May 26, 2017

El pasado 3 de marzo culminó el diplomado Formación política, ciudadana y ambiental que el Cinep/PPP y el Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá desarrollaron en Dibulla, La Guajira. María del Carmen Muñoz, coordinadora del proyecto Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana y del diplomado, habla de la importancia de estos contenidos dentro de la coyuntura que vive la región.

Hace algunos días finalizaron un diplomado en La Guajira. ¿De qué trataba?

Desde el 2002 tenemos un diplomado titulado Formación política, ciudadana y ambiental que hemos venido adaptando a las coyunturas específicas del país. En este momento estamos dedicados a generar condiciones en los territorios para la compresión de la transición hacia la paz. Estamos empeñados en generar reflexiones profundas en los territorios, en este caso en La Guajira, en sus 15 municipios, y también con la gente de la frontera con Venezuela.

Hemos trabajado con las obras de la Compañía de Jesús, organizaciones sociales, consejos comunales y universidades juntos reflexionando el tema de paz en Colombia. Nosotros estamos convencidos que si no hacemos esa reflexión conjunta, entre colombianos y venezolanos, difícilmente vamos a generar equilibrio y armonía en ese tratamiento de paz, porque todo lo que pasa en un país, directa y proporcionalmente afecta al otro.

¿Qué tanto conocimiento tienen las personas que viven en la frontera del proceso de paz?

Según un paneo que hicimos, no se percibe simetría en la manera en que la gente reacciona frente al tema de paz. En La Guajira ganó el Sí en el plebiscito, pero incluso entre las mesas de víctimas que se inclinaron por el No. Mi percepción personal es que hay un desconocimiento profundo y mucha emocionalidad sobre el proceso. Yo creo que es peligroso poner una decisión de este tipo en las personas, cuando no sabe cómo tomarla. Buena parte de los debates que tuvimos durante el diplomado, calaron hondo en algunos participantes en tratar de comprender el acuerdo. Muchos otros cuando conocieron los contenidos, se reafirmaron en el No. Esa es una postura legítima para ambas partes. Decidieron cómo votar pero conociendo lo que estaban votando.

Hay un punto que nos preocupa mucho a nosotros como proyecto político y es la abstención. No es posible que haya problemas de hambre, muerte de niños, corrupción, falta de agua y de seguridad ambiental, y que la gente se quede en la casa sin tomar partido y solo quejándose de lo que se vive allá.

¿Cuáles han sido los pilares de formación política que el equipo ha trabajado allí?

El primero es hace un reconocimiento por parte de los sujetos políticos y ciudadanos de ese territorio de los problemas asociados al conflicto armado. A partir de allí identificar las dinámicas sociales, culturales y económicas que causan los problemas.

El segundo es el tema de lo público y lo privado. Allí identificamos qué es el bien común, hasta donde llega lo público y lo privado, en dónde está la responsabilidad de un ciudadano cuando tiene que cuidar lo colectivo, cuando tiene que generar un control social a la gestión pública. Este punto es el que le pone freno a la corrupción.

El tercer pilar tiene que ver con la ciudadanía en la frontera. Este es importante porque es muy distinto ser un ciudadano en la capital, en una ciudad intermedia  y el que vive en la frontera que maneja unas dinámicas que los otros no, como la diplomacia, los límites y la soberanía. Para nosotros fue una sorpresa que la gente no se consideraba ciudadanos de frontera, sino que lo aprendieron en este proceso.

Este último año hemos incluido el tema ambiental porque no se pueden generar asimetrías o equilibrios cuando los recursos naturales, que es un bien escaso, se tienen que redistribuir para tanta gente y hay unos que tienen  el monopolio de ello y otros que no quieren asumirse como ciudadanos ambiental.

¿Cómo manejaron las relaciones tensas que viven Colombia y Venezuela en los últimos meses?

De los 2219 km que comparten de frontera ambos países, hay cinco ámbitos o regiones. Nosotros hemos funcionado en tres de ellos. Cada uno de ellos tiene su especificidad y las relaciones no son homogéneas.

Es una relación muy tensa porque estamos hablando de dos países con proyectos políticos y económicos muy distintos. El socialismo revolucionario, con su muy mala ejecución, no se armoniza de ninguna manera con un neoliberalismo colombiano.  Gran parte de los problemas que se viven en la frontera provienen de la falta de armonía entre los proyectos de los dos países.

¿Cuáles esperan que sean los resultados de estos diplomados?

Lo que pasa en este proceso es que nosotros calificamos gente para que genere acciones colectivas dentro de sus organizaciones y grupos más ampliados. También los dejamos conectados entre ellos para que reconozcan su propio territorio. Hay contradicciones muy fuertes, como gente que nunca va a la alcaldía porque odia al alcalde, pero allá se toman las decisiones que lo afectan directamente. Entonces nosotros  pretendemos transformar la manera de pensar, desarrollar mucha masa crítica,  competencias de trabajo en equipo, habilidades comunicativas y, sobre todo, competencias conativas que son la que dan capacidad de perseverar y resiliar para que el trabajo sea de largo plazo.

Nosotros hemos construido un tejido social binacional. Unas personas que están más allá de la politiquería, que generan compresiones de un territorio en el cual tienen que aprender a funcionar y tienen que cooperar para que se genere esa simetría.

¿Cómo han pensado trabajar hacia el futuro?

En este momento hay un  tema que hay que tocar y que vamos a trabajar específicamente en Conejo, donde está una de las zonas de concentración, porque no hay nadie que esté trabajando el tema de las circunscripciones especiales de paz. La gente cree que son unas curules que se les va a entregar a los guerrilleros. Vamos a trabajar muy fuerte ese tema con personas cercanas a las juntas de acción comunal, de las asambleas y organizaciones para hacer la reflexión de lo que significa este tema en términos de participación política. Hay que afinar también los temas de víctimas y el tema de reforma rural integral.

Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones

El cáncer letal de la corrupción llevó al departamento de La Guajira a una de sus más graves estados de ingobernabilidad, crisis social y financiera. En los últimos días fue necesario que el Gobierno nacional interviniera, de manera temporal, los recursos de salud, educación y agua potable. Esto significa que el departamento no podrá manejar los recursos de los ciudadanos, hasta por tres años, los setecientos ochenta y cinco mil millones de pesos que la Nación le transfiere anualmente por el Sistema General de Participaciones, para invertir en educación, salud y agua potable.

Estos recursos a partir de la fecha y hasta que se considere conveniente, pasarán a ser manejados directamente por Bogotá. Esta medida extraordinaria y tardía, es parte de un plan de contingencia para hacerle frente a la crisis social que vive la mayoría de los pobladores de esta región. La gota que rebozó la copa fue la reciente captura del último gobernador, Wilmer González Brito, quien fue enviado a la cárcel por fraude electoral y corrupción, entre otros delitos. En su reemplazo, el presidente Santos nombró a Weildler Guerra Curvelo, un académico reconocido por sus estudios de la cultura wayúu y miembro de la Academia de Historia de Colombia.

Pero alrededor de este hecho lo más indignante es la realidad que expresan los datos sobre lo que viven las comunidades guajiras: es el único departamento de Colombia donde existen quince mil niños sin educación. Se estima que alrededor de quince mil niños guajiros se encuentran en situación de desnutrición por falta de recursos básicos, según la Procuradora Delegada para la Infancia y Adolescencia de Colombia, Ilva Myriam Hoyos, quien desde hace más de un año calificó de “indignante” lo que sucede en este territorio. A esto se suma que solamente tres de los quince municipios suministran agua potable y se tiene evidencias de que los dineros para financiar acueductos, mejoramiento de escuelas, alimentos para estudiantes y las jornadas de vacunación, se los han robado. Muchos ciudadanos guajiros están cansados de esta situación, denuncian y hacen propuestas, pero en su contra está la acción de los políticos clientelistas tradicionales que siguen siendo un pequeño pero poderoso grupo que maneja la vida de la región.

El Obispo de Riohacha, Héctor Salah Zuleta, en una homilía de la festividad de Nuestra Señora de los Remedios expresó, que para llegar a la Guajira que soñamos, es vital “enfrentar la corrupción para cerrarle el paso a la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en los espacios de representación y deliberación política. Es importante que los recursos públicos sean ejecutados allí en donde debe ser: en la garantía de los derechos ciudadanos.”

* Editorial presentada el domingo 5 de marzo del 2017, en el programa radial de RCN “Notas humanas y divinas”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director general Cinep/Programa por la Paz

 

Minería y paz

  • May 26, 2017
  • Publicado en Medios

¿Cómo está el departamento de La Guajira después de más de treinta años de explotación carbonífera? Está saqueado por una economía de enclave y extracción y por una administración corrupta. Las comunidades indígenas, negras y campesinas segregadas, empobrecidas y golpeadas con necesidades básicas insatisfechas en un sesenta y cinco por ciento, según el DANE. La actividad minero energética ha generado desplazamiento de comunidades, sequía y contaminación de ríos, y adicionalmente daños ambientales con impactos negativos de larga duración. La corrupción política ha impedido que se lleven a cabo programas sociales con cambios sostenibles. En la mayor parte de los municipios de La Guajira los colegios y escuelas están desmantelados o abandonados. La salud, como en todo el país, vive una honda crisis. Faltan centros asistenciales, hospitales, personal médico y medicamentos, la tasa de mortalidad asociada a la desnutrición aguda en La Guajira aumentó un cincuenta por ciento en los últimos cuatro años, según el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.

En La Guajira la situación de los niños y niñas Wayuu es tan crítica, que la Procuraduría en días pasados dio a conocer su petición a la Corte Constitucional para que intervenga ante las constantes violaciones a los derechos fundamentales frente a una evidente y crítica situación de abandono institucional, que amerita impartir una serie de órdenes para proteger a la población de La Guajira y en especial a la comunidad indígena Wayuu. Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó al Gobierno nacional asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil, así como tomar medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener, a la brevedad posible, acceso al agua potable y a alimentos en calidad y cantidad suficientes. Pero la situación no ha cambiado a pesar de las medidas cautelares y de recientes órdenes impartidas por el Tribunal Superior de La Guajira para que el presidente de la República garantice el acceso al agua de los niños Wayuu que mueren de sed y hambre. En declaraciones recogidas por El Catolicismo el obispo de Riohacha, Héctor Salah, aseguró que “la principal calamidad de La Guajira es su clase política. Pues, valiéndose del poder delegado por la gente, ha usado para su propio beneficio los recursos que debieron emplear en la solución de tanto problema que tiene la región. No se pueden seguir robando la plata destinada para alimentar a los niños wayuu, como lo han venido haciendo en los últimos años”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/PPP

El informe especial sobre minería en el sur de La Guajira es una descripción de la manera en que se estableció la industria minera en esta región de Colombia y de algunos conflictos agrarios y ambientales generados a partir de la misma. Este documento sintetiza el trabajo de investigación que el CINEP/PPP ha desarrollado durante los últimos cuatro años en esta región. En este se identifican las dinámicas que han favorecido a las empresas mineras y a la agenda extractiva por encima de los intereses y necesidades de las comunidades que habitan dicho territorio. A su vez, busca presentar a grandes rasgos la problemática en la región, desde una perspectiva integral, para posteriormente plantear una serie de recomendaciones con el fin de enfrentar las afectaciones causadas a los habitantes de la zona y, si es posible, reparar los daños sobre el territorio, ello a pesar de reconocer que algunos de estos pueden ser irreversibles. Dentro de estos problemas se describen los procesos de adjudicación de baldíos durante la década de los ochenta y el papel que estos juegan en la configuración de los conflictos agrarios. Además, se describen las irregularidades en cuanto a los estándares de medición de contaminación en aire, en agua y en general, y el contexto de vulneración de derechos que ha acompañado a la extracción minera en el sur de La Guajira.

Después de la introducción general, se hace un análisis de los conflictos agrarios producidos por la minería. Para ello, se describe cómo en los años ochenta hubo un proceso de concentración irregular de la tierra, establecida como baldíos, que posteriormente pasarían, por medio de englobes, a hacer parte de los predios para el enclave minero. Dichos procesos desconocieron las restricciones a la tradición de la propiedad inmueble que estableció el marco normativo agrario vigente. Los procesos de desalojo forzado, desplazamiento y, más recientemente, los reasentamientos involuntarios han sido problemáticas poco documentadas cuando se habla de las afectaciones por la minería; sin embargo, para los habitantes de la región del sur de La Guajira, resultan ser los procesos que más han afectado la cohesión de las comunidades y las familias, así como la configuración de su territorio.

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