Oct 17, 2017

Hoy se radica el proyecto de ley que declararía el 19 de mayo como el Día nacional de la lucha contra la impunidad de los crímenes contra defensores de derechos humanos.

En el marco de la conmemoración de los 20 años del asesinato de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado, padre de Elsa, el Cinep/Programa por la Paz impulsó la propuesta de declarar el 19 de mayo Día nacional contra la impunidad. El Representante Alirio Uribe Muñoz, radicará el proyecto de ley de honores hoy a las 2:00 p.m.

"Hemos elegido este día, 19 de mayo, en memoria de los defensores de derechos humanos Elsa Alvarado y Mario Calderón, quienes fueron asesinados en 1997 y cuyo crimen fue declarado este año, de lesa humanidad" manifestó el Congresista.

En el acto de radicación del proyecto estarán presentes, Ivan Calderón, hijo de la pareja asesinada; Marco Fidel Vargas, subdirector del Cinep, lugar donde trabajaron hasta su muerte los defensores de derechos humanos, y otros miembros de las familias Calderón y Alvarado.

Igualmente acompañarán la radicación que se hará en la Secretaria de la Cámara de Representantes, los congresistas también firmantes del proyecto:  Angela María Robledo, Angélica Lozano, Inti Asprilla, Oscar Ospina, de la Alianza Partido Verde; Víctor Correa, Germán Navas Talero, Iván Cepeda Castro y Senen Niño, del Polo Democrático; Carlos Guevara, del Mira; y Luciano Grisales, del Partido Liberal.

El proyecto busca llamar la atención sobre la urgencia que tiene garantizar la investigación y sanción efectiva para las amenazas y agresiones que a diario sufren quienes defienden los derechos humanos en el país.

Nota:

Mario Calderón, Elsa Alvarado y el padre de Elsa Carlos Alvarado fueron asesinados el 19 de mayo de 1997. Mario y Elsa eran líderes sociales y defensores de derechos humanos y ese liderazgo fue incómodo para alguien que decidió quitarles la vida. Después de 20 años la impunidad impera en su caso y es por esto que buscamos que esta fecha sea reconocida como el Día nacional contra la impunidad.

 

 

 

 

 

Por: Andrés Aponte*

Sin duda alguna, la muerte de los seis campesinos cocaleros (según cuentas oficiales), ocurrida en el corregimiento de Llorente, San Andrés de Tumaco, en Nariño, deja varios aspectos a analizar, para el futuro cercano y mediato, sobre la viabilidad y correcta implementación del punto 4 de los acuerdos de paz de La Habana, es decir, el tema de drogas ilícitas.

En el caso de los campesinos cocaleros, es bien sabido que su relación con los cultivos ilícitos no responde al simple ánimo de lucro, pues este es un sector que ha sido condenado a la marginación económica, social y política en nuestro país. En efecto, como lo han señalado algunos investigadores, muchas veces esta economía representa la única posibilidad de sustento para familias enteras que carecen de condiciones de vida digna y sufren el reiterado fracaso de los distintos planes de sustitución.

En este orden, los acuerdos de La Habana se constituían en una ventana de oportunidad para estos sectores excluidos; primero, en términos de acceso a la formalización de la tierra, la asistencia técnica y los planes de desarrollo, entre otros asuntos; y, segundo, para dejar de ser blanco del aparato armado del Estado.

No obstante, los hechos recientes muestran que el espíritu adoptado en los acuerdos no solo se extravió sino que el Gobierno nacional y los aparatos de seguridad del Estado volvieron a ser prisioneros de las estadísticas, de una matriz ideológica que confunde o asocia la protesta social con una amenaza o alteración al orden público y de unas relaciones oscuras que tienen algunos segmentos de la fuerza pública con el narcotráfico, sobre todo luego del fenómeno de expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En este orden, ahondaré en cada uno de estos elementos a continuación.

Respecto a las estadísticas, es clave entender que, por un lado, el compromiso del gobierno de erradicar 100 000 hectáreas de coca ha provocado que los esfuerzos se centren en erradicar por erradicar. Esta estrategia no solo traiciona la idea de la sustitución voluntaria, sino que la erradicación “voluntariamente forzada” que se está llevando a cabo está replicando el error y el histórico mal proceder que decía enmendar el acuerdo de La Habana: “caerle” al sector más débil de la cadena, el cultivador. Por otro lado, está la coyuntura internacional, específicamente el hecho de que el Gobierno norteamericano tiene puestos sus ojos sobre el territorio nacional bajo la amenaza de descertificación, pues Trump está exigiendo resultados inmediatos sin importar los medios.

Sobre el tratamiento de la protesta, es bien sabido que la firma de los acuerdos con las FARC-EP (actualmente Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) no implicarían una paz completa y positiva. ¿Por qué? Por un lado, porque quedan dos grupos insurgentes con alcances regionales y locales (ELN y EPL); al lado de las mal denominadas Bacrim y las disidencias farianas. Y, por el otro, debido a que emerge, y es cada vez más visible, una efervescencia social que el conflicto armado tenía encubierta o relegada a un segundo plano y para la cual el tratamiento por parte del Estado no solo es incorrecto, sino en extremo represivo. Lo anterior a pesar de que estas manifestaciones reflejan problemas estructurales y reivindicaciones históricas de regiones, sectores sociales o comunidades étnicas que han sido desatendidas o invisibilizadas por estar lidiando con la amenaza insurgente —basta con ver los casos de Chocó, Buenaventura o Catatumbo—.

Por último, me referiré a una cuestión que no se enmarca en los acuerdos de La Habana y ha pasado “de agache” tanto con los paramilitares como con el proceso de paz con las FARC-EP: las conexiones históricas que se han tejido entre narcotraficantes y sectores de la fuerza pública. Si bien estas datan de los tiempos de los grandes carteles, fue con los paramilitares cuando se dio la conexión entre coca y fuerza pública. Hay evidencia que demuestra que en muchas de las zonas de dominio paramilitar la fuerza pública se encargó de proveer seguridad, información sobre los puestos de control e incluso poner armas al servicio de estructuras mafiosas. Un ejemplo de ello es el caso del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca.

Así pues, lo que revela lo ocurrido en Tumaco es que, primero, no se está cumpliendo con una de las premisas básicas de la sustitución: su concertación con las comunidades y el carácter participativo de la llamada paz territorial. Segundo, que nuestra fuerza pública está lejos de saber tratar la protesta social, pues no solo está actuando de manera reactiva, sino que se le está dando un tratamiento criminal y punitivo a este tipo de expresión colectiva que se manifiesta ante al incumplimiento del Estado y su forma de intervenir. Y, tercero, que las conexiones ilegales que tienen ciertos sectores de la fuerza pública —y por paradójico que suene casi siempre son las unidades especializadas de antinarcóticos las que terminan poniendo sus armas al servicio de interés privados o relacionados con actividades ilegales— no solo impiden el desarrollo de los planes de sustitución, sino que minan la confianza de los colombianos en la institución que abandera los planes de la seguridad y la promoción de la convivencia en el posacuerdo: la Policía Nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, el caso de Tumaco ya no es una campana de alerta, sino un “bombazo” al corazón de los acuerdos y a la credibilidad y legitimad de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues se está replicando la intervención represiva que ha caracterizado al Estado frente al sector más marginado y vulnerable de la cadena del narcotráfico: los campesinos cocaleros. En este sentido, los planes de sustitución no solo se pueden ver comprometidos en el municipio y zonas aledañas, sino también en otras latitudes del país como Catatumbo, Putumayo, Nudo de Paramillo, entre otros, que presentan algunas condiciones similares al caso tumaqueño.

De ahí que, buena parte de la legitimidad y credibilidad de los acuerdos de La Habana en estos territorios dependa del tipo de tratamiento que el Estado dé a la implementación, del esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado 5 de octubre en Tumaco y de los futuros consensos a los que se llegue respecto a la sustitución de cultivos. El país no tolera una sola ola de violencia más, y menos los pobladores de esta zona. Es imperativo dialogar y consensuar el intervencionismo estatal y no apegarse a las presiones internacionales para mostrar resultados que, a la larga, no son más que indicadores cosméticos, pues ya tenemos como marco de referencia el fracaso de la lucha contra las drogas del Plan Colombia.

 

*Investigador del equipo de Conflicto, Estado y Desarrollo de Cinep/PPP

La garantía de los derechos de las mujeres rurales es uno de los pilares para el desarrollo sostenible y la construcción de una gobernanza responsable de la tierra y los recursos naturales. No obstante, el acceso a la tierra, la seguridad jurídica de la tenencia y su trabajo no es suficientemente reconocido a nivel económico y social. Las mujeres rurales tienen un rol clave en el trabajo de cuidado y productivo dentro de las comunidades para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional, generar ingresos y mejorar los medios de subsistencia y el bienestar general en las zonas rurales.

En el ámbito de la participación política, las dificultades para el empoderamiento político de las mujeres rurales en Latinoamérica están determinadas por prácticas culturales, sistemas de tenencia de la tierra desiguales y también por una escasa apertura en los espacios de decisión. A pesar de estas brechas, la capacidad organizativa de las mujeres rurales es cada vez más fuerte frente a temas económicos, sociales, ambientales, culturales y políticos y existen muchos procesos organizativos que desarrollan acciones de incidencia para ampliar su participación y toma de decisiones y alcanzar una mayor garantía de sus derechos.

 En el día internacional de las mujeres rurales este especial está dedicado a sus derechos, sus estrategias de organización y resistencia y su situación en algunos países latinoamericanos.

 

Participaron en este video: Carolina Vásquez García, Mujeres en Acción con Palabra y Pensamiento Ayuujk (México); Enma Maldonado Cornelio y Hansy Ajanel, mujeres Mayas Kaqchikel, Comité Campesino del Altiplano (Guatemala); Ana Mejía, indígena Miskita (Costa Caribe de Nicaragua); Plácida Perdomo,  Zona de Reserva Campesina Cuenca del Rio Pato y Valle de Balsillas, y Luz Edilma Liberato, Red  Sembradoras de Identidad  de Usme (Colombia); Loyda Olivo Cheme,  Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria COPISA (Provincia de Esmeraldas, Ecuadore); Katia Penha, Quilombo do Divino Espírito Santo,  Coordinadora Nacional de Quilombos –CONAQ  y Elisa Urbano, líder indígena (Brasil); Gladis Caurasi, mujer líder Guaraní de la zona de Yaku Igüa, comunidad de Pananty APG (Gran Chaco, Tarija, Bolivia); Irma Guzmán, Mujeres Mejorando el Chaco, Nelly Alcaraz, MOCAFOR y Rosa Cordero, Mujeres Raíces (Argentina).


 

Hablan las mujeres rurales de América Latina

 Informes regionales

Los Informes/País sobre la situación de las mujeres rurales son una propuesta de la Iniciativa Basada en Compromisos  “Mujer Rural y Derecho a la Tierra” de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC).  Presentamos a continuación los informes de Perú, Nicaragua, Colombia y México, que aportan datos fundamentales para tener en cuenta en cualquier tipo de discusión, proyecto o iniciativa que implique a las mujeres rurales, a la vez que proponen  recomendaciones puntuales para la garantía de sus derechos.

Perú
La situación de las mujeres rurales en el Perú

Nicaragua
Mujeres rurales en Nicaragua: entre heterogeneidad continuidad y cambios

Colombia
Mujeres rurales en Colombia

México
Situación general de las mujeres rurales e indígenas en México


Comunicación e incidencia hecha por mujeres
 

Las siguientes herramientas de comunicación e incidencia son resultados de estrategias implementadas por grupos de mujeres que trabajan por la garantía de sus derechos, el reconocimiento de sus identidades y la participación en los espacios de toma de decisiones que afectan a las mujeres rurales en Latinoamérica.

Con estas herramientas queremos visibilizar experiencias exitosas e innovadoras de comunicación e incidencia pero también aportar a que otros procesos de organización dialoguen con estos aprendizajes o los repliquen. Por esto las fichas están construidas a dos columnas: en la izquierda se cuentan las memorias de los procesos que presentamos:  

Notimia (Agencia de Noticias producidas por mujeres indígenas de Nicaragua, México, Guatemala, Bolivia y Brasil)

Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas 

Alianza de Mujeres por el Acceso a la Tierra y Medios de Producción (Guatemala)


 Mujeres y ruralidad en Bogotá

La vida de las mujeres rurales en los cerros orientales de Bogotá (Colombia), en veredas como Los Saches, el Verjón Bajo, Fátima o el barrio San Luis, es afectada por la presión inmobiliaria, los decretos de delimitación forestal dictados sin recorrer el territorio, la siembra de especies no nativas, e, incluso, por el desconocimiento de que existe vida campesina en una ciudad como Bogotá. Estos son ejemplos de las distintas formas de relación entre lo rural y lo urbano, que suelen afectar lo rural.

Esta crónica ilustrada es resultado de una visita de campo realizada por mujeres y hombres de organizaciones de Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Guatemala y Colombia en junio del 2017, en el marco del Encuentro Subregional Suramérica de la Iniciativa Basada en Compromisos “Mujer Rural y Derecho a la Tierra” de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC).

Luz Edilma Liberato, Gladys Mayordomo, Floralba Tiboche, Gladys Rico y Sara Cerón nos enseñan no solo los problemas que enfrentan las poblaciones rurales vecinas a las grandes ciudades, sino también, el papel fundamental de las mujeres en la defensa del derecho a la vida campesina.

La crónica busca visibilizar la vida y luchas de las mujeres rurales que habitan los cerros orientales de Bogotá. Por eso, ellas son las que hablan de sus trabajos por la defensa del agua, por la protección de los bordes de las quebradas, por la recuperación ambiental a través de la resiembra de especies nativas, de su apuesta por la soberanía alimentaria y de sus aprendizajes de la legislación para hacer frente a las múltiples amenazas de desterritorialización.


   

Documentos de interés

Recomendación general n.° 34 sobre los derechos de las mujeres rurales

Programa Rompecabezas (2016) : Mujer rural, trayectorias de lucha

Linea de tiempo (2016) : Mujer rural en Colombia

Género y políticas de tierras (2016)

Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales (2013)

Mujeres rurales: retos para las políticas públicas (2012)

Mujer rural: sin tierras, sin derechos (2011)

 Mujer rural: derechos y perspectivas (2010)

 

Nota del editor

El presente especial es resultado del trabajo de la Iniciativa Basada en Compromisos Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC) América Latina y el Caribe. Con el apoyo de Cinep/Programa por la Paz como punto focal de esta iniciativa.

Esta es una estrategia de acción colectiva regional que tiene como objetivo aumentar el acceso y control de la tierra y otros recursos de las mujeres rurales, así como la mejora de su participación en las tomas de decisiones sobre tierra y desarrollo rural en la región. Se lleva a cabo a través de la generación de conocimiento sobre la situación de las mujeres rurales, el fortalecimiento de sus capacidades políticas y la incidencia en tomadores de decisión a nivel nacional y regional.

Las organizaciones que hacen parte de esta iniciativa son: Fundación Plurales, en Argentina; Fundación Tierra y Centro de Estudio Regionales de Tarija (Cerdet), en Bolivia; Espacio Feminista, en Brasil; Corporación de Desarrollo Solidario (CDS) y Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (CINEP/PPP), en Colombia; Centro de Mujeres Afrocostarricenses (CMA), en Costa Rica; Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador (Sipae) y Corporación de Gestión y Derecho Ambiental (Ecolex), en Ecuador; Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Comité de Desarrollo Campesino (Codeca); Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), en Guatemala; Unión de Mujeres Campesinas de Honduras (Umcah) y Unión de Trabajadores del Campo, Campesina e Indígena (UTC), en Honduras; Red Ambiental Juvenil de Yucatán (RAJY) - Ecomunnis, en México; Instituto de Investigación y Desarrollo (Nitlapan – UCA) y Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cadpi), en NIcaragua; Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), en Perú; Red Centro Americana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas (REDMURIC) y Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, a escala subregional; y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), Trocaire, a escala internacional.

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Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Coordinadora de publicaciones: Margareth Figueroa Garzón
Comunicador gráfico: Miguel Martínez

Equipo Movilización, territorio e interculturalidad
Investigadora: Ana María Restrepo

Ilustradora: Lizeth León, 'Cuharita de Palo'

Edición video: Leida Ortega 

Durante toda esta semana en la ciudad de Medellín se llevó a cabo el  XVIII Congreso Colombiano de Historia.  Esta versión del CCH rindió homenaje al fallecido historiador Jaime Jaramillo Uribe, formador de las primeras generaciones de historiadores en el país. Por esta razón y por su gran aporte al reconocimiento de la historia como una ciencia social, el CCH realizará diferentes eventos, entre los cuales se encuentra una Conferencia magistral que se enfocará en el reconocimiento a su obra.

El próximo 13 de octubre de  1:30 p.m. a 4:30 p.m. se llevará a cabo la mesa de trabajo Historia y movimientos sociales.  Esta mesa está coordinada por Mauricio Archila, investigador Cinep/PPP y de la Universidad Nacional, Alfonso Torres Carrillo de la Universidad Pedagógica y Jair Álvarez Torres de la Universidad de Medellín.

En el panel Lecturas de 40 años de luchas sociales se presentarán las ponencias de los investigadores del equipo de Movimientos Sociales:

  • Territorialidades en movimiento. Sentidos de las disputas por el espacio en las luchas sociales en Colombia (1975-2015) de Ana María Restrepo.
  • Visiones del desarrollo expresadas en las luchas sociales en Colombia (1975-2015) de Martha Cecilia García.
  • Transformaciones del mundo laboral en Colombia de Leonardo Parra Rojas.
  • Control estatal y policial de la protesta en Colombia (1975-2015) de Mauricio Archila Neira.

 Estas ponencias recogen algunas de las ideas principales que harán parte de una nueva publicación que saldrá en 2018 sobre 40 años de luchas sociales.

 

Ante a la participación del equipo de Movimientos Sociales del Cinep/PPP en este congreso, Mauricio Archila habla sobre el evento académico y las apuestas que tienen en las ponencias.

¿Cuál es la importancia del Congreso Colombiano de Historia?

Los congresos de historia se vienen realizando desde el año 1977 que fue en la Universidad Nacional. Es importante porque es la reunión de historiadores, aunque en realidad no todos los que van son historiadores, y es de lo pocos encuentros profesionales que hay en Colombia y que tiene un carácter relativamente masivo. Creo que también se le trata de apuntar a un balance de las investigaciones, de las tendencias de la historia, y no solo pensando en lo que se enseña en las universidades sino también en lo que se mueve en la sociedad. Este año va a ser en honor a un historiador que ya murió, Jaime Jaramillo Uribe, que fue el que de alguna manera inició la llamada nueva historia en Colombia.

Al mirar las ponencias centrales, hay mucha reflexión sobre conflicto, violencia y procesos de paz y hay otros ejes temáticos. Uno de esos es el de movimientos sociales e izquierdas que yo coordino con Alfonso Torres, de la Universidad Pedagógica. Allí el Cinep/PPP va a tener un panel en el que el equipo de movimientos sociales presentaremos avances de una investigación que estamos haciendo que la hemos llamado 40 años de luchas sociales, y que tiene que ver con los 41 años que cumple la base de datos de luchas sociales del Cinep/PPP.

¿Por qué es importante reconocer esa historia de los movimientos sociales en el país?

Yo creo que una expresión muy fuerte de la llamada sociedad civil son los movimientos sociales, sin ser lo único, porque también hay iglesias, hay gremios, hay universidad y otras formas de existencia. Pero una parte muy importante que expresa la vitalidad de una sociedad son los movimientos sociales, no necesariamente que acudan a la protesta, pero que se mueven y posicionan sus temas. En una sociedad como la colombiana que ha sufrido tanta violencia, y que la sigue viviendo, en la que la movilización social ha sido estigmatizada y criminalizada a lo que le apostamos desde Cinep/PPP y otras organizaciones es a despenalizar la protesta y dar una ley estatutaria de participación de ciudadana y de fortalecimiento de los movimientos sociales.

Dentro de esos 40 años de sistematizar los movimientos sociales ¿cuáles diría que son los hitos de la movilización social en Colombia?

Primero, insistiría en no quedarnos en los hitos porque eso puede dar una mirada a una historia épica, episódica, como una historia patria de los movimientos sociales que no es lo más propicio para que uno entienda procesos de más larga duración. Dicho eso, lo que nosotros encontramos es que hay una fuerte movilización durante el primer periodo de nuestro análisis, que es a finales del frente nacional y comienzos del gobierno de López Michelsen y allí encontramos un hito clásico que hace poco celebrábamos que es el paro cívico de 1977.

Luego disminuye un poco la movilización con el gobierno de Turbay y la aplicación del estatuto de seguridad. Hay un despertar de la movilización social a mediados de los 80 y allí hubo un as movilizaciones muy fuertes, sobre todo en el nororiente colombiano en el Magdalena Medio, Santanderes, Arauca en torno a unas organizaciones que había en esa época y que fueron prácticamente diezmadas, que se llamaban A luchar y la Unión Patriótica. Va a haber otros hitos hasta la movilización fuerte en el 2013, que ha sido el año de más luchas sociales que hemos registrado nosotros. Allí está la movilización campesina, y de mineros en el Catatumbo y de transportadores.

¿Cuál es la apuesta de este equipo de investigación al participar en el Congreso?

Este es un espacio en el que presentamos a la academia y a otros actores sociales, más que la base de datos y los resultados de nuestra investigación, algunas pesquisas e investigaciones que estamos haciendo en torno a diferentes temas. Ana María Restrepo está trabajando el tema de la noción del territorio para los movimientos sociales indígenas y campesinos e incluso para estudiantes o habitantes de barrios populares que ya empiezan a manejar ese término.

Marta Cecilia García va a presentar algo sobre las nociones de desarrollo, de vida buena en los movimientos sociales, que en algún momento le han apostado a planes de desarrollo pero últimamente todo este tema de la depredación de la naturaleza, de la necesidad de reconciliación con la madre tierra ha impactado mucho a los movimientos sociales. Leonardo Parra va a trabajar el tema de las transformaciones del mundo del trabajo, las transformaciones laborales, el desempleo, los independientes y la debilidad aparente del sindicalismo. Yo voy a hablar un poco de lo que llamo el control estatal de la protesta y la relación entre policía y protestatarios. Ese es el análisis desde el equipo. Todos mirando estos últimos 40 años de luchas y de la historia colombiana.

 

Laura Inés Contreras 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

El presente informe sobre agresiones y graves violaciones de derechos a defensores de derechos humanos y líderes sociales ha sido elaborado con base en los registros del Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP), del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), en un ejercicio de aproximación a este fenómeno. El documento no pretende dar cuenta de la universalidad de casos, ni abarcar la totalidad de una realidad que seguramente excede a este informe, en lo cualitativo y en lo cuantitativo; tampoco intenta trazar líneas de causalidad entre las coincidencias que se presentan con los asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos, sino complementar, apoyar y ratificar las denuncias que han venido presentando organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, instituciones del Estado y el Sistema de Naciones Unidas, en un intento de brindar un panorama más completo sobre el creciente fenómeno que se está registrando y que constituye un ambiente lleno de peligros y barreras para la implementación de los acuerdos de paz que se están implementando en este momento de la historia colombiana.