Jan 16, 2018

El 1 de noviembre el Comité de Escogencia publicó la lista de candidatos que serán entrevistados en los próximos días para seleccionar a quienes harán parte de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Mauricio Archila, investigador de Cinep/PPP y de la Universidad Nacional de Colombia fue seleccionado para esta entrevista. En este proceso fueron 218 las personas inscritas para ocupar los once cargos que establece el mandato de la Comisión de la Verdad. Del total, 203 son nacionales y 15 son extranjeros. 

Con el aval de varias organizaciones sindicales, universidades y organizaciones sociales, el Cinep/Programa por la Paz, postuló al investigador Mauricio Archila, para que ocupe uno de los once cargos nacionales designados para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. 

La Comisión de la Verdad, hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Tiene un carácter extrajudicial y temporal. Sus propósitos principales son contribuir al esclarecimiento de los patrones de violencia ocurridos en el marco del conflicto armado, promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas y así mismo promover la convivencia en los territorios.

De esta manera, la creación de la Comisión de la Verdad, llega en un momento trascendental para la historia del país. En esta etapa de transición, Mauricio Archila, investigador Cinep/PPP y postulado para ser parte de esta Comisión, cree que independientemente de la firma de los acuerdos de la Habana, el país necesitaba una Comisión de la Verdad. “Creo que una Comisión de la Verdad es necesaria en el caso colombiano como un procedimiento para que las víctimas hablen, para que se conozcan esas versiones tanto de víctimas como de victimarios. En este sentido, es un aporte fundamental para procesos -no necesariamente de perdón y menos de olvido- pero sí de reconciliación, de reconocimiento de las víctimas, de identificación de los hechos y de los patrones de violencia en el país, que hace parte  del mandato de la Comisión de la Verdad.”

No es la primera vez que existe una Comisión de la Verdad en nuestro país, recientemente existió una sobre el tema del Palacio de Justicia. A diferencia de este ejercicio o el de la Comisión de Historiadores, el mandato actual pretende rescatar unos relatos más de conjunto, en donde se permita conocer lo que pasó, por qué sucedió así, quiénes estuvieron involucrados, las diferentes consecuencias y afectaciones para poder encaminar esta transición política a escenarios que velen por las garantías de no repetición.

Es por esto que la participación de las víctimas es muy importante. Pues además de participar en las audiencias y dando a conocer sus versiones, las víctimas también podrán ser parte de la Comisión aunque este no sea el objetivo principal de esta. La Comisión pretende ser diversa y plural, teniendo en cuenta la participación en términos de raza, género, posición regional, interdisciplinar, presencia extranjera. Para Mauricio Archila, esa pluralidad no sólo se debería dar en estos términos “sino también en la diversidad de las versiones, eso creo que hará complejo el trabajo porque va a ser difícil llegar a consensos en torno a  grandes patrones de comportamientos de la violencia pero hacia allá apunta la cuestión, recoger la diversidad del país, la diversidad de las versiones de esta violencia reciente de la historia de Colombia.”

Marco Fidel Vargas, subdirector y los investigadores Ana María Restrepo y Fernán González respondieron a las preguntas  ¿en qué aportaría una persona como Mauricio Archila a la Comisión de la Verdad? y ¿cuáles son las características que debería tener un comisionado?

 

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones

Las víctimas del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATU – exigimos que la Unidad de Restitución de Tierras se comprometa con nuestra defensa en el proceso de restitución de derechos territoriales.

 09 de septiembre. Los miembros del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATU queremos denunciar ante la opinión pública, el desconcierto y alto nivel de incertidumbre en el que nos encontramos actualmente ante el accionar dilatorio y poco garantista de la Unidad de Restitución de Tierras – URT – frente a su representación como abogados defensores de nuestro proceso.

 

 
 

 

 

Comunicado de Serjus Guatemala suscrito con autoridades  y  organizaciones con las que trabajamos, preocupados e indignados  por las acciones que pretenden frenar la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala.

 Desde 2007 la Comision Internacional Contra la Impunidad  en Guatemala C ICIG, surgió de un convenio entre las Organización  de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala y es sostenida por la Unión Europea y con el aporte de varios países entre los que están, Suecia, Alemania, España, Francia, Italia, Noruega,Suiza, Paises Bajos, así como  USA, Canada, Argentina, Chile, Colombia, Peru y Uruguay

Inicialmente  se avanzó muy poco,  pero actualmente de acuerdo a su mandato,  a cargo del Comisionado Ivan Velasquez,  se ha avanzado bastante en acciones  por mejorar el sistema de justicia y en la investigación y persecución penal de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos,  exmilitares violadores de derechos humanos y  funcionarios corruptos enquistados en las diferentes  estructuras de gobierno, tanto del organismo ejecutivo  como del organismo legislativo y sistema judicial, así como grandes empresarios que han fomentado la corrupción  a favor de sus intereses y  también el despojo de territorios y recursos naturales  a comunidades. En estas acciones se ha llegado hasta familiares corruptos del Presidente de la República y de ahora incluso de él mismo que está incurriendo constantemente en acciones ilegales

 Estas acciones  de la CICIG han provocado una reacción concertada entre todos estos sectores y poderes  que están tratando de destituir y expulsar del pais al Comisionado Ivan Velasquez, encabezados por  el mismo Presidente de la República quien habiendo fracasado en su intento de que  el Secretario de  Organización de Naciones Unidas  destituyera al Comisionado, lo   declaro non grato y decretó su expulsión  ilegalmente y en contra del mismo Acuerdo de Creación de la CICIG. 

 Ante todo esto muchas autoridades de los Pueblos Indígenas  y comunidades,  organizaciones populares y organizaciones sociales, universidades, iglesias, así como columnistas de prensa han levantado su protesta y condena contra estos actos  en contra del Comisionado y que tratan asimismo de anular la acción de CICIG y el Ministerio Publico.

 El Procurador de Derechos Humanos   y otras organizaciones presentaron recursos de amparo  llevando a que la Corte de Constitucionalidad  anulara definitivamente la declaración de non grato  emitida por el Presidente de la República y la expulsión de Comisionado.

 La reacción de los sectores y grupos que se sienten amenazados  por la investigación y persecución penal en contra de su corrupción, su impunidad y sus  violaciones  de los derechos, entre los que están, diputados, funcionarios públicos, gobernadores, alcaldes, asociaciones de militares, no se ha hecho esperar y  se están agrupando con todo su poder en apoyo del Presidente de la República e insistiendo en acciones contra el Comisionado, la CIcig y el Ministerio Publico, generando inestabilidad en las instituciones del estado, haciendo llamados a la violencia y tratando de generar terror en la población.

No obstante todo ello las organizaciones del Pueblo seguimos condenando todos estos actos violatorios e ilegales y estamos tratando de mantener acciones porque no se frene la lucha contra la corrupción y la impunidad.  En todo ello agradecemos y necesitamos  toda la solidaridad  de  las organizaciones internacionales.

 Enviamos adjunto  nuestra declaración como  autoridades comunitarias,  comunidades y  organizaciones  populares y sociales y algunos de otros pronunciamientos de diferentes organizaciones.

 

 
 

 

 

Por su amplia salida al mar a través del río Sinú y por conectar la región Caribe con el interior del país, el departamento de Córdoba ha contado con la presencia de diversos grupos armados que se disputan el control territorial desde mediados del siglo XX. Ese acaparamiento sistemático de miles de hectáreas de tierra y la distribución de la propiedad en la región están relacionados, también, con la configuración de poderes regionales y la consolidación de grupos privados de seguridad.

De hecho, el territorio cordobés fue plataforma del proyecto paramilitar debido a las estructuras de poder establecidas mediante el modelo de hacienda y a las dinámicas en las que la defensa de la propiedad privada, el modelo ganadero y la extracción agroindustrial debía fomentarse, incluso, por medio de las armas. A esto se suma que, durante los últimos veinte años, la violencia recrudeció como consecuencia del narcotráfico, principalmente porque muchas de las rutas de transporte de estupefacientes que atraviesan Córdoba han sido controladas históricamente por grupos paramilitares. A pesar de la desmovilización de los grupos paramilitares, entre 2002 y 2005, las estructuras armadas que hacían parte de las AUC —ahora denominadas Bandas Criminales (BACRIM) o grupos armados posdesmovilización (GAPD)— permanecen activas en el departamento. Varios líderes comunitarios han alertado sobre la consolidación de estos grupos, pues ha aumentado el número de sus integrantes y se ha establecido un control social de las poblaciones rurales. En este contexto, y dado que el desplazamiento ha sido y sigue siendo una de las principales afectaciones para la población, las comunidades campesinas han liderado procesos de organización territorial. Sin embargo, los líderes han sido estigmatizados, perseguidos y muchos de ellos asesinados durante décadas.

Este especial no solo cuenta las experiencias y reflexiones de organizaciones de víctimas y comunidades rurales del departamento de Córdoba en la ejecución de estrategias de exigibilidad del derecho a la tierra y el territorio, sino, también, narra su memoria sobre hechos victimizantes y su capacidad de resiliencia.


Relatos de guerra y paz en Córdoba

 
 
Propuestas de desarrollo rural y territorial desde las organizaciones
 
Desde hace seis años, el Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio en Córdoba (GTTC) ha liderado la unificación de territorios cordobeses, la recuperación de tierras para la población desplazada y la constitución del Resguardo Zenú del Alto San Jorge, ya reconocido legalmente por el Estado colombiano. La labor del GTTC no solo ha permitido hacer memoria sobre hechos victimizantes, como consecuencia de la presencia de distintos grupos armados en la región, sino también, reflexionar y reconocer la capacidad de resiliencia de las familias y comunidades.
 
 

Unidas por el propósito de consolidar procesos de organización y resistencia por el acceso a la tierra, las 12 organizaciones que conforman el GTTC se sitúan, principalmente, en Montería y en el sur del departamento:  

 

Mirando el horizonte: retos para la organización social en Córdoba

Javier Lautaro Medina, coordinador del equipo de Movilización, territorio e interculturalidad del Cinep/ Programa por la Paz —que ha hecho el acompañamiento al Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba desde el año 2011—, explica cuáles son los retos actuales para las organizaciones sociales en el territorio cordobés. Expone, además, las transformaciones necesarias que necesitan estos territorios que componen el GTTC y comparte sus preocupaciones sobre el panorama que tienen los jóvenes rurales que habitan este territorio. 


Años sin tierra: retorno simbólico al territorio del Manso

Una de las estrategias del GTTC para incidir en el acompañamiento y la exibilidad sobre los derechos a la tierra y el territorio en el departamento de Córdoba tiene que ver con el retorno simbólico al territorio de El Manso, en el Parque Nacional Natural Paramillo.

Entre el 25 y el 27 de octubre de 2016, campesinos oriundos de la zona, que fueron desplazados de su territorio hace 16 años, decidieron retornar simbólicamente y sostener una serie de conversaciones entre ellos y con diferentes organizaciones con el fin de aclarar el futuro del GTTC, los medios de acceso a la justicia por la tierra y el porvenir de su territorio.

Salieron desde el municipio de Fresquillo sobre dos lanchas, cargadas con aproximadamente 30 personas cada una. Ocho horas después, tras atravesar el Parque Nacional Natural Paramillo por la represa Urrá, el río Sinú y el río Manso, desembarcaron en el corregimiento de Barrancón. Presentamos esta galería, una muestra de lo que fueron los tres días durante los cuales los campesinos y las campesinas de El Manso retornaron a su territorio.

 

Cuatro libros clave para entender la lucha por el territorio en Córdoba




Memorias vivas para la recuperación del territorio cordobés (2017)

Este libro hace parte de un proceso de investigación, reflexión y escritura colectiva adelantado por campesinos, campesinas e indígenas, miembros del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba; organización que suma seis años en la apuesta fundamental por la defensa de sus territorios ante el despojo de la guerra y la victimización.

Defender el territorio es construir paz. La experiencia de los pueblos indígenas del Alto San Jorge (2016)

Este informe está construido desde la perspectiva de los derechos a la tierra, al territorio y a vivir en paz de dos comunidades indígenas del Alto San Jorge. El documento hace un acercamiento a la historia de poblamiento de la comunidad emberá de Dochama y el pueblo zenú, al contexto económico general de la zona y de conflicto armado. Además, presenta un recorrido por las capacidades organizativas de estas comunidades, que, en medio del conflicto armado y la inoperancia estatal para garantizar sus derechos, han construido y mantenido estructuras organizativas y experiencias propias de regulación social, base para la construcción de paz territorial.


Tierra y territorio en el departamento de Córdoba en el escenario del posconflicto (2016)

Este informe aborda las dinámicas del conflicto armado, los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades rurales, y el extractivismo en Córdoba. Cada una de estas perspectivas se analiza con base en visitas a terreno y en datos que organizaciones de la sociedad civil, así como entidades gubernamentales, han recolectado durante los últimos años. 

Córdoba: La tierra y el territorio (2014)

Con esta publicación se aporta al debate sobre la garantía del derecho a la tierra y al territorio y la construcción de propuestas incluyentes de acceso a tierras y desarrollo rural en el departamento.

 

Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Coordinadora de publicaciones: Margareth Figueroa Garzón
Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Periodista asistente:
María Gabriela Novoa
Asistente de publicaciones: Alejandra Mouthon

Ilustradora: Martha Lucía Castro Ramos

El pasado 29 de agosto se realizó el Lanzamiento de la sexta versión del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, el primero del posconflicto. En instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, con la presencia de editores y periodistas de medios nacionales, se presentó a los 16 finalistas y 19 jurados del evento.

Cabe destacar, que el Premio desde 2012 ha buscado históricamente visibilizar las incansables luchas de los derechos humanos. Este año cuenta con “73 nominaciones de 18 departamentos del país, nominaciones que muestran diversas expresiones sociales” mencionó Karen Cárdenas Coordinadora del Premio Nacional de Defensores de los Derechos Humanos. Las cuales resaltan en un contexto de posconflicto, pues “los defensores de derechos humanos siguen siendo los principales perseguidos por su apuesta a la paz territorial” dice Cárdenas, quien a su vez señala que la incidencia de la paz se reafirma en los perfiles de los defensores, entre los que se encuentran de restitución de tierras, medio ambiente y de comunidades en situación de vulnerabilidad.

Destacamos la nominación de quienes han contribuido a visibilizar temas sociales en los que CINEP trabaja. Entre estos:

  • Samuel Arregoces, quien defiende el territorio, el agua y la vida de varias comunidades afrocolombianas y del pueblo indígena Wayúu, al sur de la Guajira.
  • Asociación Sutsuin Jiyeyu Wayuu, Fuerza de Mujeres Wayuu, SJW-FMW, que visibiliza las violaciones a los derechos humanos y los derechos étnicos de la Guajira. Y han denunciado los mega proyectos mineros, el desplazamiento forzado y la situación de vulneración de derechos de las mujeres indígenas.

En la misma línea, Diakonia, institución que desde el inicio ha sido organizadora y convocante del Premio, y a partir de 2017 lo hace junto con la Iglesia Sueca, reconoce a los nominados quienes aunque “son necesarios para construir la paz y democracia actualmente, y lo han hecho durante muchos años, desafortunadamente siguen sufriendo crímenes graves”, según explica César Grajales Director Diakonia en Colombia, razón por la que reafirma el apoyo de dicha organización a los defensores en el país.

A su vez, en el marco del Lanzamiento se dio a conocer los 19 jurados del premio. Juan Pablo Morris, Director Fundación Contravía, uno de los jurados expuso una de las razones que prima en su elección aparte de la planilla práctica que debe tener en cuenta, “aspiro a que en esta coyuntura de pedagogía para la paz sea prioritaria una mayor sensibilidad a reconocer el trabajo con las uñas, anónimo, y en las regiones”.

El próximo 19 de septiembre tendrá lugar el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia de 8AM a 12M en Instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana. Por primera vez se cambia la agenda debido a la coyuntura nacional.

Para mayor información, encuentra los perfiles de nominados y jurados en: http://www.premiodefensorescolombia.org/

 

María Gabriela Novoa

Equipo de comunicaciones