Mar 27, 2017

El segundo punto del acuerdo de La Habana, Participación política: apertura democrática para construir la paz, establece algunos parámetros que, según las delegaciones, amplían las posibilidades de los diferentes sectores sociales para  tener una participación más amplia y efectiva.

En uno de sus apartes, relacionado con la participación de la sociedad civil, plantea la presentación de un proyecto de ley al Congreso de la república en el que se brinden garantías para esa participación. Dentro de este punto, se solicitó al Cinep/PPP y a otras dos organizaciones su apoyo para lograr que el proyecto que se presente sea acorde a las necesidades de las comunidades del país.  Magda López, investigadora del equipo de Iniciativas de paz y Marco Fidel Vargas, investigador de equipo de educación, hablan del trabajo que han desarrollado ante la solicitud de la mesa de negociaciones.

¿Por qué desde la mesa de La Habana se solicita al Cinep/PPP apoyar en este punto?

Magda López

Hay que señalar el trabajo en temas de investigación, educación, acompañamiento y presencia en los territorios que ha hecho el Cinep y el Programa por la Paz durante muchos años. Ese trabajo fue reconocido en la mesa de negociación en La Habana, tanto por la delegación de las Farc como la del gobierno. Nos reconocen como un actor de la sociedad civil que lidera, que impulsa, que denuncia. Y como un centro de pensamiento que acompaña a las víctimas y a las comunidades más afectadas por el conflicto. Resaltaron mucho el trabajo en derechos humanos y el registro que se lleva desde el banco de datos de las violaciones a estos en diferentes partes del país.

¿Cómo llega el Cinep/PPP a la mesa?

Nosotros llegamos a la mesa por diferentes trabajos veníamos desarrollando en los últimos años. Uno de ellos fue un consulta ciudadana organizada por Foro nacional por Colombia y por petición del Alto Comisionado para la Paz sobre reconciliación y convivencia. Nosotros hicimos la secretaría técnica y a partir de ese momento hicimos el contacto con estas organizaciones.

¿Cuál fue la solicitud que les hicieron?

Tres organizaciones (Foro nacional por Colombia, Viva la ciudadanía y Cinep/PPP) fueron llamadas a acompañar uno de las tareas que quedaban para la implementación. Esta quedó enmarcada en el punto 2 del acuerdo y tiene que ver con la creación de un proyecto de ley de garantías de la participación ciudadana, la movilización y la protesta social y otras actividades que pueden hacer las organizaciones sociales.

Según lo estableció la mesa de conversaciones de La Habana, había un llamado a las tres organizaciones para que diseñaran una metodología de cara a la convocatoria de un espacio nacional en el que se pudieran recoger diferentes insumos que dieran los lineamientos para este proyecto de ley.  Cada una de las organizaciones no hemos repartido la recolección de una serie de insumos temáticos de acuerdo a las experticias y experiencias de cada organización, que se discutirán en cada una de las mesas en el espacio nacional y en los espacios territoriales.

¿Cuál es la agenda o cronograma que tienen?

El consejo Nacional de Participación ha nombrado sus delegados. Con ellos, en estos días, estamos organizando los eventos regionales. Los resultados de estos eventos debemos presentarlos, a más tardar, el 31 de marzo. Es decir, los lineamientos para el proyecto de ley debemos entregarlos para esa fecha. El encargo de La Habana, para las tres organizaciones, termina con la entrega de ese documento que recoge los aportes de las organizaciones de la sociedad civil de las diferentes regiones del país.

 La participación ciudadana en Colombia

En 2015 se expidió la ley 1757 que busca promocionar y proteger el derecho a la participación ciudadana. Esta ley presenta las formas institucionales de participación, regula las iniciativas populares y los mecanismos de participación (referendo, plebiscito, consulta popular), sin embargo, no brinda garantías reales para el ejercicio de la participación pues no están explícitamente mencionadas. Esta ley reconoce que la participación ciudadana se expresa a partir de mecanismos institucionales, pero también la movilización social y la organización ciudadana hacen parte de la participación, y por lo tanto deben ser oídas por los mandatarios locales, regionales y nacionales.

Dentro de la normatividad estipulada en la ley, se crea el Consejo Nacional de Participación. Este se encarga de orientar al gobierno nacional en temas relacionados con la participación de diferentes sectores sociales. Esta instancia trabaja con las tres organizaciones designadas por la mesa de La Habana y su rol es el de liderar la convocatoria al espacio nacional y acompañar en los espacios regionales la discusión para tener claridad de las propuestas de las comunidades.

 En el punto 2.2.1. del acuerdo final, les solicitan organizar el espacio nacional. ¿Cuál es la metodología para estos espacios de debate?

Marco Fidel Vargas

Lo primero será dividir los nueve temas planteados en mesas por sectores. Allí se organizarán las organizaciones dependiendo el tipo de temática que trabajen. Luego se identificarán las fallas, falencias u obstáculos que tiene la sociedad civil y que no les propicia una participación efectiva. Una vez identificadas, las mismas organizaciones presentarán sus propuestas que les permitan superar esos obstáculos y poder tener garantías. De ahí en adelante  la tarea es de las tres organizaciones (Foro nacional por Colombia, Viva la ciudadanía y el Cinep/PPP) para sistematizar esas propuestas y presentarlas al espacio nacional categorizadas.

Dentro del acuerdo les piden los lineamientos para el proyecto de ley  que dé garantías a la participación ¿Cuáles deben ser esas garantías?

Esas garantías deben girar en torno a habilidades que tienen las comunidades en las regiones del país, al tipo de institucionalidad que debe asumirlas, que deben garantizar que existan las garantías, las condiciones para exigir los derechos cuando sean vulnerados, los instrumentos de protección para que constantemente las comunidades puedan exigir  y el acceso a la participación que deben tener todas las regiones de acuerdo a su propio contexto.

¿Cuál es el conducto para llevar las propuestas de las comunidades al proyecto de ley?

Vamos a convocar entre 4 y 6 espacios regionales donde las organizaciones de la sociedad civil van a llevar sus propuestas. De allí se elegirán representantes para el espacio nacional. El documento de sistematización de estos eventos se llevará a una comisión de diálogo en la que se redactará el primer borrador del proyecto de ley. Luego, ese borrador se entrega a las delegaciones de gobierno y de las Farc para que lo revisen. Allí se pueden hacer las correcciones necesarias y cuando ambas partes estén de acuerdo  entregan el documento al Ministerio del Interior para que radique el proyecto en el Congreso. Allí la discusión se hará por Fast track y una vez aprobada la ley, pasará a la Corte Constitucional que la dejará en firme.

Luego de entregar los lineamientos ¿el Cinep/PPP piensa hacer algo más?

El mandato de la mesa es entregar los lineamientos. Sin embargo, hay llamados desde diferentes sectores para que las tres organizaciones y el Consejo nacional de participación sigan haciendo el monitoreo y seguimiento al proyecto de ley. La gente en la experiencia sabe que muchas veces participan en los espacios de discusión, pero cuando la discusión llega al legislativo o a los entes de toma de decisiones, no hay fidelidad o no concuerda lo que la gente dijo con el texto final que aprueban. Estamos esperando si nos es posible participar en esa otra discusión.

 

 Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

 

 

Aunque los diálogos de paz ente el Gobierno nacional y las Farc-EP se extendieron por casi cuatro años, ante otras experiencias internacionales es una de las negociaciones más rápidas, si se compara por ejemplo con Guatemala y El Salvador que tardaron más de diez años o Irlanda del Norte que estuvo negociando por más de veinte.

La corta negociación no necesariamente implica un periodo equivalente de implementación. Los contratiempos se han hecho evidentes, desde el triunfo del No el pasado 2 de octubre cuando se esperaba iniciar la implementación de lo acordado con la guerrilla al otro día de la refrendación en las urnas. La mínima diferencia en los resultados del plebiscito dejó incertidumbre en la ciudadanía que apoyaba lo ya acordado, ante la zozobra se volcó a las calles exigiendo Acuerdo Ya, mientras tanto la comunidad internacional veía con preocupación la situación, optó entonces por conceder al presidente Santos el Nobel de Paz y darle el apoyo para llevar a buen término un nuevo acuerdo.

Empezaron las nuevas negociaciones, incluyendo las más de 500 propuestas de los líderes del No, Gobierno y Farc revisaron los temas e hicieron precisiones, el 24 de noviembre firmaron un nuevo Acuerdo Final y el Congreso lo refrendó definitivamente el 30 de noviembre.

Llegó el día D, con él la implementación de los acuerdos y la movilización de las Farc a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización- ZVTN- y Puntos Transitorios dispuestos para la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil, el número de zonas se redujo y se estimaba que para finales de diciembre llegaran todos los guerrilleros a las zonas, sin embargo, hasta la semana pasada concluyó el tránsito pero persisten los inconvenientes y retrasos logísticos en la adecuación de las zonas.

Polarización presente

Los reveses de la implementación incluyen tanto los incumplimientos en las zonas veredales por parte del Gobierno como los sectores inconformes con el acuerdo de paz que continúan debatiendo modificaciones, hechos que acentúa la polarización. La situación se agrava de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

En el informe de Interntional Crisis Group ‘Bajo la sombra del No: la paz en Colombia después del plebiscito’, presentado en Cinep/PPP el pasado 23 de febrero, se afirma que “el apoyo político al nuevo acuerdo es débil y, posiblemente, saldrá a relucir aún más cuando inicien las campañas políticas para las próximas elecciones presidenciales de 2018. La implementación completa del acuerdo no está, por lo tanto, todavía garantizada. A pesar de ello, el gobierno y las FARC tienen una ventana de oportunidad durante los próximos 18 meses para consolidar, a través de la implementación, un apoyo al proceso que incremente los costos políticos de truncarlo a partir de mediados del 2018.” (Ver informe completo)

“El discurso autocomplaciente que ha surgido del triunfo del No, no puede hacer perder de vista que el uribismo es realmente un fenómeno político que tiene altísimas probabilidades de ganar las elecciones del 2018 y esto quiere decir que al perder espacio es pertinente garantizar un estatuto a la oposición por la incertidumbre que hay, y dejar de pensar que el estatuto de oposición en Colombia va a ser una concesión concreta al movimiento político de las Farc” aseguró Víctor Barrera, investigador del Cinep/PPP durante la presentación del informe.

 

 

Otro de los retos para la implementación está en las instituciones, para Kyle Johnson, investigador de International Crisis Group se evidencia “falta de capacidad local en las instituciones que tienen que implementar el tránsito de la guerra a la paz,  el acercamiento del Gobierno Nacional se hace de arriba hacia abajo, la paz territorial es algo que se manda desde el centro. Las peleas y desacuerdos de coordinación y articulación con las entidades, son un reflejo de la polarización, hay desacuerdo en cómo debería ser la paz”.

Finalmente un reto que ha encendido las alertas es la violencia a nivel local, el asesinato de líderes y defensores de derechos humanos en conjunto con las acciones persistentes de los grupos armados hacen que no haya paz en los territorios. El llamado es para crear sinergias a partir de un espacio de diálogo despolitizado entre sociedad civil, Gobierno y comunidad internacional para luego pasar a la acción y protección.

 

Concluye el informe, que si los esfuerzos para implementar el acuerdo no sobrepasan estos obstáculos algunos puntos acordados pueden estar condenados al fracaso antes incluso de que tengan alguna posibilidad de éxito. 

Jennipher Corredor
Equipo Comunicaciones

 

Con motivo del lanzamiento del reporte Bajo la sombra del No: la paz en Colombia después del plebiscito del International Crisis Group, el pasado 23 de febrero se realizó en las instalaciones del Cinep/PPP un conversatorio que discutía las implicaciones que tiene para la región la situación política, económica y social que vive Venezuela en la actualidad.

Todos los panelistas coincidieron que Venezuela vive una situación de crisis en materia económica y política, y que estas dos llevan a que el ambiente social propicie fuertes tensiones en la vida cotidiana de los venezolanos. “En Venezuela hay un agravamiento progresivo a nivel económico, a nivel político, a nivel social y a nivel de la inseguridad ciudadana. Se están quemando opciones de salidas constitucional, posibilidades de diálogo, lo que es muy grave, porque los problemas se siguen agudizando y no hay tramitación de ellos”  Socorro Ramírez afirmó Socorro Ramírez, ex profesora de la Universidad Nacional y miembro de la Comisión de Conciliación Nacional

Para Phil Guson, Analista Senior para Venezuela de International Crisis Group y autor del reporte el mayor problema es de tipo político, pues las grandes diferencias entre oficialistas y opositores son las que no permiten conciliar salidas. “En Venezuela hay básicamente dos bandos políticos enfrentados que polarizan a la población. Que uno de los bandos quiera imponerse sobre el otro, no va a solucionar la crisis, simplemente la va a seguir reproduciendo. Por eso es fundamental la solución negociada de esa crisis.”

Gabriel Becerra, miembro de la Unión patriótica y panelista en el coversatorio, reconoció los problemas que afronta Venezuela en la actualidad. Sin embargo, también reconoció lo importante que fue para las clases populares la llegada del proyecto político de Chávez al poder. “No se pueden desconocer los beneficios que recibieron las comunidades que históricamente habían sido marginadas y que hoy en día, por lo menos pueden comer tres veces al día y estudiar”. Si bien hay diferencias de opiniones frente al tema, todos coincidieron en que la salida a la crisis está en el diálogo y la negociación entre las partes.

Colombia y Venezuela

Otro de los temas debatidos fue las implicaciones para Colombia de la situación que vive Venezuela. “Colombia y Venezuela comparten una frontera de más de 2.200 km. Esta frontera es muy activa y muy permeable, tanto para lo bueno como para lo malo. Es imposible que dos países que comparten tanto, no solo geográficamente sino histórica y culturalmente no se vean afectados mutuamente por situaciones internas.” dijo Phil Gunson.

Para Socorro Ramirez, experta en temas relacionados con la frontera colombo-venezolana, han sido muchos los impactos sobre el territorio y las comunidades colombianas a partir del agravamiento de la crisis en Venezuela. “La criminalidad ha aumentado y quita las perspectivas de desarrollo regional. La llegada masiva de venezolanos a ciudades colombianas está haciendo colapsar el precario sistema de salud, el desempleo ha crecido exponencialmente, la delincuencia local y está creciendo una especie de anti venezolanismo que hay que detener.” También evidenció la poca capacidad de respuesta de las instituciones colombianas frente a este proceso “El gobierno colombiano ha hecho intervenciones momentáneas pero no hay capacidad institucional de acompañar a los gobiernos de frontera. No hay ningún espacio de diálogo ni siquiera entre los gobiernos y se ha manejado con el cierre o la apertura unilateral de la frontera.” expuso Ramírez.

Otro de los puntos en común fue el del papel fundamental que debe jugar la comunidad internacional y los países vecinos en propiciar espacios de diálogo entre las partes. “Va a ser muy importante la presión internacional para mediar y para reestablecer la institucionalidad democrática, es decir, no solo que haya elecciones, sino que todas las instituciones que están en el papel existan, cumplan su papel y que sean autónomas.” Dijo Gunson. Mientras que para Socorro Ramirez “Debería haber una presión internacional por el diálogo y por la negociación colectiva de los organismos regionales de américa latina y del caribe. Esta parálisis le hace daño a Venezuela.”

 Incidencia del Cinep/PPP en la zona de frontera

Ante la tensa situación que se viven en las ciudades fronterizas, el Cinep/Programa por la Paz, viene desarrollando su proyecto de la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana (EPCC) en algunas de esas ciudades. La EPCC ha trabajado durante seis años en tres frentes: procesos de formación política y ciudadana  con carácter de diplomado, avalados por el instituto Pensar de la Universidad Javeriana de Bogotá; La plataforma binacional fronteriza, que es la confluencia de organizaciones sociales y educativas de ambos países que preparan acciones de incidencia y actuación conjunta binacional; y trabajo con el proceso de regionalización de la Región Apostólica interprovincial Fronteriza (Raif) que es liderado por las provincias jesuitas de ambos países.

“Las acciones del Cinep/PPP en la frontera tienen como objetivo promover el sujeto social fronterizo y la formación y actuación ciudadana concertada articulada entre los habitantes de ambos lados de la frontera.” Explica Marco Andrés Acosta, investigador del Cinep/PPP.

Pese a la labor de organización y de incidencia que adelanta, no solo el Cinep/PPP sino diversas organizaciones sociales y religiosas en la frontera, la coyuntura de los últimos meses ha generado efectos negativos en las poblaciones de ambos países. “Después de un año de cierre fronterizo, que terminó el año pasado, apenas se ha hecho una apertura peatonal. Eso ha instalado un crecimiento de sentido discriminatorio mutuo que todavía existe en la región de frontera.” Afirma Acosta. Ese sentimiento de rechazo varía dependiendo del contexto en que se encuentren tanto Colombia como Venezuela “En años anteriores los venezolanos sentían que los colombianos querían aprovecharse del ámbito venezolano. Ahora que el venezolano busca nuevas oportunidades en Colombia, ha crecido un sentimiento de resistencia para no recibir y atender humanitariamente a los venezolanos que llegan al país.” Finaliza Acosta.

 
 
Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones
Cinep/PPP firma comunicado sobre Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como eje de los propósitos de convivencia y paz
 

Con ocasión de esta invitación a comentar el proyecto de ley estatutaria por el cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos de las agrupaciones independientes, partiría por decir que desde el Cinep/Programa por la Paz reconocemos la importancia política de sacar adelante esta iniciativa.