Apr 26, 2017

En este programa hacemos un análisis del papel que la mujer ha tenido en la guerra en Colombia.

Invitados

 

La Iglesia Peregrina en Córdoba y Urabá alza su voz para expresar su asombro ante las situacionesque tienen conmocionada a las gentes de la región:

1°. La gravedad social que significa el asesinato aleve de tantos líderes sociales y personas que, en un país democrático, empiezan a formar parte de los nuevos movimientos políticos independientes, legítimamente constituidos; es inaudito que reaparezca este fenómeno que se creía ya superado[1].

2°. El reagrupamiento acelerado y el aumento del paramilitarismo, cuyos grupos ingresan súbitamente a las zonas que abandonan integrantes de las Farc en su proceso de desmovilización e implementación de los Acuerdos logrados en la Habana[2].

3°. El modo atroz como silencian a reclamantes de tierras (en la última semana ya son más de ocho entre líderes y reclamantes); tierras de las que fueron despojadas las comunidades, en forma fraudulenta y criminal.

4°. EL control bélico de las tierras vinculadas con el fenómeno de las rutas del narcotráfico, unido a todo un sistema de delincuencia organizada alrededor de los cultivos ilícitos y el apoderamiento, a la vista de todo el mundo, de las regalías y del pago de impuestos. Control que sirve de aprestamiento para la explotación de la minería ilegal, la extracción de las riquezas de nuestros suelos y subsuelos y el arrasamiento del ecosistema. De esto último es ejemplo el desplazamiento de pobladores y comunidades en la zona de Ituango, frente a lo cual no hay una toma de posición humanitaria por parte del Estado.[3]

5°. Aunado a lo anterior, el incremento de las pandillas juveniles, que están invadiendo los grandes centros urbanos en Urabá, como Turbo, Apartadó, Nueva Colonia y Currulao, índice inequívoco de que estamos entrando en una macabra dinámica de delincuencia organizada que gira en torno al microtráfico y la extorsión a comerciantes, empresarios, personas de a pie y que acude a la justicia particular, al asesinato y a la limpieza social, generando desconcierto y pánico en todos los pobladores urabaenses.

Ante estas situaciones la Iglesia se pregunta:

1. ¿Cuál es el futuro para las comunidades campesinas y de las regiones que siguen sufriendo en forma permanente el flagelo de los actores del conflicto armado? Salen unos y entran otros, “como Pedro por su casa”, cuando debería estarse asumiendo el manejo estatal adecuado de los territorios, para crear la autonomía, fruto del ejercicio constitucional de las fuerzas del Estado, justamente allí donde anacrónicamente no ha hecho presencia. ¿Hay anuencia del Estado o es simplemente un descuido de las autoridades responsables de dar cumplimiento a lo pactado? ¿Hay simpatía estatal con estas formas ilícitas de dominio y manipulación de unos territorios de ancestrales dueños que el Estado no admite como poseedores legítimos? ¿Dónde queda lo de “pacta servanda?” No entendemos por qué se da esta situación, estos lamentables vacíos de autoridad.[4] El gobierno nacional debe pronunciarse con claridad sobre estos asuntos que tanto daño hacen y que son causa fundante del descrédito que viene en aumento vertiginoso. Por lo menos la sospecha salta de inmediato.

2. De otra parte, haciendo eco al sentir social, la Iglesia expresa su dolor e inconformismo ante el juego de palabras empleado por representantes legítimos de los entes gubernamentales para denominar un fenómeno vergonzante que ha empañado a nuestras fuerzas militares y de policía, y que, como si no fuera ya luctuoso, ahora difama a toda esta feraz tierra de promisión, utilizando los gentilicios, emblema de la pujanza y honradez de sus pobladores; o dándoles identidad con los nombres topográficos, como nuestro estratégico Golfo de Urabá; o estigmatizando apellidos tan prestigiosos como el de Jorge Eliécer Gaitán, o la extensa descendencia Úsuga; o todo un grupo humano de industria y comercio reconocido a nivel internacional como el pueblo paisa. Duele porque se descubre un fondo malintencionado de “sofisma de distracción,” un mimetismo sutil para adormecer a la población con engaño. Reclamamos el fin de la estigmatización de una región, y el de llamar con otros nombres lo que todos reconocemos como paramilitarismo.

3. Frente al tema de la desmovilización y construcción de paz, nos preguntamos: ¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la subregión? ¿Qué es lo que nos toca hacer en medio de una situación cada vez más desconcertante? No podemos olvidar lo que ha ocurrido en el pasado y que amenaza con repetirse: la historia trágica del asesinato sistemático de tantas personas que se comprometen en un cambio social y político que, bien sabemos, se debe llevar adelante.

Es tarea de todos los líderes de la región tomar conciencia de estas situaciones y agotar juntos las soluciones.

Dado en Apartadó a los 3 días del mes de Febrero de 2017.

Mons. Hugo A. Torres Marín
Cáritas diocesana

[1]NACIONAL 29 ENE 2017 - 11:23 AM. Continúan los ataques. ASESINAN A RECLAMANTE DE TIERRAS EN TURBO (ANTIOQUia). Los testigos aseguran que Porfirio Jaramillo fue sacado de su vivienda por hombres fuertemente armados.
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinan-reclamante-de-tierras-turbo-antioquia-articulo-677146.
JUDICIAL 20 ENE 2017 - 1:53 PM. Asesinatos contra líderes sociales. En menos de 24 horas asesinan a cuatro campesinos en Córdoba, uno de ellos un líder social. Se trata de Hernán Agames, quien lideraba la Asociación Campesina del Sur de Córdoba en la vereda de El Barro, y además hacía parte del movimiento político y social Marcha Patriótica. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/menos-de-24-horas-asesinan-cuatro-campesinos-cordoba-un-articulo-675723.
Denuncia Publica 063 Cuatro Asesinatos Simultáneos en el Sur de Córdoba. http://ascsucor.es.tl/Denuncia-Publica-063-Cuatro-Asesinatos-Simultaneos-en-el-Sur-de-Cordoba.htm
[2]A ‘El Manteco’ le preocupa el avance paramilitar y retraso en obras en la vereda Gallo. https://www.laflecha.co/en-caliente/a-el-manteco-le-preocupa-el-avance-paramilitar-y-retraso-en-obras-en-la-vereda-gallo/.
A sangre y fuego las Autodefensas Gaitanistas buscan retomar Urabá. Desde la zona veredal del Gallo en Tierralta, el comandante Rubén de las Farc alerta sobre el plan del Clan del Golfo y los Úsuga contra los campesinos
Por: Grupo de Monitoreo Acuerdo de Paz* | enero 22, 2017
A ‘El Manteco’ le preocupa el avance paramilitar y retraso en obras en la vereda Gallo. https://www.laflecha.co/en-caliente/a-el-manteco-le-preocupa-el-avance-paramilitar-y-retraso-en-obras-en-la-vereda-gallo/.
A sangre y fuego las Autodefensas Gaitanistas buscan retomar Urabá. Desde la zona veredal del Gallo en Tierralta, el comandante Rubén de las Farc alerta sobre el plan del Clan del Golfo y los Úsuga contra los campesinos
Por: Grupo de Monitoreo Acuerdo de Paz* | enero 22, 2017

[3] http://www.larazon.co/web/2017/01/cultivos-ilicitos-detonante-la-violencia-sur-cordoba-gobernador/.
http://www.larazon.co/web/2017/01/cultivos-ilicitos-detonante-la-violencia-sur-cordoba-gobernador/

http://www.autodefensasgaitanistasdecolombia.org/agc2/index.php/module-styles/122-comunicado-enero-15-de-2017
[4] JUDICIAL 25 ENE 2017 - 6:11 PM En una audiencia privada ante el Fiscal General. Denuncian alianzas entre miembros de las Fuerzas Armadas y "Clan del Golfo" en el Bajo Cauca. Líderes sociales manifestaron que autoridades le han entregado material explosivo a esta banda criminal. Dieron nombres propios de funcionarios que, dijo Néstor Humberto Martínez, ya están bajo el radar de la Fiscalía.
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/denuncian-alianzas-entre-miembros-de-fuerzas-armadas-y-articulo-676613

El presidente Trump busca una ofensiva frontal contra todo aquello que, según él, ha debilitado a los Estados Unidos. Por eso, su agenda incluye reformas a la política migratoria que traerá cambios profundos a la población hispana. Varios son los aspectos que Trump va a intervenir: la deportación de inmigrantes con récord criminal. La persecución a quienes no poseen papeles en regla. Discrecionalidad en dar permisos especiales a quienes llegaron a Estados Unidos siendo niños y a los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes. La aplicación de medidas de seguridad nacional para combatir el extremismo islámico violento. Imponer tributos a las remesas. Sanciones a ciudades que facilitan la llegada de migrantes como Los Ángeles y Nueva York. Y, la más controvertida de las medidas: construir un muro en la frontera sur con México para frenar a los migrantes ilegales.

En Estados Unidos viven más de treinta y cinco millones de migrantes, once millones son indocumentados. Trump ha prometido deportar entre dos y tres millones, revirtiendo el legado indulgente de Obama. Pero el gobierno de Trump no puede deportar legalmente a las personas solo por su nacionalidad, sino con base en delitos criminales o administrativos, como ser indocumentado. Sin duda que estas eventuales deportaciones y la reducción de arribos a Estados Unidos, afectarán las transferencias de remesas que suman ciento treinta mil millones de dólares al año. Fenómeno particularmente duro para México, Centro América y países como Colombia.

En estos momentos los migrantes ilegales y quienes no han podido definir su situación, temen las deportaciones masivas y sienten la presión del gobierno y la sociedad. La política de Trump ha logrado poner 7, en el programa radial de RCN “Notas humanas y divinas”.a los migrantes, especialmente a los indocumentados, bajo la visibilidad mediática, señalándolos como una amenaza social y económica para la seguridad norteamericana. Pero desde la realidad de los migrantes, ellos son víctimas de un modelo de desarrollo global, desigual e inequitativo, generador de una economía concentrada que beneficia la acumulación del capital en pocas manos; que impulsa procesos de exclusión social y cultural; y que hace ver a las víctimas como las responsables de los desequilibrios sociales.

El documento de Aparecida en el número cuatrocientos catorce nos dice: “Entre las tareas de la Iglesia a favor de los migrantes, está indudablemente la denuncia profética de los atropellos que sufren frecuentemente como también el esfuerzo por incidir, junto a los organismos de la sociedad civil, en los gobiernos de los países para lograr una política migratoria que tenga en cuenta los derechos de las personas en movilidad”.

* Editorial presentada el domingo 5 de febrero del 2017, en el programa radial de RCN “Notas humanas y divinas”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director general Cinep/Programa por la Paz

A propósito de la discusión adelantada en el Congreso sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, el primer Diálogos Cinep/PPP invitó a expertos para conversar sobre el tema de la justicia en la implementación de los acuerdos. 

El diálogo tuvo como invitados a Rodrigo Uprimny, jurista y experto en derecho constitucional; Judith Maldonado, integrante de Voces de paz y John Jairo Montoya, jesuita e investigador del Cinep/PPP. En la moderación estuvo Diana Durán, editora judicial de El Espectador. 

Para Uprimny "el acuerdo de paz estableció un buen sistema de garantía integral de los derechos de las víctimas, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y el robustecimiento de los programas de reparación. Es único en el mundo que dos partes enfrentadas decidan someter sus crímenes a una jurisdicción que nace del acuerdo", además aseguró que el punto en el que debería existir una presión política es la responsabilidad de mandos superiores, ese es el tema que debe ser corregido. 

Ante las profundas críticas sobre la responsabilidad de mando "es importante conocer los mecanismo que podemos tener las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de víctimas, porque la JEP tendrá en cuenta los informes que presentemos, parte del trabajo que hagamos como aportantes a la Comisión de la Verdad será estar muy vigilantes para que efectivamente los mandos no lleguen a beneficiarse", afirmó Judith Maldonado.

Por su parte el investigador John Montoya, S.J. enfatizó en cuanto al papel de las víctimas que "los juicios hechos en la Ley de Justicia y Paz realmente no cumplieron con su objetivo de proteger a las víctimas, por el contrario fue una ley de impunidad al victimario, no podría adelantarme a lo que va a ocurrir con la Jurisdicción Especial para la Paz, pero en lo que concierne a las víctimas y al rol que van a tener en el proceso, considero que será similar, las víctimas no cuentan, la sociedad civil no tiene participación, no le auguro un buen futuro a las víctimas porque estamos en una sociedad sobrevictimizada y los casos que llegarán a la JEP serán pocos".

Al concluir el diálogo los invitados coincidieron en los retos que tiene el Congreso para tramitar de manera prioritaria y especial las normas de la Jurisdicción.

 Ver video de los Diálogos Cinep/PPP 

 

DENUNCIAMOS EL ASESINATO DEL LÍDER RECLAMANTE DE TIERRAS PORFIRIO JARAMILLO, COMUNIDAD DE GUACAMAYAS, CONSEJO COMUNITARIO DE LA LARGA Y TUMARADÓ (COCOLATU).

30 de enero. El consejo comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU), la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA) y el Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP / Programa por la Paz lamentan y repudian el homicidio del líder reclamante de tierras Porfirio Jaramillo Bogallo, miembro del consejo local de la comunidad de Guacamayas, consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, sucedido en la madrugada del pasado domingo.

Consideramos que el asesinato del líder Porfirio Jaramillo no es un caso aislado, y que los hechos de violencia contra líderes y lideresas reclamantes de tierras constituyen una estrategia sistemática por parte de actores poderosos interesados en obstaculizar el proceso de restitución de derechos territoriales de COCOLATU.

Estos lamentables hechos evidencian que la restitución de los derechos territoriales étnicos no avanza. Pero si avanza el despojo y la persecución a líderes y lideresas, porque existen grandes intereses económicos detrás de estos territorios. Intereses que son sostenidos y facilitados por grupos armados ilegales, así como por estructuras políticas locales, regionales y nacionales.

HECHOS:

El pasado sábado 28 de enero en horas de la noche, cuatro (4) hombres armados vestidos con prendas de uso privativo de la fuerza pública que se movilizaban en motocicleta, ingresaron a la vivienda del señor Porfirio Jaramillo Bogallo, ubicada en la comunidad Guacamayas, consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, y procedieron a retenerlo en contra de su voluntad, siendo testigos del hecho familiares y miembros de la comunidad. Su cadáver fue encontrado en la madrugada del domingo 29 de enero, con heridas de arma blanca, en la zona de El Tigre, en la carretera que conduce de Nuevo Oriente a Chigorodó, a una distancia aproximada de 2 o 3 kms de su comunidad.

ANTECEDENTES:

El señor Porfirio Jaramillo Bocallo había retornado hace dos (2) años a la comunidad de Guacamayas, después de haber sido desplazado por los grupos paramilitares. Era un líder activo de la comunidad de Guacayamas, y de la organización de víctimas reclamantes de tierras “Tierra y Paz”.

El señor Jaramillo venía siendo víctima de amenazas en contra de su integridad personal, por lo que había solicitado un esquema de seguridad y protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin respuesta efectiva de este organismo.

Según “Tierra y Paz”, el señor Jaramillo "denunció intimidaciones de muerte por parte del actual poseedor del predio que él estaba reclamando, un hombre conocido como 'el cura', y de su administrador. Ambos le habrían dicho que lo harían matar de los paramilitares". La misma organización aseguró que hace cuatro (4) meses le llegó una comunicación al líder campesino en la que se le daba un plazo para abandonar su finca. Inmediatamente puso una denuncia ante la Policía y la Fiscalía, indicando que sospechaba de dónde venían estas intimidaciones.

EXIGIMOS:

A la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) que garanticen una restitución y reparación integral, en condiciones de seguridad, a las víctimas de COCOLATU.

A las instituciones locales y regionales (Alcaldía de Turbo, Gobernación de Antioquia), que activen las medidas para garantizar la protección de los líderes y lideresas reclamantes de tierras de COCOLATU.

A la Fiscalía General de la Nación, que adelante con celeridad los procesos de investigación y judicialización de los responsables del homicidio del líder Porfirio Jaramillo, y no dejen este crimen impune.

A la Unidad Nacional de Protección, que ponga en marcha la ruta de protección colectiva para las comunidades pertenecientes al consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, así como esquemas de protección individual contextualizados y oportunos.

A la Policía, Ejército y Ministerio de Defensa, que cumplan con su misión de garantizar la vida, libertad e integridad de los ciudadanos, lo que implica reconocer la existencia de una estrategia violenta sistemática en contra de los reclamantes de tierras en toda la región de Uraba.

El presente comunicado es suscrito por:

  • El Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU).
  • La Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA).
  • El Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (CINEP/PPP).

Descargar comunicado