Oct 17, 2017

Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos solicitamos audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH para exponer nuestras preocupaciones respecto al desconocimiento de los estándares internacionales de justicia y reparación en las propuestas de los promotores del No.

Según Soraya Gutiérrez, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo "en la audiencia con la CIDH se quiere alertar sobre la impunidad en la que se encuentran los crímenes de Estado, las fórmulas de las campaña del No que buscan perpetuar la impunidad en relación con agentes del Estado y que se garantice que las víctimas tengan una participación amplia en todos los espacios de discusión como de implementación una vez se hagan los ajustes a los acuerdos". 

En rueda de prensa los voceros de las organizaciones expusieron los principales argumentos que afectan los derechos de las víctimas ante los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre, en este momento se hace imposible activar los mecanismos establecidos en el acuerdo, por lo que no se está haciendo un reconocimiento de lo pactado, avanzando por ejemplo en el desarrollo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Por su parte los promotores del No han reactivado la propuesta de un "alivio judicial" a los integrantes de la fuerza pública, si bien los miembros de las Farc-EP no son los únicos responsables de crímenes graves en contexto del conflicto armado, conceder "alivio judicial" significa mayor impunidad y afectación a los derechos de las víctimas de crímenes cometidos por agentes estatales. “Consideramos que medidas que buscan proteger a los agentes estatales, a empresarios y políticos no favorece el derecho a la verdad de las víctimas y reitera un pacto de silencio e impunidad”, aseguró Diana Gómez, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Estado- Movice.

Según el informe ¡Basta Ya! del Centro de Memoria Histórica demuestra que la violencia ha estado alimentada mayormente por la responsabilidad colectiva de la fuerza pública e individual de varios de sus agentes. Delitos como la desaparición forzada, con 45.944 víctimas directas, son atribuidos a grupos paramilitares y agentes de la fuerza pública en el 84% de casos. Las ejecuciones extrajudiciales, que entre 2002 y 2010 dejaron 4.475 víctimas, son todas ellas responsabilidad de agentes estatales. Así mismo ocurre con los asesinatos selectivos en los que paramilitares y fuerza pública son responsables del 69% de los casos, o las 1.982 masacres cuya responsabilidad en el 56% de casos es atribuida a grupos paramilitares en asocio con la fuerza pública, autoridades civiles, y civiles financiadores del conflicto, mientras el 27 % de los casos son atribuidos a autores desconocidos y el 17% a las guerrillas.
 
Finalmente las organizaciones de víctimas hacemos un llamado para reconocer y avanzar en lo acordado en la mesa de La Habana, en el punto 5 de los acuerdos, para que las modificaciones respeten la centralidad y los derechos de las víctimas.
 

A pesar de la incertidumbre en la que se encuentra el país frente al proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, muchos territorios siguen apostándole a la construcción de paz. Decidimos armar este Rompecabezas para entender el panorama de lo que ha sido históricamente el departamento de Córdoba. Indagamos sobre su perspectiva de futuro, sus retos y exaltamos las capacidades de las organizaciones sociales en este territorio.
Bienvenidos. 

Invitados:

 

 En entrevista con el medio español La Rioja, nuestro director general Luis Guillermo Guerrero Guevara habla sobre los efectos posteriores al plebiscito y el panorama actual de Colombia.

 

Una vez realizado el plebiscito, estamos frente a un reto histórico difícil para conseguir un acuerdo de paz. La mínima diferencia del NO sobre el SI, ha dejado hasta el momento al país en una incertidumbre política y económica que debemos transformar en oportunidad.

La tarea seria es no perder lo construido durante los dos años de preparación para la negociación y los cuatro años de su desarrollo en La Habana, así como la posibilidad real de generar un acuerdo que recoja de manera concertada no solo las pretensiones del NO y las del SI, sino lo que necesita el país, sus ciudadanos y en especial las víctimas del conflicto armado.

El acuerdo debe apuntar prioritariamente a trabajar la crisis espiritual que tenemos como sociedad. El acuerdo es para ayudar a la construcción de una paz con justicia social, una política incluyente y democrática y una economía para generar equidad y bienestar para los ciudadanos. El acuerdo no es solo para resolver los intereses particulares, en el orden judicial, económico y político, de algunas élites o sectores sociales del país, sean ellas de los sectores sociales influyentes o de los grupos alzados en armas.

La compleja renegociación está encima de la mesa, no se puede soslayar. El alcance que se le quiere dar, las modificaciones y sus resultados, se espera sean claras. Estas definiciones están en manos, en primer lugar del Gobierno Nacional; en segundo lugar, en manos de la oposición o sea del Centro Democrático y otros grupos que votaron por el NO, en tercer lugar en manos de las FARC-EP. Pero igualmente está la mayoría ciudadana que debe movilizarse y expresar su voz y acción constructiva. Hasta el momento se han hecho visibles cinco puntos donde se centraría la renegociación: el primero busca clarificar la participación política de los comandantes de las FARC-EP en cargos del poder legislativo y ejecutivo. El segundo punto es el debate sobre la exclusión de las fuerzas armadas, lo mismo que a los civiles que hayan apoyado con recursos la guerra en la justicia transicional. El tercer punto, también sobre justicia, apunta a revisar las penas que van a cumplir las FRAC-EP; en los acuerdos sobresalen más las penas restaurativas de cara a la reparación de las víctimas, como el trabajo social o restricciones de la libertad, que las penas punitivas como pagar efectivamente cárcel, en especial para delitos atroces en el contexto de la guerra. El cuarto punto propone la exclusión del narcotráfico como delito político conexo al conflicto armado. Finalmente, el quinto punto, propone clarificar aún más el tema de dejación de las armas.

La crisis nos pone ante un escenario desafiante. Que esta oportunidad nos haga sensibles a la invitación libre y responsable que nos hace el Dios de la Vida para construir el proyecto del Reino de Justicia y de Amor eficaz.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/PPP

 ¡Cinep/PPP se suma al llamado ciudadano por un acuerdo ya!

Como Cinep/PPP hemos trabajado durante 45 años construyendo un país incluyente y equitativo, donde el respeto a la vida y la garantía de los derechos fundamentales sea la prioridad de las instituciones y del conjunto de la ciudadanía. Un país donde reconocer al otro y aceptar su diferencia sea pauta para la convivencia pacífica. Un país donde el debate de las ideas y no las armas sea lo que oriente la democracia. Esto ha sido un trabajo mancomunado con muchos aliados internacionales, nacionales y regionales.

El país necesita retomar con prontitud las negociaciones de paz, sobreponiendo a los intereses personales y partidistas los anhelos de paz de la nación y construir sobre lo construido en La Habana. El acuerdo firmado es el resultado de un trabajo persistente y juicioso de las partes.

Hoy nos preocupa la situación de las víctimas del conflicto, quienes se manifestaron mayoritariamente por el SÍ. A ellas les ratificamos nuestro apoyo prioritario para que sea escuchado su clamor por la paz, la restauración de sus derechos, la devolución de sus tierras y las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esperamos que la actual coyuntura no vaya a representar más riesgo para sus vidas ni para la del conjunto de la ciudadanía.

Este momento es una oportunidad para comprender que el logro de la paz requiere involucrar a los diversos actores e intereses que subyacen al conflicto armado. Ello implica escuchar y atender las voces regionales que “desde abajo” respaldaron con su voto el acuerdo final.

Ratificamos la legitimidad del Gobierno para que lidere el acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas y sociales que el país demanda con urgencia. Y le exigimos que convoque a la insurgencia, a los sectores que apoyaron los acuerdos de paz de La Habana y a los que se opusieron para que se sienten de inmediato y asuman la responsabilidad histórica que el resultado del plebiscito exige.

Nos declaramos en alerta permanente para encontrar rutas de salida a la incertidumbre sobre el futuro de la paz, promoviendo la reflexión y sumándonos a la movilización ciudadana por un ACUERDO YA.