Los próximos 19 y 20 de abril, líderes y lideresas de varias zonas del Caribe se encontrarán por primera vez para revisar los procesos de construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que se adelantan en 40 municipios del Caribe Colombiano.

 
 

 

 

 

 

Hace 20 años, las comunidades de los Montes de María tuvieron que dejar sus tierras tras recibir amenazas de paramilitares y ver a algunos de sus compañeros y vecinos morir a causa de la violencia con la que estos grupos armados ilegales azotaron la región. En 2012, acogidos por la ley de víctimas y la restitución de tierras, iniciaron el proceso de restitución de sus predios, pero hasta el momento no han recibido sus parcelas.

Para revisar los avances de los procesos de restitución, posibles soluciones a los inconvenientes y analizar el impacto de la no restitución sobre la implementación del proceso de paz, el viernes 17 de noviembre de 2017 se realizó la Mesa de Diálogo: Derechos de las Víctimas, Restitución y Desarrollo Territorial, organizada en el marco del proyecto “Cuando tengamos la tierra, crecerá la semilla” que desarrollan el Centro de Investigación Nacional de Educación Popular – Programa Por la Paz (Cinep-PPP) y el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad Javeriana, con el apoyo de la Unión Europea. 

El profesor investigador de la Universidad Javeriana, Juan Guillermo Ferro, uno de los acompañantes de las comunidades de Montes de María, conversó con nosotros sobre las conclusiones a las que llegaron en el encuentro:

¿Cuál es la principal conclusión sobre los procesos de restitución en Montes de María?

Juan Guillermo Ferro: Una primera conclusión es que las políticas de restitución de tierras y de reparación colectiva tienen como elemento común la lentitud y las trabas de distinta índole para poderse llevar a cabo. En el caso de la restitución hay una serie de impedimentos fruto de los criterios de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para rechazar a los solicitantes.

Hay problemas de tipo más político en el sentido que el Estado está muy interesado en un modelo de desarrollo mucho más centrado en la agroindustria exportadora de monocultivo que en apoyar economías campesinas. Entonces no hay una prioridad en restituir y reparar. En las comunidades ya empieza a haber un escepticismo.

¿Por qué se han demorado tanto los procesos de restitución?

J.G.F: Son procesos que incluso pueden ser un poco perversos, en la medida en que la política no está parada, sino que está funcionando a un ritmo paquidérmico. Eso lo que genera es que la gente no se radicaliza en movilizaciones o en acciones colectivas más confrontacionistas (sic) para reclamar. Cada dos meses aparece algún dato, a los tres meses se hace una visita o aceptan un documento, le dicen a la gente que ya está en trámite. La gente no protesta más porque dice que ahí va la cosa, que aceptaron unas solicitudes y que ya volvieron a meter la demanda. Ese es el efecto perverso que tiene esa lentitud.

¿Y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)?

J.G.F: Es la última política que se está empezando a implementar en el territorio. La gente realmente está desmotivada y desconfiada, porque como dicen algunos campesinos: si a mí no me han restituido la tierra, no me han reparado, cuál es la planificación que voy a hacer o sobre qué territorio voy a planear.

Los PDET están manejando unos esquemas y tiempos excesivamente rápidos, en mayo ya tienen que estar listos, que hacen muy difícil la participación. No se están haciendo convocatorias abiertas a la comunidad, sino que están seleccionando ciertas personas. Están quedando unos planes como listas de mercado, que realmente no estarían configurando las bases y planes de desarrollos muchos más estructurados.

Son los líderes de las organizaciones los que tienen que representar a las comunidades en los planes y escenarios de discusión, ¿no?

J.G.F: Las organizaciones en Montes de María están muy debilitadas porque fueron las que más sufrieron con las masacres, con las incursiones paramilitares, los asesinatos selectivos, el exilio… Hubo un movimiento fuertísimo en los años 70 u 80, que ahora es un movimiento tremendamente fracturado y debilitado.

Pese a la asiduidad de talleres, capacitaciones, escuelas de ciudadanía, toda la cantidad de cosas que hemos hecho las organizaciones acompañantes, desde que paró supuestamente la guerra por ahí en el 2008, las comunidades siguen débiles. Siendo autocríticos, tenemos que reconocer que tal vez no estamos haciendo bien las cosas o que la debilidad del movimiento es tal que es muy poquito lo que se ha hecho.

¿Las políticas de víctimas, reparación y restitución no han fortalecido las organizaciones comunitarias?

J.G.F: El Estado ha sacado un montón de políticas públicas y todo el mundo se desgasta en ellas para que funcionen, pero lo que ha provocado es que las organizaciones dejen de lado su propia agenda y sus propias propuestas. Ahí es donde hay otro elemento que podríamos llamar perverso, poner a la gente a desgastarse, organizarse, reunirse, criticar o aportar a la política pública, pero esa política nunca se desarrolla totalmente o no cumple sus objetivos.

Hay una distracción del movimiento social en atender la política pública y nosotros como agentes acompañantes podemos haber estado cayendo en la trampa de hacer este juego y más bien deberíamos estar acompañando agendas propias, sin perder el ojo avizor de lo que el Estado hace porque nadie le puede quitar la importancia a lo que el Estado hace, pero no centrar toda la actividad en eso.

Pero esas políticas públicas han sido construidas para responderle a las necesidades de las regiones y las víctimas, en el marco de un escenario de paz, posconflicto y posacuerdo.

J.G.F: Si no hay restitución, si no hay reparación, si no funciona la planeación participativa, pues entonces no habrá paz ni duradera ni estable, como se definió en los acuerdos de las FARC y el Gobierno. Si no hay estas bases, ¿de qué estabilidad estamos hablando? Aquí podemos estar hablando de una paz inestable y efímera, porque no hay manera de avanzar si no se resuelve el tema del acceso a la tierra, si no se repara a las víctimas, si no se le apuesta a la economía campesina. En Colombia no tenemos una política que le dé a la economía campesina un verdadero fortalecimiento, no se cree en sus bondades; se cree que los campesinos son atrasados, pobres, brutos, que no saben producir ni comercializar, y eso marca las dinámicas en los territorios y las políticas públicas.

¿Qué ha funcionado hasta el momento?

J.G.F: Las organizaciones se mantienen, tienen algunas iniciativas. La gente de la alta montaña, que son los del centro de Montes de María, los del Carmen de Bolívar, se han movilizado fuertemente contra el abandono de sus territorios; los de Playón en Marialabaja contra el acaparamiento del agua; este último es un grupo pequeño, pero muy interesante que ha bloqueado varias veces el distrito de riego diciendo que si no hay agua para ellos, no hay agua para la palma, porque el agua está privatizada y es usada más para la palma que para el consumo de la gente.

Los campesinos han hecho mucha resistencia a los cultivos de palma.

J.G.F: Sí, no sólo a la palma, a los monocultivos de gran extensión para la exportación. Eso es una cosa muy reciente, unos quince años, se desarrolló precisamente después de la arremetida paramilitar. A los palmeros no les gusta que se les diga eso, pero es cierto. El desarrollo de estas propuestas vino después del desplazamiento, del abandono de tierras y la compra oportunista y de mala fe que muchos empresarios, a través de testaferros, fueron haciendo. Los campesinos muestran que ellos muchas veces no tenían otra salida que vender y vender mal.

¿Qué podrían sembrar los campesinos al regresar a sus tierras?

J.G.F: Hay otro problema y es que el retorno ha sido muy lento y sin recursos. Hay algunas instituciones que le dicen al campesino, listo, ya puede volver a su tierra, pero el campesino no tiene los apoyos, el crédito, la infraestructura para reiniciar su proyecto y entonces termina vendiendo la tierra que le restituyeron. No se está haciendo algo para restituir una cultura, una sociedad, una economía, ni la vocación campesina.

Muchos de los reclamantes son mayores de 50 años de edad, lo que podría dificultar el retorno de la vida campesina. ¿La región se está quedando sin campesinos?

J.G.F: Los pocos a los que les han restituido muchas veces no tienen el apoyo de sus hijos porque ya pasaron 20 años desde que fueron desplazados; entonces estos muchachos, que eran niños en el momento del desplazamiento, han ido ocupando otras actividades, algunas legales y otras ilegales: microtráfico, delincuencia común, mototaxismo, comercio, el rebusque. La gente ha perdido la relación directa con el campo.

¿Y sobre el tema de la contaminación medioambiental?

J.G.F: Los ecólogos del equipo nos han dicho que una de las cosas que no mira la restitución es todo el despojo que se dio en materia de recursos naturales, de acceso al agua, de bosques y de contaminación por aguas industriales. La restitución mira solo el predio, mira mucho la tierra, el impacto físico, pero no mira todas las relaciones que los campesinos tenían con la tierra, con la represa, el arroyo, el bosque, todas estas conexiones socioambientales de las comunidades. El despojo no solamente fue de tierras sino también de acceso a los recursos naturales con los que los campesinos contaban anteriormente.

¿Cómo ve el panorama para el año entrante con las elecciones presidenciales?

J.G.F: Muy complejo, puede llegar un gobierno que diga que hay que hacer trizas el Acuerdo de Paz y hay estaríamos peor.

 

Astrid Toscano Villán
Equipo Gestión del Territorio en el Pacífico

 

La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, creada en el Acuerdo Final de Paz, es ante todo una medida reparadora para la sociedad colombiana. Pero para que el trabajo de la Comisión sea profundamente eficaz, debe esforzarse por construir, a partir de diversas visiones, una comprensión del conflicto colombiano lleno de sentido, incluyente y sanador, una comprensión de la verdad sobre lo sucedido que nos haga preguntas, que nos mueva a todos de nuestro lugar de comodidad, una comprensión de la verdad que nos llame a la responsabilidad, al reconocimiento de nuestras acciones promotoras de violencia y nos interpele sobre los sentimientos de odio y la satisfacción de la venganza, que nos impulse al perdón y la reconciliación.

La Comisión de la Verdad es un instrumento para construir una verdad de sentido profundo y no para pugnar o guerrear sobre cuál verdad le gana a otra verdad. Históricamente las comisiones de verdad se han creado en otros conflictos del mundo como un órgano de carácter extra-judicial, y se han usado para procesos políticos de transición, para pasar de las dictaduras a la democracia o de conflictos armados a la paz.

El fin de estas comisiones se concentra en esclarecer lo que pasó en esa sociedad violenta y lo que llevó a usar patrones de violencia para la tramitación de los conflictos. Por eso la Comisión no es un mecanismo para administrar justicia sino para contribuir a la construcción de una verdad compleja.

La Comisión de la verdad es una oportunidad para que todos aportemos nuestros dolores, pero también nuestras acciones violentas y nuestras omisiones al no hacer lo suficiente para parar la violencia. La Comisión de la Verdad debe esclarecer las responsabilidades del Estado, de los poderes políticos, empresariales y de la economía transnacional, de las organizaciones armadas guerrilleras y paramilitares, de los actores de sociedad civil que auspiciaron o apoyaron la violación de los derechos humanos en medio del conflicto que fue y aún es, eminentemente político y económico.

El Padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, afirma: “No es una Comisión contra nadie, es por las víctimas. Es una Comisión que quiere, a través de las heridas, alcanzar una movilización hacia la compasión y esclarecer qué fue lo que nos aconteció en el país; ¿por qué nos vimos metidos con tantos sufrimientos y cómo podemos salir juntos?”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

 Director CINEP / Programa por la Paz

 

Una de las riquezas de Colombia es su enorme diversidad cultural. Dentro de una región, relativamente pequeña, puede existir una amplia variedad cultural en las comunidades. Un claro ejemplo de esta situación se da en la región Caribe. Allí confluyen múltiples grupos étnico raciales que se diferencian en muchos aspectos, pero que comparten un territorio. Frente a este panorama desde hace varios años, el equipo de Interculturalidad del Cinep/PPP viene acompañando a algunas de estas comunidades en procesos de fortalecimiento organizativo tanto al interior como en articulación con otros grupos poblacionales de la región.

Así surgió el proyecto en educación intercultural por la defensa de los derechos de los grupos étnicos. Funcionó en tres nodos territoriales: Cartagena, Sierra Nevada y sur de La Guajira y se trabajó con distintos grupos étnicos: indígenas Wayuú, Wiwa, afro Cartagena, afro Guajira, población palenquera y mestizos. Durante el proceso participaron líderes de organizaciones sociales, jóvenes investigadores y docentes de instituciones educativas.

El proyecto se organizó en tres grandes acciones: primero, un proceso de formación en educación intercultural, investigación local participativa y ejercicios de exigibilidad de derechos; segundo, producción de saberes y contenidos de conocimiento; y, tercero, ejercicios de sensibilización e incidencia política. Estas acciones, que se dieron a partir del proyecto, estuvieron encaminadas a generar encuentros entre las comunidades que permitieran diálogos desde los saberes de cada población. “Empezar a encontrarse, no solo es la posibilidad de tejer redes de articulación sino de contrastar constantemente visiones, perspectivas, sensibilizarse de lo que les ocurre a los otros”, afirmó Jenny Ortiz, investigadora del Cinep/PPP del equipo Territorio, Movilización e Interculturalidad y coordinadora del proyecto.

Uno de los objetivos y puntos clave de este proceso fue construir una mirada en conjunto de la región. Para esto se promovió el diálogo de saberes a través del cual las diversas comunidades discutieron y trabajaron juntas en la problematización de sus contextos en distintas escalas. Así lo explicó Ortíz: “Empezamos a salir del problema muy local y conectarlo con lo que está pasando en la región. Esto, en términos de megaproyectos, del modelo económico, de la violación de derechos. Se trata de una articulación de demandas pero sobre todo de la articulación de ejercicios de resistencia ante las múltiples problemáticas”.

Juventud y género, las miradas diferenciales del proceso 

Durante el proceso se abordaron varios enfoques diferenciales. Uno de ellos fue el de los jóvenes y su rol dentro de sus comunidades. Para Jenny Ortiz el trabajo con los jóvenes es un ejercicio muy preliminar desde la educación popular y busca empezar a transformar la idea de que son los expertos los que tienen el conocimiento. Los líderes de organizaciones sociales son jóvenes que se hacen preguntas sobre su contexto y es importante vincular al joven en la acción política.

Para lograrlo una de las estrategias fue brindar  herramientas metodológicas a los jóvenes para trabajar con sus comunidades, así se reconoció desde cómo hacer una entrevista y una cartografía, hasta un mapa de actores y una encuesta. Luego ellos realizaron un proceso de acompañamiento para aplicar las herramientas en la problematización de los diferentes contextos.

Otro de los enfoques diferenciales importantes del proceso fue el de género, una apuesta problemática considerando las características culturales de las comunidades de la región. En este sentido, primero se abordó el tema del rol de la mujer dentro de los grupos. En estas discusiones salieron a flote muchas historias de abuso sexual intrafamiliar, violencia, acoso yabuso en medio del conflicto armado. El momento no solo sirvió para conocer una realidad que nos suele difundirse, sino paraque las mujeres pudieran sanar un poco esas heridas. El trabajo dentro del proyecto aportó a la construcción de miradas de género desde los distintos contextos, así “que los Wiwa comiencen a preguntarse sobre las Sagas, que son mujeres de sabiduría ancestral. Que los afro comiencen a interpelarse por otras construcciones de género”, son algunos de los resultados que resalta Jenny Ortiz.

Dentro de las metodologías implementadas en el proyecto se incluyeron tres seminarios regionales que reunían a las poblaciones. El primero de ellos se hizo en Barrancas, sur de La Guajira; el segundo, en Cartagena, y, el tercero, fue en la Sierra Nevada de Santa Marta. “En los seminarios quisimos darle este giro de no llevar solo a los expertos a que le enseñen al otro sino que los sujetos se empoderaran un poco y fueran los gestores de lo que ya habían hecho”, explica Ortiz. Con esta premisa, durante estos encuentros se oyeron las voces de la academia, el liderazgo social, la docencia y la juventud cada uno aportando a los debates desde su propia experiencia y experticia.

Docentes de la zona caribe hablan sobre la importancia de la interculturalidad en la educación escolar.


Un cierre en el territorio sagrado, Achintukua. Para el cierre del proyecto se concertó con las organizaciones sociales y las comunidades hacer el seminario en Achintukua, capital del pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este lugar fue elegido por su importancia intercultural, pues muy cerca de allí, se dio la evangelización de la comunidad indígena por parte de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Este procedimiento llevó a la pérdida de la cultura propia de los Wiwa por mucho tiempo. “El vestido ya no se estaba usando, el idioma ya algunos lo han olvidado. La música propia ya los niños no la bailan como se bailaba, solo hay unos mayores que la bailan”, comenta  Otilio Chimusquera, docente Wiwa, y añade “ya más reciente nosotros le hemos propuesto que nosotros tenemos que reconocer nuestra identidad y por eso entre nuestra comunidad ya hay poquita evangelización, pero podemos vivir con otras comunidades de esas religiones sin ningún problema”.

Dada la importancia espiritual que tiene este pueblo para los Wiwas, desde un mes antes a la realización del seminario, se inició un  trabajo espiritual con el Mamo Chelo, máxima autoridad de Achintukua. Él inició un trabajo para que el territorio acogiera a todos los visitantes, teniendo en consideración que eran de distintas partes de la región y del país, que hubiera una armonización y que además hubiera una protección espiritual.

Terminado el proceso del diplomado, varios de sus participantes enuncian sus aprendizajes más importantes.

 

 

 La represa del Cercado, el monstruo de cemento en el corazón del territorio ancestral Wiwa

Para entender la problemática que generó la construcción de la represa del Cercado en el territorio hay que hacer una revisión en retrospectiva. En 1934 se autorizan las primeras concesiones de uso del agua a través del drenaje. Luego se arrancan las obras para hacer distritos de riego. A inicios de la década de los 2000, se empieza a ejecutar la obra de la represa. La intención original del proyecto era construir el distrito de riego, llevar agua a los municipios del sur de La Guajira y construir la represa para la generación de energía. El primer impacto para el pueblo Wiwa fue que uno de los tres lugares culturales más importantes para la comunidad donde se desarrolla el ejercicio de gobernabilidad quedaba ubicado justo en medio de la represa.

Seguido a esto vino un momento crítico para la situación de los derechos humanos del pueblo Wiwa: en el sector conocido como La Llegua – Yacanal, en la parte baja de la cuenca del río, asesinan al primer dirigente del pueblo Wiwa. En la parte alta, el pueblo Wiwa sufre la persecución de la guerrilla y desaparecen varios de sus líderes. “En el 2005 inicia la construcción de la represa, lo que generó desestabilidad política, cultural y organizativa para el pueblo Wiwa por la acción de los grupos armados que operaban en la cuenca del río”, relata Pedro Loperena, encargado de la comisión de derechos humanos de la comunidad. “En ese tiempo fue imposible reaccionar por la forma como se atacó al pueblo Wiwa por los diferentes actores en confrontación: grupos paramilitares, autodefensas, guerrilla y hasta las mismas fuerzas militares”, agrega Loperana.

El 4 de febrero de 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga las medidas cautelares ante la crisis humanitaria del pueblo Wiwa, allí establece que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para cesar los hechos de violencia en contra de la dirigencia del pueblo Wiwa. Además, ante la construcción del muro que retiene las aguas del río Ranchería, las cuatro comunidades indígenas que viven en la Sierra Nevada afirman no haber sido consultadas y luego de las pocas acciones de protesta que realizaron asesinaron a varios de sus líderes: “Casi 30 ejecuciones extrajudiciales en la cuenca del río nos hace pensar que el conflicto estaba ligado a la construcción de la represa”, dice el líder indígena.

Sin poder frenar la construcción de la represa, un fallo judicial en su contra manifiesta que no interpusieron los recursos legales a tiempo, pero sus líderes argumentan que no tenían el conocimiento y la amenaza armada no los dejaba actuar. “Ante la violencia que vivimos nos tocó consolarnos a nosotros mismos. Nos tocó recoger a nuestros muertos y hacer nuestros trabajos espirituales. Nosotros mismos nos tuvimos que llenar de valentía para poder afrontar esa situación y defender nuestros derechos. El proceso organizativo nos tocó reconstruirlo a nosotros mismos”, declara Loperena. 

Tras ocho años de su inauguración, y casi 15 desde el inicio de su construcción, las comunidades manifiestan no sentirse a gusto con la obra. Informes de los órganos de control demuestran que la represa no cumple con los cuatro objetivos con los que fue construida. Versión que fue ratificada por una de las funcionarias del consorcio que administra la obra al afirmar que en la actualidad solo sirve para evitar las inundaciones y surtir los acueductos de algunos municipios cercanos.

“Actualmente estamos buscando documentación porque sabemos que viene una segunda fase de la represa”, afirma Loperena. Y aunque el daño espiritual y material a la comunidad ya está hecho, se apoyan en organizaciones nacionales y extranjeras para evitar daños mayores en la segunda etapa del macroproyecto.

Producción editorial

Resultado de los proyectos de investigación de los participantes del diplomado, se elaboraron tres cartillas, en los que se desarrollan las investigaciones y problematizaciones de la educación intercultural en cada región. En estas se sistematizan las investigaciones en los temas priorizados en cada zona. A demás, se publicaron cartillas elaboradas por los jóvenes investigadores con formatos que se adaptan a las necesidades de sus comunidades.

Caminos interculturales en la región Caribe I 

Es una agrupación de experiencias de maestros, donde se plantean preguntas comunes sobre identidad y diferencia en la escuela, con el objetivo de transformar las prácticas pedagógicas.

Caminos interculturales en la región Caribe II 

Se enfoca en el reconocimiento del territorio y de los impacto del modelo de desarrollo minero-energético, por parte de los estudiantes de instituciones educativas de La Guajira y el espacio turístico de Cartagena.

 

Caminos interculturales en la región Caribe III 

Presenta los talleres realizados en el aula de clase por parte de los maestros de La Guajira y Cartagena para reconstruir las historias de los territorios y de las comunidades, con el objetivo de que éstos valoren y practiquen las tradiciones culturales que se están transformando o perdiendo en los territorios.

Identidad Cultural y memoria. Investigaciones participativas de jóvenes wiwas de la Sierra nevada de Santa Marta

Investigación de los jóvenes de la comunidad Wiwa, ubicados en la Sierra nevada de Santa Marta. Se recoge información sobre las tradiciones y la cultura de esta comunidad indígena.

 
 

Memoria, territorio y participación. Una mirada de los y las jóvenes a Cerro de La Popa

Investigación que analiza los cambios en el territorio y cómo estos afectan a la comunidad que lo habita, por parte de los jóvenes de la comunidad en Cartagena.

Agua y mujer. Historias, cuentos y más sobre nosotras y Kasolü en el Resguardo Wayuu Lomamato

Jóvenes, mujeres, investigadoras expresan la importancia que tiene el agua para la comunidad Wayuu desde la memoria , la tradición y el reasentamiento.

 
 

Huellas del destierro: Memorias sobre la reducción del territorio de las comunidades afro en el Sur de La Guajira

Las comunidades del sur de La Guajira narran cómo su forma de vivir y relacionarse con el territorio se modificó debido al reasentamiento por la mina del Cerrejón.

Sabores y saberes de mi Tabaco

Recetas tradicionales de los pueblos reasentados hacen parte de este documento, que muestra las modificaciones que sufrió la cultura culinaria de dichas comunidades debido al cambio de territorio.

 

  

Galería

 

La interculturalidad, el centro de discusión en el Caribe colombiano 

 

 

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Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Coordinadora de publicaciones: Margareth Figueroa Garzón - Ana María Castillo
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Asistente de publicaciones: Alejandra Mouthon

 

Con el ánimo de contribuir a la clarificación de esta confusa situación, la dirección del Cinep/PPP ha resuelto elaborar esta edición de la revista, que se divide en dos grandes secciones. La primera gira en torno a las dificultades y los problemas que encuentran los acuerdos de paz de La Habana para su implementación, mientras que la segunda inicia un acercamiento, todavía provisional, sobre algunos aspectos que se destacan en las propuestas de los candidatos presidenciales

La primera sección inicia con el artículo de Fernando Sarmiento, “La paz de los políticos”, que muestra la incertidumbre que produce la manera como los candidatos asumen la paz como bandera política en la implementación de los acuerdos. De este modo, se parte de la propuesta de paz de Belisario Betancur (1982-1986) hasta llegar a los dos gobiernos de Santos (2010-2018), pasando por los diálogos de Pastrana (1998-2002) en El Caguán y la doctrina de la seguridad democrática de Uribe (2002-2010). Ese recorrido histórico le sirve de base al autor para explorar los matices de las posiciones de los actuales candidatos, especialmente en los temas de la justicia transicional, la participación política de los desmovilizados y el reconocimiento del narcotráfico como delito conexo. Y termina, finalmente, con un llamado a superar los sesgos partidistas y las diferencias de concepción que subyacen a ellos para apostar a una paz nacional, que evite que la lucha política sea la continuación de la lucha armada por otros medios.

Este recorrido histórico lleva a Fernán González a preguntarse en su artículo, “Entre Hobbes, Montesquieu y Maquiavelo: la implementación de los acuerdos de La Habana frente a la Realpolitik”, por el contexto político del difícil encuentro de los acuerdos con la vida política realmente existente. Así, intenta mostrar los problemas de fondo que subyacen a la derrota del referendo, como la inexistencia de consenso sobre la naturaleza y el origen del conflicto, y la concepción bipolar de la sociedad con su contraposición amigo/enemigo, que conducen a una interpretación complotista de la historia. 

Artículos

Introducción | Caminando en la incertidumbre. Por Fernán González

Procesos de paz | La paz de los políticos. Incertidumbre en la implementación de los acuerdos durante la contienda electoral 2018. Por Fernando Sarmiento Santander.

Procesos de paz | Entre Hobbes, Montesquieu y Maquiavelo: la implementación de los acuerdos de La Habana frente a la realpolitik. Por Fernán González.

Procesos de paz |La participación de la sociedad civil en los procesos de paz: algunas lecciones aprendidas. Por Laura Henao y Erika Parrado.

Procesos de paz |Fenómeno de fenómenos: comentarios sobre los contextos de inseguridad para el liderazgo social. Por Camila Carvajal Oquendo.

Procesos de paz |En el laberinto Eleno: perspectivas de guerra y paz. Por Andrés Aponte.

Coyuntura Electoral | Las propuestas tributarias de los candidatos. Por Federico Corredor y Jorge Iván González.

Coyuntura Electoral | Extractivismo sí, extractivismo no. He ahí el dilema. Por Martha Cecilia García.

Coyuntural Electoral | Perlas y preguntas sobre las propuestas de los candidatos presidenciales acerca de la movilización social y la participación ciudadana. Por Ana María Restrepo.

Coyuntura Electoral |¿Cómo está la salud en las propuestas a la Presidencia 2018-2022?. Por Mauricio Torres Tovar.

Coyuntura Electoral | ¿Y la educación qué? Un tema sin debate entre los candidatos presidenciales. Por Luis Guillermo Guerrero Guevara. 

 

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