Apr 26, 2017

En los últimos años la jurisprudencia de la corte constitucional se ha ocupado de temas relacionados con la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio y para casos médicos, particularmente, en lo referente a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto ha generado debates en el país, pues se empieza a evidenciar que las convicciones de algunos ciudadanos van en contravía de las leyes. 

Según un artículo de la Revista Estudios Socio-políticos

El objetor es ciertamente una figura incómoda frente a los poderosos. Como lo han puesto de presente distintos estudiosos sobre la objeción de conciencia, “el objetor adquiere (…) una carga de novedad perturbadora” que ofusca al gobernante, porque sostiene “una más alta fidelidad” que contraría sus mandatos. 

No obstante, los derechos de los individuos encuentran su límite en la libertad de los otros, tengan estos o no poder, y también en el respeto a derechos fundamentales como, por ejemplo, el derecho a la vida.

 Vale, entonces, la pena preguntarse ¿Cuáles son los límites de la objeción de conciencia? ¿Cómo dialogan las convicciones de los colombianos con la ley? ¿Qué se espera de los ciudadanos para el ejercicio de la objeción de conciencia?

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En el pasado mes de junio, la mesa negociadora en La Habana acordó la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, considerada como “un mecanismo independiente e imparcial de carácter extra-judicial” que se pondrá en marcha una vez se firme el Acuerdo Final. 

Esta comisión se contempla como una de las acciones del punto 5 de la agenda, correspondiente a las víctimas, pues según Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno en La Habana, es urgente dar "respuesta a los colombianos, y en especial a las miles de víctimas que reclaman verdad.” Con tono enfático resaltó: “Lo hemos dicho antes y no nos cansaremos de repetirlo: las víctimas son la razón de ser de este esfuerzo por poner fin al conflicto". 

No obstante, muchos interrogantes surgen respecto a la pertinencia y viabilidad de la Comisión. ¿Qué nos dicen otras experiencias sobre la utilidad de las Comisiones de verdad? ¿Este mecanismo aplica para el caso colombiano? ¿Cómo garantizar verdad en un país que, en ocasiones, ha construido su historia también a base de mentiras, incluso, en los juzgados y desde la institucionalidad? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este Rompecabezas.

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Así transcurrió la 3ª versión de los Diálogos CINEP/PPP de 2015

El tema agrario continúa posicionándose como un punto neurálgico en las discusiones académicas y del país. El debate está en cómo mejorar la política de restitución para garantizar los derechos de las víctimas. 

Este miércoles se llevó a cabo en las instalaciones del CINEP/Programa por la Paz la 3ª versión de los Diálogos CINEP/PPP de este año, un evento en el que se tratan, desde un enfoque académico, las diferentes problemáticas que más aquejan al país. En esta oportunidad, la discusión estuvo encaminada a responder ¿Qué transformaciones requiere la restitución de tierras?, debate que contó con la participación de 4 expertos y más de 70 asistentes.

La ley de víctimas, los procesos de reparación integral, la corrupción en la devolución de las tierras y los poderes regionales fueron algunos de los temas abordados en los diálogos. Dentro de las conclusiones del evento se mencionó que los procesos de restitución no pueden desconocer los contextos territoriales y que el futuro de los mismos está en que “podamos reconocer a las regiones y los efectos del conflicto sobre las mismas”, afirmó Roberto Vidal, director del Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, uno de los ponentes.

En estos diálogos participaron, también, como expositores: Luis Higuera, excontralor delegado para Asuntos Agrarios; Claudia Erazo, representante de la Corporación Jurídica Yira Castro y Adriana Fuentes, exsubdirectora de la Unidad de Restitución de Tierras.

Javier Medina, coordinador del Equipo de Movilización, Territorio e Interculturalidad del CINEP/PPP y moderador de los diálogos, destacó de forma positiva el posicionamiento del tema agrario en el debate público nacional, reflejado a través de la Ley 1448, las movilizaciones sociales, la Cumbre Agraria, entre otros aspectos.

Así mismo, afirmó: “En este debate y esta discusión, el CINEP/PPP espera contribuir con investigación rigurosa y acciones que estén al servicio de las víctimas, de comunidades y familias que fueron afectadas por la violencia”.

Video de la transmisión de este Diálogos CINEP/PPP 

Boletín especial con programas de radio, informes y boletines realizados por nuestro Observatorio de la restitución de la tierra en Colombia “Tierra y Derechos". 

En audiencia pública el pasado 8 de julio los congresistas Iván Cepeda y Alirio Uribe junto a organizaciones defensoras de derechos humanos: Colectivo Fals Borda, Corporación Claretiana, Corporación Avre, Comisión Intereclesial Justicia y Paz y el CINEP/PPP abrieron un espacio de denuncia para dar a conocer la situación de las Personas No Identificadas (PNI) sepultadas, en el marco del conflicto armado, en cementerios y enterramientos clandestinos del país con el objetivo de que se implemente una política pública sostenible, con asignación presupuestaria y coordinada con la sociedad civil, que garantice la entrega digna de restos mortales.

Desde el equipo del Banco de Datos y Violencia Política del CINEP/PPP en cabeza del padre Javier Giraldo, S.J. se denunció la situación de los cementerios de los llanos orientales. “Se han exhumado 856 cuerpos pero en 5 años solo se han entregado 66 a sus familias. Si hacemos un cálculo, para entregar los 856 cuerpos se necesitan 65 años y, ¿cuánto vamos a necesitar si se espera que sean exhumados los más de 20.000 registrados?” reflexionó Giraldo en su intervención. Junto a otras ONG, el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ha acompañado el proceso de exploración y exhumaciones en los cementerios de la Macarena, Granada, Vista Hermosa, Villavicencio y San José del Guaviare donde, de acuerdo a datos de la Fiscalía General de la Nación, se encuentran 2.314 cuerpos sepultados.


Durante la audiencia intervino el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quién señaló que la Fiscalía continuará adelantando los procesos de ubicación e identificación a través del Grupo de Exhumaciones con los que cuenta a nivel nacional. A su vez el director del Instituto de Medicina legal y Ciencias forenses, Doctor Eduardo Valdés expuso la grave situación de los cementerios del país al no existir una adecuado tratamiento de los cuerpos de personas inhumadas como no identificadas, “devolverlos a los cementerios al identificarlos es volverlos a desaparecer” señaló.

Las organizaciones han hecho un esfuerzo de reconstrucción histórica desde el año 2009 en la región del Ariari, incluso involucrándose directamente en el proceso de exhumación. En algunos territorios se han presentado dificultades para que el equipo de la Fiscalía se instale y realice las exhumaciones, para facilitar el proceso se llevaron a cabo exhumaciones humanitarias: grupos de ONG’s, acompañados de expertos técnicos, hicieron las exhumaciones para entregar los restos a la Fiscalía en zonas más tranquilas.

De acuerdo con datos de la Fiscalía existen 20.453 cadáveres sin identificar en los cementerios municipales del país. Luego de una denuncia interpuesta por los habitantes de La Macarena, Meta por la contaminación del agua que relacionaban con la multitud de cadáveres que veían descargar frecuentemente en la base militar; la entidad judicial solicitó a 1.103 alcaldías municipales un reporte de los casos de PNI. De éstas, 454 reportaron NN’s inhumados, 360 aseguraron que no registran y 261 no respondieron el requerimiento.

“El no encontrar los cadáveres de sus seres queridos y, el no poder darles una sepultura digna es realmente una acción de tortura para miles de familias en Colombia”, asegura Giraldo, quien insiste en la necesidad de respetar las normas de inhumación de restos humanos. Desde CINEP/PPP, se insta al gobierno a tomar medidas, además de las ya expresadas, sobre los procesos posteriores a la exhumación e identificación como el traslado de los cuerpos a lugares de entierro digno, el acompañamiento psicosocial a las familias y la investigación imparcial sobre las circunstancias de muerte.

Del 15 al 28 de junio en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia se realizó el programa de pasantía de Jóvenes Profesionales, el cual se inscribe en la estrategia de aprendizaje de la International Land Coalition-América Latina y el Caribe. En este evento se vincularon ocho jóvenes representates de organizaciones pertenecientes a la ILC en países como Ecuador, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú, Argentina y Colombia, quienes acompañaron el trabajo de la Fundación TIERRA en Bolivia, con el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias sobre la gobernanza de la tierra centrada en personas y construir redes de jóvenes profesionales para América Latina.

Catalina Serrano, investigadora del equipo movilización tierra y territorio asistió como representante del CINEP/Programa por la Paz junto con jóvenes pertenecientes a organizaciones como: Fundación SER, Perú; Fundación Plurales, Argentina; Comité Campesino del Altiplano CCDA,Guatemala; Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, El Salvador; Nitlapan, Nicaragua; Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en Ecuador SIPAE y Corporación para el Desarrollo Solidario CDS, Colombia.

Durante la estadía de los jóvenes en Bolivia se acompañó el proceso de la Fundación TIERRA en las regiones del Altiplano y Oriente Boliviano, al tiempo que se intercambiaron conocimientos con comunidades originarias de todo el país y con expertos en las problemáticas de seguridad alimentaria y desarrollo rural.