Apr 26, 2017

El pasado 3 de marzo culminó el diplomado Formación política, ciudadana y ambiental que el Cinep/PPP y el Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá desarrollaron en Dibulla, La Guajira. María del Carmen Muñoz, coordinadora del proyecto Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana y del diplomado, habla de la importancia de estos contenidos dentro de la coyuntura que vive la región.

Hace algunos días finalizaron un diplomado en La Guajira. ¿De qué trataba?

Desde el 2002 tenemos un diplomado titulado Formación política, ciudadana y ambiental que hemos venido adaptando a las coyunturas específicas del país. En este momento estamos dedicados a generar condiciones en los territorios para la compresión de la transición hacia la paz. Estamos empeñados en generar reflexiones profundas en los territorios, en este caso en La Guajira, en sus 15 municipios, y también con la gente de la frontera con Venezuela.

Hemos trabajado con las obras de la Compañía de Jesús, organizaciones sociales, consejos comunales y universidades juntos reflexionando el tema de paz en Colombia. Nosotros estamos convencidos que si no hacemos esa reflexión conjunta, entre colombianos y venezolanos, difícilmente vamos a generar equilibrio y armonía en ese tratamiento de paz, porque todo lo que pasa en un país, directa y proporcionalmente afecta al otro.

¿Qué tanto conocimiento tienen las personas que viven en la frontera del proceso de paz?

Según un paneo que hicimos, no se percibe simetría en la manera en que la gente reacciona frente al tema de paz. En La Guajira ganó el Sí en el plebiscito, pero incluso entre las mesas de víctimas que se inclinaron por el No. Mi percepción personal es que hay un desconocimiento profundo y mucha emocionalidad sobre el proceso. Yo creo que es peligroso poner una decisión de este tipo en las personas, cuando no sabe cómo tomarla. Buena parte de los debates que tuvimos durante el diplomado, calaron hondo en algunos participantes en tratar de comprender el acuerdo. Muchos otros cuando conocieron los contenidos, se reafirmaron en el No. Esa es una postura legítima para ambas partes. Decidieron cómo votar pero conociendo lo que estaban votando.

Hay un punto que nos preocupa mucho a nosotros como proyecto político y es la abstención. No es posible que haya problemas de hambre, muerte de niños, corrupción, falta de agua y de seguridad ambiental, y que la gente se quede en la casa sin tomar partido y solo quejándose de lo que se vive allá.

¿Cuáles han sido los pilares de formación política que el equipo ha trabajado allí?

El primero es hace un reconocimiento por parte de los sujetos políticos y ciudadanos de ese territorio de los problemas asociados al conflicto armado. A partir de allí identificar las dinámicas sociales, culturales y económicas que causan los problemas.

El segundo es el tema de lo público y lo privado. Allí identificamos qué es el bien común, hasta donde llega lo público y lo privado, en dónde está la responsabilidad de un ciudadano cuando tiene que cuidar lo colectivo, cuando tiene que generar un control social a la gestión pública. Este punto es el que le pone freno a la corrupción.

El tercer pilar tiene que ver con la ciudadanía en la frontera. Este es importante porque es muy distinto ser un ciudadano en la capital, en una ciudad intermedia  y el que vive en la frontera que maneja unas dinámicas que los otros no, como la diplomacia, los límites y la soberanía. Para nosotros fue una sorpresa que la gente no se consideraba ciudadanos de frontera, sino que lo aprendieron en este proceso.

Este último año hemos incluido el tema ambiental porque no se pueden generar asimetrías o equilibrios cuando los recursos naturales, que es un bien escaso, se tienen que redistribuir para tanta gente y hay unos que tienen  el monopolio de ello y otros que no quieren asumirse como ciudadanos ambiental.

¿Cómo manejaron las relaciones tensas que viven Colombia y Venezuela en los últimos meses?

De los 2219 km que comparten de frontera ambos países, hay cinco ámbitos o regiones. Nosotros hemos funcionado en tres de ellos. Cada uno de ellos tiene su especificidad y las relaciones no son homogéneas.

Es una relación muy tensa porque estamos hablando de dos países con proyectos políticos y económicos muy distintos. El socialismo revolucionario, con su muy mala ejecución, no se armoniza de ninguna manera con un neoliberalismo colombiano.  Gran parte de los problemas que se viven en la frontera provienen de la falta de armonía entre los proyectos de los dos países.

¿Cuáles esperan que sean los resultados de estos diplomados?

Lo que pasa en este proceso es que nosotros calificamos gente para que genere acciones colectivas dentro de sus organizaciones y grupos más ampliados. También los dejamos conectados entre ellos para que reconozcan su propio territorio. Hay contradicciones muy fuertes, como gente que nunca va a la alcaldía porque odia al alcalde, pero allá se toman las decisiones que lo afectan directamente. Entonces nosotros  pretendemos transformar la manera de pensar, desarrollar mucha masa crítica,  competencias de trabajo en equipo, habilidades comunicativas y, sobre todo, competencias conativas que son la que dan capacidad de perseverar y resiliar para que el trabajo sea de largo plazo.

Nosotros hemos construido un tejido social binacional. Unas personas que están más allá de la politiquería, que generan compresiones de un territorio en el cual tienen que aprender a funcionar y tienen que cooperar para que se genere esa simetría.

¿Cómo han pensado trabajar hacia el futuro?

En este momento hay un  tema que hay que tocar y que vamos a trabajar específicamente en Conejo, donde está una de las zonas de concentración, porque no hay nadie que esté trabajando el tema de las circunscripciones especiales de paz. La gente cree que son unas curules que se les va a entregar a los guerrilleros. Vamos a trabajar muy fuerte ese tema con personas cercanas a las juntas de acción comunal, de las asambleas y organizaciones para hacer la reflexión de lo que significa este tema en términos de participación política. Hay que afinar también los temas de víctimas y el tema de reforma rural integral.

Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones
Por: John Montoya, SJ*

Se debaten intensamente en el Congreso de la República los actos legislativos y las leyes de implementación del Acuerdo de Paz relativas a los mecanismos de adjudicación de responsabilidad de los victimarios por las violaciones a los derechos humanos y al reconocimiento de los derechos de las víctimas. Mediante el uso de la figura del “fast track” se hizo la Ley 1820/2016 “por medio del cual se dictan disposiciones sobre amnistías, indulto, y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”. Igual procedimiento se está utilizando en la expedición de otras normas fundamentales de justicia rectificadora como la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la ley que regulará la Comisión de la Verdad.

La pregunta inexorable que debe abordarse en todo proceso de negociación de paz, con consecuencias durante la transición, es cómo enfrentar las atrocidades de un pasado de confrontación armada y cómo garantizar que éstas no se repitan.

A mi juicio, la respuesta a esta pregunta ha puesto un excesivo énfasis en la dimensión retributiva de la justicia —llamada también rectificadora—, es decir, la que se ocupa de enjuiciar los graves crímenes cometidos durante el conflicto, incluyendo su versión más restauradora en la Comisión de la Verdad. Uno de los peligros que tiene la transición hacia la paz es limitar la justicia a su función rectificadora, esto es, a la sanción de los victimarios, al mero reconocimiento de los derechos de las víctimas y a la pretensión de conocimiento de la verdad, que es difícil de lograr. Considero, como explicaré adelante, que una inflación desmedida en las pretensiones rectificadoras de la justicia, podría no ayudar lo suficiente en este camino de transición a la paz.

Una revisión de la literatura sobre el impacto de los juicios a las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en países en transición, sobre todo en América Latina, nos muestra  caminos diversos de comprensión.

Un primer grupo de académicos en los años ochenta, entre los cuales se destacan Huntington, O’Donnell, Schmitter, quienes estudiaron casos de transición en América Latina, argumentan que los juicios criminales por violaciones a los DDHH son políticamente insostenibles y lesionan las nuevas democracias. Huntington sostiene, por ejemplo, que los juicios deben hacerse tan pronto comience el período de transición, pues “la justicia ha de llegar pronto, o definitivamente no llega”.[1]

Otros autores sostienen que “rehusar amnistías e insistir en persecución criminal, puede prolongar el conflicto, resultar en más muertes, destrucción y sufrimiento humano” (Shar).

En términos generales estos autores plantean la estrategia del “mal menor”, es decir, solo investigar y castigar las graves violaciones a los derechos humanos.[2] Aun así, mantienen cierto pesimismo acerca de los efectos negativos que puedan causar estos juicios a la democracia.

De otro lado, Snyder y Vinjamuri son igualmente pesimistas con la aplicación de la justicia internacional después de la expedición del Estatuto de Roma que impone el cumplimiento de estándares mínimos de justicia para los países en transición. Según ellos, los juicios criminales por graves violaciones a los derechos humanos o al DIH incrementan la posibilidad de futuras atrocidades, exacerban el conflicto y lesionan los esfuerzos por construir democracia.[3]

Una aproximación distinta nos presenta Kathryn Skkink.[4] Esta autora hizo seguimiento empírico a 17 países de América Latina en transición entre 1983 y 2004 que tuvieron juicios criminales por abusos a los DDHH en el pasado. Los datos empíricos demostraron que ninguno de estos países entró en período de desestabilización política, retornó a dictaduras o al conflicto interno por causa de enjuiciamiento a responsables de violaciones de DDHH. Se creyó por ejemplo que el arresto de Pinochet en Londres terminaría en golpe de Estado y, por lo tanto, el retorno del régimen militar a Chile. No ocurrió así. Igualmente en Argentina hubo temor de regreso de los militares al poder —quienes gozaban de apoyo popular—cuando Jorge Videla fue sentenciado a cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos. Tampoco se concretó tal temor. Los hallazgos de Skkink han demostrado que en los 17 países donde se han llevado a cabo juicios criminales por violaciones a los derechos humanos, 14 han mejorado el respeto por estos. Para esta académica, el tiempo durante el cual se juzgaron violaciones a los derechos humanos fueron momentos de gran intensidad política y de alguna manera esto contribuyó  a la transición hacia la paz y la democratización de sociedades que han experimentado intensos conflictos o regímenes autoritarios.[5]

En medio de este acalorado debate no solo académico sino en la arena política como lo hemos visto en Colombia, nos preguntamos, entonces, ¿cuál es la justicia que una sociedad en transición requiere para conseguir la paz y consolidar la democracia?

No hay duda que la discusión más fuerte en el proceso de paz de la Habana ha girado alrededor de la justicia rectificadora. Todo parece indicar que la fase de implementación del Acuerdo seguirá la misma dirección. De hecho, es poco el seguimiento de los medios, el debate público y el interés de la opinión pública por la mayoría de las provisiones del Acuerdo de Paz que tienen que ver con el compromiso del Estado de saldar deudas históricas con los campesinos y las minorías étnicas, y dar garantías para la participación en política de sectores políticos tradicionalmente marginados y estigmatizados. Así las cosas, la justicia ha quedado reducida a qué tanto enjuiciamiento habrá para las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario dejando de lado otras dimensiones de la justicia indispensables para garantizar el tránsito a una paz duradera y a la democratización de nuestro país.

Una investigación llevada a cabo por la profesora Rettberg de la Universidad de los Andes publicada en 2008, muestra los siguientes resultados a esta pregunta: “… para qué son los juicios contra los responsables de los diferentes crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano”. La respuesta es tan interesante como sorprendente: el 41.1 % respondió para conocer la verdad, el 26.1% respondió para permitir que las personas puedan volver a convivir, el 12.9%  afirmó no tener una respuesta, el 11% contestó para perdonar los actos cometidos, el 4.4 % para vengar los actos cometidos y el 4.3% para olvidar lo ocurrido.[6]

En esta investigación se le pregunta a las víctimas qué formas de reparación prefieren. Contestaron: cubrimiento de sus necesidades económicas y de la familia (45.5%), conocer la verdad de lo que ocurrió (44.0%), compensación  monetaria (37.8%), el juzgamiento de los responsables (26.6%), y en último lugar está la petición de perdón (5.1%).[7]

En pocas palabras, las víctimas entrevistadas quieren conocer la verdad y cubrir sus necesidades económicas. Poco más del 25% de las víctimas quieren el juzgamiento de sus victimarios.

Ahora vayamos al Acuerdo de Paz. Su lectura atenta nos permitirá advertir que entre las 582 disposiciones  aproximadamente, 236 tienen que ver con temas de desarrollo y la garantía de los derechos humanos por parte del Estado.

Así las cosas, la justicia rectificadora (o lo que es lo mismo la penal, punitiva o retributiva), por si sola, no solucionará los complejos problemas relacionados con el conflicto armado que nosotros como sociedad debemos comenzar a resolver para transitar de la larga confrontación armada a un período de construcción de paz y fortalecimiento democrático.

El período del posacuerdo que ya estamos viviendo reclama urgentemente acciones conjuntas del Estado y la sociedad civil, al nivel que a cada uno le corresponde, para el fortalecimiento de otras dos dimensiones de la justicia. Son estas:

1). La justicia entendida como el imperio del derecho (the rule of law), o la justicia legal. Esto es el fortalecimiento del aparato de justicia: imparcial, independiente, eficiente y protectora de los derechos humanos. Una justicia con capacidad de ejercer control sobre los poderes públicos y que garantice un elemento fundamental en toda democracia: la responsabilidad de quien ejerce la autoridad y los ciudadanos.

El fortalecimiento del imperio del derecho también implica la defensa de todos los ciudadanos en todo el territorio nacional por parte de la Fuerza Pública. Esto significa en Colombia detener el avance vertiginoso de grupos criminales (neo-paramilitares como les denominan unos, o bacrim, como les dicen otros)que están copando los territorios que ya no controlan las Farc.

2). La justicia distributiva, entendida como la acción del Estado que garantiza los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y se ocupa de aminorar la discriminación y desigualdad, factores íntimamente asociados al conflicto colombiano.

Rama Mani, quien ha trabajado temas de teorías de la justicia en sociedades en conflicto, sostiene que un extremado acento en la justicia rectificadora no favorece la paz puesto que es imposible satisfacer los derechos de todas y cada una de las víctimas en un conflicto.[8] Piénsese por ejemplo en el número de víctimas del conflicto colombiano. Son más las víctimas que quedan por fuera de los procesos de la justicia rectificadora que los que tienen un rol activo dentro de los juicios por violaciones a los derechos humanos. En Colombia tenemos como ejemplo los pobres resultados de la Ley de Justicia y Paz.  

La JEP como mecanismo de justicia transicional que se debate en el Congreso, comparte el simbolismo e imperfecciones de la Justicia Penal Internacional que ha hecho de “gran hermana” en el proceso de paz colombiano. La realidad es que el Estatuto de Roma y todo su sistema jurídico sancionatorio —al que tanto se le teme en el tercer mundo y donde en realidad se aplica— es tan paquidérmico, burocrático, selectivo y politizado, como nuestra justicia colombiana. De ahí la urgencia de descentrar este debate sobre la justicia en su dimensión retributiva o rectificadora y poner un especial énfasis en el fortalecimiento de la justicia legal y distributiva. Así está contemplado en la mayoría de las provisiones del Acuerdo de Paz y esto es lo que quieren las víctimas, según lo demuestran los resultados de la investigación de Rettberg. 

_____________________________________________________________________________________________________

* Jesuita, Investigador del Cinep.
[1] Huntington, Samuel (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman, Ok: University of Oklahoma Press, p. 228.
[2] O’Donnell, G & Schmitter, Ph (1986). Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions About Uncertain Democracies. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, p. 30
[3] Snyder Jack & Vinjamuri Leslie (2003/2004). “Trials and Errors: Principle and Pragmatism in Strategies of International Justice,” International Security 28 (3), p. 353
[4] Skkink Kathryn & Walling Carrie (2007). “The Impact of Human Rights Trials in Latin America.” Journal of Peace Research, Vol. 44 (4), p. 427-445
[5] Ibid, 432
[6] Rettberg, Angelika (2008). “Reparación en Colombia ¿Qué quieren las víctimas?” Bogotá: Panamericana Formas e Impresos, p. 86.
[7] Ibid, pp. 69-70
[8] Mani, Rama (2007). “Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War.” Maldon, USA: Polity Press, 87-125.
  

 

Lilia tiene 59 años, es una mujer de ojos claros que habla con firmeza y que ya no teme llorar en público. Lilia asegura que desde que estaba en el vientre de su madre ha tenido que vivir la violencia política y la estigmatización; sin embargo, estas situaciones la han fortalecido. Ella sigue los pasos de su padre y trabaja por un mejor país, pues como dice: “la lucha por los derechos se hereda”.

Lilia es hija de Luis Eduardo Yaya, dirigente sindical de la Unión Patriótica y defensor de derechos humanos. Recuerda que siendo niña le reclamaba mucho a su papá por no estar con ella. Cuando él le regaló Veinte mil leguas de viaje submarino de Julio Verne en la dedicatoria le decía: “son más de veinte mil los sufrimientos para tu padre por no poder darte el calor que mereces, pero llegará el día que siempre me tendrás a tu lado mi adorada hijita Lili”.

El 21 de febrero de 1989 Luis Eduardo Yaya se comunicó por teléfono con su hija, le dijo: “nos vemos ya sabes cuándo”. Para ese momento ya estaba interceptado, tenían que hablar en clave. El “cuándo” al que se refería era el 25 de febrero, día del cumpleaños de Lilia, pero a ese encuentro nunca llegó. A Luis Fernando lo asesinaron el 23 de febrero en Villavicencio. “El Estado me hizo un regalito inolvidable”, dice Lilia entre lágrimas.

Ella trae a su memoria las dedicatorias, los libros, los momentos que compartieron. Prosigue luego de una pausa: “a mi papi lo recordaré todos los días de mi vida. Este año cuando fue el aniversario de su asesinato pensé que iba estar más tranquila, pero no fue así. Ese día cuando me desperté estaba mi cara llenita de lágrimas, había estado soñando con él. Mi hija que es estudiante de psicología me dice: ‘mami no has cerrado eso’. Según ella porque no lo vi echar al hueco. A nosotros no nos permitieron estar en su funeral, nos sacaron porque dijeron que nos iban a asesinar”. 

Lilia Yaya recuerda que habían transcurrido 23 años y jamás había hablado del asunto, “jamás me había encontrado con otra persona que hubiera vivido un hecho victimizante en el marco de la guerra. Antes no lo hablaba con nadie porque mis hermanos no querían tocar el tema. El entorno en el que me desenvolvía era totalmente apático, de eso no se hablaba y cuando me daba la nostalgia pues lloraba”,

Se unió a la iniciativa del costurero de la memoria, como terapia para reconstruir sucesos del pasado que vienen a la mente y no dejan de doler. Un espacio que reúne familiares de las víctimas, donde cada uno de los participantes cuenta en telas una parte de su vida, una parte de su historia.

Zurcir la memoria

El costurero de la memoria es un colectivo conformado por personas de distintas partes del país. Nació en 2008 cuando se conocieron los casos de los “falsos positivos” con la organización de las Madres de Soacha, la iniciativa antes se llamaba la Mesa de Chanchiros. Desde las organizaciones que estaban prestando atención psicosocial, como la Fundación Manuel Cepeda Vargas y Minga, se buscó ampliar el alcance de la iniciativa; no se quería dejar la metáfora de coser, tejer, unir y remendar fragmentos de vida, por lo que surge El Costurero, kilómetros de vida y de memoria.

Inicialmente se reunían víctimas de crímenes de Estado, familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, madres y familiares de los “falsos positivos” y del exterminio de la Unión Patriótica; ahora todo aquel que quiera participar es bienvenido. El primer trabajo fue terapéutico porque muchas de las víctimas, como en el caso de Lilia, no había tenido acompañamiento psicológico. “Fue un espacio realmente sanador, yo le tenía desconfianza. Cuando dijeron ‘a tejer’ pensé en punto, cadeneta, chisme (…) Fue difícil al principio, pero luego uno se va encarretando y se enamora del espacio, porque transformó nuestra vida, allá nos unió el dolor, llegamos personas muy diversas, de distintos territorios, de diversos hechos victimizantes por diversos actores de diferentes grupos: del Estado, de los paramilitares y de la guerrilla”, agrega Lilia.

La cita de las costureras es cada jueves por la tarde en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, cada participante lleva sus telas y comparte las historias alegres y tristes.

El costurero de la memoria es una experiencia de reconciliación a través del arte, es una manera de zurcir el duelo, de coser un nuevo país. Son costureras y no tejedoras, porque coser es el simbolismo de unir, de remendar, de poner parches. A Lilia le gusta coser mapas, según ella porque su vida ha transcurrido alrededor de lo que ha sucedido en Colombia y su padre, junto a sus compañeros, soñaba con cambiar la estructura social y política del país.

Al preguntarle a Lilia qué es para las costureras la reconciliación, asegura que es una esperanza, es un sueño, pero también un trabajo. “Sin darnos cuenta lo que hacemos en el costurero es una forma de reconciliarnos con la vida y con nosotros mismos. Con mis compañeros hemos aprendido mucho, hemos hecho pedagogía de la memoria, tenemos un pasado doloroso pero proyectado a un futuro diferente”.

Jennipher Corredor
Equipo comunicaciones
  

 

Actualmente, 47 familias desplazadas reclaman a través de la política de Restitución de Tierras –Ley 1448-  la finca Diana María ubicada en Zona Bananera (Magdalena). Los hechos de despojo y desplazamiento forzado ocurrieron en el año 2001 luego de que grupos paramilitares asesinaran a dos jóvenes de la comunidad y obligaran a la comunidad abandonar los predios de manera permanente.

La siguiente línea del tiempo señala el proceso de lucha por el acceso a dicha tierra de estos campesinos: Iniciando desde su ingreso al predio como trabajadores en una finca bananera de la que se hicieron paulatinamente propietarios, pasando por los hechos de violencia que generaron el desplazamiento y finalizando con su lucha por el restablecimiento de sus derechos a la tierra y al territorio.

 
  
  

 

En este programa hablamos de la situación de la deforestación en el país, ¿cuáles son sus causas?, ¿qué oportunidades y retos se tienen en materia ambiental en el posacuerdo?, ¿de qué manera los ciudadanos podemos aportar a solucionar el problema de la deforestación?, ¿la reforestración es la solución? Esas y otras preguntas son abordadas en esta pieza.

Invitados