. La paz debe ser para darle dignidad al pueblo.”

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

Organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, etnias y poblaciones rechazan el asesinato de bernardo cuero bravo, fiscal de asociación nacional de afrocolombianos desplazados-afrodes

 
 
 

 

 

El sábado 13 de mayo, a las 2 de la tarde en el barrio Mariscal Sucre conmemoraremos desde allí, los 20 años del asesinato de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado. La junta de acción comunal del barrio Mariscal Sucre, amigos cercanos de los investigadores y de Carlos, habitantes de barrios cercanos y todos los interesados,se reunirán en el parque Mario Calderón, en una jornada de recolección de basuras, siembra de árboles siete cueros, pintada de murales a cargo del colectivo Dexpierte y música y rap en vivo a cargo de Jacob D.M.C. (dj set).

Cinep/Programa por la Paz habló con Dexpierte sobre su trabajo y lo que esperan de esta jornada.

¿Cómo nace el colectivo Dexpierte?

Dexpierte: Surgió hacia mediados del 2010 como parte de un proceso de organización estudiantil que llevábamos a cabo de manera autónoma, en el que nos pensamos las diferentes maneras que comunicar una realidad oculta que aún se mantiene en matices de grises. La historia oculta de Colombia, homenajes a líderes y luchadores políticos que han defendido históricamente el territorio de intereses ajenos a los propios.

En ese momento pensamos en que esto debía darse mediante las expresiones de acciones gráficas en el espacio público, con el fin de comunicar e interpelar aquellas realidades hegemónicas. Es una apuesta colectiva de comunicación, en realidad siempre lo hemos planteado como una invitación abierta a recorrer los olvidos interpuestos con el tiempo, olvidos marcados por la mentira, y el silencio como parte del dominio estructural sobre este pueblo. Es una apuesta gráfica por reconocer la identidad de lo que somos aún en medio de una guerra silenciosa, que intenta perpetuarse a manera de ley o norma.

 ¿Cuáles son sus apuestas y en cuáles proyectos han trabajado?

 D: En este momento las disputas por la memoria se amplían y abren las posibilidades de comunicación directa sobre los hechos que en este país han venido ocurriendo. Las expectativas están puestas en facilitar y servir de comunicadores de esa memoria no oficial en la que más de uno se ve reflejado cotidianamente, pero que aún necesita más color y sensibilidad para que pueda llegar a más personas. No existen finalidades en el colectivo, creo que a largo plazo nos podríamos ver en el mismo ejercicio, sólo que con mayor dedicación. Básicamente durante este tiempo hemos venido trabajando alrededor de estas apuestas colectivas por la memoria y el trabajo en aras de resaltar y dignificar el sentido de lo que somos como país y como región latinoamericana. 

¿Cómo se vinculan al homenaje que desde Cinep/PPP se le está haciendo a Mario, Elsa y Carlos?

D: Nos vinculamos desde los afectos que hemos generado desde hace algunos años que conocimos el caso del asesinato de Mario y Elsa en particular.

Nos vinculamos por el mismo sentido que tiene el colectivo al interpelar en el espacio público el uso y las disputas por la memoria.

El caso de Mario y Elsa es uno de los miles de casos en los que se ve el reflejo de la legitimidad de la impunidad en este país. Uno puede ser asesinado sin que existan responsables puntuales, pero siempre hay una estructura criminal que por acción u omisión, siempre se configurará como la responsable de este tipo de violaciones; este tipo de estructuras son las que nos han venido sometiendo en una guerra histórica durante años.

Por razones como esas creemos en la pintura como un lenguaje más, en el que se pueden relacionar desde las alegrías, las ausencias y los sueños que tenemos de manera individual o colectiva. Mario y Elsa no son sólo dos investigadores del Cinep, son los soñadores que cada uno llevamos dentro como transformadores de esta realidad.

¿Cuál es el mensaje que envían a las personas que quieran participar de este homenaje?

D: En esta ocasión la particularidad de la acción radica en que es una intervención en el parque que Mario Calderón creó hace algunos años y que actualmente se llama paradójicamente “Mariscal Sucre”. La idea es renovar y compartir ese día alrededor de un conflicto que aunque nos apacigua, siempre hay oportunidades para compartir en medio de la pintura, la música y una memoria activa que debe consolidarse en la transformación de nuestra propia realidad.

 

Más sobre Dexpierte:

www.dexpierte.blogspot.com

www.flickr.com/photos/dexpiertecolombia

 

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones



Hace veinte años fueron asesinados en Bogotá, los investigadores del CINEP/Programa por la Paz: Mario Calderón Villegas y Elsa Constanza Alvarado Chacón y su padre el Ingeniero Carlos Alvarado Pantoja. Sobrevivieron a esta masacre, la mamá de Elsa, Elvira Chacón, quien fue herida y el bebé de dos años, hijo de Mario y Elsa.

Como ayer, infortunadamente hoy, millares de asesinatos semejantes suceden en Colombia; impunes, bajo el manto de la inoperancia de la justicia, la presión de quienes la manipulan y la omisión de los indiferentes. Según el último informe del Banco de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, durante el año dos mil dieciséis en Colombia los grupos ilegales del paramilitarismo realizaron quinientas cincuenta victimizaciones, mientras que la policía sumó quinientas cuarenta y ocho, y los grupos armados no identificados realizaron ochocientas treinta y tres.

Un total doloroso y vergonzoso de 1.931 victimizaciones, que, en su mayoría, para el caso de los paramilitares fueron amenazas y ejecuciones. Para el caso de la policía, los mayores hechos de victimización fueron los heridos y detenidos arbitrariamente. Y para el caso de los actores armados no identificados, las victimizaciones se concentraron en asesinatos y amenazas.

Las víctimas en su mayoría son: líderes campesinos y cívicos, miembros de juntas de acción comunal; indígenas, población LGBTI; comunidades negras; líderes del Polo Democrático y de Marcha Patriótica; de organizaciones de víctimas; sindicalistas; líderes de restitución de tierras y ambientalistas, defensores de derechos humanos y maestros. ¿A quiénes les interesa victimizar a los líderes sociales que reivindican sus derechos? ¿Por la magnitud de las violaciones se las puede calificar como casos aislados? ¿Las autoridades civiles, de policía, los organismos de investigación y control no tienen la capacidad para manejar a los actores estatales y para estatales que realizan estas violaciones? ¿Estamos condenados a vivir bajo el miedo mientras están conculcados nuestros derechos ciudadanos? ¿Es esta una nueva fase de la guerra sucia sobre el movimiento social que busca el sometimiento frente al reclamo justo de los derechos?

Jesús en el sermón de la Montaña nos dice “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Justicia, porque ellos serán saciados… Bienaventurados los que padecen persecución por la Justicia, porque de ellos es el Reino dé los cielos”. Jesús nos pide que busquemos con todas nuestras fuerzas la Justicia pues al hacerlo Él estará con nosotros en la lucha contra todos aquellos que solo buscan sus intereses egoístas, pero no quieren el Reino de justicia y amor.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara Director CINEP/Programa por la Paz

En el marco del proyecto Cuando tengamos la tierra crecerá la semilla, el pasado 4 y 5 de mayo se llevó a cabo  la mesa multiactor que discutió los riesgos en seguridad y protección a los que se enfrentan los líderes regionales reclamantes de tierras.

Durante el desarrollo de la mesa dialogaron diferentes actores relacionados con los procesos de reclamación y restitución, entre ellos líderes reclamantes, organizaciones sociales, organismos de control, instituciones estatales, organizaciones acompañantes  y comunidad internacional. Se presentaron 6 casos de procesos de reclamación de tierras en la zonas de Urabá (Antioquia), Bajo Atrato y Darién Caribe (Chocó).

La discusión se centró en los aspectos de seguridad y protección para las personas que lideran este tipo de procesos, pues siguen siendo víctimas de amenazas, atentados y asesinatos.  “En el posconflicto debe primar la protección colectiva a las comunidades, mucho más a nosotras las comunidades reclamantes de tierras porque actualmente seguimos en riesgo” afirmó uno de los asistentes.  Los riesgos fueron enumerados por los líderes de cada proceso y se encontraron seis características comunes en todos los casos. Estos son:

  1. Presencia de actores armados ilegales en los municipios
  2. Convivencia entre grandes ocupantes, actores armados y actores estatales en la región
  3. Criminalización de los líderes y de los procesos de reclamación de tierras
  4. Hechos de violencia contra reclamantes (Amenazas, atentados)
  5. Afectaciones socio ambientales – Minería ilegal, contaminación de fuentes de agua, deforestación
  6. Desarticulación institucional – Vacíos en medidas de protección a reclamantes y colectivas
  7. Poca eficacia en procesos judiciales frente a las redes de despojo

El punto central, y en el que todos estaban de acuerdo, fue que no es suficiente con la entrega de los títulos a las comunidades reclamantes, se requieren otro tipo de medidas y acompañamientos que les permitan a dichas comunidades seguir viviendo en los predios que les devuelvan. “No basta solo con la entrega de títulos, la prevención  y acompañamiento debe ser integral para las comunidades en sus procesos” expuso el representante de Somos Defensores.

Los líderes de procesos de restitución reclamaron a las instituciones por la falta de garantías de seguridad, tanto individual como colectiva, que viven en sus municipios. Si bien algunos de ellos cuentan con escoltas, camionetas, chalecos antibalas y celulares satelitales, la mayoría de las comunidades no tienen protección. “Por nuestras casas pasan hombres con camuflado y fusiles amenazándonos para que abandonemos los procesos de restitución de tierras que nos fueron quitadas o compradas a muy bajo precio y que hoy son propiedad de grandes poseedores” afirma uno de los líderes. “Sabemos que las amenazas no son contra nosotros como personas, sino contra el proceso en sí. Siempre buscan atentar contra el líder más visible para que las demás personas se intimiden y dejen de luchar” agrega otro líder.

Frente a este tipo de intimidaciones, preocupó a los asistentes una de las declaraciones del representare de la Unidad Nacional de Protección quien dijo que anualmente se priorizan 15 casos de protección colectiva y que para poder acceder a esta modalidad, deben postularse para el próximo año. “Nos preocupa la seguridad de nuestras comunidades. Yo puedo tener camioneta y escolta, pero ni mi familia ni los demás integrantes de la comunidad los tienen y eso puede determinar la continuidad de algunos de ellos en el proceso” dijo uno de los asistentes.

Finalmente se lograron algunos acuerdos para dirigir el trabajo a futuro. Estos acuerdos fueron acordados por la mayoría de instituciones presentes entre ellas la Unidad de víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Fiscalía regional, Ministerio del Interior, la Consejería  Presidencial para los Derechos Humanos, la Unidad Nacional de Protección, la Unión Europea, Acnur, Somos Defensores, el IPC, Pastoral Social, Ascoba y el Cinep/PPP, ente otros. Los acuerdos fueron:

  • Creación de una Mesa de seguimiento y monitoreo de compromisos
  • Audiencias de seguimiento a los casos priorizados - Socialización del estado de los procesos
  • Mapeo de predios de grandes ocupantes a nivel regional
  • Consolidación de cifras de distintas instituciones y organizaciones sobre actos de violencia a nivel regional
  • Prueba piloto de reparación colectiva para casos campesinos - Conceptualización del campesinado como sujeto colectivo de reparación colectiva
  • Informe sobre el papel de actores empresariales en los procesos de despojo en Urabá – En conjunto con la Comisión de Verdad.
  • Unidades de seguridad y protección. Buscar medidas de prevención, no de reacción.

Los líderes presentes manifestaron su complacencia por los acuerdos a los que se comprometieron las instituciones estatales y las organizaciones acompañantes de los procesos y esperan que estas medidas brinden más garantías a las comunidades en sus procesos de restitución de tierras. Algunos otros fueron un más escépticos, pero con la firme convicción de continuar los procesos. “El buen luchador muere en la lucha y si algunos mueren aún con dolor, debemos seguir adelante con la lucha por nuestras tierras” finalizó uno de los líderes.

 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones