Jun 29, 2017

A propósito de la conmemoración del día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas, William Rozo, investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política habla de la importancia de esta conmemoración y del lugar de las víctimas en la implementación de los acuerdos.

El 9 de abril se conmemora el día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas. ¿Cuál es la importancia de esta fecha?

William Rozo

Cualquier proceso de reconciliación, de tránsito de la guerra a la paz, las víctimas juegan un papel sumamente importante y uno de los aspectos más relevantes es el reconocimiento de las víctimas. Yo creo que en Colombia se ha avanzado bastante en ese campo, comparado con otros procesos en el mundo. Ya hay un reconocimiento de las víctimas, hay avances desde 2010 con la ley de víctimas, la ley 1448 de 2011 y con todos los problemas que pueda tener esa ley, hay avances.

Sin embargo, estamos preocupados un poco porque el mayor número de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia son cometidas por grupos paramilitares y agentes del Estado. En este escenario de reconciliación nos preocupa que el reconocimiento de esas víctimas no es el mejor.

Hay que reconocer que la ley de víctimas por lo menos dejó un día para recordar a las víctimas con todas las críticas que pueda tener, pero es que antes del 2011 no había, ni siquiera se reconocía que había víctimas. Esta fecha del 9 de abril tiene esa importancia de reconocer a las víctimas.

¿Qué consecuencias podría traer ese poco reconocimiento?

Ese escenario es muy grave, porque lo que puede ocurrir es que estas víctimas no se sientan a gusto y empiecen a demandar cuanta norma exista y sobre todo a recurrir a instrumentos internacionales. Ahí habría que hacer una llamado para que todas las víctimas tengan el mismo estatus, el mismo tratamiento, las mismas garantías en el proceso de transición, el mismo nivel de reparación y de reconocimiento.  

Para citar un ejemplo, el pasado 5 de abril se firmó los decretos ley que dan vía a la Comisión de la Verdad  y el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En ese espacio el presidente Santos invitó a seis víctimas, pero ninguna de ellas era víctima de crímenes de Estado. Ese tipo de acciones nos preocupa y yo creo que instituciones como el Cinep/PPP deben hacer un llamado para que las víctimas sean reconocidas en su conjunto pero completas y en igualdad de condiciones y garantías.

Para las víctimas ¿por qué es importante que se creen este tipo de mecanismos como Comisión de la Verdad  y el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas?

Son muy importantes porque en todos los procesos de transición prima la verdad sobre la justicia y la memoria sobre los procesos de sanción. O sea, es más importante que las futuras generaciones sepan qué pasó y que los hechos tengan mucha visibilidad para que no se vuelvan a repetir los mismos errores del pasado a que existan sanciones penales. Es un poco lo que pasa en los procesos de memoria en Alemania o en Argentina, que las nuevas generaciones se den cuenta que no es bueno resolver los problemas por la vía armada. Por eso es tan importante el Museo Nacional de la Memoria y todos los ejercicios de memoria que se están haciendo en el país. Ese es el sentido  y la importancia de la memoria, que nos ayude a mantener un pasado que conectado con un proceso de reconciliación, sea un pasado que nos ayude a solucionar los conflictos de otra manera. La reconciliación y el perdón es poder recordar sin lastimarnos, sin agredirnos. A ese nivel tenemos que llegar, pero eso tarda mucho tiempo y requiere mucho trabajo porque este conflicto dejó y sigue dejando muchas víctimas y mucho dolor.

¿Cómo lograr el reconocimiento de las víctimas de Estado si muchas de estas iniciativas surgen desde las instituciones estatales?

Ese es un desafío. Yo creo que hay de fortalecer mucho las organizaciones de la sociedad civil y que estas ayuden a poner sus recursos y sus esfuerzos para que las víctimas más débiles puedan estar al nivel de las otras en términos de reconocimiento. No es que unas sean más importantes que otras, es que unas están más marginadas que otras. ¿Cómo podemos hacer esa tarea las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento de derechos humanos? Ayudando a organizarlas, fortaleciéndolas, aportando desde nuestros trabajos de investigación para que puedan tener herramientas y puedan empoderarse y tengan más argumentos en sus procesos.

¿Qué beneficios tiene el acuerdo con las Farc para las víctimas?

El acuerdo es un acuerdo político de carácter no vinculante. Este trae unos puntos muy favorables para las víctimas pero lo que es vinculante es la legislación que se hace a partir de la implementación de ese acuerdo.  Por ejemplo, el acto legislativo que modificó la constitución para incorporar ese acuerdo dentro de la jurisdicción colombiana no se corresponde con lo que dice el acuerdo, desconoció completamente a las víctimas. El espíritu del acuerdo no está en el acto legislativo y las víctimas quedaron muy lejos, sin voz ni participación. Lo que hay no nos gusta mucho, pero eso es mejor que nada.

¿A qué se refiere cuando habla de participación?

Por ejemplo, en la Jurisdicción Especial para la Paz no hay manera de que las víctimas tengan acceso a los procesos como sujeto procesal y eso es un derecho fundamental. Cuando hay una agresión obviamente la víctima debe tener representación como sujeto procesal dentro del proceso, ese no es el caso dentro de la nueva legislación. Yo siento que tanto las Farc como loa agentes del Estado le tienen miedo a la voz de las víctimas. Y nuestro deber como organizaciones acompañantes de la sociedad civil es ayudar a que esa voz esté.

¿Cómo será el trabajo del Banco de Datos hacia el futuro?

Nosotros hacemos un proceso de memoria, de salvaguarda de la información de violación a los derechos humanos y devolvemos ese producto como un insumo para que las víctimas lo puedan utilizar como herramienta en su trabajo de reivindicación de derechos. Para el trabajo hacia futuro, el equipo se va a reunir en estos días para reflexionarlo. Nosotros creemos que sí vamos a incidir en la Comisión de la Verdad. Todavía no sabemos cómo porque no se sabe cómo funcionará esta comisión, pero creemos que si estaremos orientados a incidir allí. Otros estamos trabajando en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, desarrollando investigaciones y documentos. Por ahora seguiremos trabajando en la revista Noche y Niebla porque aún las cifras de victimización son alarmantes.

 

El pasado 5 de abril el presidente Juan Manuel Santos firmó dos decretos con fuerza de ley de gran relevancia para la implementación de los acuerdos. Uno es el que conforma el Comité de escogencia para la selección de miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el que se incluye el inicio de la Unidad Especial de Búsqueda de Personas desaparecidas. El segundo es  el que organiza la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad y la convivencia y la no repeteción. Por su importancia en la implementación los publicamos a continuación.
 

 

Hace más de 20 años Mario Calderón (Q.E.P.D.), trabajó con familias de la parte alta de los cerros orientales. Su propuesta apuntaba a comunidades que crearan modelos de desarrollo que les permitiera un sustento, pero sobre todo que aportara a preservar el medio ambiente. Hoy, décadas después de su asesinato, las comunidades que viven en los cerros siguieron su propuesta y han construido barrios que mantienen la armonía entre desarrollo y medio ambiente.

 Hector Hugo ÁLvarez, uno de lo líderes de esta propuesta recuerda el trabajo que desarrolló desde Cinep, junto a Mario Calderón en los barrios altos del oriente bogotano.

 

 

 

 

 

En el punto sexto del Acuerdo Final para la Paz, que trata de la implementación, verificación y refrendación, el Gobierno Nacional y las FARC adoptaron la creación de la “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)”, integrada por tres representantes del alto Gobierno Nacional y por tres representantes plenipotenciarios de las FARC o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. Esta comisión tiene por objetivos la resolución de diferencias, el impulso, la implementación, el seguimiento y la verificación del Acuerdo.

Esta labor implica el concurso y compromiso de las distintas instituciones del Estado, las autoridades territoriales, las organizaciones y movimientos sociales, las comunidades, instituciones de la sociedad civil, las iglesias, los partidos políticos incluyendo el movimiento político que surja del tránsito de las FARC a la actividad política legal, sus excombatientes y los ciudadanos y ciudadanas en general. No obstante lo anterior, el Gobierno nacional será el responsable de la correcta implementación del Acuerdo de Paz, tanto en su gestión política como en la financiación de lo que él implica. A su vez esta Comisión de Seguimiento e Impulso de la Implementación del Acuerdo, tiene un componente internacional de verificación, cuyo propósito es comprobar el avance de la implementación, identificar retrasos, contradicciones y deficiencias, brindar oportunidades de mejoramiento continuo, así como contribuir a la búsqueda de soluciones y al fortalecimiento de la misma.

El viernes veintitrés de marzo el Gobierno y las FARC, anunciaron al país que este componente internacional de verificación estará encabezado por el ex presidente español Felipe González y el ex presidente uruguayo Pepe Mujica, con el apoyo técnico del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, de los Estados Unidos, y de una Secretaría Técnica a cargo del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

En el marco de esta designación, el CINEP/Programa por la Paz, siguiendo las prioridades de la Compañía de Jesús, continuará apostando, como lo realiza desde hace cuarenta y cinco años, por la trasformación política de los conflictos sociales del país, buscando una paz con justicia social, basada en el respeto y realización de los derechos humanos, la promoción de la responsabilidad y la participación ciudadana, y el reconocimiento de las diferencias territoriales, étnicas y culturales. 

* Editorial presentada el domingo 2 de abril del 2017, en el programa radial de RCN “Notas humanas y divinas”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director general Cinep/Programa por la Paz
 
 

En esta pieza radial hacemos un análisis de las condiciones que se deben dar para garantizar la seguridad de los excombatientes. Ello, de cara al proceso de reintegración que se adelanta con la guerrilla de las FARC. ¿Qué puede pasar si no se les garantiza la seguridad a los excombatientes?, ¿por qué es importante protegerlos?, ¿cómo ha funcionado la seguridad en procesos de reintegración anteriores? Estas son algunas de las preguntas que se exploran en este programa.

Invitados