Apr 26, 2017

DOSSIER: NEO-EXTRACTIVISMO

Luego de las crisis de los modelos de sustitución por importaciones y la subsiguiente hegemonía de los dogmas neoliberales focalizados en la valoración financiera, hace ya más de una década se asiste a un proceso sostenido de reprimarización de las economías latinoamericanas. El anterior escenario sugiere la instalación de un nuevo consenso pos-neoliberal, estructurado bajo la articulación de la mayor parte de las economías regionales a la cambiante división del trabajo globalizado. De acuerdo con Maristella Svampa a dicho acuerdo, sustentado en la exportación de bienes primarios a gran escala y bajo términos de intercambio desigual, se le ha conocido como la “Inflexión Neo-extractivista” o el “Consenso de los Commodities”.

Bajo la lógica promovida por el Consenso de los Commodities los recursos capturados por el Estado a través de las rentas extractivistas, son justificados por los gobiernos a la izquierda y la derecha del espectro político, en la medida que le permiten aumentar sus ingresos dirigidos a invertir en políticas sociales. Sin embargo, para el caso colombiano varios autores vienen advirtiendo los posibles efectos de la inflexión Neo-extractivista. Por lo general se ha señalado la desarticulación de las economías territoriales, la inviabilidad ambiental de los territorios. Así mismo se ha señalado los peligros sobre aquellos espacios que por su naturaleza comunal no estaban formalizados desde el punto de vista de la propiedad, o se encuentra habitados por comunidades étnicas o de campesinos afectados históricamente por fenómenos de violencia reiterada. Ambas dinámicas, tanto la necesidad estatal de generar rentas para mantener sus promesas de inversión en lo social, como la destrucción progresiva de los recursos ambientales y de las economías regionales comunitarias hacen parte de un mismo fenómeno que autores como Eduardo Gudynas caracteriza como un “Neo-extractivismo progresista”.

Teniendo en cuenta el anterior panorama, la presente convocatoria del número 208 de la Revista Controversia, invita a participar con sus trabajos a autores nacionales y extranjeros en torno al fenómeno Neo-extractivista. Específicamente, será de sumo interés las reflexiones que se preocupen por: i) la instalación de nuevos enclaves productivos en un contexto de reprimarización de las economías latinoamericanas; ii) las posibles correlaciones entre Neo-extractivismo y violencia; iii) los movimientos poblacionales producto de los reacomodamiento productivos o de la instalación logística de megaproyectos; iv) los procesos de resistencia y organización social frente a los agenciamientos neo-extractivistas, así como las posibles negociaciones o gestión a dichos conflictos.

En este número contaremos nuevamente con la colaboración del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, ente con la cual hemos establecido un convenio para publicar la revista junto con la cooperativa Confiar.

Director de la Revista: Mauricio Archila

Editor encargado del dossier: Carlos Duarte, Instituto Estudios Interculturales Universidad Javeriana      


Cronograma editorial

Apertura de la convocatoria: 6 de diciembre de 2016

Cierre: 15 de marzo de 2017

Los textos podrán ser enviados a las siguientes direcciones: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Instructivo para autores

 

 

 

 

 

Fernán González ha sido investigador del CINEP/ Programa por la Paz durante 45 años, sus principales campos de investigación son el análisis de las relaciones entre Iglesia y Estado en la historia colombiana, los procesos de formación del Estado-nación en Colombia y América Latina, y más recientemente, el trasfondo histórico de las violencias en Colombia.

El interés de Fernán por explicar la violencia desde la historia ha sido un proceso gradual, que empieza cuando se traslada de Barranquilla a Cali para hacer su apostolado en los barrios pobres de la sultana del valle. 

Es pertinente resaltar que Fernán González ha sido destacado como referente de la Ciencia Política colombiana (en el libro publicado recientemente «La ciencia política en Colombia ¿una disciplina en institucionalización?»), y como el autor con la mayor capacidad para integrar las diferentes áreas de esta disciplina, pues ha tenido la habilidad de «viajar» entre las distintas áreas de la ciencia política en el país.

Él ha sido formador de investigadores y siempre ha hecho énfasis en que sus investigaciones y reflexiones son posibles gracias al trabajo de su equipo de Violencia Política y Construcción del Estado, con el que ha logrado que el campo de las ciencias políticas en Colombia transite por problemas territoriales y combine las miradas escalares con la conciencia de la larga duración.

Gracias a su trabajo contamos con una mirada histórica que no sólo reconstruye los procesos políticos sino que propone alternativas para la comprensión del funcionamiento del Estado colombiano y, sin duda, de otros Estados Latinoamericanos.

En la obra de Fernán se encuentran los análisis sobre el desarrollo de las fronteras, las variaciones económicas en las regiones, las estructuras políticas locales, las dimensiones territoriales del conflicto, así como su historia y adaptaciones que dan luces sobre «las posibilidades de consolidar relaciones ciudadanas de convivencia y fortalecer las instituciones en las regiones que han sufrido esos fenómenos».

La trayectoria de más de 40 años de investigación del P. Fernán González S.J., se recoge en sus páginas, y al mismo tiempo propone pistas para nuevas investigaciones sobre el funcionamiento de la política, el proceso del conflicto armado y la construcción del Estado colombiano.

Fernán quiere ser recordado como un maestro, el legado que queda en sus alumnos es el acumulado que se proyecta más alla de la coyuntura actual, es el aporte al entendimiento del país.

 

Ante la opinión pública organizaciones sociales compartieron los principales obstáculos y dificultades que se están presentando en las regiones y que dificultan la restitución integral de los derechos territoriales. 

 

Una ola de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos tiene alarmado al país. Los crímenes han ido in crescendo durante este año. Distintas ONG de derechos humanos así como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, han alertado sobre el recrudecimiento de las amenazas y asesinatos en los últimos cuatro años. En los primeros nueve meses de 2016 mataron a cincuenta y cuatro de ellos; treinta y uno de estos graves hechos han ocurrido en los últimos tres meses. El promedio es de uno cada tres días. Crímenes como el de Erley Monroy, líder de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero; Didier Losada, presidente de la Junta de Acción Comunal de Platanillo, en Uribe, Meta; Marcelina Canacué, lideresa integrante del movimiento político Marcha Patriótica de Palermo, Huila; Néstor Iván Martínez líder de las comunidades negras de Cesar y opositor de la minería; Maria Fabiola Jiménez, lidereza comunitaria de Barbosa, Antioquia; Roberto Taicus Bisbicus, líder del pueblo indígena awá y profesor en zona rural de Tumaco; Nereo Meneses, Joel Meneses y Ariel Sotelo, defensores del medio ambiente líderes de Almaguer, Cauca, y miembros del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), opositores a la minería y a la siembra de cultivos ilícitos en su territorio.

Para algunos analistas esta realidad puede ser una advertencia de sabotaje al proceso de paz, pues varios de estos atentados han afectado a líderes de comunidades cercanas a las zonas veredales donde se concentrarán las FARC, y pertenecen a organizaciones sociales que respaldan el proceso de paz. En esta lógica, los asesinatos pueden ser una respuesta de sectores que no se resignan a que el acuerdo de paz se implemente y tratan de romperlo violentamente. Por su parte, el Estado hasta ahora ha respondido con una protección individual a los líderes, pero no está implementado una verdadera estrategia de seguridad integral para los territorios, esta estrategia está contemplada en el acuerdo de paz firmado y debería implementarse cuanto antes. Cinep/Programa por la Paz expresa su preocupación por esta ola de asesinatos que generan un escenario incierto para la implementación de los acuerdos de paz. Es imperativo que el Presidente de la República tome medidas inmediatas para garantizar la vida de todos los líderes, liderezas sociales y defensores de derechos humanos. No basta con firmar un acuerdo si la vida sigue siendo violentada, si la palabra de quienes piensan diferente se calla con los fusiles. El nuevo acuerdo firmado, entre el gobierno y las FARC, el pasado 24 de noviembre, es el punto de partida para este propósito. Al respecto, el Episcopado Colombiano expresa: “Con espíritu de servicio, acompañaremos la implementación del acuerdo, como voz profética que interprete al pueblo colombiano, y de modo especial, a las víctimas del conflicto armado, a los campesinos, a las minorías étnicas y a los más pobres. Es hora de reconciliación, de unidad y de compromiso”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/Programa por la paz

Como Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (Cinep/PPP) expresamos nuestra preocupación por la creciente ola de asesinatos a líderes comunitarios. Es el caso de la señora Marcelina Canacué de 60 años de edad, reconocida líder integrante del movimiento político Marcha Patriótica y adscrita a la Junta de Acción Comunal de la vereda Versalles, jurisdicción del municipio de Palermo, Huila, quien fue asesinada el pasado 25 de noviembre, Día de la no violencia contra las mujeres. Advertimos que este tipo de acciones repetidas buscan generar un ambiente de inestabilidad y hostilidad para la implementación de los acuerdos de paz con las FARC.

Es imperativo que el Presidente de la República tome medidas y acciones inmediatas para garantizar el derecho a la vida de todos los colombianos y que agilice la realización de dicho acuerdo sin poner en riesgo a las víctimas y a los líderes sociales.

Nuevamente alertamos sobre el riesgo en el que se encuentran los defensores de derechos humanos. Tan solo en el tercer trimestre del año se registraron 19 homicidios y 37 amenazas a mujeres y hombres integrantes de organizaciones y movimientos sociales que amedrentan la participación ciudadana. No basta con firmar un acuerdo de paz si la vida sigue siendo amenazada, si la palabra de quienes piensan diferente es amordazada y silenciada, si la acción de quienes deciden defender los derechos propios y de otros es callada por una violencia dirigida y orientada hacia el terror.

Por eso hacemos un llamado de urgencia al presidente de la república, señor Juan Manuel Santos Calderón, en su calidad de jefe de Estado y comandante supremo de las fuerzas armadas, para que se implementen –cuanto antes y con la necesaria decisión– las herramientas y protocolos para combatir el paramilitarismo y los grupos armados que se han organizado tras su desmovilización; brindar protección a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, y garantizar su derecho a la vida.  Todo lo anterior en coherencia con el Acuerdo para el logro de una paz estable y duradera para Colombia.

Reiteramos nuestra preocupación por las víctimas y por las personas que lideran procesos en defensa de la dignidad humana. A ellas nuestra solidaridad y respaldo en este momento de la historia que esperamos no deje más dolor ni muerte en la memoria de nuestro país. Por eso, trabajamos  por el cuidado y la defensa de la vida, porque ella es sagrada.

Es tiempo de reconocer la diferencia, de aceptar que existe en Colombia una deuda histórica con una parte de la población que ha sido excluida y que reclama su derecho a participar, a ser reconocida, escuchada en la defensa de sus territorios y valorada políticamente como un actor legítimo. Es necesario seguir trabajando en el fortalecimiento de la democracia y del ejercicio de la  política sin violencia.

Estos más de cuatro años de negociación en La Habana y el nuevo acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016, deben ser entendidos como el punto de partida de un proceso largo que busca, en medio de las diferencias, contradicciones y acuerdos, la construcción de la paz sin la mediación de la violencia, para  hacer de Colombia un país más justo, sostenible y en paz.

Cinep/Programa por la Paz.

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