Mucho se ha dicho y alertado, dentro de amplios espacios de la opinión pública, sobre las consecuencias del regreso al poder de los sectores políticos que encarna Álvaro Uribe Vélez, con la posible elección como presidente de Iván Duque. Ahora, para hacer un análisis de sus consecuencias lo primero que hay que hacer es no creer o ver a este aspirante como un simple títere del ex presidente, ya que Duque encarna y pertenece a una generación de colombianos que ven en él a un libertador, un ideario y una visión de sociedad y país. Frente a eso estamos.

En este orden, esta editorial apunta a algo de lo que poco se ha hablado, tanto en los medios nacionales como en las columnas de opinión. Me refiero a los impactos y trayectorias conflictivas que se generarían con la llegada del Centro Democrático (CD) al poder, en algunas zonas del territorio nacional donde la situación de orden público no solo es crítica por la inefectiva presencia estatal, sino porque a los moradores de esas zonas se les ha negado de manera histórica y sistemática su condición de ciudadanos colombianos.

Con lo anterior me refiero a que sean integrados a una comunidad imaginada (ellos también son colombianos), que tengan la posibilidad de ser propietarios con la formalización de sus propiedades, que accedan servicios estatales (salud, energía, etc.) e incluso que puedan votar.

Y es que, a mi modo ver, este es uno de los aspectos nodales que está en juego en las siguientes elecciones pues las propuestas del sector de derecha, o del CD, apuntan a perpetuar esta constante histórica la cual ha sido fundamento y base para que ciertos sectores de la sociedad sigan empuñando un arma para reclamar su inclusión y reconocimiento.

En este orden, me propongo ejemplificar cuatro asuntos que resultan centrales y que están en juego para mostrar la coyuntura crítica por la que atravesamos; al lado, de las consecuencias e implicaciones que tendrán estas decisiones para el tipo de democracia que tendremos en los próximos lustros y la idea de Estado.

Así, uno de los pilares del discurso de Duque es la necesidad de modificar los Acuerdos. Pero esta modificación no consiste solo en pequeños cambios, como suele decir, sino en transformar el espíritu de lo pactado y reversar, o por lo menos frenar algunas transformaciones estructurales que implicarían profundizar la democracia en Colombia y consolidar la presencia estatal en algunas regiones del país donde su imperio está en entredicho.

Partamos señalando que el primer resultado y el más previsible es el retorno de la guerra. Mas, esto no será en los términos en que se conoció en los años 90, cuando la confrontación armada llegó a afectar al grueso de la población colombiana; sino una confrontación caracterizada por su tinte marginal que poco o nada afecta la vida en los centros urbanos (excluyendo sus áreas marginales como Ciudad Bolívar, en Bogotá, o La Comuna 13, en Medellín) pero que sí tiene un alto impacto en territorios marginales del país.

Y esto no es un discurso del miedo para minimizar los impactos que tiene la vuelta de la guerra, como algunos detractores señalan; todo lo contrario, es una alerta sobre una población que siempre ha estado al costado, en la sombra, y que casi siempre termina pagando los costos y poniendo las cuotas de sangre. Por ejemplo, me refiero a los habitantes de Tumaco, Catatumbo, Arauca, Putumayo, zona costanera del Cauca o Urabá Antioqueño. ¡Son ellos quienes le ponen el pecho a la confrontación! No usted o yo que estamos leyendo tranquilamente esta editorial.  

Pero esto no es todo, la idea de desarrollo y modelo económico que pregonan los sectores más recalcitrantes que aspiran seguir en el poder se basan en un modelo de desarrollo económico, sobre todo en el ámbito rural, basado en la agroindustria. Frente a esto, la primera pregunta que emerge es: ¿qué país que haya proyectado todo su agro a la agroindustria (palma aceite, ganadería, algodón, arroz, etc.) es autosuficiente alimentariamente? y la segunda: ¿es posible que este tipo de modelo agropecuario absorba la mano de obra campesina?

La respuesta a estos interrogantes es un no rotundo. En efecto, lo que se observa en casos como el peruano es que con la dictadura del General Velasco — y ojo que no era un comunista — y su reforma agraria, se pudieron incluir y mejorar los estándares de vida de un sector campesino marginado, al hacerlos propietarios y miembros activos de la economía nacional. Otro ejemplo, el cual paradójicamente es muy referenciado en nuestro ámbito para hablar de desarrollo económico son los tigres asiáticos. Estos países apalancaron su desarrollo industrial en una amplia reforma agraria y un proceso de formalización que benefició de forma extensa a los sectores rurales menos favorecidos y sobre ellos se desarrolló un importante proceso de industrialización al obtener alimentos y materias primas.  

En este orden, cabe preguntarse: ¿acaso este tipo acciones o transformaciones hicieron de estos países ejemplos de un desarrollo por la vía comunista o socialista? ¿Son ejemplo de un tipo de socialismo del siglo XXI? Para fortuna de ellos no, pero para nuestro infortunio este tipo de medidas son catalogadas como tal. En efecto, el hecho de considerar que la gente pague lo que debe pagar por lo que tiene, es de por sí considerado una transgresión a la democracia e inmediatamente se evoca al fantasma del comunismo del siglo XXI.

Esto me lleva a otro punto, y es la negativa de ciertos sectores políticos y económicos a que se extienda el derecho de propiedad al campesinado. Quienes se oponen consideran que la formalización de algunas zonas recientemente colonizadas o el regreso del campesinado a zonas donde hubo despojo masivo, atenta contra el desarrollo del agro —las posturas del anulado procurador Ordoñez y José Félix Lafaurie son el mejor ejemplo—. Respecto a esto hay dos marcos que se ligan y dan base a este supuestos: (i) la necesidad y carencia de mano de obra rural asalariada, la cual escasearía si hay más propietarios; y (ii) que su visión de desarrollo consiste en que el agro solo se transforma de la mano de obra de grandes capitales y unidades productivas extensas basadas en monocultivo —la hacienda Carimagua ejemplifica de extraordinaria forma dicha visión—.

Así, llego al tercer punto: el problema de la coca. Lo que se propone por parte del Centro Democrático no es solo fantasioso sino también poco consecuente. La idea de que con la erradicación forzosa y la estrategia punitiva se van a desincentivar los cultivos ilícitos no solo no tiene en cuenta cuán errática ha sido la estrategia tradicional de lucha contra las drogas —lleva más 40 años de rotundos fracasos y lo único que ha logrado es la transformación y optimización del negocio—, sino que de paso le sigue negando la entrada a los campesinos cocaleros a lo que es Colombia en términos políticos y económicos.

Respecto a este último punto, reeditar la estrategia punitiva puede incentivar nuevos procesos de colonización a zonas más apartadas del territorio nacional, donde por el carácter de la presencia del Estado y lo ilegal del negocio, se arrojaría nuevamente a los campesinos cocaleros a las ofertas reguladoras de seguridad y justicia de grupos armados. Esto no solo impide asentar a una población tradicionalmente flotante y escurridiza, sino perpetuar el ciclo de colonización-culturización-erradicación-colonización que impide al Estado sedentarizar a estos pobladores y que estos puedan acceder a una ciudadanía efectiva.

En efecto, si miramos otras experiencias en el mundo no ha habido caso alguno en el cual se haya logrado la meta de cero coca en el corto plazo (para esto se necesitan décadas). El mejor ejemplo es el malayo, el cual tardó 30 años para erradicarla del todo y eso implicó dos cosas: uno, desde un inicio nunca se pensó en cero coca; y dos, crearon circuitos económicos virtuosos que hicieron viables otras economías legales. En otras palabras, construir carreteras, formalizar la propiedad, hacer puentes y desarrollar planes de asistencia técnica y productiva, por mencionar solo algunas medidas. Y esto no se hace de la noche a la mañana. Eso toma más tiempo de lo que se cree.

Por eso el incesante señalamiento de que la no fumigación es un error para hacerle frente a la amenaza terrorista, ha tenido como único resultado el señalar y estigmatizar al eslabón más débil: el campesino colono-cocalero; a la vez que, ha maquillado el fracaso de una estrategia que lleva más de 40 años de implementación y ha dado pocos resultados.

Por último, podemos señalar el tema de la protesta social. No en vano, tenemos como antecedente el trato que le dio la administración de Álvaro Uribe en sus dos períodos, el cual se basó en medidas represivas para evitar la alteración del orden público. Esta idea no solo se refrenda con los candidatos del Centro Democrático (basta ver las declaraciones de Martha Lucía Ramírez sobre algunas protestas), sino que el escenario puede ser más crítico por el auge que se ha dado en la movilización en los últimos años, en el marco de los Acuerdos de La Habana. Y es que no sobra recordar que estas formas de expresión son, en muchos casos, el único canal de demanda y reclamo que tienen algunos habitantes del país frente a los reiterados incumplimientos del Gobierno nacional y local frente a sus necesidades.

Con estos ejemplos queda expuesto lo que está en juego para nuestro país y su trayectoria futura. Recordemos que para jugar a la democracia — pero para jugar en serio — uno de los pilares es incluir en su juego a todos los sectores, sin importar cuan minoritarios sean; que tengan la posibilidad de ser propietarios, que cada ciudadano pague de acuerdo a lo que tiene y que acceda a la ayuda e incentivos por parte del Estado. De ahí que las implicaciones de la no formalización de estos sectores y los frenos que se le ponen a la actualización catastral comprometan seriamente la viabilidad fiscal de un Estado. Por eso, más allá de los minerales que tengamos y del tipo de explotación que se haga, es necesario enfilar esfuerzos para saber quién tiene qué y dónde.  

Menciono esto porque ciertos sectores de la sociedad colombiana utilizan a diestra y siniestra el vocablo democracia en sus discursos en defensa de sus intereses y posiciones; y no es justo, en ningún sentido, que los habitantes rurales o los tenderos de las ciudades sigan pagando los mismos impuestos que los grandes propietarios, pues algunos ciudadanos del país integrado conciben a la ciudadanía como un privilegio al cual se puede acceder so pena de que se ajusten a sus visiones de sociedad —el mejor caso es de Paloma Valencia que utiliza la idea de contrato social, no en el sentido en que se pacte una idea de Estado o sociedad,  sino que se imponga por parte de un grupo sobre otro—; que la justicia sea imparcial siempre y cuando no toque sus intereses ni miembros.

Así, se hace un llamado a que estos sectores de derecha salgan del closet porque su ideario, de democrático tiene muy poco: quieren un sistema que sea hecho a su medida, antojos y necesidades. En otras palabras, estos sectores son los que encajan en la muy citada alegoría de Darío Echandía: La democracia colombiana es un orangután con sacoleva. De ahí que esta coyuntura se perfile en el horizonte como decisiva y el voto en blanco se muestre como inefectivo por lo crítico de la situación.

¡Por eso hay que defender la idea democracia planteada en La Habana, maestros!

 

Andrés Aponte

Coordinador del equipo Conflicto, estado y desarrollo

Desde el Cinep/Programa por la Paz compartimos este mensaje de la organización Paz Querida, en un llamado a los candidatos a la Presidencia de la República para que se comprometan a seguir trabajando por el afianzamiento de la construcción de paz en el marco del acuerdo de paz firmado por el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC.  

 
 

 

Desde el Cinep/Programa por la Paz nos unimos a las justas demandas del pueblo nicaragüense, porque se preserve la democracia y se protejan los Derechos Humanos en este momento en el que atraviesa el país, envíamos esta carta a la Embajadora Yara Pérez Calero para que sea ella vocera de este clamor al que se une Cinep/PPP como parte de la Red Social de la Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina y el Caribe. 

 
 

 

El próximo domingo será la primera vuelta para elegir el nuevo presidente de Colombia. La actividad se ha centrado en la publicidad de radio y televisión con un contenido profusamente emotivo y un debilitamiento de la reflexión sobre las soluciones que necesitan los problemas del país. Es preciso quebrar esta situación. Por eso, cada ciudadano y ciudadana tiene la responsabilidad y el derecho de preguntarse qué va a decidir con su voto y si va participará o no, con las consecuencias de esta decisión. No solo analizar por quién votará en particular, sino qué intereses representa su candidato, cuáles son sus propuestas, y si ellas son posibles, viables y necesarias.

Esta decisión no es un asunto cualquiera. El poder y la responsabilidad política de los ciudadanos y ciudadanas se expresa de manera directa el día de las elecciones. No expresarse en las urnas o vender el voto, es una decisión que trae consecuencias personales y colectivas.

Colombia tiene asuntos de la más alta gravedad para resolver y debemos ser conscientes de elegir quienes van a liderar y bajo qué criterios, las alternativas para alcanzar soluciones pertinentes, transparentes, eficaces, que no solo deben incluir los intereses de algunos actores influyentes de la sociedad. Entre otros problemas, cinco de ellos han llegado a ser crónicos y deben ser afrontados por el próximo gobierno. El primero: la atención a los más de ocho millones y medio de víctimas del conflicto social y armado que ha vivido el país por medio siglo.

Segundo: clarificar la propiedad, acceso y uso de la tierra. Generando una reforma rural que incluya la economía campesina, estrategias contra los cultivos de uso ilícito y la minería que atente contra la creación. Tercero: fortalecer garantías para la participación política de todos los movimientos y partidos, e impulsar una reforma política que implique cambios positivos para la institucionalidad pública.

Cuarto: hacer una reforma de fondo en la justicia para disminuir la alta impunidad y la corrupción vivida por décadas en el país. Y quinto: reconstruir un sistema de seguridad social que humanice y desarticule la comercialización de la salud; que fortalezca una educación de calidad para la vida, que sea equitativa entre la ciudad y el campo, que no segregue a nadie. Así como una política laboral que exija trabajo decente, equidad de género en el ingreso y pensiones dignas.

Los obispos en el texto titulado: Construir juntos un país que sea patria y casa para todos, brindan criterios claros para participar en las elecciones, entre otros, nos dicen: “Analicemos cuidadosamente la trayectoria y las propuestas de los candidatos. Para dar nuestro voto responsablemente, tenemos que llegar a la convicción moral de que la persona, el proyecto político y el equipo de trabajo que se eligen aportarán realmente al bienestar de todos los colombianos”.

 

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director del Cinep/Programa por la Paz

Las próximas elecciones presidenciales se están desarrollando de una manera bastante interesante por la complejidad de la situación política en Colombia.[1] Este artículo se basa en un estudio desde afuera que analiza los escenarios más probables para la elección de ciertos candidatos y los efectos que ese candidato puede tener sobre la implementación de los acuerdos de paz.

 Los autores han concebido tres posibles escenarios presidenciales y cómo estos puede llegar a afectar la implementación del proceso de paz[2]. La mayoría de los escenarios considera que estas elecciones pasarán a una segunda ronda, y eso se toma en cuenta en las predicciones. Los colombianos han sido abrumados con debates, discursos, propaganda política y la situación del proceso de paz, pero no sobre la realidad política de su país. Una realidad que estas elecciones han sacado a flote, resaltando la aguda polarización que siempre ha caracterizado la política del país.

Escenarios presidenciales

Los siguientes escenarios se presentan como los más probables a darse el próximo 27 de mayo y no se presentan en ningún orden de preferencia. Los autores estiman que cualquiera de estos escenarios sería posible.

Escenario I: Iván Duque vs. Germán Vargas Lleras

Si la izquierda se mantiene fragmentada y no puede formar un electorado sólido detrás de Gustavo Petro, y Petro no obtiene resultados tan altos durante el día de las elecciones como lo ha hecho en las encuestas, predecimos que la primera ronda de elecciones se realizará entre dos candidatos de derecha, Germán Vargas Lleras e Iván Duque. El fracaso de consolidar el apoyo del centro y la izquierda podría resultar costoso para los candidatos que representan esos sectores, ya que Petro y Fajardo probablemente necesitarían formar una coalición para poder lograr la presidencia y mantener la política fuera de las dinámicas tradicionales. La posibilidad de que Duque gane en la primera ronda es menos probable, ya que Vargas Lleras ha ganado oficialmente el apoyo del Partido de la U y tiene un electorado en crecimiento.

Escenario II: Germán Vargas Lleras vs. Gustavo Petro

Para Germán Vargas Lleras, la maquinaria – el control sobre gran numero de votos que ejerce una fuerte influencia en la política y sobre todo en las elecciones – será fundamental para su candidatura. Si la maquinaria (que no ha aparecido en las encuestas, pero que apareció en las elecciones del Congreso) aparece en las urnas el día de las votaciones, Vargas Lleras podría llegar a vencer a Duque en la primera ronda y pasaría a la segunda ronda. Entonces enfrentaría a Petro que, si es capaz de avanzar a la segunda ronda, habrá obtenido un apoyo importante de la población que votó por el "sí". Si Petro llegara a la presidencia, abriría por primera vez el cerrado sistema político que existe en Colombia.

Escenario III: Gustavo Petro vs. Iván Duque

Si el voto de la maquinaria no se presenta a favor de Vargas Lleras, y Duque concreta su apoyo uribista el día de las elecciones, Duque llegará a la segunda ronda. Al igual que en el escenario II, este escenario se haría realidad si Petro puede llevar adelante el impulso positivo que ha mostrado en las encuestas y continuar con su habilidad para cautivar a las masas en los discursos públicos.

Efectos en los acuerdos de paz

El discurso político en Colombia durante la campaña presidencial se ha enfocado bastante en el proceso de paz y el peligro que vive su implementación. Aunque esto es una preocupación real, es importante recordar que, independientemente de quién gane esta elección, la implementación de los acuerdos de paz no depende solamente del presidente. El futuro presidente no puede implementarlos ni romperlos por sí solo, ya que Colombia goza de instituciones bastante fuertes, comparadas con otros países del continente, que cumplen la función de balancear asuntos tan importantes como la implementación de un acuerdo de paz. El Congreso también puede jugar un papel muy importante en la implementación de dichos acuerdos, ya que está compuesto por muchas curules favorables a ello. La misma complejidad y polarización política impide que el presidente, por sí solo, pueda llegar a tener un efecto negativo en la implementación de tales acuerdos.

 Iván Duque puede llegar a presentar la mayor amenaza, por parte de los candidatos principales, para la implementación de los actuales acuerdos de paz, ya que él y el expresidente y actual senador Uribe han expresado su deseo de eliminar completamente su articulado o por lo menos cambiarlo drásticamente. Es probable que el candidato Vargas Lleras tampoco apoye por completo la implementación de los acuerdos de paz, pero estimamos que representa una amenaza menor que el mismo Duque. La gran pregunta es si se pueden implementar mecanismos que lleguen a comprometer a Vargas Lleras a favor de la implementación de los acuerdos de paz. Sin embargo, este candidato ha desafiado abiertamente a la jep y a los procesos de amnistía.

 La elección de Petro como se mencionó anteriormente, a pesar de gobernar con un Congreso fragmentado, podría representar, en teoría, la menor amenaza para la implementación de los acuerdos de paz, pero enfrentaría serios obstáculos. Parte del problema para la implementación de estos acuerdos es la falta de una apertura política para la farc-ep y otros sectores marginalizados. Para que se dé una exitosa transición democrática de un grupo insurgente tiene que haber una apertura de parte de todos, o la mayoría, de los partidos políticos. Petro ha prometido mucho en su campaña con respecto a los acuerdos, pero queda por verse si puede unir a todos los actores relevantes a través de las líneas partidistas para crear un proceso sostenible. Su posición de extrema izquierda podría obstaculizar su idealismo en términos de la implementación real del acuerdo.

Conclusión

Es la opinión de los autores que los acuerdos de paz se encuentran en una situación frágil y su futuro depende en gran medida del resultado de estas elecciones para alcanzar un tipo de claridad. Sin embargo, la gente en Colombia debe entender que un proceso de paz no queda completamente en manos del futuro presidente. Para lograr una paz sostenible, la sociedad civil tendrá que promover el proceso y asegurar que la implementación de los acuerdos se logre. 

El reto más grande que existe en Colombia es superar la polarización política y lo cerrado que el sistema político realmente es, algo que estamos observando una vez más en esta campaña electoral. Petro puede pretender que implementará los acuerdos por completo, pero un Congreso fragmentado impedirá este proceso para bien o para mal, dado el caso de que él pueda infiltrarse en este sistema político tan cerrado. El punto a resaltar con Petro es el hecho que muchos colombianos no ven la posibilidad de que alguien tan “radical” como él pueda ganar. Esto requiere de un cambio. El sistema político del país debe en teoría darle la oportunidad a cualquier persona de ser presidente de su país, siempre y cuando esa persona logre los votos suficientes en una elección sin corrupción, sin importar de qué lado se encuentra del espectro político.

Como se señaló anteriormente, Vargas Lleras y Duque han indicado sus intenciones de modificar de alguna forma los acuerdos con las farc-ep. Esto no significa que el proceso de paz y la implementación del mismo vayan a ser totalmente desmantelados. La elección de Duque o Vargas Lleras no implicará que el proceso de paz desaparezca. Simplemente harán que la implementación de este proceso sea más difícil, o tal vez pueden llegar a impedirlo. La omisión, en este caso, representaría una amenaza más grande a la implementación de los acuerdos de paz que su modificación.

Los votantes colombianos deben entender la importancia que tiene esta elección en el futuro de su nación. Ningún actor por sí solo interrumpirá del todo este proceso; el éxito de los acuerdos de paz se creará, en cambio, a partir de la unidad que se pueda fomentar entre los partidos opositores y la sociedad civil. Solo entonces los acuerdos se pueden llevar a cabo con éxito, pero más importante aún, el sistema político cerrado se puede abrir para beneficiar a todos los colombianos.[3] Desde una mirada externa, este proceso de paz puede llegar a tener un gran efecto en la apertura de un sistema político tan polarizado y cerrado como el colombiano. Igualmente, el anhelo de una paz sostenible que ha existido por más de cinco décadas en ese país, puede solidarizar a todos los colombianos por una causa importante, una Colombia sin guerra.

Cameron Trimpey-Warhaftig y Diego Suárez Salazar 

 

 

[1] En honor al Dr. Marc Chernick, nuestro mentor y amigo, quien dedicó su vida a promover la salida negociada del conflicto armado colombiano.

[2] Este artículo es el resultado de nuestro proyecto final en la Maestría de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown, el cual fue realizado conjuntamente con el CINEP en Bogotá. Agradecemos los comentarios de sus investigadores, especialmente el apoyo recibido del Padre John Jairo Montoya. De igual manera, agradecemos a nuestro consejero académico, el Profesor Angelo Rivero Santos, y muy especialmente al Profesor Michael Reed-Hurtado, quien aceptó guiarnos en momentos difíciles durante la culminación de este proyecto.

[3] Los escenarios se diseñaron como una declaración de si ocurre x, y ganará las elecciones y z pasará a la implementación de los acuerdos de paz.

[4] La opinión expresada en este artículo es exclusivamente la de los autores y no representa la opinión de Georgetown University, CLAS, CINEP, o cualquier otra organización o individuo.