May 23, 2018

Editorial: Ética política

  • May 23, 2018
  • Publicado en Prensa

La política colombiana pasa por una etapa grave de ilegitimidad y déficit de ética. La corrupción administrativa, los partidos políticos convertidos en empresas electorales, las cortes atrofiadas y desnaturalizadas, vendiendo sentencias a los ladrones de cuello blanco, los entes de control convertidos en cómplices del delito y un Estado que improvisa, que no tiene capacidad de respuesta y que está en manos de intereses políticos y económicos para el provecho propio excluyendo el bienestar de la ciudadanía y el cuidado de los patrimonios naturales. Mientras que los líderes sociales, que deberían ser los primeros en ser protegidos por el Estado, caen víctimas de las balas y de las amenazas de sectores ligados a esos poderes políticos y económicos dominantes.

Si nos acercamos al problema de la corrupción, el informe entregado este año por Transparencia por Colombia, que analiza 69 municipios, calificados como territorios de paz por el Gobierno, muestra la tendencia estructural de este mal en el país. Se estudiaron 187 hechos de corrupción. Y 44% de estos hechos vulneraron derechos fundamentales asociados a la salud, la educación y la infraestructura. De otra parte, un 36% de los hechos analizados han tenido un impacto nocivo en sectores de la infraestructura, industria y comercio, tecnología, sector minero energético, transporte, turismo y desarrollo rural, todo esto se traduce en una violación directa a los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en Colombia. Los departamentos más comprometidos son: La Guajira, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Bolívar y Cesar.

El pasado primero de octubre el Papa, en Cesena- Italia, propuso que “la política debe ser una forma de caridad y vida mártir”. Para hacer una buena política Francisco propone que ella no debe servir a “las ambiciones individuales o a la prepotencia de facciones o centros de interés. Una política que no sea ni sierva ni ama, sino amiga y colaboradora; ni temerosa ni temeraria, sino responsable y por tanto valiente y prudente al mismo tiempo; que haga crecer la implicación de las personas, su progresiva inclusión y participación; que no margine a ninguna clase, que no saquee ni envenene los recursos naturales. Una política que sepa armonizar las legítimas aspiraciones de los particulares y de los grupos teniendo bien aferrado el timón en interés de toda la ciudadanía”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

El Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumarado (COCOLATU), la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA), el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), el Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP), el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Apartadó lamentan y repudian el asesinato de Mario Manuel Castaño Bravo.

 
 

 

 

Durante el 2017 las instituciones que conforman Educapaz han trabajado para mejorar la educación en el sur del Tolima. Este proyecto que vincula siete organizaciones ya es reconocido no solo por las comunidades educativas y la sociedad civil, sino también por las autoridades locales. Las instituciones que conforman el proyecto son: Escuela Nueva, Convivencia Productiva, Fe y Alegría, Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, Javeriana Cali, Fundación para la Reconciliación y Cinep/PPP. Además, hay tres organizaciones aliadas: Avina, la Red Prodepaz y Clayss.

Educapaz tiene tres grandes líneas de trabajo. La primera es Educación Rural que acompaña a sedes educativas de los cuatro municipios. Allí hay 28 colegios, cada uno de estos, con sedes rurales. Este acompañamiento es educativo y pedagógico en el que se revisan las metodologías de enseñanza de cada una de las sedes para sugerir nuevas estrategias. También se trabaja en mejorar la relación de los docentes con las comunidades para que estas hagan parte del proceso educativo de los niños y niñas.

Otra tarea planteada en esta línea es la construcción de los Planes Educativos Municipales. Para esto, crearon un mecanismo de articulación de actores, llamada la Mesa Educativa Municipal, en la que confluyen los diferentes actores relacionados con la enseñanza escolar, representantes del sector público, líderes comunitarios y líderes de asociaciones productivas. El objetivo de cada mesa es crear una propuesta de política pública educativa enfocada en las necesidades de los niños y jóvenes rurales de cada uno de los cuatro municipios. La Universidad Javeriana de Cali validará la participación en esta construcción del plan como un diplomado, para así cualifica el quehacer de cada uno de los actores.

“Nuestra tarea como Cinep/PPP es promover espacios de reflexión sobre las políticas públicas y crear una agenda común y pública con diversos sectores”, dice Luz Elena Patarroyo, coordinadora del equipo de participación ciudadana del Cinep/PPP. “En esta región, muchas personas han sufrido la guerra, y eso genera mucho escepticismo. La gente está muy ilusionada con que haya cambios pero al mismo tiempo está muy temerosa de ser engañada o utilizada”, agrega Patarroyo.

Para el próximo año, y una vez se haya terminado la concertación del plan, se presentará a los consejos municipales para que sea discutido y aprobado como política pública oficial. Es importante reconocer que el trabajo de la mesa ha tenido incidencia en la escala regional, pues se ha vinculado con la Agencia de Renovación del Territorio para que estas propuestas locales sean incluidas dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET–. “La orientación de la mesa y su participación en las discusiones de los PDET está encaminada a que la gente se haga preguntas que no se había hecho en torno al tema de la educación”, dice Juan Carlos Merchán, investigador del Cinep/PPP y miembro del equipo de Educapaz.

Para Luz Elena Patarroyo el proceso de los PDET es muy rápido y no posibilita que la gente tenga un tiempo de maduración y comprensión sobre para participar. “Esa debilidad la hemos venido trabajando como pilar de la educación y así dar una información más cualificada, generar reflexiones y aportar a la articulación de la política pública que estamos construyendo con el PDET.  Volvemos a la tarea de mediadores entre una acción que es estatal y la comunidad educativa”, afirma.

Por su parte, Juan Carlos Merchán, indica que uno de los principales obstáculos del proceso ha sido lograr la participación de las administraciones municipales. “Nosotros estamos aliados con la Secretaría de Educación de la Gobernación, y eso genera distanciamientos con algunas administraciones porque no quieren trabajar con sus opositores políticos”, afirma; sin embargo, señala que poco a poco han logrado demostrar que este es un proyecto que va más allá de las filiaciones políticas. 

La segunda línea de trabajo de Educapaz es la formación en Ciudadanía, Reconciliación y Educación Socio Emocional –Crese–. Esta estrategia busca generar propuestas para trabajar la reconciliación, que no está vinculada a la educación cognitiva intelectual, sino a la educación de los sentimientos. Hasta ahora se ha implementado en instituciones educativas urbanas y el proyecto para el próximo año es llevar esta propuesta a las instituciones rurales, que es donde más daño ha causado el conflicto armado.

La tercera línea de trabajo es Incidencia y Comunicación. En esta se gesta el relacionamiento con las instituciones del nivel nacional como el Ministerio de educación, y extranjeras como las agencias de cooperación. Desde esta área se han organizado reuniones y foros en los que representantes de las instituciones estatales de diferentes niveles, han debatido sobre las problemáticas que enfrenta la educación y las posibles soluciones que podrían implementarse. “Esto es un proyecto multiactor simultaneo. No es de que empiece de la base o de arriba, sino que en cada uno de los niveles hay que trabajar al tiempo para lograr verdadera incidencia”, dice Merchán.

Según Merchán, la mayor dificultad que enfrenta el proceso es que los municipios en los que se trabaja no están certificados por el Estado colombiano. Esto lo que implica es que no son autosostenibles económicamente, por lo que no pueden decidir autónomamente la inversión de sus dineros. “¿Cómo hacemos que una política pública funcione si el municipio no puede decidir qué hacer con su plata? Hay que buscar nuevas fuentes de financiación, y para nosotros, una de ellas son los PDET”, añade el investigador.

Ante este panorama son muchas las expectativas que tienen los diferentes actores en torno a la educación. “La guerra había cerrado con un bloqueo territorial todo el sur del Tolima. De las mayores ganancias es descubrir todo el potencial que tiene el Tolima. Es increíble todo el potencial de saberes, las personas, los recursos”, afirma Patarroyo. La proyección de Educapaz está en varios territorios del país. Se espera que en los próximos cinco años el proyecto inicie actividades en dos regiones más que aún están en discusión.

 

Miguel Martínez
Equipo de Comunicaciones

 

La implementación del Acuerdo de Paz, a un año de su firma, trascurre por vías similares a los caminos colombianos: pendientes difíciles, derrumbes predecibles, choques premeditados, túneles a medias, peajes
costosos, algunas zonas planas para recuperar el ánimo y curvas peligrosas cobrando vidas, nada sorpresivo.

En este desafiante tránsito del Acuerdo para construir una paz estable y duradera, tres actores son protagonistas: la FARC-EP, hoy Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común; el Gobierno y la clase política; y los movimientos sociales con sus mujeres y hombres líderes/sas sociales y defensores/as de derechos humanos fustigados por la violencia.

Para profundizar este tema, la presente edición de la revista Cien días Vistos por CINEP publica dos artículos. El primero, titulado “Allá nos pillamos”. El tránsito de las FARC a la FARC en Bogotá y los retos para su participación política, muestra el panorama que afrontan los integrantes del recién creado partido político FARC. El segundo artículo, titulado Reincorporación de excombatientes. ¿Inauguración de nuevas ciudadanías?, presenta el paso de combatiente a ciudadano, lo que se logrará “en cuanto el Estado garantice a los excombatientes el ejercicio pleno de su ciudadanía política y social”.

Así mismo, varios artículos de la presente entrega de Cien Días Vistos por CINEP abordan las violaciones a los movimientos sociales, líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos; entre otros motivos por la fuerte coyuntura centrada en la movilización social de la Minga indígena y de las marchas campesinas.

Artículos

Editorial | Acuerdo de Paz, entre la violencia y la reconciliación
Acuerdos de paz | “Allá nos pillamos”. El tránsito de las FARC a la FARC en Bogotá y los retos para su participación política
Acuerdos de paz | Reincorporación de excombatientes ¿Inauguración de nuevas ciudadanías?
Movimientos sociales | 40 años del Paro Cívico Nacional de 1977
Movimientos sociales | “No queremos mina, queremos vida”
Derechos humanos | Algunos aprendizajes sobre la construcción de memoria y derechos de las víctimas de la
violencia política a partir de la experiencia peruana
Derechos humanos | Revisión de casos de la revista Noche y Niebla
Desarrollo | Formalización de la economía esmeraldera. Entre la tradición y los caminos del mercado global de minerales

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La sola publicación de la lista de los integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición ha producido un oleaje rápido en el mar político. Toda clase de pescadores, cada uno con su propia caña y su propio anzuelo, lanzaron ya sus carnadas, muchas de ellas venenosas, aun antes de saber qué es y qué se espera de dicha comisión.

Ese mecanismo extrajudicial es el que todos más esperamos, por aquello de que los seres humanos, por nuestra misma naturaleza, buscamos siempre esclarecer la verdad de lo ocurrido. Sobre todo, las personas que han sufrido en carne propia los horrores de la guerra y han sobrevivido con dolor. Pero hay quienes han manifestado su temor al esclarecimiento y han prejuzgado, lanzando al público su descalificación de las personas y de la labor aún no empezada de la Comisión de la Verdad. Esos prejuicios son injustificados y temerarios. ¿Le temen a la verdad?

El Cinep, que durante 45 años ha investigado la realidad colombiana y tratado de entenderla y explicarla, sienta su pública protesta por los ataques calumniosos a su actividad y al trabajo científico del profesor Mauricio Archila Neira. Protesta tanto más indignada cuanto que los señalamientos infundados y tergiversados pueden significar, en la Colombia de hoy, un grave peligro de la vida. Es una triste labor de irresponsables el dedicarse a darle razón al que dijo: (…) Calumnia que algo queda.

Es incomprensible que la defensa de los derechos humanos de la gente, o sea, la protección de la vida, de los bienes y de la honra de las personas, pueda constituir un motivo de descalificación por aquellos mismos cuyos derechos se promueven y se defienden. Y es lamentable que la mayoría de esas agresiones verbales se hagan desde la ignorancia y desde la malevolencia. Tampoco podrían tener otro origen.

Los acusadores del profesor Mauricio Archila Neira, en los medios y en las redes sociales, no han leído siquiera sus obras que hacen parte del legado histórico de Colombia, en especial acerca del tema los movimientos sociales de este país. Tampoco conocen su impresionante hoja de vida ni tienen idea del gran servicio que él le ha prestado a la educación del país. Con la soberbia del que ignora de qué se trata y la cobardía del anonimato, los calumniadores repiten la misma frase insultante sin contenido racional alguno.

El Cinep/Programa por la Paz y el profesor Archila continuarán su trabajo por el esclarecimiento de la realidad colombiana y su defensa de los derechos humanos, labor a la cual han dedicado todos sus esfuerzos, con el mismo empeño con el que la comenzaron. Y este es el momento más propicio para que esas labores incansables sirvan al progreso de la población colombiana y al despertar de la conciencia de su dignidad que no puede ser pisoteada.

 

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