Jun 24, 2017

Actualmente, 47 familias desplazadas reclaman a través de la política de Restitución de Tierras –Ley 1448-  la finca Diana María ubicada en Zona Bananera (Magdalena). Los hechos de despojo y desplazamiento forzado ocurrieron en el año 2001 luego de que grupos paramilitares asesinaran a dos jóvenes de la comunidad y obligaran a la comunidad abandonar los predios de manera permanente.

La siguiente línea del tiempo señala el proceso de lucha por el acceso a dicha tierra de estos campesinos: Iniciando desde su ingreso al predio como trabajadores en una finca bananera de la que se hicieron paulatinamente propietarios, pasando por los hechos de violencia que generaron el desplazamiento y finalizando con su lucha por el restablecimiento de sus derechos a la tierra y al territorio.

 
  
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En este programa hablamos de la situación de la deforestación en el país, ¿cuáles son sus causas?, ¿qué oportunidades y retos se tienen en materia ambiental en el posacuerdo?, ¿de qué manera los ciudadanos podemos aportar a solucionar el problema de la deforestación?, ¿la reforestración es la solución? Esas y otras preguntas son abordadas en esta pieza.

Invitados

 

En el Día Internacional de la Mujer Cinep/PPP se aproxima a sus luchas a través de las mujeres rurales colombianas. Sus trayectorias son muestra del limitado rol cultural que se les ha asignado a las mujeres y ejemplifican el tesón y la persistencia que se requiere para sobrepasar los obstáculos sociales, culturales, económicos y legales.

Según el Tercer Censo Nacional Agropecuario el 46 % de las mujeres viven en zonas rurales. Este estudio dejó en evidencia la desigualdad que persiste para las mujeres en el sector rural. Por ejemplo, los hombres tienen un 60 % de incidencia en las decisiones sobre el uso y producción de la tierra, mientras que la mujer solo cuenta con 24% y en un 16.5% se comparte la decisión. En total las mujeres inciden en esta decisión tan solo en el 40,5%.

Lo anterior, a pesar de los logros normativos que, vale la pena destacar, han sido producto de la perseverancia de mujeres y hombres del sector rural y que carecen del compromiso por parte del Estado colombiano para su implementación.

Norma Villarreal, consultora sobre género y desarrollo rural para Oxfam y Onu Mujer, habló con Cinep/PPP, y explicó algunos de los hitos en el desarrollo de la política pública dirigida a las mujeres rurales que se conecta a su vez con la evolución del movimiento campesino de mujeres. Según ella este proceso se viene gestando desde 1984 cuando “a través del Conpes se crea una política para lograr que las mujeres rurales tengan acceso a los instrumentos de la política agropecuaria”.  Villarreal añade que a partir de ese reconocimiento se fortalecen los procesos organizativos de las mujeres campesinas que “en 1988 logran que el Congreso de la República en la ley 30 (las) incluyan como adjudicatarias de tierras”. Lo anterior, para la investigadora, sugiere  una gran transformación, porque desde entonces de empiezan a reconocer las mujeres rurales como sujetos de derecho. A lo anterior se suma otro de los hitos: La ley 731 de 2002. Considerada pionera en Latinoamérica, esta ley es muestra de la falta de compromiso del Estado colombiano. Si bien En se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales la implementación ha  sido, para las mujeres rurales, “un fracaso”.

La lucha por lograr el reconocimiento político del campesinado colombiano, que incluye por supuesto a las mujeres campesinas, apenas comienza. Según información disponible en prensa el proyecto presentado ante el legislativo se hundió en la plenaria, lo que muestra un “sesgo anticampesino”. Este proyecto de ley busca el reconocimiento de los derechos que hombres y mujeres campesinas tienen a las semillas, a la construcción social del territorio, a la equidad de género en la distribución de los recursos productivos en el campo y a que su voz sea tenida en cuenta en consultas populares. La deuda con el sector rural es histórica y con las mujeres campesinas aún mayor, pues ellas han tenido que enfrentar una estructura patriarcal que impone a la sociedad un sesgo sobre el rol productivo de la mujer; adicionalmente, son víctimas de la guerra y llevan sobre sus hombros el sustento de sus familias.

El testimonio de Sandra Saenz, coordinadora de la red de mujeres de la provincia de Velez Santander, expone la labor que día a día desde sus parcelas adelantan mujeres rurales colombianas por ganarse el reconocimiento de sus pares y de la sociedad colombiana.“Hemos venido dando luchas año tras año para poder hacer visible a la mujer rural, si bien es cierto se han sacado políticas en los departamentos y a nivel nacional de mujer, a veces con tanta diversidad de mujeres, la mujer rural siempre es una de las más invisibles y no se ve la importancia que tenemos las mujeres rurales al aporte que hacemos al desarrollo de Colombia, a la economía, no se valora. Y la mujer rural tiene muchas dificultades, porque por ejemplo,  a los hombres se les dan proyectos y  no se les llama hombres rurales u hombres campesinos, se les llama los caficultores, los paneleros, los palmicultores, los ganaderos y son proyectos de gran envergadura, en cambio las mujeres rurales no tenemos esa calificación de proyectos o de empresarios, simplemente somos: las mujeres campesinas, y eso trae una gran consecuencia porque si bien es cierto somos quienes producimos no se valora lo que producimos, tenemos que sufrir el problema de los intermediarios y la subvaloración de los oficios que hacemos en el campo”.

Este día conmemoramos junto a todas las mujeres sus luchas, resistencia y persistencia para continuar trabajando junto a ellas por la reivindicación y defensa de sus derechos. 

Jennipher Corredor
Equipo comunicaciones

 

 

Una de las mayores preocupaciones que mostraron los miembros de las FARC en la mesa de diálogos ante su desmovilización fue el fenómeno del paramilitarismo. El punto 3 del acuerdo Fin del conflicto incluye varias medidas que buscan erradicar estos grupos. Víctor Barrera, coordinador del equipo Conflicto,  Estado y Desarrollo, habla de los grupos paramilitares y de los riesgos que estos representan para la implementación de los acuerdos.

¿Cuál es el estado actual del paramilitarismo en el país?

Víctor Barrera

La discusión sobre el paramilitarismo ha sido muy coyuntural. Llevamos una década discutiendo si son bandas criminales, como las denomina el gobierno, o si son el paramilitarismo tal cual como se vivió en el país. Para no caer en esa discusión, uno podría denominar unas ofertas de seguridad privada atadas a agendas locales y a unos intereses muy concretos de mantener el statu quo. Esas son unas tendencias que se ven a lo largo de más de cuatro décadas de paramilitarismo en Colombia.

Hay muchas similitudes en la continuidad territorial, en algunos municipios se ha concentrado este fenómeno históricamente. Entre estos grupos de la actualidad existen ejercicios de la violencia, administración de mercado ilegales y un portafolio de criminalidad mucho más grande de lo que conocimos como paramilitarismo en años anteriores.

¿Cómo entender el tema de las Bacrim?

Dentro del Cinep/PPP no hay un consenso de cómo denominarlos. Yo prefiero denominarlos como grupos armados posdesmovilización, porque es escapar a esa discusión de si son o no paramilitares y entrar a analizar lo que hacen y por qué lo hacen.

En términos generales, después de la desmovilización de los paramilitares hubo un descenso en la violencia letal. Algunos sectores del gobierno interpretan estas cifras con un error que es confundir la estrategia de la violencia con la capacidad efectiva de estos grupos. Ese cambio en la dinámica de la violencia tiene que ver con un cambio estratégico en el posicionamiento. Años atrás estos grupos tenían fuertes alianzas con sectores estatales en la lucha contra la insurgencia pero luego de la desmovilización hay una política por mostrarlos como enemigos del Estado y se despliega toda una ofensiva para combatirlos. En ese contexto se entiende por qué la violencia letal no hace parte de un repertorio dominante de estos grupos sino que la amenaza es mucho más efectiva porque es menos costosa y tiene menos riesgos políticos y judiciales para ellos.

En el sentido estricto, estas organizaciones no son reincidencias del paramilitarismo. Aquí lo que hay es una capacidad de movilizar nuevo recurso humano que está formado, que tiene habilidades criminales y que sabe vender su fuerza de trabajo en un mercado ilegal.

¿Qué está pasando con los asesinatos y amenazas a líderes sociales?

No hay una gran organización detrás de estos hechos. Lo que hemos visto y que nos llama la atención es que tenemos un número de líderes sociales asesinados similar al que experimentó el país en 2002, solo que en ese año los índices de violencia eran muy altos. Es anormal que tengamos el mismo número de muertos en magnitudes de conflicto tan distintas.

Tenemos cifras de asesinatos de líderes sociales dramáticas en un contexto dónde la magnitud del conflicto armado ha disminuido a niveles históricos, por lo tanto, no es un efecto colateral ni aleatorio de la confrontación armada. Hay unas condiciones estructurales a nivel local y unos intereses muy concretos que permiten que se reproduzca la violencia contra líderes sociales. Es importante insistir en que las dinámicas de la violencia no letal a nivel de amenazas son dramáticas. A los líderes sociales ya no solo se les quieren eliminar sino también generar un ambiente de zozobra constante.

En lo que llaman las Bacrim hay un giro organizacional muy importante. Ya no son estructuras jerárquicas sino una serie de facciones que se van recomponiendo mucho más rápido. La violencia ejercida por estos grupos tiene un sentido de resolver disputas alrededor de mercado ilegales.

Son las agendas locales que en coyunturas específicas activan la violencia contra los líderes sociales. Por ejemplo, son diferentes las condiciones de los asesinatos de líderes que promueven la sustitución de cultivos en una zona como el nudo del paramillo, que es una zona de mercado histórica donde convergen el cultivo, el procesamiento y la exportación, con las condiciones que viven los líderes sociales de otras zonas como San Vicente del Caguán.

Hay gente que todavía está en el debate conceptual de si son o no paramilitares y si hay una gran estrategia para boicotear el proceso de paz, pero son las condiciones a nivel local que permiten la reproducción de la violencia contra los líderes sociales. Aparte, yo diría, en principio, que no existe esa gran estrategia porque las posibilidades de que todos estos grupos se coordinen son muy costosas.

¿Cuáles son los retos en la política pública de protección a desmovilizados y a líderes sociales?

Con la unidad de protección que existe hoy no hay cómo garantizar seguridad, así que  lo primero es crear una nueva institucionalidad en función de brindar esas garantías. Puede haber una iniciativa a nivel nacional, pero que prescinde del conocimiento local para poder hacerle frente a las posibles amenazas. Es necesario tener una fuerza mucho más especializada en la protección de los líderes en sus territorios.

A finales del año pasado el Ministerio de Defensa Nacional autorizó los bombardeos contra las bandas criminales. ¿Cómo modifica esa decisión la dinámica del conflicto?

Atender este fenómeno necesita tomar decisiones de mediano y largo plazo. Políticamente hay presión para dar resultados de corto plazo y esa ha sido la política de objetivos de alto valor:  considerar que capturando cabecillas, mandos medios y enlaces  claves en las áreas financieras de estas organizaciones, se van a desarticular. Es casi el mismo modelo que se usó con las FARC, solo que con la guerrilla había unas condiciones diferentes. En las FARC los combatientes rasos dependían de sus mandos medios y altos, pero en los grupos posdesmovilización, como no tienen estructuras jerárquicas, esas capturas no inciden mucho porque simplemente ponen a alguien más.  La estrategia militar de dar capturas o bajas a integrantes de esos grupos es muy rentable políticamente y en la opinión pública, pero no da resultados a mediano y largo plazo.

Desde el equipo estamos manejando una hipótesis de trabajo: en México se implementó una estrategia muy similar a la de objetivos de alto valor y mostró que aparte que no resuelven el problema principal, genera una violencia mayor en el área donde operan esos grupos.

¿Cómo se deben manejar la política de los mercados ilegales para que se adapten a lo acordado con las FARC?

Yo tengo una visión muy pragmática sobre este tema teniendo en cuenta que la dinámica de los mercados ilícitos no se va a resolver en dos años, pero sí se pueden tomar unas medidas encaminadas a la reducción de la violencia mientras se prepara el terreno para reemplazar los mercados ilegales. Lo primero que hay que tener en el contexto de la implementación son unos factores mínimos de seguridad tanto para los desmovilizados como para las comunidades que los van a recibir. La propuesta de desarrollo regional debe incluir ofertas económicas, educativas, familiares para que los desmovilizados no vuelvan a la ilegalidad y para que las propias comunidades no vean en los mercados ilegales una opción.

¿Qué hacer frente a estos grupos de cara a la implementación de los acuerdos de La Habana?

Hace falta una política orientada hacia la judicialización de la macrocriminalidad. Toda la estrategia se ha concentrado en la militarización pero no hay un componente de justicia que pueda atender el fenómeno. El Ministerio maneja cifras de cerca de 17.000 miembros de estas organizaciones que han sido capturados entre 2007 y 2015, pero no hay pruebas para judicializarlos y vuelven a las calles a delinquir.

Hay una estrategia pero es la más costosa tanto en términos económicos como políticos porque no muestra resultados a corto plazo y consiste en generar dinámicas de desarrollo que desactiven estos grupos. Cuando se genera una capacidad de desarrollo a nivel regional  se agotan las dinámicas de los mercados ilegales y quedan sin margen de manejo estos grupos.

Un tercer elemento está relacionado con lo que Isaac Beltrán ha denominado las carreras criminales. Hay personas que una vez se inician en el mundo criminal en delitos menores, generan una inercia y las posibilidades de sacarlas de esa carrera criminar son muy costosas o muy difíciles de implementar. En los territorios donde actúan estos grupos no hay una política concreta dirigida a la juventud rural o semiurbana que es el caldo de cultivo de las organizaciones ilegales.

Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones
 

El cáncer letal de la corrupción llevó al departamento de La Guajira a una de sus más graves estados de ingobernabilidad, crisis social y financiera. En los últimos días fue necesario que el Gobierno nacional interviniera, de manera temporal, los recursos de salud, educación y agua potable. Esto significa que el departamento no podrá manejar los recursos de los ciudadanos, hasta por tres años, los setecientos ochenta y cinco mil millones de pesos que la Nación le transfiere anualmente por el Sistema General de Participaciones, para invertir en educación, salud y agua potable.

Estos recursos a partir de la fecha y hasta que se considere conveniente, pasarán a ser manejados directamente por Bogotá. Esta medida extraordinaria y tardía, es parte de un plan de contingencia para hacerle frente a la crisis social que vive la mayoría de los pobladores de esta región. La gota que rebozó la copa fue la reciente captura del último gobernador, Wilmer González Brito, quien fue enviado a la cárcel por fraude electoral y corrupción, entre otros delitos. En su reemplazo, el presidente Santos nombró a Weildler Guerra Curvelo, un académico reconocido por sus estudios de la cultura wayúu y miembro de la Academia de Historia de Colombia.

Pero alrededor de este hecho lo más indignante es la realidad que expresan los datos sobre lo que viven las comunidades guajiras: es el único departamento de Colombia donde existen quince mil niños sin educación. Se estima que alrededor de quince mil niños guajiros se encuentran en situación de desnutrición por falta de recursos básicos, según la Procuradora Delegada para la Infancia y Adolescencia de Colombia, Ilva Myriam Hoyos, quien desde hace más de un año calificó de “indignante” lo que sucede en este territorio. A esto se suma que solamente tres de los quince municipios suministran agua potable y se tiene evidencias de que los dineros para financiar acueductos, mejoramiento de escuelas, alimentos para estudiantes y las jornadas de vacunación, se los han robado. Muchos ciudadanos guajiros están cansados de esta situación, denuncian y hacen propuestas, pero en su contra está la acción de los políticos clientelistas tradicionales que siguen siendo un pequeño pero poderoso grupo que maneja la vida de la región.

El Obispo de Riohacha, Héctor Salah Zuleta, en una homilía de la festividad de Nuestra Señora de los Remedios expresó, que para llegar a la Guajira que soñamos, es vital “enfrentar la corrupción para cerrarle el paso a la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en los espacios de representación y deliberación política. Es importante que los recursos públicos sean ejecutados allí en donde debe ser: en la garantía de los derechos ciudadanos.”

* Editorial presentada el domingo 5 de marzo del 2017, en el programa radial de RCN “Notas humanas y divinas”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director general Cinep/Programa por la Paz