May 27, 2017

El sábado 13 de mayo, a las 2 de la tarde en el barrio Mariscal Sucre conmemoraremos desde allí, los 20 años del asesinato de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado. La junta de acción comunal del barrio Mariscal Sucre, amigos cercanos de los investigadores y de Carlos, habitantes de barrios cercanos y todos los interesados,se reunirán en el parque Mario Calderón, en una jornada de recolección de basuras, siembra de árboles siete cueros, pintada de murales a cargo del colectivo Dexpierte y música y rap en vivo a cargo de Jacob D.M.C. (dj set).

Cinep/Programa por la Paz habló con Dexpierte sobre su trabajo y lo que esperan de esta jornada.

¿Cómo nace el colectivo Dexpierte?

Dexpierte: Surgió hacia mediados del 2010 como parte de un proceso de organización estudiantil que llevábamos a cabo de manera autónoma, en el que nos pensamos las diferentes maneras que comunicar una realidad oculta que aún se mantiene en matices de grises. La historia oculta de Colombia, homenajes a líderes y luchadores políticos que han defendido históricamente el territorio de intereses ajenos a los propios.

En ese momento pensamos en que esto debía darse mediante las expresiones de acciones gráficas en el espacio público, con el fin de comunicar e interpelar aquellas realidades hegemónicas. Es una apuesta colectiva de comunicación, en realidad siempre lo hemos planteado como una invitación abierta a recorrer los olvidos interpuestos con el tiempo, olvidos marcados por la mentira, y el silencio como parte del dominio estructural sobre este pueblo. Es una apuesta gráfica por reconocer la identidad de lo que somos aún en medio de una guerra silenciosa, que intenta perpetuarse a manera de ley o norma.

 ¿Cuáles son sus apuestas y en cuáles proyectos han trabajado?

 D: En este momento las disputas por la memoria se amplían y abren las posibilidades de comunicación directa sobre los hechos que en este país han venido ocurriendo. Las expectativas están puestas en facilitar y servir de comunicadores de esa memoria no oficial en la que más de uno se ve reflejado cotidianamente, pero que aún necesita más color y sensibilidad para que pueda llegar a más personas. No existen finalidades en el colectivo, creo que a largo plazo nos podríamos ver en el mismo ejercicio, sólo que con mayor dedicación. Básicamente durante este tiempo hemos venido trabajando alrededor de estas apuestas colectivas por la memoria y el trabajo en aras de resaltar y dignificar el sentido de lo que somos como país y como región latinoamericana. 

¿Cómo se vinculan al homenaje que desde Cinep/PPP se le está haciendo a Mario, Elsa y Carlos?

D: Nos vinculamos desde los afectos que hemos generado desde hace algunos años que conocimos el caso del asesinato de Mario y Elsa en particular.

Nos vinculamos por el mismo sentido que tiene el colectivo al interpelar en el espacio público el uso y las disputas por la memoria.

El caso de Mario y Elsa es uno de los miles de casos en los que se ve el reflejo de la legitimidad de la impunidad en este país. Uno puede ser asesinado sin que existan responsables puntuales, pero siempre hay una estructura criminal que por acción u omisión, siempre se configurará como la responsable de este tipo de violaciones; este tipo de estructuras son las que nos han venido sometiendo en una guerra histórica durante años.

Por razones como esas creemos en la pintura como un lenguaje más, en el que se pueden relacionar desde las alegrías, las ausencias y los sueños que tenemos de manera individual o colectiva. Mario y Elsa no son sólo dos investigadores del Cinep, son los soñadores que cada uno llevamos dentro como transformadores de esta realidad.

¿Cuál es el mensaje que envían a las personas que quieran participar de este homenaje?

D: En esta ocasión la particularidad de la acción radica en que es una intervención en el parque que Mario Calderón creó hace algunos años y que actualmente se llama paradójicamente “Mariscal Sucre”. La idea es renovar y compartir ese día alrededor de un conflicto que aunque nos apacigua, siempre hay oportunidades para compartir en medio de la pintura, la música y una memoria activa que debe consolidarse en la transformación de nuestra propia realidad.

 

Más sobre Dexpierte:

www.dexpierte.blogspot.com

www.flickr.com/photos/dexpiertecolombia

 

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones



Hace veinte años fueron asesinados en Bogotá, los investigadores del CINEP/Programa por la Paz: Mario Calderón Villegas y Elsa Constanza Alvarado Chacón y su padre el Ingeniero Carlos Alvarado Pantoja. Sobrevivieron a esta masacre, la mamá de Elsa, Elvira Chacón, quien fue herida y el bebé de dos años, hijo de Mario y Elsa.

Como ayer, infortunadamente hoy, millares de asesinatos semejantes suceden en Colombia; impunes, bajo el manto de la inoperancia de la justicia, la presión de quienes la manipulan y la omisión de los indiferentes. Según el último informe del Banco de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, durante el año dos mil dieciséis en Colombia los grupos ilegales del paramilitarismo realizaron quinientas cincuenta victimizaciones, mientras que la policía sumó quinientas cuarenta y ocho, y los grupos armados no identificados realizaron ochocientas treinta y tres.

Un total doloroso y vergonzoso de 1.931 victimizaciones, que, en su mayoría, para el caso de los paramilitares fueron amenazas y ejecuciones. Para el caso de la policía, los mayores hechos de victimización fueron los heridos y detenidos arbitrariamente. Y para el caso de los actores armados no identificados, las victimizaciones se concentraron en asesinatos y amenazas.

Las víctimas en su mayoría son: líderes campesinos y cívicos, miembros de juntas de acción comunal; indígenas, población LGBTI; comunidades negras; líderes del Polo Democrático y de Marcha Patriótica; de organizaciones de víctimas; sindicalistas; líderes de restitución de tierras y ambientalistas, defensores de derechos humanos y maestros. ¿A quiénes les interesa victimizar a los líderes sociales que reivindican sus derechos? ¿Por la magnitud de las violaciones se las puede calificar como casos aislados? ¿Las autoridades civiles, de policía, los organismos de investigación y control no tienen la capacidad para manejar a los actores estatales y para estatales que realizan estas violaciones? ¿Estamos condenados a vivir bajo el miedo mientras están conculcados nuestros derechos ciudadanos? ¿Es esta una nueva fase de la guerra sucia sobre el movimiento social que busca el sometimiento frente al reclamo justo de los derechos?

Jesús en el sermón de la Montaña nos dice “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Justicia, porque ellos serán saciados… Bienaventurados los que padecen persecución por la Justicia, porque de ellos es el Reino dé los cielos”. Jesús nos pide que busquemos con todas nuestras fuerzas la Justicia pues al hacerlo Él estará con nosotros en la lucha contra todos aquellos que solo buscan sus intereses egoístas, pero no quieren el Reino de justicia y amor.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara Director CINEP/Programa por la Paz

En el marco del proyecto Cuando tengamos la tierra crecerá la semilla, el pasado 4 y 5 de mayo se llevó a cabo  la mesa multiactor que discutió los riesgos en seguridad y protección a los que se enfrentan los líderes regionales reclamantes de tierras.

Durante el desarrollo de la mesa dialogaron diferentes actores relacionados con los procesos de reclamación y restitución, entre ellos líderes reclamantes, organizaciones sociales, organismos de control, instituciones estatales, organizaciones acompañantes  y comunidad internacional. Se presentaron 6 casos de procesos de reclamación de tierras en la zonas de Urabá (Antioquia), Bajo Atrato y Darién Caribe (Chocó).

La discusión se centró en los aspectos de seguridad y protección para las personas que lideran este tipo de procesos, pues siguen siendo víctimas de amenazas, atentados y asesinatos.  “En el posconflicto debe primar la protección colectiva a las comunidades, mucho más a nosotras las comunidades reclamantes de tierras porque actualmente seguimos en riesgo” afirmó uno de los asistentes.  Los riesgos fueron enumerados por los líderes de cada proceso y se encontraron seis características comunes en todos los casos. Estos son:

  1. Presencia de actores armados ilegales en los municipios
  2. Convivencia entre grandes ocupantes, actores armados y actores estatales en la región
  3. Criminalización de los líderes y de los procesos de reclamación de tierras
  4. Hechos de violencia contra reclamantes (Amenazas, atentados)
  5. Afectaciones socio ambientales – Minería ilegal, contaminación de fuentes de agua, deforestación
  6. Desarticulación institucional – Vacíos en medidas de protección a reclamantes y colectivas
  7. Poca eficacia en procesos judiciales frente a las redes de despojo

El punto central, y en el que todos estaban de acuerdo, fue que no es suficiente con la entrega de los títulos a las comunidades reclamantes, se requieren otro tipo de medidas y acompañamientos que les permitan a dichas comunidades seguir viviendo en los predios que les devuelvan. “No basta solo con la entrega de títulos, la prevención  y acompañamiento debe ser integral para las comunidades en sus procesos” expuso el representante de Somos Defensores.

Los líderes de procesos de restitución reclamaron a las instituciones por la falta de garantías de seguridad, tanto individual como colectiva, que viven en sus municipios. Si bien algunos de ellos cuentan con escoltas, camionetas, chalecos antibalas y celulares satelitales, la mayoría de las comunidades no tienen protección. “Por nuestras casas pasan hombres con camuflado y fusiles amenazándonos para que abandonemos los procesos de restitución de tierras que nos fueron quitadas o compradas a muy bajo precio y que hoy son propiedad de grandes poseedores” afirma uno de los líderes. “Sabemos que las amenazas no son contra nosotros como personas, sino contra el proceso en sí. Siempre buscan atentar contra el líder más visible para que las demás personas se intimiden y dejen de luchar” agrega otro líder.

Frente a este tipo de intimidaciones, preocupó a los asistentes una de las declaraciones del representare de la Unidad Nacional de Protección quien dijo que anualmente se priorizan 15 casos de protección colectiva y que para poder acceder a esta modalidad, deben postularse para el próximo año. “Nos preocupa la seguridad de nuestras comunidades. Yo puedo tener camioneta y escolta, pero ni mi familia ni los demás integrantes de la comunidad los tienen y eso puede determinar la continuidad de algunos de ellos en el proceso” dijo uno de los asistentes.

Finalmente se lograron algunos acuerdos para dirigir el trabajo a futuro. Estos acuerdos fueron acordados por la mayoría de instituciones presentes entre ellas la Unidad de víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Fiscalía regional, Ministerio del Interior, la Consejería  Presidencial para los Derechos Humanos, la Unidad Nacional de Protección, la Unión Europea, Acnur, Somos Defensores, el IPC, Pastoral Social, Ascoba y el Cinep/PPP, ente otros. Los acuerdos fueron:

  • Creación de una Mesa de seguimiento y monitoreo de compromisos
  • Audiencias de seguimiento a los casos priorizados - Socialización del estado de los procesos
  • Mapeo de predios de grandes ocupantes a nivel regional
  • Consolidación de cifras de distintas instituciones y organizaciones sobre actos de violencia a nivel regional
  • Prueba piloto de reparación colectiva para casos campesinos - Conceptualización del campesinado como sujeto colectivo de reparación colectiva
  • Informe sobre el papel de actores empresariales en los procesos de despojo en Urabá – En conjunto con la Comisión de Verdad.
  • Unidades de seguridad y protección. Buscar medidas de prevención, no de reacción.

Los líderes presentes manifestaron su complacencia por los acuerdos a los que se comprometieron las instituciones estatales y las organizaciones acompañantes de los procesos y esperan que estas medidas brinden más garantías a las comunidades en sus procesos de restitución de tierras. Algunos otros fueron un más escépticos, pero con la firme convicción de continuar los procesos. “El buen luchador muere en la lucha y si algunos mueren aún con dolor, debemos seguir adelante con la lucha por nuestras tierras” finalizó uno de los líderes.

 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

En el Diálogos Cinep/PPP del pasado 3 de mayo, el tema principal fue la justicia en los casos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia. A propósito de los veinte años del asesinato de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado, Cinep/PPP comienza este mes de rememoración con el tema de los mecanismos de justicia para resolver los casos de líderes y defensores asesinados, que han aumentado en los últimos meses.

Este diálogo tuvo como invitados a Gustavo Gallón, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas; Luz Marina Monzón, abogada de víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; Camilo Borrero, profesor de la Universidad Nacional y compañero de Mario Calderón y Javier Giraldo, jesuita e investigador del banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP. La moderación estuvo a cargo de Alejandro Angulo, jesuita e investigador del Cinep/PPP.

Giraldo S.J, haciendo alusión a la violencia política que ha causado tantas muertes y despojos en nuestro país, dijo que "vamos cada vez descubriendo que vivimos en una sociedad diseñada por los victimarios". Otra de las ideas con más fuerza de este diálogo fue la propuesta que hizo Alejandro Angulo S.J. desde su moderación: "que esta memoria no sea una memoria triste, sino que sea una memoria creativa" haciendo un llamado a la diversidad de formas que tenemos los colombianos para exigir justicia.

Por su parte, Luz Marina Monzón, abogada de víctimas, se refirió al asesinato de líderes y defensores como un ataque a la visibilización de las desigualdades, de las injusticias y de los abusos, y reforzó que "detrás de los asesinatos de los defensores de Derechos Humanos está el interés de seguir imponiendo un modelo económico y político".

Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, resaltó que a pesar de las dificultades que se han presentado con el proceso de paz, el avance por la construcción de la paz es muy superior a lo que tenía el país hace veinte años. Además, recordó a los investigadores del Cinep asesinados: "si Mario y Elsa estuvieran presentes, nos dirían que hay que seguir adelante, y eso es lo que ha hecho la comunidad de Derechos Humanos".

A propósito de este asesinato, Camilo Borrero recordó los veinte años de impunidad de este crimen, y la responsabilidad que aún tiene el estado con su familia y con la sociedad para esclarecerlo, pues aún no se ha dado con los autores intelectuales. A pesar de ello, Borrero afirmó que: "con todo en contra, pero con el espíritu a favor, tenemos la posibilidad de que la impunidad quede atrás, porque lo que está en juego no es un ajuste con el pasado, sino lo que queremos para el futuro, por eso es nuestro deber participar ahora".

Al concluir este diálogo, varios de los invitados coincidieron que la sociedad tiene un compromiso enorme para construir la paz en este momento. Y el estado la responsabilidad de no permitir que la impunidad siga siendo un común denominador en los casos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. Con este evento, el Cinep/Programa por la Paz da apertura al mes de conmemoración de los 20 años del asesinato de Mario Calderón, Elsa y Carlos Alvarado.

Asista al próximo evento: De la comunicación, la paz y la construcción de opinión pública. Una reflexión a propósito del legado de Elsa Alvarado

 Vea aquí la transmisión del evento:

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones

La violencia que se ha presentado en los últimos meses contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia es preocupante. Según el último informe de Somos Defensores, durante 2016 fueron asesinados 80 defensores de DD.HH. y otros 49 fueron víctimas de atentados contra su vida.

Según la Fiscalía, ya se están investigando 74 asesinatos reportados por la ONU entre 2016 y 2017.  Hasta el momento, no tienen evidencia de ninguna organización detrás de las muertes y se han efectuado cuatro condenas, se ha capturado a 56 personas por 17 de los homicidios y hay 73 personas vinculadas a las investigaciones.  Hablamos con Gustavo Gallón, fundador de la Comisión Colombiana de Juristas y  uno de los invitados al próximo Diálogos Cinep/PPP que se realizará el 3 de mayo a las 5:30 p.m.

¿Qué significado tiene la indiferencia de la sociedad en los casos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en nuestro país?

Gustavo Gallón: Yo no estoy tan convencido de la impunidad social. La hay en algunos sectores, por supuesto, más que en otros.  En el caso de Mario, Elsa y Carlos, yo creo que conmovió mucho a diversos sectores, y lo sigue haciendo, no todo lo que uno quisiera, pero en diversos escenarios en donde se ha conocido el hecho, ha impactado fuertemente. Y yo creo que, gracias a que no hay un nivel total de impunidad social, tengo la esperanza de que avancemos hacia una reducción de esta.

No es gratuito que en el acuerdo de paz se haya creado el Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación, orientado a hacer justicia, orientado a desarrollar los mecanismos de justicia relacionados con este tipo de crímenes.

¿Cuál es el rol de la ciudadanía frente a lo que está sucediendo hoy con el tema de líderes asesinados?

G.G: Es muy grave y puede echar a perder  el proceso. Es decir, podemos seguir en las mismas con un acuerdo de paz muy valioso, pero mientras no se enfrente decididamente el paramilitarismo, eso va a seguir ocurriendo. Lo que hay que hacer es exigir, que haya una política seria contra el paramilitarismo, y el acuerdo da herramientas para eso.

El acuerdo prevé la creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para enfrentar el paramilitarismo. Su objetivo es diseñar una política contra el paramilitarismo y supervisar su cumplimiento, y para eso tiene quince atribuciones, la posibilidad de revisar hojas de vida de militares, la posibilidad de dar pautas en materia de inteligencia, pedir informes a las autoridades acerca de qué están haciendo, etc. Todo eso hace parte de mecanismos muy bien pensados, pero  falta la voluntad, falta decisión, capacidad de superar la pesadez del estado para actuar, seguramente porque hay negligencia, seguramente porque hay complicidad por parte de algunos sectores.

Creo que se ha reducido el nivel de complicidad. Es decir hace diez o veinte años era más generalizada. En este momento, tengo la impresión de que no es generalizada, hay sectores del estado, especialmente los de seguridad, que no están con el paramilitarismo. Mientras que hace 20 años no tengo la duda de que la gran mayoría estaban metidas en ello.  Pero la tarea es difícil. Creo que hay que fomentar la acción ciudadana, el reclamo por parte de las organizaciones sociales  de derechos humanos y de derechos de víctimas. Que afecta a las víctimas, pero también a  la sociedad en su conjunto, porque no podrá avanzar.

A propósito de los 20 años del asesinato de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado, en el próximo Diálogos Cinep/PPP discutiremos sobre la justicia en los casos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados.

Invitados:

  • Camilo Borrero, Universidad Nacional.
  • Gustavo Gallón, Comisión Colombiana de Juristas.
  • Luz Marina Monzón, abogada.
  • Javier Giraldo, S.J. Banco de datos de DD.HH del Cinep/Programa por la Paz.

Moderador:  Alejandro Angulo, S.J.  Banco de datos de DD.HH del Cinep/Programa por la Paz.

Día: 3 de mayo

Hora: 5:30 p.m -  7:30 p.m

Lugar: Carrera 5 N° 33 B 02

Entrada Libre

Inscríbase en: http://bit.ly/2qpDMN7

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones