En audiencia pública el pasado 8 de julio los congresistas Iván Cepeda y Alirio Uribe junto a organizaciones defensoras de derechos humanos: Colectivo Fals Borda, Corporación Claretiana, Corporación Avre, Comisión Intereclesial Justicia y Paz y el CINEP/PPP abrieron un espacio de denuncia para dar a conocer la situación de las Personas No Identificadas (PNI) sepultadas, en el marco del conflicto armado, en cementerios y enterramientos clandestinos del país con el objetivo de que se implemente una política pública sostenible, con asignación presupuestaria y coordinada con la sociedad civil, que garantice la entrega digna de restos mortales.

Desde el equipo del Banco de Datos y Violencia Política del CINEP/PPP en cabeza del padre Javier Giraldo, S.J. se denunció la situación de los cementerios de los llanos orientales. “Se han exhumado 856 cuerpos pero en 5 años solo se han entregado 66 a sus familias. Si hacemos un cálculo, para entregar los 856 cuerpos se necesitan 65 años y, ¿cuánto vamos a necesitar si se espera que sean exhumados los más de 20.000 registrados?” reflexionó Giraldo en su intervención. Junto a otras ONG, el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ha acompañado el proceso de exploración y exhumaciones en los cementerios de la Macarena, Granada, Vista Hermosa, Villavicencio y San José del Guaviare donde, de acuerdo a datos de la Fiscalía General de la Nación, se encuentran 2.314 cuerpos sepultados.


Durante la audiencia intervino el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quién señaló que la Fiscalía continuará adelantando los procesos de ubicación e identificación a través del Grupo de Exhumaciones con los que cuenta a nivel nacional. A su vez el director del Instituto de Medicina legal y Ciencias forenses, Doctor Eduardo Valdés expuso la grave situación de los cementerios del país al no existir una adecuado tratamiento de los cuerpos de personas inhumadas como no identificadas, “devolverlos a los cementerios al identificarlos es volverlos a desaparecer” señaló.

Las organizaciones han hecho un esfuerzo de reconstrucción histórica desde el año 2009 en la región del Ariari, incluso involucrándose directamente en el proceso de exhumación. En algunos territorios se han presentado dificultades para que el equipo de la Fiscalía se instale y realice las exhumaciones, para facilitar el proceso se llevaron a cabo exhumaciones humanitarias: grupos de ONG’s, acompañados de expertos técnicos, hicieron las exhumaciones para entregar los restos a la Fiscalía en zonas más tranquilas.

De acuerdo con datos de la Fiscalía existen 20.453 cadáveres sin identificar en los cementerios municipales del país. Luego de una denuncia interpuesta por los habitantes de La Macarena, Meta por la contaminación del agua que relacionaban con la multitud de cadáveres que veían descargar frecuentemente en la base militar; la entidad judicial solicitó a 1.103 alcaldías municipales un reporte de los casos de PNI. De éstas, 454 reportaron NN’s inhumados, 360 aseguraron que no registran y 261 no respondieron el requerimiento.

“El no encontrar los cadáveres de sus seres queridos y, el no poder darles una sepultura digna es realmente una acción de tortura para miles de familias en Colombia”, asegura Giraldo, quien insiste en la necesidad de respetar las normas de inhumación de restos humanos. Desde CINEP/PPP, se insta al gobierno a tomar medidas, además de las ya expresadas, sobre los procesos posteriores a la exhumación e identificación como el traslado de los cuerpos a lugares de entierro digno, el acompañamiento psicosocial a las familias y la investigación imparcial sobre las circunstancias de muerte.

Del 15 al 28 de junio en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia se realizó el programa de pasantía de Jóvenes Profesionales, el cual se inscribe en la estrategia de aprendizaje de la International Land Coalition-América Latina y el Caribe. En este evento se vincularon ocho jóvenes representates de organizaciones pertenecientes a la ILC en países como Ecuador, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú, Argentina y Colombia, quienes acompañaron el trabajo de la Fundación TIERRA en Bolivia, con el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias sobre la gobernanza de la tierra centrada en personas y construir redes de jóvenes profesionales para América Latina.

Catalina Serrano, investigadora del equipo movilización tierra y territorio asistió como representante del CINEP/Programa por la Paz junto con jóvenes pertenecientes a organizaciones como: Fundación SER, Perú; Fundación Plurales, Argentina; Comité Campesino del Altiplano CCDA,Guatemala; Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, El Salvador; Nitlapan, Nicaragua; Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en Ecuador SIPAE y Corporación para el Desarrollo Solidario CDS, Colombia.

Durante la estadía de los jóvenes en Bolivia se acompañó el proceso de la Fundación TIERRA en las regiones del Altiplano y Oriente Boliviano, al tiempo que se intercambiaron conocimientos con comunidades originarias de todo el país y con expertos en las problemáticas de seguridad alimentaria y desarrollo rural.

 

“Encontramos varios elementos desestabilizadores de paz en el Chocó, que obstaculizan la consolidación de un proceso de paz y la construcción de desarrollo desde la cosmovisión de las comunidades” afirma Juan Pablo Guerrero, coordinador del proyecto Gestión del Territorio en el Pacífico del CINEP/PPP. Desde la experiencia investigativa, Guerrero analiza el contexto al que se enfrentarían los posibles acuerdos de paz.

Entre 2011 y 2014 alrededor de 35.640 personas fueron desplazadas de los municipios de este departamento del pacífico. En el proceso de restitución de tierras resulta indispensable brindar condiciones para el regreso de estos ciudadanos que, según dice Guerrero, “son comunidades que pretenden retornar al territorio pero no existen garantías por parte del Estado”.

Para garantizar la distribución justa y equitativa del territorio, la Unidad de Restitución de Tierras contactó al CINEP/PPP para caracterizar las afectaciones territoriales a los títulos colectivos de comunidades negras cometidas desde 1991. Este es un paso para el cumplimiento de la ley 1448 de 2011, referida entre otros a la reparación integral de las víctimas.

Este trabajo pretende caracterizar las afectaciones territoriales de los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios La Larga Tumaradó y Pedeguita Mancilla (subregión del Bajo Atrato, Chocó) como herramienta de política pública de restitución de derechos territoriales étnicos en el marco del Decreto Ley 4635 de 2011. Los territorios que demandan están compuestos por 107mil hectáreas y por alrededor de 48mil hectáreas respectivamente para cada Consejo.

Este proceso de restitución se dificulta por los elementos desestabilizadores de paz que explica Guerrero. Para empezar, se han otorgado 160 títulos para explotación minera hasta el 2012, lo que representa 250.000 hectáreas de las que se pretenden extraer metales preciosos como oro, cobre y molibdeno. Económicamente, “la participación del sector minero del PIB departamental es de un 40% y no se ve ese incremento en temas de educación ni productivos, sino en temas de explotación”, explica el investigador Guerrero. En el año 2000 la minería representaba alrededor de 25.000 millones de pesos del PIB de Chocó, ahora es de 1,8 billones de pesos respecto a 3,2 billones del total del departamento.

Por otro lado, se ha generado un incremento en la siembra de cultivos ilícitos y la comercialización de hoja de coca y marihuana prensada. En el año 2008 había 1.200 hectáreas de coca que ahora ocupan 5.000 hectáreas. El aumento se produjo especialmente en la subregión de Baudó y Bajo Atrato, lugares donde se distribuyen hacia Centroamérica o Ecuador. Sin embargo, explica Guerrero, “el asunto complicado es lo que está detrás: las alianzas estratégicas de actores armados como bandas criminales (o paramilitares), el ELN, las FARC, o incluso, cuerpos de investigación judicial y miembros de comunidades locales”.

Los 31 municipios de Chocó tienen presencia de actores armados ilegales. Particularmente, las bandas criminales se ubican en las cabeceras municipales y los grupos guerrilleros en las zonas rurales. Además, la presencia del ELN es bastante marcada en varios territorios de la región como en Baudó (alto, medio y bajo) y San Juan (alto, medio y bajo).

Dentro de los elementos que no permiten consolidar la construcción de paz, se destacan los indicadores de pobreza y de corrupción. El 63% de los habitantes de Chocó son pobres y 150.000 personas viven en pobreza extrema. Además, las altas cifras de corrupción reflejan la baja eficiencia institucional, lo que explica que el departamento haya tenido cuatro gobernadores en el pasado periodo electoral.

Pasada la etapa de sistematización y divulgación de la caracterización realizada, en un escenario posterior a la adjudicación de terrenos, CINEP/PPP se propone generar un monitoreo y seguimiento de los procesos judiciales para una restitución integral de los derechos colectivos.

Gisselle Martín Chocontá
Equipo de comunicaciones

Como culminación del proceso de “Formación Política y Ciudadana” de la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana del CINEP/ Programa por la Paz, en asocio con la Región Fronteras de Fe y Alegría y el aval académico del Instituto PENSAR de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, se realizó el tercer taller y la clausura de este diplomado del 8 al 10 de junio del 2015 en la ciudad de Guasdualito del Estado Apure de Venezuela. El taller contó con la participación de 30 asistentes y la ceremonia de clausura otorgó certificado de Diploma a 91 graduandos de 8 ciudades y poblaciones de los ámbitos fronterizos Andino y Llanero: San Cristóbal, Naranjales, El Nula, San Joaquín de Navay, San Fernando de Apure, El Yagual,Achaguas y Guasdualito.

Hombres y mujeres, vinculados en su mayor parte como instructores a Centros de Capacitación Laboral (CECAL), pero también docentes y comunicadores de Centros Educativos e institutos Radiofónicos de Fe y Alegría, transitaron en este proceso formativo durante más de un año, iniciado en abril del 2014, y con el despliegue del mismo en cada una de las localidades participantes mediante ejercicios de cartografía social y la realización de “re-creaciones” continuadas con un mismo grupo de participantes, ejercicio por el cual se adapta y ajusta los referentes temáticos del proceso a los contextos locales, bajo la pauta guía de la “ruta pedagógica” del proceso de la EPCC.

El propósito de alcanzar un mayor nivel de influjo de los centros de capacitación laboral en sus contextos circundantes no sólo se ha ido afianzando en el tiempo, sino que comenzó a concretizarse mediante la definición y preparación de proyectos de emprendimiento social y productivo en cada una de las localidades. Por iniciativa misma de los participantes, se consensuó la realización de un nuevo encuentro para noviembre 2015, con miras a precisar y materializar las proyecciones mismas de los Cecales, esfuerzo mancomunado y participativo que contribuirá a fortalecer la articulación de la Región Frontera de Fe y Alegría, y que responde al propósito de fortalecer el sujeto social fronterizo como tuvo a bien señalarlo el P. Dizzi Perales S.J., actual director del proyecto Región Apostólica Interprovincial Fronteriza (RAIF) durante la ceremonia de clausura.

 

Ante el escenario de una posible finalización del conflicto, se propuso una reflexión crítica que contribuya a la construcción de paz desde la academia. El espacio para la discusión se abrió el 16 y 17 de junio pasado con el seminario “Balance crítico de los estudios de paz en Colombia”, organizado por el proyecto Iniciativas de Paz del CINEP/PPP.

Las diferencias entre las concepciones de la paz liberal y los estudios con enfoque de subalternidad fueron uno de los puntos más destacados de las conversaciones entre los participantes. “Hay una tensión entre lo que los grupos quisieran investigar, con las agendas que vienen un poco orientadas por la cooperación internacional” explicó Fernando Sarmiento, coordinador del proyecto organizador, sobre el debate alrededor de la paz liberal y la financiación de los estudios de paz.

“La investigación para la paz debería mantener sus autonomías viendo cuales son los temas pertinentes para el país y hacer sus aportes con independencia académica”, afirmó Sarmiento insistiendo en la coherencia que deben tener los enfoques teóricos con las metodologías de investigación.

En este sentido, el investigador propuso buscar una mayor participación de las iniciativas de organizaciones y sectores sociales que trabajan por la paz, como un avance en el enfoque de subalternidad. Por ende, es necesario “crear formas de relacionamiento en donde la investigación estuviera encaminada a fortalecer esos procesos sociales, jugando un rol y papel político protagónico”, de acuerdo con Sarmiento.

Durante los dos días de encuentro se llevaron a cabo cinco mesas de discusión: paradigmas, marcos teóricos y lenguajes de investigación; enfoques metodológicos; relación de la academia con la política y la sociedad; sostenibilidad (financiera) y funcionamiento administrativo y logístico de la investigación para la paz, y; mirada transversal a estos cuatro puntos desde feminismos y perspectivas de género. Esta última destacada por el reconocimiento del rol de las mujeres en las dinámicas de paz y sus aportes desde una clara posición de rechazo a la violencia.

Al finalizar, los participantes plantearon una segunda sesión del seminario. Miembros de la Universidad Javeriana, la Universidad Distrital y la Universidad del Rosario manifestaron su interés por apoyar la preparación para la realización del evento posiblemente en el segundo semestre de este año. Además, en este espacio se pretende pensar la conformación de una red de estudios de paz en donde se deliberen otros enfoques teóricos o nuevas metodologías que aporten a la realidad actual del país.