Oct 22, 2017

Las víctimas del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATU – exigimos que la Unidad de Restitución de Tierras se comprometa con nuestra defensa en el proceso de restitución de derechos territoriales.

 09 de septiembre. Los miembros del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATU queremos denunciar ante la opinión pública, el desconcierto y alto nivel de incertidumbre en el que nos encontramos actualmente ante el accionar dilatorio y poco garantista de la Unidad de Restitución de Tierras – URT – frente a su representación como abogados defensores de nuestro proceso.

 

 
 

 

 

Comunicado de Serjus Guatemala suscrito con autoridades  y  organizaciones con las que trabajamos, preocupados e indignados  por las acciones que pretenden frenar la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala.

 Desde 2007 la Comision Internacional Contra la Impunidad  en Guatemala C ICIG, surgió de un convenio entre las Organización  de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala y es sostenida por la Unión Europea y con el aporte de varios países entre los que están, Suecia, Alemania, España, Francia, Italia, Noruega,Suiza, Paises Bajos, así como  USA, Canada, Argentina, Chile, Colombia, Peru y Uruguay

Inicialmente  se avanzó muy poco,  pero actualmente de acuerdo a su mandato,  a cargo del Comisionado Ivan Velasquez,  se ha avanzado bastante en acciones  por mejorar el sistema de justicia y en la investigación y persecución penal de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos,  exmilitares violadores de derechos humanos y  funcionarios corruptos enquistados en las diferentes  estructuras de gobierno, tanto del organismo ejecutivo  como del organismo legislativo y sistema judicial, así como grandes empresarios que han fomentado la corrupción  a favor de sus intereses y  también el despojo de territorios y recursos naturales  a comunidades. En estas acciones se ha llegado hasta familiares corruptos del Presidente de la República y de ahora incluso de él mismo que está incurriendo constantemente en acciones ilegales

 Estas acciones  de la CICIG han provocado una reacción concertada entre todos estos sectores y poderes  que están tratando de destituir y expulsar del pais al Comisionado Ivan Velasquez, encabezados por  el mismo Presidente de la República quien habiendo fracasado en su intento de que  el Secretario de  Organización de Naciones Unidas  destituyera al Comisionado, lo   declaro non grato y decretó su expulsión  ilegalmente y en contra del mismo Acuerdo de Creación de la CICIG. 

 Ante todo esto muchas autoridades de los Pueblos Indígenas  y comunidades,  organizaciones populares y organizaciones sociales, universidades, iglesias, así como columnistas de prensa han levantado su protesta y condena contra estos actos  en contra del Comisionado y que tratan asimismo de anular la acción de CICIG y el Ministerio Publico.

 El Procurador de Derechos Humanos   y otras organizaciones presentaron recursos de amparo  llevando a que la Corte de Constitucionalidad  anulara definitivamente la declaración de non grato  emitida por el Presidente de la República y la expulsión de Comisionado.

 La reacción de los sectores y grupos que se sienten amenazados  por la investigación y persecución penal en contra de su corrupción, su impunidad y sus  violaciones  de los derechos, entre los que están, diputados, funcionarios públicos, gobernadores, alcaldes, asociaciones de militares, no se ha hecho esperar y  se están agrupando con todo su poder en apoyo del Presidente de la República e insistiendo en acciones contra el Comisionado, la CIcig y el Ministerio Publico, generando inestabilidad en las instituciones del estado, haciendo llamados a la violencia y tratando de generar terror en la población.

No obstante todo ello las organizaciones del Pueblo seguimos condenando todos estos actos violatorios e ilegales y estamos tratando de mantener acciones porque no se frene la lucha contra la corrupción y la impunidad.  En todo ello agradecemos y necesitamos  toda la solidaridad  de  las organizaciones internacionales.

 Enviamos adjunto  nuestra declaración como  autoridades comunitarias,  comunidades y  organizaciones  populares y sociales y algunos de otros pronunciamientos de diferentes organizaciones.

 

 
 

 

 

Por su amplia salida al mar a través del río Sinú y por conectar la región Caribe con el interior del país, el departamento de Córdoba ha contado con la presencia de diversos grupos armados que se disputan el control territorial desde mediados del siglo XX. Ese acaparamiento sistemático de miles de hectáreas de tierra y la distribución de la propiedad en la región están relacionados, también, con la configuración de poderes regionales y la consolidación de grupos privados de seguridad.

De hecho, el territorio cordobés fue plataforma del proyecto paramilitar debido a las estructuras de poder establecidas mediante el modelo de hacienda y a las dinámicas en las que la defensa de la propiedad privada, el modelo ganadero y la extracción agroindustrial debía fomentarse, incluso, por medio de las armas. A esto se suma que, durante los últimos veinte años, la violencia recrudeció como consecuencia del narcotráfico, principalmente porque muchas de las rutas de transporte de estupefacientes que atraviesan Córdoba han sido controladas históricamente por grupos paramilitares. A pesar de la desmovilización de los grupos paramilitares, entre 2002 y 2005, las estructuras armadas que hacían parte de las AUC —ahora denominadas Bandas Criminales (BACRIM) o grupos armados posdesmovilización (GAPD)— permanecen activas en el departamento. Varios líderes comunitarios han alertado sobre la consolidación de estos grupos, pues ha aumentado el número de sus integrantes y se ha establecido un control social de las poblaciones rurales. En este contexto, y dado que el desplazamiento ha sido y sigue siendo una de las principales afectaciones para la población, las comunidades campesinas han liderado procesos de organización territorial. Sin embargo, los líderes han sido estigmatizados, perseguidos y muchos de ellos asesinados durante décadas.

Este especial no solo cuenta las experiencias y reflexiones de organizaciones de víctimas y comunidades rurales del departamento de Córdoba en la ejecución de estrategias de exigibilidad del derecho a la tierra y el territorio, sino, también, narra su memoria sobre hechos victimizantes y su capacidad de resiliencia.


Relatos de guerra y paz en Córdoba

 
 
Propuestas de desarrollo rural y territorial desde las organizaciones
 
Desde hace seis años, el Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio en Córdoba (GTTC) ha liderado la unificación de territorios cordobeses, la recuperación de tierras para la población desplazada y la constitución del Resguardo Zenú del Alto San Jorge, ya reconocido legalmente por el Estado colombiano. La labor del GTTC no solo ha permitido hacer memoria sobre hechos victimizantes, como consecuencia de la presencia de distintos grupos armados en la región, sino también, reflexionar y reconocer la capacidad de resiliencia de las familias y comunidades.
 
 

Unidas por el propósito de consolidar procesos de organización y resistencia por el acceso a la tierra, las 12 organizaciones que conforman el GTTC se sitúan, principalmente, en Montería y en el sur del departamento:  

 

Mirando el horizonte: retos para la organización social en Córdoba

Javier Lautaro Medina, coordinador del equipo de Movilización, territorio e interculturalidad del Cinep/ Programa por la Paz —que ha hecho el acompañamiento al Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba desde el año 2011—, explica cuáles son los retos actuales para las organizaciones sociales en el territorio cordobés. Expone, además, las transformaciones necesarias que necesitan estos territorios que componen el GTTC y comparte sus preocupaciones sobre el panorama que tienen los jóvenes rurales que habitan este territorio. 


Años sin tierra: retorno simbólico al territorio del Manso

Una de las estrategias del GTTC para incidir en el acompañamiento y la exibilidad sobre los derechos a la tierra y el territorio en el departamento de Córdoba tiene que ver con el retorno simbólico al territorio de El Manso, en el Parque Nacional Natural Paramillo.

Entre el 25 y el 27 de octubre de 2016, campesinos oriundos de la zona, que fueron desplazados de su territorio hace 16 años, decidieron retornar simbólicamente y sostener una serie de conversaciones entre ellos y con diferentes organizaciones con el fin de aclarar el futuro del GTTC, los medios de acceso a la justicia por la tierra y el porvenir de su territorio.

Salieron desde el municipio de Fresquillo sobre dos lanchas, cargadas con aproximadamente 30 personas cada una. Ocho horas después, tras atravesar el Parque Nacional Natural Paramillo por la represa Urrá, el río Sinú y el río Manso, desembarcaron en el corregimiento de Barrancón. Presentamos esta galería, una muestra de lo que fueron los tres días durante los cuales los campesinos y las campesinas de El Manso retornaron a su territorio.

 

Cuatro libros clave para entender la lucha por el territorio en Córdoba




Memorias vivas para la recuperación del territorio cordobés (2017)

Este libro hace parte de un proceso de investigación, reflexión y escritura colectiva adelantado por campesinos, campesinas e indígenas, miembros del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba; organización que suma seis años en la apuesta fundamental por la defensa de sus territorios ante el despojo de la guerra y la victimización.

Defender el territorio es construir paz. La experiencia de los pueblos indígenas del Alto San Jorge (2016)

Este informe está construido desde la perspectiva de los derechos a la tierra, al territorio y a vivir en paz de dos comunidades indígenas del Alto San Jorge. El documento hace un acercamiento a la historia de poblamiento de la comunidad emberá de Dochama y el pueblo zenú, al contexto económico general de la zona y de conflicto armado. Además, presenta un recorrido por las capacidades organizativas de estas comunidades, que, en medio del conflicto armado y la inoperancia estatal para garantizar sus derechos, han construido y mantenido estructuras organizativas y experiencias propias de regulación social, base para la construcción de paz territorial.


Tierra y territorio en el departamento de Córdoba en el escenario del posconflicto (2016)

Este informe aborda las dinámicas del conflicto armado, los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades rurales, y el extractivismo en Córdoba. Cada una de estas perspectivas se analiza con base en visitas a terreno y en datos que organizaciones de la sociedad civil, así como entidades gubernamentales, han recolectado durante los últimos años. 

Córdoba: La tierra y el territorio (2014)

Con esta publicación se aporta al debate sobre la garantía del derecho a la tierra y al territorio y la construcción de propuestas incluyentes de acceso a tierras y desarrollo rural en el departamento.

 

Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Coordinadora de publicaciones: Margareth Figueroa Garzón
Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Periodista asistente:
María Gabriela Novoa
Asistente de publicaciones: Alejandra Mouthon

Ilustradora: Martha Lucía Castro Ramos

El pasado 29 de agosto se realizó el Lanzamiento de la sexta versión del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, el primero del posconflicto. En instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, con la presencia de editores y periodistas de medios nacionales, se presentó a los 16 finalistas y 19 jurados del evento.

Cabe destacar, que el Premio desde 2012 ha buscado históricamente visibilizar las incansables luchas de los derechos humanos. Este año cuenta con “73 nominaciones de 18 departamentos del país, nominaciones que muestran diversas expresiones sociales” mencionó Karen Cárdenas Coordinadora del Premio Nacional de Defensores de los Derechos Humanos. Las cuales resaltan en un contexto de posconflicto, pues “los defensores de derechos humanos siguen siendo los principales perseguidos por su apuesta a la paz territorial” dice Cárdenas, quien a su vez señala que la incidencia de la paz se reafirma en los perfiles de los defensores, entre los que se encuentran de restitución de tierras, medio ambiente y de comunidades en situación de vulnerabilidad.

Destacamos la nominación de quienes han contribuido a visibilizar temas sociales en los que CINEP trabaja. Entre estos:

  • Samuel Arregoces, quien defiende el territorio, el agua y la vida de varias comunidades afrocolombianas y del pueblo indígena Wayúu, al sur de la Guajira.
  • Asociación Sutsuin Jiyeyu Wayuu, Fuerza de Mujeres Wayuu, SJW-FMW, que visibiliza las violaciones a los derechos humanos y los derechos étnicos de la Guajira. Y han denunciado los mega proyectos mineros, el desplazamiento forzado y la situación de vulneración de derechos de las mujeres indígenas.

En la misma línea, Diakonia, institución que desde el inicio ha sido organizadora y convocante del Premio, y a partir de 2017 lo hace junto con la Iglesia Sueca, reconoce a los nominados quienes aunque “son necesarios para construir la paz y democracia actualmente, y lo han hecho durante muchos años, desafortunadamente siguen sufriendo crímenes graves”, según explica César Grajales Director Diakonia en Colombia, razón por la que reafirma el apoyo de dicha organización a los defensores en el país.

A su vez, en el marco del Lanzamiento se dio a conocer los 19 jurados del premio. Juan Pablo Morris, Director Fundación Contravía, uno de los jurados expuso una de las razones que prima en su elección aparte de la planilla práctica que debe tener en cuenta, “aspiro a que en esta coyuntura de pedagogía para la paz sea prioritaria una mayor sensibilidad a reconocer el trabajo con las uñas, anónimo, y en las regiones”.

El próximo 19 de septiembre tendrá lugar el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia de 8AM a 12M en Instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana. Por primera vez se cambia la agenda debido a la coyuntura nacional.

Para mayor información, encuentra los perfiles de nominados y jurados en: http://www.premiodefensorescolombia.org/

 

María Gabriela Novoa

Equipo de comunicaciones

En cumplimiento con el acuerdo de paz, y  como parte del Sistema integral de verdad Justicia, Reparación y No Repetición, el Cinep/Programa por la Paz postula a Mauricio Archila Neira a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Archila es licenciado en Filosofía y letras con especialización en historia de la Pontificia Universidad Javeriana. Realizó una maestría en economía en la que estudió el impacto del sindicalismo en los salarios. Es doctor en historia de la Universidad estatal de Nueva York Stony Brook, en el que analizó la formación de la clase obrera colombiana. Desde el inicio de su carrera académica, ha seguido la trayectoria de los movimientos sociales en Colombia en el siglo XX y XXI y su relación con las izquierdas políticas. En ese transcurrir ha documentado hechos de violencia contra los movimientos sociales, especialmente contra el sindicalismo

Se vinculó al CINEP/PPP como investigador asociado desde los años 80 y ha trabajado con las organizaciones sociales en sus territorios y regiones. Ha contribuido a  la construcción de las bases de información que este Centro elabora sobre luchas sociales.

Además, ha sido docente de la Universidad Nacional de Colombia desde 1978 en el departamento de historia, donde ha recibido varias distinciones por su trabajo, entre ellas el premio a la Docencia Excepcional en 2001, año en el que fue nombrado como docente emérito de dicha Universidad.

Ha sido miembro de la Asociación Colombiana de Historiadores desde su creación en 1987, la cual ha presidido en un par de ocasiones. Está vinculado desde hace años a equipos de LASA y grupos de CLACSO que trabajan sobre izquierdas y movimientos sociales en América Latina.

Es autor de varios textos de investigación entre ellos se destaca Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 1958 – 1990, publicado en 2003 y considerado uno de los documentos más importantes en análisis de los movimientos sociales de Colombia. Con esta investigación ganó el Premio Nacional de Ciencias Sociales Alejandro Angel Escobar en 2004.

Dada su trayectoria en investigación, en trabajo con comunidades, en trabajo académico, el Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz, lo postula como candidato a la Comisión de Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición con el apoyo de diferentes instituciones académicas, sindicales y obras de la compañía de Jesús.

Se espera que durante las próximas semanas el comité de escogencia  seleccione a las personas que durante los siguientes tres años tendrán como función esclarecer los hechos ocurridos,  promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas y promover la convivencia en los territorios, Todo esto en el marco del conflicto armado.

 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones