Feb 18, 2018

En junio y julio, el Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP), el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) dictaron el taller Ciudadanía y Democracia a excombatientes de las Farc en ocho Zonas Veredales.

Cada taller contó con el acompañamiento de cinco facilitadores de las instituciones aliadas y el apoyo de excombatientes de las Farc que hacen parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).

Del 6 de diciembre de 2016 al 15 de agosto de 2017 cerca de 7.000 hombres y mujeres, excombatientes de las Farc, vivieron en 20 Zonas Veredales Transitorias de Normalización, donde entregaron las armas a representantes de Naciones Unidas.

Julio Villavicencio integrante del SJR en Latinoamérica y el Caribe, quien presenció la entrega en la Zona Veredal El Oso, en Planadas Tolima, recuerda: “muchos de ellos salían de esa fila tras entregar el arma y se ponían a llorar. A uno de ellos le pregunté: ¿Por qué duele tanto?, y me respondió: ‘Nosotros nos sentíamos guerrilleros y siendo guerrilleros teníamos un rol, un sentido en nuestras vidas, y ahora ¿qué somos? no sé qué somos ‘”.

Aunque en el marco de la implementación del Acuerdo de paz se planeó que serían 180 días —del 6 de diciembre de 2016 al 31 de mayo de 2017— de residencia en las zonas veredales, desde marzo se conocieron posiciones de las Farc —hoy organizada como el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común — y funcionarios del Gobierno quienes señalaban que se necesitaría más tiempo para la culminación del proceso de reincorporación a la vida civil.

Diversos sectores llegaron por esas fechas a la misma conclusión. Por ejemplo, para Juan Carlos Merchán, investigador del Cinep/PPP, los excombatientes necesitaban tiempo y trabajo para superar temores que tenían. “Hay temores, en primer lugar, por su seguridad porque sabían que estarían rodeados por fuerzas que los quieren muertos sin tener un fusil para defenderse; en segundo lugar, de que se los coma vivos el sistema político y el sistema económico; y, tercero, la conformación del partido político para responder a la política colombiana”, señala Merchán.

Esta reflexión dio vida a un proyecto planteado en conjunto por el SJR, la ESAP y el Cinep/PPP para el desarrollo del taller Ciudadanía y Democracia, que a partir de junio impartirían a los excombatientes en ocho zonas veredales.

Dichos territorios tenían la particularidad de ser espacios que, en mayor o menor medida, estaban rodeados por los rezagos de la guerra. En Charras, Guaviare, se vivía este escenario: en un lado está toda la disidencia porque se mantiene parte del Bloque Primero que no se desmovilizó y, por otro lado, la permanencia de diversos grupos paramilitares. En este lugar, de 200 excombatientes, 50 asistieron al taller; la mitad pertenecían a mandos medios y altos. Como Albeiro, excomandante del Bloque Oriental, un hombre con una figura imponente la que, según Merchán, recordaba a los comandantes clásicos de la guerra, del calibre de un ‘Mono Jojoy’, del ‘Negro Acacio’.

Lo que contrastaba con otras zonas pues la edad de la población que participó en los talleres era diversa; entre jóvenes, adultos que estuvieron 20 o 30 años en la guerra, e incluso niños. “En Marquetalia había un niño de 8 años, Ezequiel” resalta Angélica Aguilar, excombatiente de este grupo guerrillero, quien acompañó los talleres como parte de la CSIVI. A su vez, era notable la presencia de mujeres, quienes estuvieron empoderadas y activas, según cuenta Doris Hernández, coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto de la ESAP.

Zonas Veredales visitadas, memorias del taller Democracia y Ciudadanía

 Para dar inicio a los talleres en cada zona, se entregaba a los excombatientes la Constitución Política de Colombia. John Jairo Montoya, S.J., investigador del Cinep/PPP quien fue uno de los principales gestores del proyecto, señala el significado de este gesto: “en las ocho Zonas donde estuvimos ese fue un momento muy importante. La gente decía: ‘¿Esto existe? yo no sabía’. Algunos se sorprendían por el parecido con el reglamento que tenían en las Farc”.

El asombro del que habla Montoya se debía a la sorpresa de que, en palabras de Angélica Aguilar, “todo está muy bien en el papel, pero en la práctica estos derechos son casi nulos”, otros decían, según Juan Carlos Merchán: “de ahora en adelante la Constitución y los Acuerdos de Paz serán como una biblia para nosotros, y debemos trabajar para que se cumplan”.

 Para las actividades, algunos se organizaban en grupos, discutían, conversaban, pensaban sobre los temas y luego elegían a una persona que representara al ‘comando‘, como ellos aún en su lenguaje acostumbrado de guerra decían; palabras que les eran familiares, entre otras, como ‘avanzada‘  que la empleaban para repartirse e iniciar el trabajo del taller. Expresiones que el excomandante les reprendía “por qué habla así, este no se ha salido del monte todavía” o “este no se ha quitado las botas”, continuamente poniéndoles de presente el contexto de reincorporación que vivían.

En Charras una mujer reservada, nerviosa, quien parecía intentar adaptarse para “dar la talla”, al tomar la vocería de su ‘comando‘ evidenció los esfuerzos y cambios que enfrentaban en el proceso de adaptación. Merchán, narra su impresión al saber de quién se trataba: “ella era una de las comandantes más difíciles, agresivas, e incluso sanguinarias de la zona. Supe eso y me contrastó con esa señora nerviosa, sin fusil, tratando de expresar bien una idea”.

 Las reflexiones en torno al tiempo y formación que necesitaban los excombatientes, planteadas en marzo, cada vez eran más claras para las más de 40 personas que acompañaron los talleres. Julio Villavicencio del SJR tuvo la oportunidad de presenciar lo difícil que eran esos primeros pasos de transformación: “Me tocó la metamorfosis. Fue todo un proceso de una guerrilla que se fue convirtiendo en un grupo de campesinos que también eran víctimas de una historia de guerra”. A su vez, Doris Hernández señala que “el taller fue oportuno para su transición a la vida civil; fue mostrarles con lo que se iban a encontrar en el ejercicio de ciudadanía”.

Por otro lado, los excombatientes percibieron que esa transformación era en doble vía. Angélica Aguilar menciona el impacto que tuvieron frente a la presencia y enseñanzas de académicos e   investigadores: “creo que lo que más me impactó de ellos fue la forma como dejaron a un lado también los prejuicios, porque entiendo que son 53 años de propaganda, de escuchar, de interpretar, de muchas preconcepciones que se desaprendieron en estas visitas”.

Décadas que, como señala Angélica, generaron rasgos difíciles de romper; la vida comunitaria en Farc es uno de ellos. “A mí me impresionó compartir el saber de lo que es la vida comunitaria, porque me pasó hace 21 años que entré a la Compañía de Jesús. El ir cambiando la mentalidad de que uno pertenece a un colectivo donde se comparte prácticamente todo”, cuenta Jhon Jairo Montoya, S.J., lo que, señala, se hizo evidente a lo largo de los talleres en el servicio comunitario que tuvieron los excombatientes donde si uno cocinaba ‘el ranchero‘ otros servían, y cada quién sabía dónde o en qué debía colaborar con los otros. 

Estos rasgos, que son casi imposibles de resumir y nombrar en totalidad, solo hacen parte de una comunidad de hombres y mujeres que vivieron la guerra, para quienes uno de los mayores pasos del camino a la reincorporación fue el reencuentro con su nombre y apellido.

Al finalizar el taller cuando fueron entregados los diplomas, que tenían los nombres civiles de los excombatientes, nadie sabía quién era quien. “Uno mencionaba un nombre y todo el mundo se miraba y decía ¿Quién es esa persona?”, afirma Juan Carlos Merchán, quien recuerda ese momento, y enfatiza en un caso particular: “yo tomé un cartón y dije ‘Elmer’ nadie sabía quién era Elmer, y salimos del suspenso cuando se puso de pie el comandante Albeiro y todo el mundo se paró y aplaudió, todos nos reímos. Ellos estaban realmente emocionados”.

 Los facilitadores que eran cinco en cada zona entre profesores y estudiantes de la ESAP, investigadores de Cinep/PPP y acompañantes del SJR, en su mayoría, concluyen que los ocho talleres no dejaron conocimientos elaborados o ideas claras sobre ciudadanía y democracia para los excombatientes, lo que es casi imposible en tres días, pero sí preguntas, inquietudes y un profundo intercambio de experiencias desde dos ángulos de la historia completamente diferentes, como lo definió Angélica Aguilar. El encuentro evidenció que “ellos están dando un salto de fe”, concluye Merchán, y permanecen dándolo. Un salto de fe que no deben dar solos teniendo a un país con el que firmaron la paz.

El 5 de diciembre representantes del Cinep/PPP y SJR entregaron la cartilla Ciudadanía y Democracia, producto de dichos encuentros, a directivos de la ESAP. Puedes descargar la cartilla aquí.

 

María Gabriela Novoa
Equipo de Comunicaciones

 

El “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” representa una oportunidad de transformación para la sociedad colombiana en varios puntos que se identificaron como neurálgicos: desarrollo agrario integral; participación política; problema de las drogas ilícitas; reparación de víctimas; y la reincorporación de los guerrilleros de las FARC. Si bien las experiencias internacionales auguraban un año difícil en la implementación de dicho Acuerdo, la visión de las partes parecía inclinarse por un voto de confianza mutuo, bajo el cual, muchas de las dificultades eran en esencia una cuestión de tiempo para que el Estado y la sociedad en su conjunto comprendieran el tamaño y la importancia del acuerdo logrado.

Sin embargo, tras un año de implementación de los acuerdos de paz, el marco legislativo y normativo requerido para la implementación de cada uno de los puntos acordados en La Habana – algunos de ellos bajo el mecanismo vía fastrack-, no han surtido el efecto esperado. Quizás el problema más grave en la implementación de los Acuerdos entre gobierno y FARC, es la violación sistemática a derechos humanos y el asesinato de líderes comunitarios, indígenas, campesinos y afrodescendientes en los últimos meses. El escenario anterior, parece tener en jaque los acuerdos de paz, en la medida que parecemos ser testigos de excepción frente a una dramática renovación a los leitmotiv de nuestras violencia(s) territoriales.

Por esta razón, el número 210 de la Revista Controversia, plantea para su próxima edición, la recopilación de artículos que permitan un análisis crítico de la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, a partir de los problemas territoriales, legislativos y normativos, sociales, económicos, y aun de violencia, que han impedido avanzar en la implementación; así como los nuevos retos y perspectivas que deben pensarse como parte de la construcción de renovados esfuerzos de paz con enfoque territorial.

Editor encargado del dossier: Carlos Duarte, Instituto Estudios Interculturales Universidad Javeriana, Cali.

Fechas

Apertura: 15 de diciembre de 2017

Cierre: 1 de marzo de 2018

Publicación: junio de 2018

Para mayor información, puede escribir a:

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A propósito de la conmemoración del día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas, William Rozo, investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política habla de la importancia de esta conmemoración y del lugar de las víctimas en la implementación de los acuerdos.

El 9 de abril se conmemora el día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas. ¿Cuál es la importancia de esta fecha?

William Rozo

Cualquier proceso de reconciliación, de tránsito de la guerra a la paz, las víctimas juegan un papel sumamente importante y uno de los aspectos más relevantes es el reconocimiento de las víctimas. Yo creo que en Colombia se ha avanzado bastante en ese campo, comparado con otros procesos en el mundo. Ya hay un reconocimiento de las víctimas, hay avances desde 2010 con la ley de víctimas, la ley 1448 de 2011 y con todos los problemas que pueda tener esa ley, hay avances.

Sin embargo, estamos preocupados un poco porque el mayor número de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia son cometidas por grupos paramilitares y agentes del Estado. En este escenario de reconciliación nos preocupa que el reconocimiento de esas víctimas no es el mejor.

Hay que reconocer que la ley de víctimas por lo menos dejó un día para recordar a las víctimas con todas las críticas que pueda tener, pero es que antes del 2011 no había, ni siquiera se reconocía que había víctimas. Esta fecha del 9 de abril tiene esa importancia de reconocer a las víctimas.

¿Qué consecuencias podría traer ese poco reconocimiento?

Ese escenario es muy grave, porque lo que puede ocurrir es que estas víctimas no se sientan a gusto y empiecen a demandar cuanta norma exista y sobre todo a recurrir a instrumentos internacionales. Ahí habría que hacer una llamado para que todas las víctimas tengan el mismo estatus, el mismo tratamiento, las mismas garantías en el proceso de transición, el mismo nivel de reparación y de reconocimiento.  

Para citar un ejemplo, el pasado 5 de abril se firmó los decretos ley que dan vía a la Comisión de la Verdad  y el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En ese espacio el presidente Santos invitó a seis víctimas, pero ninguna de ellas era víctima de crímenes de Estado. Ese tipo de acciones nos preocupa y yo creo que instituciones como el Cinep/PPP deben hacer un llamado para que las víctimas sean reconocidas en su conjunto pero completas y en igualdad de condiciones y garantías.

Para las víctimas ¿por qué es importante que se creen este tipo de mecanismos como Comisión de la Verdad  y el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas?

Son muy importantes porque en todos los procesos de transición prima la verdad sobre la justicia y la memoria sobre los procesos de sanción. O sea, es más importante que las futuras generaciones sepan qué pasó y que los hechos tengan mucha visibilidad para que no se vuelvan a repetir los mismos errores del pasado a que existan sanciones penales. Es un poco lo que pasa en los procesos de memoria en Alemania o en Argentina, que las nuevas generaciones se den cuenta que no es bueno resolver los problemas por la vía armada. Por eso es tan importante el Museo Nacional de la Memoria y todos los ejercicios de memoria que se están haciendo en el país. Ese es el sentido  y la importancia de la memoria, que nos ayude a mantener un pasado que conectado con un proceso de reconciliación, sea un pasado que nos ayude a solucionar los conflictos de otra manera. La reconciliación y el perdón es poder recordar sin lastimarnos, sin agredirnos. A ese nivel tenemos que llegar, pero eso tarda mucho tiempo y requiere mucho trabajo porque este conflicto dejó y sigue dejando muchas víctimas y mucho dolor.

¿Cómo lograr el reconocimiento de las víctimas de Estado si muchas de estas iniciativas surgen desde las instituciones estatales?

Ese es un desafío. Yo creo que hay de fortalecer mucho las organizaciones de la sociedad civil y que estas ayuden a poner sus recursos y sus esfuerzos para que las víctimas más débiles puedan estar al nivel de las otras en términos de reconocimiento. No es que unas sean más importantes que otras, es que unas están más marginadas que otras. ¿Cómo podemos hacer esa tarea las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento de derechos humanos? Ayudando a organizarlas, fortaleciéndolas, aportando desde nuestros trabajos de investigación para que puedan tener herramientas y puedan empoderarse y tengan más argumentos en sus procesos.

¿Qué beneficios tiene el acuerdo con las Farc para las víctimas?

El acuerdo es un acuerdo político de carácter no vinculante. Este trae unos puntos muy favorables para las víctimas pero lo que es vinculante es la legislación que se hace a partir de la implementación de ese acuerdo.  Por ejemplo, el acto legislativo que modificó la constitución para incorporar ese acuerdo dentro de la jurisdicción colombiana no se corresponde con lo que dice el acuerdo, desconoció completamente a las víctimas. El espíritu del acuerdo no está en el acto legislativo y las víctimas quedaron muy lejos, sin voz ni participación. Lo que hay no nos gusta mucho, pero eso es mejor que nada.

¿A qué se refiere cuando habla de participación?

Por ejemplo, en la Jurisdicción Especial para la Paz no hay manera de que las víctimas tengan acceso a los procesos como sujeto procesal y eso es un derecho fundamental. Cuando hay una agresión obviamente la víctima debe tener representación como sujeto procesal dentro del proceso, ese no es el caso dentro de la nueva legislación. Yo siento que tanto las Farc como loa agentes del Estado le tienen miedo a la voz de las víctimas. Y nuestro deber como organizaciones acompañantes de la sociedad civil es ayudar a que esa voz esté.

¿Cómo será el trabajo del Banco de Datos hacia el futuro?

Nosotros hacemos un proceso de memoria, de salvaguarda de la información de violación a los derechos humanos y devolvemos ese producto como un insumo para que las víctimas lo puedan utilizar como herramienta en su trabajo de reivindicación de derechos. Para el trabajo hacia futuro, el equipo se va a reunir en estos días para reflexionarlo. Nosotros creemos que sí vamos a incidir en la Comisión de la Verdad. Todavía no sabemos cómo porque no se sabe cómo funcionará esta comisión, pero creemos que si estaremos orientados a incidir allí. Otros estamos trabajando en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, desarrollando investigaciones y documentos. Por ahora seguiremos trabajando en la revista Noche y Niebla porque aún las cifras de victimización son alarmantes.

 

Miguel Martínez

Equipo de Comunicaciones

Cinep/Programa por la Paz, Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, como aliado regional estratégico, expresan su preocupación por los hechos ocurridos ayer (miércoles 22 de marzo) durante el Foro regional de participación en Barrancabermeja, Santander, donde se presentaron dos miembros de la Sijin para ejecutar una orden de captura contra Arisolina Rodríguez, líder social de la Cumbre Agraria, Indígena y Popular y de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar y sur del Cesar. Hecho que se suma a las capturas de otros líderes sociales en los municipios de Arenal, Morales, Tiquisio, Norosi y Bucaramanga.

Durante décadas hemos trabajado con diferentes sectores para garantizar su participación, organización y derecho a la protesta social. Estamos comprometidos con la construcción de paz territorial y trabajamos para ponerle fin a la estigmatización de líderes y organizaciones sociales que concentran su trabajo en regiones fuertemente afectadas por el conflicto.

Hoy ya firmados los acuerdos de La Habana, cuando se adelanta el proceso de refrendación apoyamos la organización de los foros sobre participación indicados en el punto 2.2.1. del acuerdo final de La Habana. Y apoyamos estos espacios porque creemos en la deliberación y sabemos que desde las organizaciones de la sociedad civil hay muchas propuestas que merecen ser tenidas en cuenta en el diseño e implementación de  políticas que garanticen el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Es necesario rodear de garantías estos espacios de participación diseñados con el único propósito de contribuir con una paz estable y duradera. Exhortamos al Gobierno nacional a que ratifique su compromiso para que los foros regionales de participación puedan adelantarse sin hostigamientos y se brinden las garantías a este ejercicio democrático.

Desde Cinep/Programa por la Paz, Foro por Colombia y Viva la Ciudadanía ratificamos nuestro compromiso con la realización de estos espacios siempre y cuando se desarrollen en un ambiente que permita una efectiva deliberación democrática consistente con los principios contemplados en el punto dos del acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera.

Firman:

Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio

Cinep/Programa por la Paz

Viva la Ciudadanía

Foro por Colombia

 

Adhieren:

Centro de Estudios para la Paz (Cespaz)

Ubencel Duque Rojas

 

 Descargar comunicado

Componente internacional de verificación y acompañamiento del Acuerdo Final

 

Bogotá, Colombia, 23 de marzo de 2017

 

El Gobierno Nacional y las FARC-EP en el marco de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), informamos a la opinión pública que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 6.3. Componente Internacional de la Verificación de la CSIVI y 6.4 Componente de acompañamiento Internacional, hemos acordado:

  1. Se designarán como Notables del Componente Internacional de Verificación, al ex presidente español Felipe González y al ex presidente uruguayo José Alberto Mujica Cordano, quienes encabezarán el mecanismo de verificación y cumplirán con las funciones establecidas en el numeral 6.3.2. Su designación formal tendrá lugar el próximo jueves 30 de marzo.

 

  1. El protocolo de funcionamiento de la Secretaría Técnica de los notables del que trata el numeral 6.3.2. La Secretaria Técnica estará a cargo del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

  

  1. El protocolo de funcionamiento del apoyo técnico del que trata el numeral 6.3.2, a cargo del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, E.E.U.U, en su rol de Apoyo Técnico del componente de verificación.

 

  1. Realizar una primera reunión preparatoria con la Secretaría Técnica y el Apoyo Técnico del Componente Internacional de Verificación el próximo 28 de marzo con el fin de entregar los protocolos de funcionamiento.

 

  1. El protocolo de funcionamiento del acompañamiento Internacional que trata el numeral 6.4.2 del Acuerdo Final, que se entiende como el apoyo directo e indirecto al diseño, ejecución y monitoreo de la implementación del Acuerdo Final. La CSIVI convocará una primera reunión con todas las organizaciones, países y agencias definidas en el Acuerdo Final en la primera semana de abril.

  

  1. Teniendo en cuenta que el pasado 31 de octubre del 2016, el Gobierno Nacional renovó el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) por un periodo de 3 años que podrá ser renovable, y que en su Informe anual incluirá un capítulo especial sobre la implementación del Acuerdo Final en materia de derechos humanos, la CSIVI convocará una primera reunión con esta Oficina en la primera semana de abril.

 

  1. El Gobierno Nacional ratifica su compromiso al interior de la CSIVI de dar inicio a la implementación de los mecanismos previstos en el punto 6.3.3 respecto de la Misión Política de Verificación de las Naciones Unidas.