Sep 24, 2017

Del 10 al 12 de diciembre de 2015 se realizó en Tame, Arauca, el IV Foro Internacional Horizontes para la Paz y la Reconciliación.

Un comunicado del ELN que anunciaba un paro armado de 72 horas empezó a circular justo en el momento en que la Caravana por la Paz se disponía a salir hacia el departamento de Arauca. El panfleto resultaba dudoso si se tiene en cuenta que el objetivo de la Caravana era difundir el esfuerzo que se hacía, desde Arauca, para promover el diálogo entre el gobierno y el ELN.

A pesar de las dudas, los ánimos no mermaron y, tras un tiempo de comprobación con líderes de la región y la fuerza pública, todo apuntaba a que el comunicado era falso y que las cosas en el departamento de Arauca se encontraban en absoluta normalidad. Finalmente la Caravana tomó camino. En efecto, un día después, el ELN emitió un comunicado –esta vez auténtico- que negaba de manera tajante el panfleto anterior.

Con el eslogan de «Por una paz completa», la Caravana pasó primero por los departamentos de Boyacá y Casanare para hacer la primera parada en Saravena. En la Caravana estaban, por supuesto, los representantes de la Iglesia Menonita Katherine Torres y Agustín Méndez, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el CINEP/PPP y el Frente Amplio por la Paz y la Democracia. En la primera estación en Saravena se sumaron los representantes de organizaciones locales de jóvenes, adultos mayores y población discapacitada, donde se hizo un llamamiento público para que el ELN se integrara a la mesa de diálogo de La Habana.

El primer día terminó con un recorrido por Fortul y finalmente, la llegada a Tame. Al día siguiente, desde las diez de la mañana empezó el IV Foro Internacional Horizontes para la Paz y la Reconciliación. El objetivo del Foro era abrir un espacio de participación a la sociedad civil en procesos de transición hacia el escenario de posacuerdo; en el evento también estuvieron presentes las autoridades locales y la fuerza pública.

Conviene detenerse aquí para resaltar los puntos importantes en el Foro, ya que hay asuntos que preocupan particularmente a la población. Primero, la necesidad de implementar políticas públicas efectivas para la juventud, puesto que en un escenario de posguerra el crecimiento de la criminalidad es un fenómeno probable. A esto se le suman otros problemas como el alcoholismo, el consumo de drogas y la prostitución. También, desde la población campesina se habló de la precariedad del agro en el departamento y las preocupaciones por la seguridad de los trabajadores rurales.

Por supuesto, también se habló del papel de los sectores interesados en continuar con la guerra. Ya que la inversión en el aparato armamentístico le ha significado ganancias a cierta parte de la sociedad que se dedicó a conformar grupos de autodefensa para defender la infraestructura. La economía de extracción le ha costado al departamento una reducción importante de sus recursos naturales y un conflicto que llegó a disputarse con las armas. Adicionalmente, se contó con intervenciones de expertos de México, Nicaragua y Canadá para discutir lecciones y contribuciones al proceso participativo de Arauca y el país.

En conclusión, se destacó el papel de la juventud, que tiene la responsabilidad de continuar la labor de organización y que debe ser definitivamente incluida en un escenario de transición hacia el posconflicto. Se reivindicó el papel del campesinado, que ha quedado paulatinamente abandonado en los últimos años y ha sido uno de los sectores que más ha sufrido la guerra. Por último, se reafirma el llamamiento esencial de la actividad: promover el diálogo entre el ELN y el Gobierno, con el fin de incluir a todos los sectores de la población en la mesa de diálogos.

 

Diego Alejandro Caro
Lukas Spahlinger

Equipo ciudadanía y paz 

 

 

“Estamos asustados con la desviación del arroyo Bruno porque vamos a sufrir más, ¿de dónde vamos a sacar el agua?”, afirma Lorenza Pérez Pushaina, autoridad tradicional de La Horqueta 2, una de las comunidades wayuu que sufren la sequía en el departamento de La Guajira y que se benefician del agua del arroyo Bruno, afluente que la empresa minera Cerrejón pretende desviar para extraer cerca de 40 millones de toneladas de carbón que, según Misael Socarrás, líder wayuu, residen bajo su cauce.

El arroyo Bruno está ubicado entre los límites municipales de Albania y Maicao, y nace a 420 metros de altura en la reserva natural de los Montes de Oca. Abastece de agua a comunidades asentadas en la cabecera municipal de Albania, que en su mayoría son afrodescendientes, y, por lo menos, a 34 comunidades wayuu. Según un informe de la organización Censat Agua Viva publicado este año, “cerca al Arroyo Bruno viven aproximadamente trescientas personas que estarían distribuidas desde la comunidad de Tigre Pozo hasta La Horqueta 2”.

 

                        Fuente: Censat Agua Viva

El desvío del arroyo Bruno está contemplado dentro del proyecto de expansión P40, mediante el cual el Cerrejón pretende incrementar la producción de carbón de 32 a 40 millones de toneladas anuales a partir de 2015. Se pretende desviar un tramo del arroyo de 3.6 kilómetros, a una distancia de 700 metros al norte de su cauce natural.

Este proyecto hace parte del proceso expansivo proyectado por Cerrejón como Nuevas Áreas Mineras (NAM), en el que se ampliarán los Tajos de Oreganal, Tabaco y La Puente (en ese último reside el arroyo Bruno). Estos proyectos de ampliación significarán la desviación de otros arroyos, como el Arroyo Tabaco, Cerrejón, Los Estados, El Salado y el río Palomino.

Los diseños para el desvío del arroyo están avalados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la cual otorgó su licencia a Cerrejón mediante la Resolución No. 759 de 14 de julio de 2014. No obstante, según esta entidad, la desviación del arroyo fue aprobada previamente mediante Resolución 670 de 27 de julio de 1998 por el entonces Ministerio del Medio Ambiente, quien concedió el Plan de Manejo para la explotación de las Nuevas Áreas de Minería a la empresa, en ese entonces llamada International Colombia Resources Corporation (INTERCOR).

Esta certificación del Ministerio fue la pauta para que posteriormente la ANLA otorgara la autorización correspondiente, la cual, según la Coordinación de Minería de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de esta Autoridad “es el producto de un proceso metodológico y evaluativo tanto técnico como jurídico, amparado en la normatividad ambiental vigente, en postulados constitucionales de prevalencia y protección de los recursos naturales y el medio ambiente, y en todo caso procurando siempre protección del patrimonio ecológico y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades”.

No obstante, los habitantes de la zona cuestionan los cimientos legales del proyecto, pues denuncian irregularidades en el proceso de consulta previa que fue realizado por el Ministerio del Interior en el año 2014. La consulta previa es el derecho que tienen los pueblos de decidir sus prioridades cuando se van a llevar a cabo actividades dentro de sus territorios. Las comunidades que se abastecen del arroyo Bruno señalan que el Ministerio solo consultó a la comunidad de Campo Herrera, la que, según su ubicación, no se vería afectada directamente por el desvío del arroyo.

Las comunidades afectadas se han venido organizando para evitar el desvío del arroyo. En diferentes reuniones con las autoridades nacionales y regionales y con la empresa Cerrejón han presentado sus exigencias, pero afirman que se dirigen hacia una movilización. En el año 2012 lograron frenar el desvío del río Ranchería, uno de los afluentes más importantes de La Guajira en donde desemboca el arroyo Bruno. Esta vez esperan volver a ganarle la batalla a la multinacional.

Fotografías: Jennipher Corredor

El desvío de arroyo Bruno supone la vulneración del derecho humano al agua  para los habitantes de la zona y evidencia la falta de reconocimiento por parte del gobierno nacional respecto al significado cultural del arroyo para la vida de las comunidades étnicas, quienes lo entienden como un lugar sagrado de encuentro, esparcimiento, socialización y recreación. La pérdida del abastecimiento del agua para estas comunidades pone en riesgo su autonomía y soberanía  alimentaria, y vulnera el derecho a un medioambiente sano.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo sobre la crisis humanitaria en La Guajira en el 2014, “La mayor parte de las comunidades étnicas en el departamento no cuentan con acceso al agua para consumo humano, ni tampoco para realizar las actividades que constituyen su sustento básico, tales como la cría y pastoreo de ganado caprino y los cultivos de pancoger (maíz, fríjol, yuca, auyama, entre otros), lo anterior amplía, aún más, los índices de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, genera desequilibrio social, afecta la calidad de vida de las comunidades y su posibilidad de crecimiento y desarrollo”.

En una entrevista realizada por el programa radial Rompecabezas del CINEP/Programa por la Paz, Carlos Franco, gerente de Estándares Sociales y Relacionamiento Internacional del Cerrejón, afirmó: “Toda actividad humana tiene impactos negativos y la minería tiene unos impactos adicionalmente más grandes. Tiene impactos en relación al consumo del agua, la calidad del aire, la capa forestal, los cuales están identificados y se encuentran en unos planes de manejo ambiental”. En relación con el arroyo Bruno, la empresa ha manifestado que los impactos serán mitigados y compensados de tal forma que el arroyo continúe prestando sus servicios ambientales.

Por esta razón, el proyecto de desviación le apuesta a reproducir el arroyo con sus condiciones físicas originales para garantizar la supervivencia de fauna y flora. Así mismo, pretende garantizar calidad y cantidad de agua suficiente para los usos que se le ha dado hasta ahora, pero hace la salvedad de una posible disminución temporal del caudal durante la época de sequía.

Ana María Llorente, ingeniera ambiental que ha estudiado el caso del arroyo Bruno y miembro del Grupo de investigación geoambiental Terrae de la Universidad Nacional, explica los impactos ambientales que supondría la desviación del arroyo y habla sobre la viabilidad del proyecto.

Hace 20 años, Cerrejón desvió el arroyo Aguas Blancas, también en La Guajira, y los resultados de su recuperación ambiental son desastrosos. Lo que solía ser un afluente caudaloso hoy es un corredor de piedras secas y tierra árida en donde no corre ni un mínimo de agua. El arroyo está muerto, incluso aguas arriba de donde fue desviado.

Según Ana María Llorente, “Estos antecedentes nos permiten saber que es imposible que las características ecosistémicas de los arroyos permanezcan una vez son desviados. Cerrejón argumenta que los arroyos se afectan solo aguas abajo de su desviación, pero estamos hablando de sistemas continuos y completos, entonces intervenir un tramo afecta toda su extensión. Eso es lo que le puede pasar al arroyo Bruno”.

Fotografías: Ana María Llorente

Es importante mencionar que el arroyo Bruno en época de sequía guarda una reserva de agua subterránea, esto para mantener su equilibrio. Por tal razón, en algunos tramos y épocas secas no se ve la misma cantidad de caudal pero esto no quiere decir que no tenga agua. Según el informe de Censat Agua Viva, el arroyo Bruno es un cuerpo de agua permanente y esta falta de visbilidad en algunos tramos "más bien estaría indicando las dinámicas hidrogeológicas propias de la zona donde las características de las estructuras rocosas como su porosidad determinan en buena medida la hidrodinámica regional".

Actualmente, en su tramo final, el arroyo Bruno está siendo contaminado por aguas no tratadas que vienen de la mina y se estima que a diario, cada cinco minutos, dos o tres carrotanques extraen de su caudal 12.000 litros de agua, cada uno, para abastecer a 12.000 indígenas wayuu que ya no cuentan con el recurso. Estos vehículos llevan agua a lo largo y ancho de La Guajira, pasando por Albania, Maicao, Uribia, Riohacha y algunos sectores de Manaure.

Si bien el proyecto de desviación ya está avalado por la ANLA, aún faltan tres permisos que deben ser concedidos por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) para iniciar las obras correspondientes a levantamiento de veda forestal, aprovechamiento forestal e intervención del cauce.

Los estudios para otorgar los permisos serán realizados por Corpoguajira y la ANLA, pero aún no se tiene claridad sobre el estado del proceso. Cerrejón financiará dichos estudios, situación que genera desconfianza en las comunidades afectadas y en las organizaciones que han acompañado el proceso, pues se pone en duda la parcialidad de los resultados.

El problema que el caso del arroyo Bruno evidencia va más allá de una acción minera con fuertes impactos ambientales y comunitarios que ha sido avalada por el Estado, se trata también de un espejo en el que se refleja el modelo nocivo con el que el mundo busca el desarrollo (entendiendo  como el crecimiento y la evolución de las naciones). Querer desviar el arroyo supone un desconocimiento de lo que somos y del lugar en el que habitamos, y una muestra de cómo los gobiernos tienden a poner el beneficio económico sobre las creencias, las prácticas y la vida misma de las comunidades.

En la última Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre de este año, el carbón fue el principal objeto de debate, pues la comunidad internacional ha llamado la atención sobre la responsabilidad de los combustibles fósiles en el cambio climático.

Según Carlos Franco, gerente de Estándares Sociales y Relacionamiento Internacional del Cerrejón, “el carbón tiene una vida corta proyectada a futuro, pues la tendencia mundial es el reemplazo del carbón por otras fuentes de energía. En Europa la aspiración es que en el 2050 se acabe el uso del carbón, pero es bueno tener en cuenta que eso no es hoy y que de aquí a allá hay que explotarlo responsablemente”.

A pesar de que Cerrejón estima poder seguir explotando el carbón en el tiempo que resta, la Organización de las Naciones Unidas exige acciones prontas y ha generado campañas para que los inversores internacionales se sumen al proceso de descarbonización de la economía, alentando la desinversión en combustibles fósiles. La coyuntura mundial nos llama a frenar la explotación de carbón y, en esa medida, se cuestiona la viabilidad de desviar los arroyos, pues se sabe que a futuro, en un escenario de cambio climático agudizado, será más importante el agua que el mineral negro.

Los guajiros que habitan cerca al arroyo Bruno exigen respeto hacia este cuerpo de agua, pero esta exigencia trasciende a todos los colombianos. 461.000 millones de regalías, cifra anual que pagó Cerrejón al Estado en el 2014, no revertirán el daño profundo e irreversible que dejará en la tierra, en las comunidades, en el patrimonio natural y simbólico de Colombia el desvío del arroyo, sobre todo de cara a los impactos del cambio climático. Necesitamos al Bruno vivo, necesitamos los ríos con agua, es hora de descarbonizar el discurso de desarrollo y proteger a aquellas comunidades que todavía respetan la vida del planeta.  

 María Alejandra Navarrete
Oficina de Comunicaciones

Cada año cientos de familias en Colombia sufren la desaparición forzada de un ser querido. Este delito no corresponde solo a un momento específico de nuestra historia, es una realidad latente y sistemática que continúa victimizando a nuestra sociedad.

Según el Registro Único de Víctimas, en lo corrido del 2015 se han registrado 1641 víctimas directas e indirectas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado. Dentro de los victimarios se reconocen, principalmente, a grupos paramilitares y al mismo Estado Colombiano.

Este delito genera fuertes impactos psicosociales tanto para las víctimas, dentro de las cuales se incluye a los familiares de los desaparecidos, como para la sociedad entera. Según informe del Centro de Memoria Histórica, “la vida de las personas víctimas cambia drásticamente, su mundo emocional y relacional queda signado por un antes y un después de la desaparición forzada de su ser querido”.

Así mismo, este delito tiene un “efecto inmovilizador” para la sociedad, pues actúa como un mensaje de advertencia respecto al poder ilimitado del victimario y acalla expresiones parecidas a las que han representado las víctimas de este delito.

Puesto que nuestro país se está preparando para la paz y el pos conflicto, en Rompecabezas nos preguntamos ¿qué ha pasado con los desparecidos hasta la fecha y qué va a pasar cuando se firme el acuerdo de La Habana? ¿Cuáles son las herramientas legales y jurídicas con las que cuentan las víctimas para exigir justicia? ¿Cuál es papel que debe asumir la ciudadanía para luchar contra la impunidad y la indiferencia frente a este delito?

Invitados:

 

Estudiantes de bachillerato, de universidades y servidores públicos de Barrancabermeja tuvieron la oportunidad de reflexionar y compartir su experiencia entorno a los temas de  integridad,  transparencia y sentido de lo público.

Acciones concretas en lo cotidiano, fue la principal propuesta a la que llegaron los tres grupos poblacionales en el encuentro final del proyecto Rutas metodológicas innovadoras para la promoción de la cultura de la integridad, la transparencia, y el sentido de lo público, el 10 de noviembre, luego de 6 meses de participación en los talleres.

Alex Pinilla, estudiante del Colegio Ciudadela Educativa Magdalena Medio, explicó que este proceso de aprendizaje le ha permitido entender mejor el funcionamiento de lo público y del gobierno, por lo que ahora entiende que la corrupción es una problemática mucho más compleja que no se resolverá sólo con el señalamiento a los corruptos.

  

 Buscando incentivar una cultura de la legalidad activa, solidaria y respetuosa de los valores, la ética y el sentido de lo público; investigadores del proyecto participación ciudadana del CINEP/PPP diseñaron herramientas pedagógicas que permitieran el desarrollo de las temáticas de acuerdo al grupo poblacional. Con los estudiantes de los colegios, por ejemplo, se pensaron actividades que implicaban su creatividad más que espacios para el discurso: a través de algunas dinámicas generaron confianza para incentivar la participación en los talleres y el aprendizaje desde su propia experiencia de vida cotidiana.

Durante el evento final, Mónica Rueda, asesora de la secretaría de transparencia, destacó que “esta es la primera vez que se le pregunta a la población y ellos participan en la construcción de la ruta metodológica”. Los talleres realizados son un primer momento para crear una estructura para la promoción de la cultura de la integridad y la legalidad dentro de la política anticorrupción.

“Eso de ser transparente es una actividad muy compleja, a veces el mismo contexto en el que te desenvuelves hace que pienses de una manera pero termines actuando de otra”, reflexionó Ingrid Rondón, docente del programa de Administración de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) sede Barrancabermeja. Por ello, Rondón resaltó la importancia de generar conciencia en los estudiantes sobre sus acciones como profesionales, fuera de la academia, y la incidencia que pueden tener en lo público.

 

 Karen Hussmann, directora del proyecto ACTUE – Colombia Colombia (Anticorrupción y transparencia de la Unión Europea para Colombia), explicó en el evento de cierre que la corrupción es un fenómeno mundial y que para combatirla son necesarias acciones para que haya “muchos ojos, pocas manos” sobre lo público. ACTUE – Colombia es un proyecto en el marco del apoyo de la Unión europea a la Secretaría de Transparencia, mediante un acuerdo de cooperación delegada con la FIIAPP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas).

Por esta línea, hay acciones que buscan mejorar los procesos de los servidores públicos desde las instituciones estatales. Luis Fernando Gómez, personero delegado para el derecho de petición, servicios públicos y participación ciudadana; habló sobre “el pacto por la función administrativa” que se está realizando desde la personería para la atención oportuna de los derechos de petición de los ciudadanos.

  

 Al finalizar el evento, los participantes compartieron dos composiciones fotográficas que hicieron en su último taller, el 9 de noviembre, con el objetivo de retratar una acción de transformación creada por cada grupo. Los estudiantes de colegio pensaron en Súper Transparente como una figura que los ciudadanos debemos defender, los estudiantes universitarios y los servidores públicos pensaron en la evolución de la conciencia.

 

Gisselle Martín Chocontá
Equipo de comunicaciones

 

El 13 de junio de 1954 Colombia vio y escuchó por primera vez los sonidos e imágenes de la televisión pública. Hoy, 60 años después, este tipo de televisión aún se mantiene y ha luchado por conserva su objetivo: fortalecer el desarrollo cultural y educativo de los habitantes del territorio nacional.

Según cifras de la Agencia Nacional de Televisión, los canales regionales son la tercera opción en audiencia para los colombianos, posicionándose debajo de los 2 grandes canales privados del país. 

Ante el potencial social de los canales públicos y la necesidad de hacerlos más competitivos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha invertido más de 7 mil millones en infraestructura y otros 5 mil en el fomento a la coproducción de contenidos audiovisuales. La ANT, por otro lado, aprobó un presupuesto $126 mil millones de pesos para los operadores públicos que será ejecutado en el 2016.

Frente a este panorama, en Rompecabezas nos preguntamos, ¿además de la inversión en infraestructura y contenidos, de qué otra forma se debe fortalecer la televisión pública? ¿Cuál es su función en la coyuntura nacional actual? y ¿Cuál es el papel de las audiencias en el desarrollo de este tipo de televisión?

 Invitados: