En Tumaco, la sociedad civil le ha perdido el miedo a los violentos

Como una máquina de hacer banderas, unas diez mujeres están reunidas al atardecer en la Diócesis de Tumaco. Producen en masa y con rapidez los mensajes que utilizarán los tumaqueños que saldrán al otro día a las calles. Se ha declarado día cívico y el comité impulsor de la marcha Tumaco, unidos por la vida y la justicia espera que salga a las calles toda la población del municipio.

Los últimos dos años han sido complejos para la realidad de los habitantes de Tumaco y en especial para los que habitan la costa pacífica nariñense. El orden público se ha visto alterado por la inferencia de diferentes grupos armados, por el control que tienen en la zona los narcotraficantes, las amenazas, extorsiones, reclutamiento de jóvenes y recientemente, el asesinato en territorio fronterizo de los dos periodistas y el conductor del diario El Comercio de Ecuador, adjudicado a alias ‘Guacho’.

Entre marzo y abril los grupos armados ilegales han derribado cinco torres de energía y dejaron 15 días sin servicio de electricidad a los 250.000 habitantes del municipio. En lo que va de 2018 el oleoducto Trasandino ha sido blanco de 11 atentados, el más reciente afectó las corrientes de la quebrada La India y el río Caunapí, en el corregimiento de la Guayacana a tan solo 40 minutos del municipio de Tumaco.

No es la primera movilización que se realiza en el municipio ni la última que veremos en este año. El comité de impulso, conformado por sectores del comercio, por varias organizaciones sociales y por la Diócesis de Tumaco planean seguir manifestándose en otras capitales del territorio nacional y si es necesario llegar a Bogotá con sus exigencias para el Gobierno nacional y el mensaje a los armados a que paren la violencia.

Las mujeres organizan los mensajes que cada una llevará a sus respectivos puntos en la marcha y poco a poco va quedando en silencio la Diócesis. Se escuchan a lo lejos los cantos de la misa de las seis de la tarde y las motos que pasan en la calle más cercana a la casa. Olga recoge el colbón, los recortes de papel, organiza las sillas y comienza a cerrar puertas y a apagar las luces. Su oficina es oscura y está llena de papeles y revistas. Hay un mapa grande de Nariño junto a su computador y en una biblioteca hay varios ejemplares de ¡Que nadie diga que no pasa nada! la revista que el Observatorio de Derechos Humanos de la Diócesis de Tumaco publica cada seis meses con las cifras de violencia política que, desde allí, Olga registra y compila.

Cuando le pregunto cómo se siente, me mira a los ojos y respira profundo. “Es frustrante porque le toca a uno registrar todos los casos. Yo llego a mi casa abrumada con dolor de cabeza registrando, analizando, escribiendo informes con una cosa y otra. Con ganas de saber que lo que estoy haciendo ayuda a que otras personas sepan lo que está pasando en el territorio. Que miren que, en Tumaco, a pesar de tener tantas cosas violentas, se realizan acciones que ayudan a reivindicar la vida en el territorio”.

Olga Rojas es una morena joven de sonrisa amplia. Además de su trabajo en la Diócesis, hace parte del grupo de Teatro por la Paz, que nació en la Comisión de Vida, Justicia y Paz en 2009. El grupo de teatro es la parte visible de los casos que registra la revista Noche y Niebla del Cinep/Programa por la Paz, me dice Olga. “¿Qué hace el grupo? Toma algunos casos, los más representativos de violencia que tiene el municipio y los representa por vía teatral. Utiliza el arte para visibilizar y sensibilizar lo que pasa en el territorio, en los nueve municipios. Toca temas de desplazamiento forzado, violaciones, feminicidios, todos esos temas sensibles para la comunidad y ayuda a que la comunidad sea consciente. Lo que pasa es que muchas personas han perdido esa sensibilidad”.

El trabajo de las mujeres en Tumaco es intenso. El movimiento por la vida, es abanderado por ellas. En las parroquias son ellas quienes lideran las campañas de prevención al reclutamiento y en la Pastoral Social, son mayoría. Olga afirma que “las mujeres en la historia de Tumaco, hemos tenido un rol especial. Somos las que estamos en los espacios de difusión, de discusión y las que abanderamos los procesos de movilización desde las parroquias, motivando para que la gente pueda asistir”. Sin embargo, ha sido difícil organizarse como sociedad civil en el municipio. El trabajo que están realizando actualmente les apunta a los jóvenes, pues son ellos quienes están sufriendo las consecuencias inmediatas del traslado de las dinámicas del conflicto a sus barrios y entornos más cercanos.

“Usted va a los barrios y los barrios están solos, la gente se encierra a las siete de la noche y ya no sale. En marzo hubo cuatro asesinatos por balas perdidas. Uno no sabe si su casa es segura a tal punto que una bala perdida la pueda alcanzar. Si una discoteca es segura porque puede estar una persona diferente y puede entrar a asesinarlo como ya pasó en una discoteca acá en Tumaco, si el andén de su casa es seguro. En el mes pasado, cuatro integrantes de un grupo armado que todavía no se han identificado, por toda la avenida férrea, empezaron a disparar a toda la gente que estaba afuera, entonces uno dice bueno, ¿en qué estamos?”.

Los jóvenes están desertando de las instituciones educativas y están ingresando a los grupos armados. Se parquean en las esquinas con armas afuera, haciendo vigilancia. Contrastes que, para ser la Región Perla del Pacífico, no se pueden normalizar, afirma Olga.

Al otro día, Olga se ve más tranquila que la noche anterior. Está atareada y sonriente. El Teatro por la Paz de Tumaco sube a la tarima y las actrices, algunas víctimas del conflicto armado, acompañadas de un niño y otros jóvenes, comienzan la puesta en escena. Cantos, alabaos y arrullos; máscaras, trajes coloridos y cuerpos que narran sus memorias y las de otros se presentan ante más de 2.000 personas que llenaron la vía principal del municipio.

No hay cámaras. A las 2:00 p.m. todo vuelve: el ruido de motos y la multitud vuelve a su rutina. Bogotá queda a 1.121 kilómetros de distancia. Del Estado se ven las botas militares en las calles y la Defensoría del Pueblo que acompañó a la marcha ese día.

En el avión, vuelvo a Nora quien decía: “En una reunión que tuvimos, me llamó mucho la atención que uno de los ponentes decía que la sociedad civil le ha perdido el miedo a los violentos. ¿Qué más puede uno entregar si ya hemos dado casi todo para que esto cambie?”. Y yo, ¿qué tanto he entregado? ¿Qué más puedo dar?

 

Miremos a Tumaco hoy*

Contrario a muchas regiones que han sido afectadas históricamente por el conflicto armado, Tumaco y gran parte de la costa pacífica se insertó de manera tardía al conflicto armado en el sentido en que fue más resultado contingente, no previsto, de las decisiones estratégicas del Estado nacional para combatir a la insurgencia y una respuesta o una adaptación de las guerrillas para evadir esas decisiones en materia de contrainsurgencia.

En ese sentido, cuáles son los dos elementos que caracterizan la situación actual: primero, una importante presencia de cultivos ilícitos como respuesta a las políticas estatales de erradicación de cultivos y con ellos fue una población colona que es migrante y flotante, que va detrás de esta economía ilegal. Segundo, que producto de esa estrategia contrainsurgente y su “éxito”, lo que se dio fue el agazapamiento, refugio e inserción de las guerrillas en esta zona. ¿Por qué? Si bien el gobierno de Álvaro Uribe fue exitoso en pacificar las zonas más integradas, fue todo un fracaso a la hora de derrotar las insurgencias en las zonas más marginales del país.

En este sentido, con el traslado de los cultivos y de las estructuras armadas, las guerrillas se volvieron, de cierta manera, garantes y controladores del orden social, porque, a diferencia de otras zonas del país marginales, Tumaco no era ni si quiera el margen o la frontera del país sino es lo que hemos llamado en las investigaciones, la frontera dentro de la frontera. En los años 90 estas zonas eran caracterizadas por ser un remanso de paz, donde no había muertes relacionadas con la violencia política o con las economías ilegales, pero producto de lo anterior, todo eso cambió.

Con la inserción de los cultivos ilícitos, con la llegada de la población flotante y con las anomalías que se produjeron social y culturalmente, los actores armados encontraron una posibilidad de volverse unos actores importantes en materia de control y regulación. Las FARC nunca habían recibido grandes golpes en esta zona, eran un ejercito fuertemente constituido con capacidades de control que si bien no tenian buenas conexiones con la población garantizaban una cierta estabilidad en el ordenamiento local y sobretodo en la zona de presencia de cultivos ilícitos.

Una vez se desmovilizan las FARC hay una serie de disidencias que emergen, bien por estar en desacuerdo o persiguiendo el lucro personal, ya que son los cuadros medios los que tienen capacidades de controlar no solamente a la población sino todos los eslabones asociados a la economía de la coca.

En ese sentido se ve que ellos están replicando lo que hacían las FARC en años pasados, es decir, mantener un control social en el sentido que no se produzca delincuencia común, dirimir tramites de la vida cotidiana de los pobladores (linderos, parejas, etc.), garantizarle a la población un minimo de subsistencia que viene de la coca y satisfacer esas aspiraciones de ascenso social que no se dan en estas regionales marginales porque no hay oportunidades para la mayoría de la población.

Al revisar más allá es claro, por ejemplo, que el mayor empleador de esta zona es el Estado colombiano y eso dice mucho de las condiciones económicas y sociales de esta parte del país. En este sentido, las disidencias no tuvieron que improvisar o innovar porque volvieron a replicar lo que estaban haciendo.

Dos cuestiones hacen del pacífico nariñense un territorio tan problemático:

  1. El proceso de victimización que han sufrido los procesos organizativos, sociales y comunitarios que también revelan un impedimento estructural de esas insurgencias: nunca se pudieron conectar con las demandas locales y las reivindicaciones afro. El marxismo no ‘pegaba’ con ese elemento de identificación y eso se evidencia en los altos niveles de violencia, que se han replicado en días pasados en contra de quienes cuestionan el orden armado de las disidencias, quienes se oponen o quienes se atreven a mantener un contacto con el Estado. El mejor caso es el asesinato de líderes que han estado a favor del proceso de restitución y sustitución.
  2. Sin duda alguna el pacífico nariñense no hubiera sido tan importante si alias ‘Guacho’ no hubiera tomado la decisión de asesinar a los periodistas y al conductor ecuatoriano, eso es lo que hace relevante el caso de Tumaco en este momento. A lo que se suma la intervención estatal para el tema del manejo de la protesta social sobre el que tuvimos un antecedente nefasto: la masacre que se produjo en la zona del Alto Mira y frontera en octubre de 2017. En ese sentido, en lo que nos encontramos ahora es que tenemos un área de frontera, que el Estado no puede copar el territorio ni garantizar ni regular ni controlar los aspectos cotidianos de la vida local.

En ese sentido las operaciones militares lo que muestran es lo inefectiva de la intervención estatal porque se supedita a intervenciones puntuales para ‘apagar incendios’, pero no para acabar con las posibilidades que tienen una oferta bienestarista de regulación de una economía ilegal como es la que se viene dando con las disidencias y la economía de la coca. Es decir, no se han creado círculos económicos virtuosos que abran una ventana de oportunidad para crear nuevas maneras de ascenso social. Mientras no se produzca eso, la coca y la vida en la guerra van a ser una oportunidad y una opción viable para los jóvenes en Tumaco.

Vivir en Tumaco

Tumaco es pequeño en el casco urbano, pero es el tercer municipio más grande del país. Habría que hacer diferencias. La vida militarizada en Tumaco no se refleja en algunas zonas que son más integradas a la vida nacional como la zona centro. Son barrios marginales que precisamente reproducen problemas estructurales de la sociedad colombiana, como, por ejemplo, la migración del ámbito rural hacia las zonas urbanas para huir de esa violencia. La respuesta o la inadecuada respuesta del Estado hace que se perpetuen y se puedan dar ofertas vinculatorias a economías ilegales y a los grupos armados.

Sin duda alguna, Tumaco se ha movido para integrarse al país desde los años 90 con, por ejemplo, la carretera que lo comunica con Pasto, la electricidad y otros servicios que anteriormente eran inimaginables que estuvieran, pero no es suficiente y en esto tiene una gran influencia el conflicto armado. Lo que se ve es que el accionar de estos grupos está afectando más a la vida general de la población con la voladura de torres electricas o de oleoductos, pero es algo contingente y de la vida local.

Qué dice la movilización social

El mensaje es al Estado exigiendo intervenciones estatales integrales y, por otro lado, es un mensaje a los armados en el que les dicen que sus métodos y formas de proceder están afectando la vida de la población y esto puede superar nuestro umbral de tolerancia frente a su orden y presencia.

 

*Texto elaborado con base en entrevista realizada a Andrés Aponte, coordinador del equipo de Estado, conflicto y desarrollo.

Laura Inés Contreras Vásquez 
Equipo Comunicaciones Cinep/PPP

 

La historia de la energía eléctrica nace a mediados del siglo XVIII con Franklin y Volta. En la tercera década del siglo XIX Faraday crea un generador de energía y a finales de este siglo Swan y Edison crean la bombilla eléctrica. Por este tiempo se construyen las primeras hidroeléctricas en el mundo y Colombia entra rápido en este camino. La Compañía Eléctrica de Bucaramanga en 1890 construyó la Planta de Chitotá, en el río Suratá, primera hidroeléctrica del país. Pero es entre los años 70 y 90 del siglo XX que se construyen grandes hidroeléctricas como San Carlos, Chivor, Betania, Guatapé, Guavio y el país se interconecta. Sin embargo, este gran desarrollo de infraestructura no tuvo un esquema adecuado de financiación que garantizara su sostenibilidad, ni se estudió suficientemente el impacto social y ambiental de estos proyectos.

La historia de Hidroituango, uno de los proyectos más importante del país, comenzó hace 158 años, pero parece no leyó las lecciones de otros proyectos similares en Colombia. Hoy está en riesgo y seis municipios en alerta máxima: Ituango, Valdivia, Briceño, Tarazá, Cáceres y Caucacia. Según la Unidad nacional de riesgo y desastres, cerca de siete mil personas evacuaron sus casas y más de cien mil están en riesgo si colapsa la represa. La cuenca del río Magdalena, a la que pertenece el rio Cauca e Hidroituango, tiene 33 hidroeléctricas operando y dos en construcción, esto tiene efectos sobre la salud de toda la cuenca e impacta las planicies inundables en la Depresión Momposina en Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre. A esto se suma el estudio de 99 proyectos hidroeléctricos en la cuenca del Magdalena para alcanzar la meta de generación de energía que necesita el país en el 2050. Según estudios realizados por investigadores colombianos y extranjeros, publicados en la revista Hidrología y Ciencias de los Sistemas Terrestres, en mayo del presente año, si estos desarrollos no se sustentan en un enfoque de impacto ambiental integral y solo hacen estudios de impacto ambiental limitados al ecosistema puntual donde se planean ubicar, se seguirán produciendo impactos sociales, ambientales y económicos negativos en la cuenca del Magdalena. No se trata de desechar las hidroeléctricas sino de reconocer y minimizar los impactos con alternativas viables. La tendencia mundial es hacia formas de producción de energía menos impactante y Europa estudia la remoción de sus hidroeléctricas.

El número 183 de Laudato Si nos dice: “un estudio del impacto ambiental no debería ser posterior a la elaboración de un proyecto o de cualquier política a desarrollarse. Tiene que insertarse desde el principio y elaborarse de modo interdisciplinario, transparente e independiente de toda presión económica o política. Siempre es necesario alcanzar consensos entre los distintos actores sociales, pero en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo que quieren para ellos y sus hijos, y pueden considerar los fines que trascienden el interés económico inmediato”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

En el mes de junio invitamos a celebrar, reconocer y luchar por los derechos del campesinado nacional, mujeres y hombres que buscan pervivir en el territorio conservando las semillas nativas y criollas como base para la soberanía alimentaria y la autonomía económica de las comunidades. Por lo anterior presentamos el documental: Los Colores del Maíz, que recoge el proceso de declaratoria del municipio de San Lorenzo, Nariño, como Territorio Libre de Transgénicos ¡Por las Semillas, el Territorio y la Vida!

Esta es una iniciativa liderada por la Red de Guardianes de Semillas de Vida en el marco del convenio Construyendo Paz con Equidad desde Nariño y en articulación con las organizaciones de mujeres, líderes y comunidades pertenecientes a la Red de Familias Lorenceñas Las Gaviotas, la Pastoral Social de la Tierra, entre otros.

La propuesta sigue caminando desde las comunidades, quienes avalaron con sus firmas el acuerdo, siguen con la recuperación de semillas criollas y vigilan el ingreso de nuevas semillas que vienen desde el exterior, además, le apuesta a nuevos Territorios Libres de Transgénicos en diferentes zonas del país buscando caminar hacia una Colombia libre de cultivos transgénicos. 

El Convenio de Cooperación para el Desarrollo: “Fortalecer y visibilizar a las mujeres, a través de sus organizaciones y redes, y apoyar sus iniciativas de desarrollo local y construcción de paz, en Colombia”, denominado “Construyendo Paz con Equidad desde Nariño”, código: 14-CO1-332, es ejecutado por el Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP/PPP, quien es el socio local de la Fundación Humanismo y Democracia – H+D, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de ese país, cuyo trabajo se enfoca en las organizaciones pertenecientes al socio local como es Fundación del Suroccidente y Macizo Colombiano – FUNDESUMA, y aliados en territorio como Pastoral Social de la Tierra y Red de Guardianes de Semillas de Vida – RGSV.

 

Realización:

  • Lizeth Guerrero
  • Juan Carlos Revelo Piarpuzán
  • Jorge López Moreno
  • Alba Portillo

Musicalización:

  • Urku Nina

Compositores:

  • Pablo Tisoy
  • Diego Artemio Barrera
  • Juan Manuel Delgado
  • Agrupación Sihuar

Mucho se ha dicho y alertado, dentro de amplios espacios de la opinión pública, sobre las consecuencias del regreso al poder de los sectores políticos que encarna Álvaro Uribe Vélez, con la posible elección como presidente de Iván Duque. Ahora, para hacer un análisis de sus consecuencias lo primero que hay que hacer es no creer o ver a este aspirante como un simple títere del ex presidente, ya que Duque encarna y pertenece a una generación de colombianos que ven en él a un libertador, un ideario y una visión de sociedad y país. Frente a eso estamos.

En este orden, esta editorial apunta a algo de lo que poco se ha hablado, tanto en los medios nacionales como en las columnas de opinión. Me refiero a los impactos y trayectorias conflictivas que se generarían con la llegada del Centro Democrático (CD) al poder, en algunas zonas del territorio nacional donde la situación de orden público no solo es crítica por la inefectiva presencia estatal, sino porque a los moradores de esas zonas se les ha negado de manera histórica y sistemática su condición de ciudadanos colombianos.

Con lo anterior me refiero a que sean integrados a una comunidad imaginada (ellos también son colombianos), que tengan la posibilidad de ser propietarios con la formalización de sus propiedades, que accedan servicios estatales (salud, energía, etc.) e incluso que puedan votar.

Y es que, a mi modo ver, este es uno de los aspectos nodales que está en juego en las siguientes elecciones pues las propuestas del sector de derecha, o del CD, apuntan a perpetuar esta constante histórica la cual ha sido fundamento y base para que ciertos sectores de la sociedad sigan empuñando un arma para reclamar su inclusión y reconocimiento.

En este orden, me propongo ejemplificar cuatro asuntos que resultan centrales y que están en juego para mostrar la coyuntura crítica por la que atravesamos; al lado, de las consecuencias e implicaciones que tendrán estas decisiones para el tipo de democracia que tendremos en los próximos lustros y la idea de Estado.

Así, uno de los pilares del discurso de Duque es la necesidad de modificar los Acuerdos. Pero esta modificación no consiste solo en pequeños cambios, como suele decir, sino en transformar el espíritu de lo pactado y reversar, o por lo menos frenar algunas transformaciones estructurales que implicarían profundizar la democracia en Colombia y consolidar la presencia estatal en algunas regiones del país donde su imperio está en entredicho.

Partamos señalando que el primer resultado y el más previsible es el retorno de la guerra. Mas, esto no será en los términos en que se conoció en los años 90, cuando la confrontación armada llegó a afectar al grueso de la población colombiana; sino una confrontación caracterizada por su tinte marginal que poco o nada afecta la vida en los centros urbanos (excluyendo sus áreas marginales como Ciudad Bolívar, en Bogotá, o La Comuna 13, en Medellín) pero que sí tiene un alto impacto en territorios marginales del país.

Y esto no es un discurso del miedo para minimizar los impactos que tiene la vuelta de la guerra, como algunos detractores señalan; todo lo contrario, es una alerta sobre una población que siempre ha estado al costado, en la sombra, y que casi siempre termina pagando los costos y poniendo las cuotas de sangre. Por ejemplo, me refiero a los habitantes de Tumaco, Catatumbo, Arauca, Putumayo, zona costanera del Cauca o Urabá Antioqueño. ¡Son ellos quienes le ponen el pecho a la confrontación! No usted o yo que estamos leyendo tranquilamente esta editorial.  

Pero esto no es todo, la idea de desarrollo y modelo económico que pregonan los sectores más recalcitrantes que aspiran seguir en el poder se basan en un modelo de desarrollo económico, sobre todo en el ámbito rural, basado en la agroindustria. Frente a esto, la primera pregunta que emerge es: ¿qué país que haya proyectado todo su agro a la agroindustria (palma aceite, ganadería, algodón, arroz, etc.) es autosuficiente alimentariamente? y la segunda: ¿es posible que este tipo de modelo agropecuario absorba la mano de obra campesina?

La respuesta a estos interrogantes es un no rotundo. En efecto, lo que se observa en casos como el peruano es que con la dictadura del General Velasco — y ojo que no era un comunista — y su reforma agraria, se pudieron incluir y mejorar los estándares de vida de un sector campesino marginado, al hacerlos propietarios y miembros activos de la economía nacional. Otro ejemplo, el cual paradójicamente es muy referenciado en nuestro ámbito para hablar de desarrollo económico son los tigres asiáticos. Estos países apalancaron su desarrollo industrial en una amplia reforma agraria y un proceso de formalización que benefició de forma extensa a los sectores rurales menos favorecidos y sobre ellos se desarrolló un importante proceso de industrialización al obtener alimentos y materias primas.  

En este orden, cabe preguntarse: ¿acaso este tipo acciones o transformaciones hicieron de estos países ejemplos de un desarrollo por la vía comunista o socialista? ¿Son ejemplo de un tipo de socialismo del siglo XXI? Para fortuna de ellos no, pero para nuestro infortunio este tipo de medidas son catalogadas como tal. En efecto, el hecho de considerar que la gente pague lo que debe pagar por lo que tiene, es de por sí considerado una transgresión a la democracia e inmediatamente se evoca al fantasma del comunismo del siglo XXI.

Esto me lleva a otro punto, y es la negativa de ciertos sectores políticos y económicos a que se extienda el derecho de propiedad al campesinado. Quienes se oponen consideran que la formalización de algunas zonas recientemente colonizadas o el regreso del campesinado a zonas donde hubo despojo masivo, atenta contra el desarrollo del agro —las posturas del anulado procurador Ordoñez y José Félix Lafaurie son el mejor ejemplo—. Respecto a esto hay dos marcos que se ligan y dan base a este supuestos: (i) la necesidad y carencia de mano de obra rural asalariada, la cual escasearía si hay más propietarios; y (ii) que su visión de desarrollo consiste en que el agro solo se transforma de la mano de obra de grandes capitales y unidades productivas extensas basadas en monocultivo —la hacienda Carimagua ejemplifica de extraordinaria forma dicha visión—.

Así, llego al tercer punto: el problema de la coca. Lo que se propone por parte del Centro Democrático no es solo fantasioso sino también poco consecuente. La idea de que con la erradicación forzosa y la estrategia punitiva se van a desincentivar los cultivos ilícitos no solo no tiene en cuenta cuán errática ha sido la estrategia tradicional de lucha contra las drogas —lleva más 40 años de rotundos fracasos y lo único que ha logrado es la transformación y optimización del negocio—, sino que de paso le sigue negando la entrada a los campesinos cocaleros a lo que es Colombia en términos políticos y económicos.

Respecto a este último punto, reeditar la estrategia punitiva puede incentivar nuevos procesos de colonización a zonas más apartadas del territorio nacional, donde por el carácter de la presencia del Estado y lo ilegal del negocio, se arrojaría nuevamente a los campesinos cocaleros a las ofertas reguladoras de seguridad y justicia de grupos armados. Esto no solo impide asentar a una población tradicionalmente flotante y escurridiza, sino perpetuar el ciclo de colonización-culturización-erradicación-colonización que impide al Estado sedentarizar a estos pobladores y que estos puedan acceder a una ciudadanía efectiva.

En efecto, si miramos otras experiencias en el mundo no ha habido caso alguno en el cual se haya logrado la meta de cero coca en el corto plazo (para esto se necesitan décadas). El mejor ejemplo es el malayo, el cual tardó 30 años para erradicarla del todo y eso implicó dos cosas: uno, desde un inicio nunca se pensó en cero coca; y dos, crearon circuitos económicos virtuosos que hicieron viables otras economías legales. En otras palabras, construir carreteras, formalizar la propiedad, hacer puentes y desarrollar planes de asistencia técnica y productiva, por mencionar solo algunas medidas. Y esto no se hace de la noche a la mañana. Eso toma más tiempo de lo que se cree.

Por eso el incesante señalamiento de que la no fumigación es un error para hacerle frente a la amenaza terrorista, ha tenido como único resultado el señalar y estigmatizar al eslabón más débil: el campesino colono-cocalero; a la vez que, ha maquillado el fracaso de una estrategia que lleva más de 40 años de implementación y ha dado pocos resultados.

Por último, podemos señalar el tema de la protesta social. No en vano, tenemos como antecedente el trato que le dio la administración de Álvaro Uribe en sus dos períodos, el cual se basó en medidas represivas para evitar la alteración del orden público. Esta idea no solo se refrenda con los candidatos del Centro Democrático (basta ver las declaraciones de Martha Lucía Ramírez sobre algunas protestas), sino que el escenario puede ser más crítico por el auge que se ha dado en la movilización en los últimos años, en el marco de los Acuerdos de La Habana. Y es que no sobra recordar que estas formas de expresión son, en muchos casos, el único canal de demanda y reclamo que tienen algunos habitantes del país frente a los reiterados incumplimientos del Gobierno nacional y local frente a sus necesidades.

Con estos ejemplos queda expuesto lo que está en juego para nuestro país y su trayectoria futura. Recordemos que para jugar a la democracia — pero para jugar en serio — uno de los pilares es incluir en su juego a todos los sectores, sin importar cuan minoritarios sean; que tengan la posibilidad de ser propietarios, que cada ciudadano pague de acuerdo a lo que tiene y que acceda a la ayuda e incentivos por parte del Estado. De ahí que las implicaciones de la no formalización de estos sectores y los frenos que se le ponen a la actualización catastral comprometan seriamente la viabilidad fiscal de un Estado. Por eso, más allá de los minerales que tengamos y del tipo de explotación que se haga, es necesario enfilar esfuerzos para saber quién tiene qué y dónde.  

Menciono esto porque ciertos sectores de la sociedad colombiana utilizan a diestra y siniestra el vocablo democracia en sus discursos en defensa de sus intereses y posiciones; y no es justo, en ningún sentido, que los habitantes rurales o los tenderos de las ciudades sigan pagando los mismos impuestos que los grandes propietarios, pues algunos ciudadanos del país integrado conciben a la ciudadanía como un privilegio al cual se puede acceder so pena de que se ajusten a sus visiones de sociedad —el mejor caso es de Paloma Valencia que utiliza la idea de contrato social, no en el sentido en que se pacte una idea de Estado o sociedad,  sino que se imponga por parte de un grupo sobre otro—; que la justicia sea imparcial siempre y cuando no toque sus intereses ni miembros.

Así, se hace un llamado a que estos sectores de derecha salgan del closet porque su ideario, de democrático tiene muy poco: quieren un sistema que sea hecho a su medida, antojos y necesidades. En otras palabras, estos sectores son los que encajan en la muy citada alegoría de Darío Echandía: La democracia colombiana es un orangután con sacoleva. De ahí que esta coyuntura se perfile en el horizonte como decisiva y el voto en blanco se muestre como inefectivo por lo crítico de la situación.

¡Por eso hay que defender la idea democracia planteada en La Habana, maestros!

 

Andrés Aponte

Coordinador del equipo Conflicto, estado y desarrollo

Desde el Cinep/Programa por la Paz compartimos este mensaje de la organización Paz Querida, en un llamado a los candidatos a la Presidencia de la República para que se comprometan a seguir trabajando por el afianzamiento de la construcción de paz en el marco del acuerdo de paz firmado por el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC.