May 23, 2018

El presidente Trump busca una ofensiva frontal contra todo aquello que, según él, ha debilitado a los Estados Unidos. Por eso, su agenda incluye reformas a la política migratoria que traerá cambios profundos a la población hispana. Varios son los aspectos que Trump va a intervenir: la deportación de inmigrantes con récord criminal. La persecución a quienes no poseen papeles en regla. Discrecionalidad en dar permisos especiales a quienes llegaron a Estados Unidos siendo niños y a los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes. La aplicación de medidas de seguridad nacional para combatir el extremismo islámico violento. Imponer tributos a las remesas. Sanciones a ciudades que facilitan la llegada de migrantes como Los Ángeles y Nueva York. Y, la más controvertida de las medidas: construir un muro en la frontera sur con México para frenar a los migrantes ilegales.

En Estados Unidos viven más de treinta y cinco millones de migrantes, once millones son indocumentados. Trump ha prometido deportar entre dos y tres millones, revirtiendo el legado indulgente de Obama. Pero el gobierno de Trump no puede deportar legalmente a las personas solo por su nacionalidad, sino con base en delitos criminales o administrativos, como ser indocumentado. Sin duda que estas eventuales deportaciones y la reducción de arribos a Estados Unidos, afectarán las transferencias de remesas que suman ciento treinta mil millones de dólares al año. Fenómeno particularmente duro para México, Centro América y países como Colombia.

En estos momentos los migrantes ilegales y quienes no han podido definir su situación, temen las deportaciones masivas y sienten la presión del gobierno y la sociedad. La política de Trump ha logrado poner 7, en el programa radial de RCN “Notas humanas y divinas”.a los migrantes, especialmente a los indocumentados, bajo la visibilidad mediática, señalándolos como una amenaza social y económica para la seguridad norteamericana. Pero desde la realidad de los migrantes, ellos son víctimas de un modelo de desarrollo global, desigual e inequitativo, generador de una economía concentrada que beneficia la acumulación del capital en pocas manos; que impulsa procesos de exclusión social y cultural; y que hace ver a las víctimas como las responsables de los desequilibrios sociales.

El documento de Aparecida en el número cuatrocientos catorce nos dice: “Entre las tareas de la Iglesia a favor de los migrantes, está indudablemente la denuncia profética de los atropellos que sufren frecuentemente como también el esfuerzo por incidir, junto a los organismos de la sociedad civil, en los gobiernos de los países para lograr una política migratoria que tenga en cuenta los derechos de las personas en movilidad”.

* Editorial presentada el domingo 5 de febrero del 2017, en el programa radial de RCN “Notas humanas y divinas”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director general Cinep/Programa por la Paz

A propósito de la discusión adelantada en el Congreso sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, el primer Diálogos Cinep/PPP invitó a expertos para conversar sobre el tema de la justicia en la implementación de los acuerdos. 

El diálogo tuvo como invitados a Rodrigo Uprimny, jurista y experto en derecho constitucional; Judith Maldonado, integrante de Voces de paz y John Jairo Montoya, jesuita e investigador del Cinep/PPP. En la moderación estuvo Diana Durán, editora judicial de El Espectador. 

Para Uprimny "el acuerdo de paz estableció un buen sistema de garantía integral de los derechos de las víctimas, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y el robustecimiento de los programas de reparación. Es único en el mundo que dos partes enfrentadas decidan someter sus crímenes a una jurisdicción que nace del acuerdo", además aseguró que el punto en el que debería existir una presión política es la responsabilidad de mandos superiores, ese es el tema que debe ser corregido. 

Ante las profundas críticas sobre la responsabilidad de mando "es importante conocer los mecanismo que podemos tener las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de víctimas, porque la JEP tendrá en cuenta los informes que presentemos, parte del trabajo que hagamos como aportantes a la Comisión de la Verdad será estar muy vigilantes para que efectivamente los mandos no lleguen a beneficiarse", afirmó Judith Maldonado.

Por su parte el investigador John Montoya, S.J. enfatizó en cuanto al papel de las víctimas que "los juicios hechos en la Ley de Justicia y Paz realmente no cumplieron con su objetivo de proteger a las víctimas, por el contrario fue una ley de impunidad al victimario, no podría adelantarme a lo que va a ocurrir con la Jurisdicción Especial para la Paz, pero en lo que concierne a las víctimas y al rol que van a tener en el proceso, considero que será similar, las víctimas no cuentan, la sociedad civil no tiene participación, no le auguro un buen futuro a las víctimas porque estamos en una sociedad sobrevictimizada y los casos que llegarán a la JEP serán pocos".

Al concluir el diálogo los invitados coincidieron en los retos que tiene el Congreso para tramitar de manera prioritaria y especial las normas de la Jurisdicción.

 Ver video de los Diálogos Cinep/PPP 

 

DENUNCIAMOS EL ASESINATO DEL LÍDER RECLAMANTE DE TIERRAS PORFIRIO JARAMILLO, COMUNIDAD DE GUACAMAYAS, CONSEJO COMUNITARIO DE LA LARGA Y TUMARADÓ (COCOLATU).

30 de enero. El consejo comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU), la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA) y el Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP / Programa por la Paz lamentan y repudian el homicidio del líder reclamante de tierras Porfirio Jaramillo Bogallo, miembro del consejo local de la comunidad de Guacamayas, consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, sucedido en la madrugada del pasado domingo.

Consideramos que el asesinato del líder Porfirio Jaramillo no es un caso aislado, y que los hechos de violencia contra líderes y lideresas reclamantes de tierras constituyen una estrategia sistemática por parte de actores poderosos interesados en obstaculizar el proceso de restitución de derechos territoriales de COCOLATU.

Estos lamentables hechos evidencian que la restitución de los derechos territoriales étnicos no avanza. Pero si avanza el despojo y la persecución a líderes y lideresas, porque existen grandes intereses económicos detrás de estos territorios. Intereses que son sostenidos y facilitados por grupos armados ilegales, así como por estructuras políticas locales, regionales y nacionales.

HECHOS:

El pasado sábado 28 de enero en horas de la noche, cuatro (4) hombres armados vestidos con prendas de uso privativo de la fuerza pública que se movilizaban en motocicleta, ingresaron a la vivienda del señor Porfirio Jaramillo Bogallo, ubicada en la comunidad Guacamayas, consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, y procedieron a retenerlo en contra de su voluntad, siendo testigos del hecho familiares y miembros de la comunidad. Su cadáver fue encontrado en la madrugada del domingo 29 de enero, con heridas de arma blanca, en la zona de El Tigre, en la carretera que conduce de Nuevo Oriente a Chigorodó, a una distancia aproximada de 2 o 3 kms de su comunidad.

ANTECEDENTES:

El señor Porfirio Jaramillo Bocallo había retornado hace dos (2) años a la comunidad de Guacamayas, después de haber sido desplazado por los grupos paramilitares. Era un líder activo de la comunidad de Guacayamas, y de la organización de víctimas reclamantes de tierras “Tierra y Paz”.

El señor Jaramillo venía siendo víctima de amenazas en contra de su integridad personal, por lo que había solicitado un esquema de seguridad y protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin respuesta efectiva de este organismo.

Según “Tierra y Paz”, el señor Jaramillo "denunció intimidaciones de muerte por parte del actual poseedor del predio que él estaba reclamando, un hombre conocido como 'el cura', y de su administrador. Ambos le habrían dicho que lo harían matar de los paramilitares". La misma organización aseguró que hace cuatro (4) meses le llegó una comunicación al líder campesino en la que se le daba un plazo para abandonar su finca. Inmediatamente puso una denuncia ante la Policía y la Fiscalía, indicando que sospechaba de dónde venían estas intimidaciones.

EXIGIMOS:

A la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) que garanticen una restitución y reparación integral, en condiciones de seguridad, a las víctimas de COCOLATU.

A las instituciones locales y regionales (Alcaldía de Turbo, Gobernación de Antioquia), que activen las medidas para garantizar la protección de los líderes y lideresas reclamantes de tierras de COCOLATU.

A la Fiscalía General de la Nación, que adelante con celeridad los procesos de investigación y judicialización de los responsables del homicidio del líder Porfirio Jaramillo, y no dejen este crimen impune.

A la Unidad Nacional de Protección, que ponga en marcha la ruta de protección colectiva para las comunidades pertenecientes al consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, así como esquemas de protección individual contextualizados y oportunos.

A la Policía, Ejército y Ministerio de Defensa, que cumplan con su misión de garantizar la vida, libertad e integridad de los ciudadanos, lo que implica reconocer la existencia de una estrategia violenta sistemática en contra de los reclamantes de tierras en toda la región de Uraba.

El presente comunicado es suscrito por:

  • El Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU).
  • La Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA).
  • El Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (CINEP/PPP).

Descargar comunicado

 

 

 

Frente a la tarea de construir una paz justa, sustentable, con derechos y responsabilidades ciudadanas, este año dos mil diecisiete y por lo menos las próximas dos décadas son definitivas para el país. Pero el dos mil diecisiete marca el inicio y como todo primer paso, será uno de los años más difíciles para la Paz. Además del reto de iniciar la aplicación de los acuerdos de La Habana en materia de reparación a las víctimas, de empezar el ordenamiento institucional para desarrollar la justicia transicional y de llevar a buen puerto las tareas pendientes sobre desarrollo rural, participación política con garantías y generar nuevas estratégicas contra el narcotráfico, se suma la agenda social y política del país.

En lo social está el reto de reestructurar un sistema nacional de salud que es injusto, indigno y deprimente. El déficit es de siete punto seis billones de pesos y la reforma tributaria no atenderá sino una pequeña parte de él. La educación, es otro reto social, el gobierno Santos aplicó el año pasado veintiocho billones de pesos, pero el tema no es solo de cobertura sino de calidad y la paz necesita de ella con urgencia. En la agenda política el hecho de que la mayoría de los legisladores le haya dado el aval al nuevo Acuerdo de Paz le otorga un triunfo político al presidente Santos y le muestra a la oposición que el debate sobre las leyes que se van a crear para la implementación del Acuerdo es un procesos difícil. Esta misma oposición se ve retada a tener una campaña electoral que busque ganar espacio en el Congreso y argumentar la necesidad de apoderarse de la presidencia de Colombia en el año dos mil dieciocho con el fin de limitar la aplicación del Acuerdo con las FARC. Por su parte las FARC, en el escenario político electoral no van a ceder terreno. Será la primera vez que no van a ser uso de las armas en la política, esperemos que los demás actores armados ilegales que también han hecho uso de ellas en la política no las continúen usando para generar, como ya lo han hecho en otros momentos de la historia del país, la guerra sucia en contra de sus opositores. El balance de los hechos muestra que la paz está en ciernes y con grandes retos para iniciar el camino de su construcción. Cómo nos dice el Padre de Roux en su columna de El Tiempo: “El desafío para la Iglesia católica y las demás confesiones y para mujeres y hombres que se sienten movidos moralmente en conciencia, es ejercer la responsabilidad de un acompañamiento espiritual unificado, audaz y convocante. Que se ponga por encima de las ambiciones de poder y de sus personajes, que plantee que la reconciliación es difícil, pero vamos por ella. Que esté llevado por la compasión ante el sufrimiento, por la búsqueda de la verdad, por la determinación de no permitir la impunidad de ningún lado”.

 

* Editorial presentada el domingo 8 de enero del 2017, en el programa radial de RCN “Notas humanas y divinas”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General Cinep/Programa por la Paz
 

 

 

Tres casos de corrupción son la muestra de cómo en Colombia se ha tocado fondo en el desfalco a la nación: los casos de InterBolsa, Reficar y Odebrecht. En el caso de InterBolsa, la semana pasada quedó en libertad por vencimiento de términos, el empresario Víctor Maldonado Rodríguez, que enfrenta un proceso penal por ser presuntamente el cerebro de la estafa a los inversionistas para rentar y ganar grandes sumas de dinero en el Fondo Premium de InterBolsa, a finales de dos mil trece. Maldonado se ha declarado inocente de los delitos imputados por la Fiscalía y sus abogados han hecho todo tipo de artimañas jurídicas para entorpecer el proceso. En total fueron sesenta y cuatro millones de dólares de detrimento patrimonial y se vieron afectados mil doscientos seis inversionistas. Nueve implicados más, acusados de ser estafadores, están hoy en libertad.

En el caso de corrupción en la refinería de Reficar, la Fiscalía y la Contraloría General han encontrado serias inconsistencias que superan los cuatro mil millones de dólares de sobrecostos en la ejecución de contratos. Reficar puede ser el mayor caso de corrupción y negligencia del siglo en Colombia pues al sobrecosto se le suma el daño fiscal, que puede superar los ocho punto cinco billones de pesos. Finalmente, en el caso de corrupción de la constructora de vías Odebrecht, el exviceministro de transporte del gobierno Uribe, Gabriel García, aceptó cargos de corrupción. Recibió un soborno de seis y medio millones de dólares para asegurarle a esta firma un millonario contrato de la Ruta del Sol. Así lo sostuvo ante un juez en Bogotá. Al parecer hay más funcionarios públicos y políticos implicados en el caso. Según el Contralor general de la Nación, la corrupción en Colombia suma cincuenta billones de pesos en los últimos años. Una cifra astronómica que niega a los ciudadanos la posibilidad de acceder a la salud, la educación y los servicios públicos básicos.

¿Cuándo habrá justicia en Colombia no solo para castigar a los ladrones de cuello blanco sino para recuperar estos recursos económicos y ponerlos al servicio de la realización de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de la ciudadanía colombiana? ¿Cuándo tendremos políticas que hagan realidad estos derechos? ¿Hasta cuándo los ciudadanos seguiremos indiferentes y sin levantar nuestra voz de protesta y de propuesta para hacer cambiar esta realidad que afecta la vida de las futuras generaciones? ¿Cómo llamarnos cristianos y ser a la vez corruptos y ladrones de los recursos que son de todos los ciudadanos? El profeta Isaías nos dice “el que rehúsa ganancias fraudulentas, el que se sacude la palma de la mano para no aceptar soborno, el que se tapa las orejas para no oír hablar de sangre, y cierra sus ojos para no ver el mal. Ese vivirá en las alturas, subirá a refugiarse en la fortaleza de las peñas, se le dará su pan y tendrá el agua segura”.

* Editorial presentada el domingo 22 de enero del 2017, en el programa radial de RCN “Notas humanas y divinas”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General Cinep/Programa por la Paz