Aug 18, 2017

Uno de los principales objetivos del Acuerdo de Paz producto de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP es “la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural”. Dicho horizonte es positivo, teniendo en cuenta la centralidad del problema de la tierra en el desarrollo del conflicto y la necesidad de generar cambios estructurales que mitiguen lo que se ha considerado como causas estructurales del conflicto: desigualdad en el acceso a la tierra, mínima garantía de derechos y escasa representación política de poblaciones rurales pobres, entre otros.

La Reforma Rural Integral del acuerdo –haciendo un resumen muy general–  contempla medidas vinculadas a la promoción del acceso a tierras a través de adjudicaciones y también de la constitución de figuras territoriales como las Zonas de Reserva Campesina; medidas para garantizar la caracterización de las tierras rurales en Colombia y las áreas de conservación y su protección; la elaboración de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial en las zonas mayormente afectadas por el conflicto con una amplia participación de las comunidades; y la puesta en marcha de Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral dirigidos a mejorar la infraestructura, los servicios básicos para la población rural y el apoyo a la economía campesina, familiar y comunitaria.

Después de la firma, el tema inmediato está referido a cuáles son los cambios normativos e institucionales, así como los instrumentos de política pública necesarios para materializar los acuerdos. En efecto, en un primer momento se trata de los ajustes normativos por medio del procedimiento conocido como fast track, que implica un trámite más expedito al normal. En este marco, el debate ha sido profundo y refleja las dificultades para concertar arreglos entre los múltiples actores interesados en la tierra.

El Gobierno presentó un ambicioso Proyecto de Ley de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural que reformaba casi por completo la normatividad agraria y de tierras y que fue resistida por sectores sociales, económicos y políticos. En todo caso, estos reparos vienen de distintos sectores que no pueden ubicarse en un mismo lugar: por ejemplo, entre las diversas posturas, una de estas proviene de grupos políticos y gremios que se oponen radicalmente al acuerdo de paz y consideran, de acuerdo a sus declaraciones, que con este se pone en riesgo la propiedad privada y se afecta la productividad. Un segundo conjunto de críticas proviene de organizaciones sociales que han expresado que parte de las propuestas del gobierno atentan directamente contra el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional.

En medio de la discusión el Gobierno optó por desarrollar una normativa específica vía Decreto Ley presidencial que contempla la creación del Fondo de Tierras y los procesos de formalización y acceso a tierras que debe surtir el trámite de Consulta Previa con los grupos étnicos; mientras otro tipo de medidas de mayor alcance serán tramitadas en el Congreso de la República.

Un segundo aspecto relevante se refiere al mecanismo de desarrollo normativo: el 17 de mayo la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones originales del fast track que contemplaba que los cambios realizados en el Congreso a los proyectos de ley debían contar con el aval del Gobierno Nacional y que además estos debían ser votados a favor o en contra en su totalidad.

Esto desde ya significa un reto importante para la implementación de los acuerdos de paz. Un primer asunto tiene que ver con los tiempos: pronto a vencer el periodo del fast track (prorrogable por seis meses más), a partir de ahora todo proyecto de ley surtirá una discusión pormenorizada artículo por artículo, corriéndose el riesgo de que los tiempos no den para desarrollar toda la normatividad necesaria, no solo en lo que respecta a Reforma Rural Integral. Un segundo riesgo tiene que ver con los cambios que los parlamentarios puedan hacer a las propuestas y que estos no sean coherentes con el Acuerdo de Paz.

Las discusiones en el Congreso de la República y la muy probable movilización social a favor de los acuerdos marcarán los ritmos del debate sobre las acciones de política pública necesarias para solucionar los problemas de la tierra en Colombia. Cómo convenir con distintos actores con intereses tan disímiles y diferentes apuestas sobre la tierra, el desarrollo rural y el ordenamiento territorial parece ser la pregunta en este momento. Y, en realidad, esta es la pregunta fundamental de todo proceso de construcción de gobernanza adecuada de la tierra y los recursos naturales. Para la ENI/Colombia este proceso debe partir por el reconocimiento y garantía de los derechos de las comunidades rurales como lo consigna el Acuerdo. Sin duda, de esto se trata la construcción de la paz.

 

Javier Lautaro Medina

Coordinador del Equipo Movilización, tierra y territorio.

Estrategia Colaborativa en Colombia por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio – ENI/Colombia

Artículo publicado en http://www.landcoalition.org

La comunidad de Salaminita, en Pivijay - Magdalena,  sufrió dos procesos de desplazamiento por grupos paramilitares. Uno de ellos fue en el centro poblado donde, luego del asesinato público de varios líderes sociales, derrumbaron las casas que existían. Con amenazas desplazaron a los pobladores de área rural, comprando sus predios a precios muy bajos. Antes los atropellos de los actores ilegales formaron la asociación ASORENACER con la que han luchado el derecho a volver a sus predios.

Esta línea de tiempo señala el proceso de lucha por el acceso a la tierra de estos campesinos los que han tenido que vivir difíciles actos de violencia. Aunque una orden judicial de restitución de tierras y reconstrucción del corregimiento arrasado, aún no se ha cumplido dicha orden judicial.

 

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A propósito de las recientes movilizaciones sociales en Colombia, presentamos este artículo de la última edición de la revista Cien Días Vistos por Cinep/PPP que rescata el significado de las movilizaciones del magisterio, el paro cívico en Chocó, el sector de los esmeralderos, la disputa por Uber y el sector judicial.
 
 
 

 

 

El pasado miércoles 31 de mayo, se realizó el lanzamiento de la última edición de la revista Cien Días Vistos por Cinep/PPP. En diálogo con Ana María Restrepo, una de las autoras del artículo “Tres variaciones sobre la movilización social y la paz”, quisimos entender un poco más sobre la relevancia de la movilización social hoy, en tiempos de implementación de los acuerdos de paz.

 ¿Por qué es importante entender el tema de la movilización social en relación con los acuerdos de paz?

Ana María Restrepo: Esa es una pregunta que nos hemos estado haciendo mucho desde el equipo, porque claramente desde que comenzaron los procesos de negociación ha aumentado el número de protestas. Eso tiene que ver con que el proceso de negociación abre una oportunidad política para poner en lo público las demandas y las necesidades de las localidades, pero también porque se empieza a construir un discurso en el que todas las demandas sociales aportan a la paz.

Si hay más educación, si hay mejores vías, va haber paz. Eso tiene mucho sentido, porque por supuesto se van a disminuir los conflictos sociales si se resuelven las demandas que la gente tiene en sus territorios.

Por eso es importante entender la relación del movimiento social con los procesos de negociación. Lo que encontramos es que sí había otros sucesos, fenómenos y acciones que afectaban a la movilización social y que sí tenían que ver con los procesos de paz.

Para el caso del artículo de Cien Días son las movilizaciones convocadas por el uribismo; los foros de participación en los que se buscó construir unos lineamientos para un proyecto de ley de garantías a la protesta, la participación ciudadana y la movilización social; y las capturas a líderes sociales que se estaban presentando simultáneamente y que están enmarcadas en un proceso mucho más amplio de persecución a la protesta, de criminalización y de asesinato a líderes.

¿Cómo afecta la  criminalización de la protesta social  en la implementación de los acuerdos?

A.M.R: Sobre todo son preguntas también: ¿qué pasa si en el tránsito de la política por vía armada a la participación democrática la protesta, que es otra forma de participación política, se criminaliza? ¿Cómo eso puede desestimular esos tránsitos?

Pero por otro lado,  se puede desincentivar la protesta misma. Lo que empezamos a ver, es que cuando por los  medios de comunicación se afirma que son los actores armados que sacan a la gente a protestar, se están desconociendo los liderazgos sociales y la autonomía de las personas y sus capacidades para reconocer los problemas en sus territorios, construir soluciones alrededor de estos y ponerlos en un escenario público para sean reconocidos.

 ¿Cuáles son las razones por las cuales debemos leer el artículo de Cien Días?

Hay que leer este artículo por cuatro razones:

  1. Para saber qué pasó en los Foros de Participación Nacional y Regional, cuáles fueron los grandes temas de discusión que se vieron en esos foros territoriales y sectoriales.
  1. Para entender que la criminalización de la protesta no es una cosa nueva, pero sí estamos en un momento en el que hay unos discursos muy fuertes frente a la protesta, y nosotros en el artículo rastreamos desde el año 90 los precedentes de esa criminalización.
  1. Para ver que estas cuestiones del uribismo y la movilización social plantean un panorama paradójico, porque en el gobierno de Álvaro Uribe también se criminalizó y se judicializó a muchos líderes sociales.
  1. Para seguir pensando cuál es el sentido de la participación política en este contexto y las diversas formas en las que se presenta.

 

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo Comunicaciones

 

 

¿Sobre qué trata el artículo?

La idea del artículo es pensarse a Buenaventura como un escenario que presenta una serie de retos en el marco del posacuerdo. De manera particular intentando hacer una lectura crítica alrededor de lo que significan los acuerdos y la idea de paz que está detrás de ellos. Porque si bien hay un interés y los acuerdos son un escenario muy alentador para el país, también traen una serie de limitaciones que en el caso de un municipio que históricamente ha sido una zona periférica del país, vale la pena pensarse.

¿Cómo nace este artículo?

Yo vengo trabajando más o menos hace dos años en el municipio de Buenaventura, primero como producto de una investigación de la universidad y luego fue un interés personal que se fue fortaleciendo con el paso del tiempo y en el marco de esa investigación surgía la pregunta de cómo pensarse Buenaventura en una coyuntura como la actual.

¿Por qué la gente debería leer este artículo?

Creo que es importante no solo leer el artículo sino toda la revista, porque los últimos cien días en la coyuntura nacional han sido bastantes movidos, no solo por las amenazas y asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos, sino también por la movilización social radicalizada y exacerbada que se ha visto. Es el ejemplo del paro en Chochó, el paro en Buenaventura e inclusive las movilizaciones del magisterio y de diversos sectores. Con relación a lo que presentan los medios, creo que hay una invisibilización respecto a la crisis estructural que vive Buenaventura que no solo es una manifestación esporádica, sino que es un acumulado de factores que vienen gestándose desde hace varios años y que demuestran no solo la falta de presencia institucional, sino la corrupción y la presencia de actores armados.

¿Cuáles son los puntos clave del artículo?

Yo creo que son tres. El primero es la dicotomía entre un concepto de paz totalizante y una apuesta por pensar la paz en plural, Las paces. El segundo es hacer énfasis en que si bien en el marco del conflicto armado hubo muchas víctimas, es importante destacar el papel de los actores y de las empresas privadas como un actor generador de violencia. Y el tercero serían los retos que representa la implementación de los acuerdos, sabiendo que el discurso en sí mismo tiene una plataforma de paz liberal que representa un imaginario de desarrollo que se implementará en cada uno de los municipios del país.