May 23, 2018

Es la conmemoración mundial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Una iniciativa surgida como vacuna contra la guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial, con todos sus muertos, que algunos aproximan a 40 millones.

Para Colombia, en particular, esta conmemoración llega en un momento decisivo de su historia reciente, en que el país busca la paz, después de años de guerrillas, desmanes y de miles de muertos. Los derechos humanos nos recuerdan que la convivencia humana no puede construirse sobre la base de la fuerza que degenera en violencia y engendra la guerra y nos enseñan que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”[1].

La libertad, la justicia y la paz están unidas tan estrechamente que cualquier atentado contra una lesiona las otras. Por otra parte, las tres virtudes tienen un valor absoluto y, por lo mismo, los atentados, por pequeños que sean, producen consecuencias muy graves. Esa es la razón por la cual los derechos humanos deben ser protegidos de manera especial  “a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”[2]. Una tal protección especial solamente la puede asegurar un Estado legítimo a través de medidas legales que garanticen a los ciudadanos el uso de todos sus derechos. Para eso se eligen los gobiernos en las democracias y para eso se les otorga el monopolio de la fuerza. Y es aquí donde se presenta la paradoja de que, con demasiada frecuencia, son los gobiernos los que cometen las mayores violaciones de los inalienables derechos humanos de sus pueblos, obligándolos a valerse del supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

Esta paradoja está en el meollo de la polarización colombiana, en la cual los dos bandos pretenden arrogarse el derecho de definir los derechos ajenos sin escuchar a los respectivos titulares de sus derechos propios, atentando en esa forma contra la libertad y la justicia. Y para evitar oírse, se montan en artimañas que cada uno llama legales, absolutizándolas con desconocimiento de la dignidad del otro y perversión del derecho y de la ley que son, justamente, las herramientas para evitar la injusticia y proteger a las personas. La ley injusta no puede ser una ley aceptable, porque la ley es por definición universal para proteger a todos los ciudadanos, y una protección parcializada es una protección desigual, particular, que no cubre sino a una parte de la población y, como tal, viola los derechos de la otra parte.

Cuando la ley se convierte en un arma para golpear a un conciudadano, se está abusando de un sofisma que busca disfrazar de justa una venganza y tranquilizar una mala conciencia. El valor de la justicia como virtud es absoluto, pero el de la ley no lo es, a menos que no haga daño a nadie, es decir, a menos que sea justa. Y el sofisma de la legalidad se da cuando se absolutizan leyes injustas, emitidas sobre la base de intereses de grupo o, peor aún, de intereses personales del mandatario, las cuales dañan a otros grupos, porque perjudican sus intereses. Este es uno de los elementos fundamentales de la dictadura.

La valoración de la justicia de las medidas que toma un gobierno no reposa sobre su legalidad sino sobre su adecuación a los derechos humanos, porque son estos los que traducen la dignidad de los ciudadanos como personas. Una medida legal que pisotee la dignidad humana de un ciudadano es injusta y, por consiguiente, no debe ser acatada. Más aún debe producir indignación y generar protesta.

El incremento de la violencia en las relaciones sociales proviene de esa indignación que, al exasperarse, recurre a la fuerza para reivindicar sus derechos. Y si el recurso a la fuerza se convierte en una forma ordinaria de relación, llegamos a niveles de inseguridad que destruyen la convivencia y transforman nuestros barrios y veredas en verdaderas trincheras, donde el asalto, las heridas y la muerte son el pan de cada día. Colombia tiene ya un grado alto de atrincheramiento social construido a lo largo de su historia reciente. El respeto y la defensa de los derechos humanos ayudan a bajar ese nivel. Bajar el nivel de atrincheramiento es, pues, cuestión de vida o muerte.

 

Alejandro Angulo Novoa S.J.

 

[1] Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

[2] ibidem

Pareciera que últimamente nos mecemos entre la esperanza que produce saber que el cese bilateral se mantiene, y el escepticismo que deja presenciar las manifestaciones de la inestabilidad política y social del país. En medio de esta fluctuación cotidiana, la Mesa de Quitó realizó las Audiencias Preparatorias, que buscaban insumos para definir los términos de la participación del primer punto de la agenda del Acuerdo de Caracas, en el marco del cuarto ciclo de negociaciones que, en líneas generales, culminó “satisfactorio” a pesar de todo.

Resulta paradójica nuestra fluctuación anímica.

En principio, un estímulo para la participación fue el primer paso dado por ambas delegaciones con la declaración del cese al fuego, que apareció como una esperanzadora muestra de humanidad y voluntad bilateral luego de la visita del Papa. Sin embargo, del dicho al hecho, ha habido mucho trecho, y la responsabilidad en esto ha sido de parte y parte.

El proceso de paz dejó de estar relegado en la agenda de la opinión pública gracias a seguidilla de ciertas noticias que ahondaron la incertidumbre: la renuncia de Juan Camilo Restrepo y del general Eduardo Herrera, así como el anuncio de la reestructuración del equipo negociador del gobierno, si bien parecen una oportunidad, son un reto en el camino de llevar a la mesa al anhelado “punto de no retorno” antes de las elecciones. La tarea parece mayor, teniendo en cuenta que ya Ordóñez, Holmes y Duque se sumaron a la opción de Cambio Radical de suspender las negociones, de triunfar en las presidenciales.

Por desgracia, aunque fue el ELN quien puso la necesidad de frenar los ataques contra los líderes como uno de los compromisos del cese bilateral y como garantía necesaria para el ejercicio de participación, el correlato de su exigencia fue la muerte del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero, producto de un “error” cometido por los hombres del Frente de Guerra Occidental de esta guerrilla, aún sin representación en la Mesa. Este suceso y el éxodo consiguiente de las comunidades indígenas de la región, sumado a la alarmante crisis humanitaria que se atiza cotidianamente en el Pacífico –pruebas de eso la masacre de Llorente y la masacre de Magüí Payán-, refuerzan la intuición que indica que la persistencia de las condiciones que han causado y avivado la confrontación en lugares concretos, es lo que determina los factores que hacen más vulnerables a líderes sociales y comunidades específicas, y es precisamente en la existencia de estas condiciones donde puede verse el carácter sistemático de una tendencia que el gobierno se niega a reconocer.

Los acuerdos de la Habana aparecieron como un primer paso en el proceso de superación de estas condiciones. Sin embargo, el incumplimiento y las dilaciones en la implementación de los acuerdos agravan cada día más el escepticismo existente porque, en general, profundizan la desconfianza de la gente en el Estado, y en su capacidad efectiva de tramitar los compromisos que adquiere. Esto, entre otras cosas, disminuye los ya precarios incentivos que existen para participar, en la medida que debilita la frágil credibilidad que la sociedad colombiana atribuye a las instituciones de su democracia. Esta desconfianza puede ser, entre otras cosas, una de las causas de la apatía que el grueso de la sociedad colombiana demuestra ante los procesos de construcción de la paz que ya emprendimos.

Además del grave historial de incumplimientos de acuerdos por parte del Estado –que es el motivo más recurrente de los eventos de movilización social de los últimos años, como lo indica el seguimiento que hace a estos hechos el Cinep/Programa por la Paz– existe miedo y prevención de participar en los mecanismos diseñados para la implementación de los acuerdos[1]. Se suponía que llevar a cabo estos procesos de manera participativa y concertada en los territorios, permitiría dar tratamiento progresivo a los problemas y a las reivindicaciones históricas de las poblaciones excluidas, ampliando los alcances de la democracia colombiana. No obstante, es claro que esto no está sucediendo.

Entonces, así como pájaro viejo no entra en jaula, las circunstancias dificultan para muchos la posibilidad de no ceder a las inercias del conflicto. Prolongar la postura de aquellos que manifiestan que no hay argumentos para rechazar de manera tajante la violencia, parece condenarnos tristemente a la espiral de una falacia simple, que dice que el histórico recurso a la guerra explica su prolongación, dado que no hay argumentos suficientes para rechazarla convincentemente. Quizá una institucionalidad convincente podría ser, por ejemplo, un primer paso en el camino de liberarnos progresivamente de esta espiral. Algo así como un Estado convincente.

Mientras, la Minga Nacional Indígena por la Vida, o el paro de campesinos cultivadores de coca son una expresión, por un lado, de los límites de los espacios de concertación y participación realmente existentes, y por el otro, de que la movilización social continúa siendo el mecanismo de participación más eficaz para posicionar las iniciativas y reivindicaciones de los movimientos, sectores sociales y poblaciones en la agenda pública. Ahora, la situación es más difícil dada la inexistencia de garantías para la movilización social, cuya expresión más funesta es el tratamiento violento y represivo que la fuerza pública continúa dando a la protesta.

A pesar del éxito proferido de las Audiencias realizadas, difícilmente la conversación sobre los alcances de la participación propuesta para este proceso de paz escape a este contexto. Los retos no son menores ante la posibilidad de realizar un proceso de participación que en efecto guíe la construcción de consensos sobre los temas que se discutirán en Quito. Esto porque lo que ha sucedido en estos días enseña que el ejercicio de participación debe ser suficientemente acotado, con la intención de que no genere nuevas expectativas que formen nuevas frustraciones. También es imperioso que el ejercicio tenga una incidencia real en la conversación, así como que las personas que participaron puedan saber hasta dónde va dicha incidencia. Adicionalmente, urge implementar de manera articulada los alcances y desarrollos que de ahí deriven con lo que se implemente de los acuerdos de La Habana.

Por ahora, que el cese y la mesa permanezcan, recuerda que es humanamente imperativo insistir en la necesidad de persistir, ahora que en teoría hay un consenso relativamente generalizado sobre la necesidad de desligar el ejercicio de la política y el trámite de los conflictos sociales del uso de las armas. En este sentido, la existencia del proceso de paz en sí mismo es una razón para la esperanza. Para acordar en qué términos y bajo qué circunstancias podrá concretarse el alcance de este proceso de paz existe una negociación en Quito. Para que ésta permanezca se requiere que la sociedad rodee el proceso y participe, y para que la participación de la sociedad se dé, se necesitan garantías y voluntad reales.

 

 

[1] Sólo a modo de ejemplo, pese a que los planes de sustitución voluntaria brindarían un tratamiento alternativo a los campesinos acogidos  programa, que el gobierno haya priorizado la erradicación forzada claramente no da seguridad a quienes suscriban los acuerdos de sustitución; tanto en relación con los riesgos que corren sus vidas al participar de los programas, como en términos de las garantías de cumplimiento en acceso a derechos y en la sostenibilidad de los proyectos alternativos. Mientras esto sucede, es bien sabido que grupos armados continúan ofreciendo incentivos para la siembra a comunidades que nunca habían sembrado coca -como sucede hoy en el bajo Atrato-, generando formas nuevas y complejas de relacionamiento entre estos actores armados y las comunidades.

 

Camila Carvajal

Investigadora Equipo de Conflicto, Estado y Desarrollo

Solidaridad con Honduras

La situación del pueblo hondureño se hace cada vez más difícil e insostenible y queremos invitarlos a actuar para ayudarles a defender su país y la democracia. El mandatario actual se aferra al poder y ha hecho todo lo posible (durante esta semana postelectoral) para construir resultados que le favorezcan ilegítima e ilegalmente. El Tribunal Supremo Electoral ha sido manipulado y usado a su disposición y ahora el pueblo comienza a manifestar su inconformidad en las calles mediante manifestaciones duramente reprimidas, que ya han cobrado varias vidas. Ayer declararon el Estado de Sitio en la noche.  Nuestros compañeros del ERIC y Radio Progreso están en "el ojo del huracán" pues han desarrollado su labor con profesionalismo y profetismo. Nos solidarizamos con Ismael Moreno, S.J. y con todos los compañeros apostólicos, sí como con todo el pueblo hondureño.  

Lea aquí la exigencia completa que hace la Conferencia de Provinciales en América Latina y el Caribe - CPAL

En el siguiente comunicado encontrará el pronunciamiento de la Provinicia Centroamericana de la Compañía de Jesús:

 
Lea también
 
 

 

 

 

 

El reconocimiento jurídico de los derechos políticos de las mujeres es una manifestación importante de igualdad de género en la sociedad; y es fruto de un largo proceso de pequeñas y grandes conquistas, surgidas en muchos de los casos por movimientos alternativos de mujeres, por la tenacidad y audacia de muchas líderes y también, de oportunidades y contextos políticos, sociales y económicos favorables que les han servido de puente, impulso y apoyo.

Y es que esta promulgación así como su ejercicio ha estado necesariamente acompañado del desarrollo de otros derechos de las mujeres en la sociedad, en la economía y en la familia, así como del reconocimiento de una mayor participación en la vida política del país, de otros grupos poblacionales, también discriminados, en búsqueda de nuevas dinámicas de igualdad.

El reconocimiento de derechos involucra no solo a quienes realizan las reformas, a quienes las promueven y defienden, sino también al conjunto de la sociedad, que las impulsa o las obstaculiza en su promulgación o en su ejercicio, en un momento histórico concreto. Para que un derecho reconocido jurídicamente llegue a la vida cotidiana, requiere de una fuerza transformadora cimentada en procesos sociales, educativos y culturales adecuados.

Esto explica por qué aunque en 1853 se consagran la constitución de la Provincia de Vélez que concedió el voto a la mujer y la Constitución de la Nueva Granada –que concede el derecho universal al voto para todos los hombres, incluyendo afrodescendientes, indígenas y campesinos pobres, superando de esta manera el voto censitorio (restringido a quienes tenían solvencia económica) y el voto capacitorio (restringido a quienes tenían educación) ­–, ninguna de las dos se ejerció en ese momento.

Y es que tanto la sociedad de la Nueva Granada como la de Vélez no estaban preparadas para unas reformas que en Colombia llegaron a promulgarse de manera definitiva en el siguiente siglo; así el voto universal se promulgó en la reforma constitucional en el 1936, y el voto femenino fue concedido en la Asamblea Nacional Constituyente en el 1954 y ejercido en el plebiscito de 1957; adicionalmente, en la Constitución del 1991 con el Art. 43 se instaura el principio tanto de igualdad de oportunidades como de igualdad material para las mujeres tanto en la vida pública y como para actuar autónomamente en la vida civil.

Aún con todos estos avances en materia legislativa y constitucional, estamos lejos de que los derechos políticos sean universales y plenos para todas las mujeres en Colombia; su ejercicio está mediado por un conjunto de condiciones que les abre o les cierra posibilidades de gestión en la sociedad. Así el acceso a la educación, la condición social y económica, el entorno político, la etnia y hasta la región de origen pueden acrecentar o disminuir las condiciones que permiten a las mujeres ejercer una ciudadanía plena. Esto sin contar con la violencia de género que elimina cualquier posibilidad de relacionamiento con lo público.

Por esto, aunque desde hace 60 años es posible ejercer el voto femenino en Colombia –que implica no solo elegir sino ser elegida–, solo el 22.5% de los cargos de elección popular son ocupados por mujeres y el 20.4% de las curules del Congreso de la República tienen titularidad femenina. Adicional a esto en el informe DANE del 2016, sigue prevaleciendo una desigualdad entre los ingresos de las mujeres en relación a los hombres de un 28% menos que menoscaba la libertad de su actuación en la vida civil.

Así en estas condiciones, es necesario seguir impulsando un cambio cultural, social y político para que sean posibles de manera plena y universal los derechos políticos de las mujeres. La conmemoración del reconocimiento jurídico del voto femenino, puede aportar al balance de lo conquistado hasta ahora y de lo que falta, en la perspectiva de la construcción de democracia para Colombia y de la constatación de que no es un derecho conseguido del todo y que debe ser conquistado para todas las mujeres en la diversidad de la geografía nacional.

 

Luz Elena Patarroyo López

Equipo de Ciudadanía y Paz 

 

 

La vida de Mario Manuel Castaño Bravo fue definida por desplazarse y sobrevivir a la violencia, varias veces. Nació hace 55 años en Arboletes, Antioquia. Al Bajo Atrato llegó tras huir de la violencia de Córdoba y Sucre. Años después, en Chocó, a Mario y a su nueva comunidad los despojaron de sus tierras, nuevamente; este episodio doloroso lo convertiría en un líder reclamante. Mario murió el domingo pasado, 26 de noviembre de 2017, asesinado con disparos, frente a su esposa, hijos y nietos.

Mario era uno de los principales líderes del proceso de restitución de derechos territoriales en el Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó. Mario era reconocido por hablar fuerte contra las injusticias, por denunciar a los despojadores y por movilizarse con la población para denunciar y reclamar los derechos de todos.

Su historia en el Bajo Atrato inició en los años setenta, cuando llegó a la zona y encontró un territorio dominado por la selva. Su vocación de trabajo y la disciplina le permitieron asentarse y, junto a varios de sus familiares y compañeros, construyó los cimientos de lo que hoy en día es la comunidad de La Madre Unión.

Desde su llegada a esta zona del Urabá chocoano, Mario se caracterizó por su espíritu emprendedor y su capacidad de adaptación a la geografía agreste de la zona. Convivió con los negros que ocupaban la región desde 1940 y en el día a día, adquirió los conocimientos y prácticas tradicionales y construyó relaciones de hermandad, compadrazgo y trabajo comunitario hasta el punto de autorreconocerse como parte de la comunidad afrodescendiente.

En sus relatos se podía conocer de primera mano la forma en que las parteras recibían a los niños y cómo mitigaban los dolores de las madres con plantas tradicionales que buscaban en el monte. Mario contaba sus historias y con ellas se entendían las dificultades de aprender a recorrer los ríos en champa y canalete. Mario hablaba y se podía sentir la importancia de la solidaridad y el trabajo comunitario entre negros y mestizos para garantizar la supervivencia.

Así, con trabajo constante, consiguió la finca Árbol del Pan, un predio de 166 hectáreas en las que sembraba plátano, arroz y maíz, y cuidaba del bosque nativo, reconociendo la importancia de la conservación de sus “paisanos morenos”.

En el año de 1993 presenció la llegada de los primeros actores armados a la zona. La guerrilla de las FARC comenzó a hacer un trabajo político, invitando a las familias de la comunidad a afiliarse al partido y a participar de las reuniones informativas. Esta presencia se tornó violenta a tal punto que muchas familias tuvieron que abandonar el territorio para evitar las presiones existentes sobre los menores de edad para ingresar a la filas del grupo armado. Mario, como líder de la comunidad, se opuso a esta situación y enfrentó las presiones, lo que produjo que recibiera constantes amenazas en contra de su vida.

En 1997, los rumores de la entrada de grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado generaron gran temor en los habitantes de la zona. Mario se desplazó a la cabecera municipal de Ríosucio y allí permaneció hasta 1999, año en el que decidió volver a Árbol de Pan, la finca que había habitado durante 25 años. A su regreso, Mario encontró que Jesús Vergara Díaz figuraba como nuevo propietario y legítimo dueño de la finca, y que había transformado radicalmente el bosque que él tanto había preservado. Al interpelar a Vergara, Mario descubrió que su predio había sido vendido a este hombre y que, tras amenazas, debía firmar un papel en el que reconocía el negocio, si quería proteger su vida y la de su familia. Los 6’520.000 pesos que el comprador aduce haber pagado por el derecho de propiedad, jamás fueron entregados a Mario.

Ante la situación y la imposibilidad de recuperar su finca, Mario se desplazó, nuevamente, a una casa en la comunidad de Florida. En el año 2000, Mario inició un proceso público de denuncia en contra de los grupos paramilitares y las empresa ganaderas y palmicultoras que, aprovechando el contexto de violencia generalizada, lo despojaron a él y a cientos de familias más de los predios que habían habitado por muchos años. Esta lucha lo llevaría a ser uno de los líderes que participaría en la creación de la primera zona humanitaria en el Consejo Comunitario de Curvaradó, como una estrategia de resistencia y, bajo el derecho de las comunidades afrodescendientes, a permanecer y vivir en paz en su territorio.

Su lucha constante y valiente lo llevó a tomar la decisión de regresar, voluntariamente, a su finca. Dadas las constantes amenazas que él y los líderes reclamantes de la comunidad de La Madre Unión continuaron recibiendo después del retorno, sin acompañamiento del Estado, el 16 de diciembre de 2013, conformaron la zona de biodiversidad de La Madre Abajo.

A partir de esa fecha, Mario se convirtió en uno de los principales líderes reclamantes de tierras de La Larga y Tumaradó. Y con sus reclamos y su exposición pública llegaron nuevas y constantes amenazas, que se mantuvieron los últimos cinco años de su vida. Mario decidió despojarse del miedo y continuar con su trabajo, seguir denunciando a quienes se adueñaron de las tierras. El Consejo está en la espera de que la Unidad Nacional de Tierras radique la demanda de restitución de las 107 mil hectáreas de La Larga-Tumaradó. La lucha para Mario terminó por la fuerza, el domingo, con su muerte. Los demás siguen esperando, despojados de sus tierras y despojados de sus miedos.

 

Astrid Toscano