Dec 17, 2017

El reconocimiento jurídico de los derechos políticos de las mujeres es una manifestación importante de igualdad de género en la sociedad; y es fruto de un largo proceso de pequeñas y grandes conquistas, surgidas en muchos de los casos por movimientos alternativos de mujeres, por la tenacidad y audacia de muchas líderes y también, de oportunidades y contextos políticos, sociales y económicos favorables que les han servido de puente, impulso y apoyo.

Y es que esta promulgación así como su ejercicio ha estado necesariamente acompañado del desarrollo de otros derechos de las mujeres en la sociedad, en la economía y en la familia, así como del reconocimiento de una mayor participación en la vida política del país, de otros grupos poblacionales, también discriminados, en búsqueda de nuevas dinámicas de igualdad.

El reconocimiento de derechos involucra no solo a quienes realizan las reformas, a quienes las promueven y defienden, sino también al conjunto de la sociedad, que las impulsa o las obstaculiza en su promulgación o en su ejercicio, en un momento histórico concreto. Para que un derecho reconocido jurídicamente llegue a la vida cotidiana, requiere de una fuerza transformadora cimentada en procesos sociales, educativos y culturales adecuados.

Esto explica por qué aunque en 1853 se consagran la constitución de la Provincia de Vélez que concedió el voto a la mujer y la Constitución de la Nueva Granada –que concede el derecho universal al voto para todos los hombres, incluyendo afrodescendientes, indígenas y campesinos pobres, superando de esta manera el voto censitorio (restringido a quienes tenían solvencia económica) y el voto capacitorio (restringido a quienes tenían educación) ­–, ninguna de las dos se ejerció en ese momento.

Y es que tanto la sociedad de la Nueva Granada como la de Vélez no estaban preparadas para unas reformas que en Colombia llegaron a promulgarse de manera definitiva en el siguiente siglo; así el voto universal se promulgó en la reforma constitucional en el 1936, y el voto femenino fue concedido en la Asamblea Nacional Constituyente en el 1954 y ejercido en el plebiscito de 1957; adicionalmente, en la Constitución del 1991 con el Art. 43 se instaura el principio tanto de igualdad de oportunidades como de igualdad material para las mujeres tanto en la vida pública y como para actuar autónomamente en la vida civil.

Aún con todos estos avances en materia legislativa y constitucional, estamos lejos de que los derechos políticos sean universales y plenos para todas las mujeres en Colombia; su ejercicio está mediado por un conjunto de condiciones que les abre o les cierra posibilidades de gestión en la sociedad. Así el acceso a la educación, la condición social y económica, el entorno político, la etnia y hasta la región de origen pueden acrecentar o disminuir las condiciones que permiten a las mujeres ejercer una ciudadanía plena. Esto sin contar con la violencia de género que elimina cualquier posibilidad de relacionamiento con lo público.

Por esto, aunque desde hace 60 años es posible ejercer el voto femenino en Colombia –que implica no solo elegir sino ser elegida–, solo el 22.5% de los cargos de elección popular son ocupados por mujeres y el 20.4% de las curules del Congreso de la República tienen titularidad femenina. Adicional a esto en el informe DANE del 2016, sigue prevaleciendo una desigualdad entre los ingresos de las mujeres en relación a los hombres de un 28% menos que menoscaba la libertad de su actuación en la vida civil.

Así en estas condiciones, es necesario seguir impulsando un cambio cultural, social y político para que sean posibles de manera plena y universal los derechos políticos de las mujeres. La conmemoración del reconocimiento jurídico del voto femenino, puede aportar al balance de lo conquistado hasta ahora y de lo que falta, en la perspectiva de la construcción de democracia para Colombia y de la constatación de que no es un derecho conseguido del todo y que debe ser conquistado para todas las mujeres en la diversidad de la geografía nacional.

 

Luz Elena Patarroyo López

Equipo de Ciudadanía y Paz 

 

 

La vida de Mario Manuel Castaño Bravo fue definida por desplazarse y sobrevivir a la violencia, varias veces. Nació hace 55 años en Arboletes, Antioquia. Al Bajo Atrato llegó tras huir de la violencia de Córdoba y Sucre. Años después, en Chocó, a Mario y a su nueva comunidad los despojaron de sus tierras, nuevamente; este episodio doloroso lo convertiría en un líder reclamante. Mario murió el domingo pasado, 26 de noviembre de 2017, asesinado con disparos, frente a su esposa, hijos y nietos.

Mario era uno de los principales líderes del proceso de restitución de derechos territoriales en el Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó. Mario era reconocido por hablar fuerte contra las injusticias, por denunciar a los despojadores y por movilizarse con la población para denunciar y reclamar los derechos de todos.

Su historia en el Bajo Atrato inició en los años setenta, cuando llegó a la zona y encontró un territorio dominado por la selva. Su vocación de trabajo y la disciplina le permitieron asentarse y, junto a varios de sus familiares y compañeros, construyó los cimientos de lo que hoy en día es la comunidad de La Madre Unión.

Desde su llegada a esta zona del Urabá chocoano, Mario se caracterizó por su espíritu emprendedor y su capacidad de adaptación a la geografía agreste de la zona. Convivió con los negros que ocupaban la región desde 1940 y en el día a día, adquirió los conocimientos y prácticas tradicionales y construyó relaciones de hermandad, compadrazgo y trabajo comunitario hasta el punto de autorreconocerse como parte de la comunidad afrodescendiente.

En sus relatos se podía conocer de primera mano la forma en que las parteras recibían a los niños y cómo mitigaban los dolores de las madres con plantas tradicionales que buscaban en el monte. Mario contaba sus historias y con ellas se entendían las dificultades de aprender a recorrer los ríos en champa y canalete. Mario hablaba y se podía sentir la importancia de la solidaridad y el trabajo comunitario entre negros y mestizos para garantizar la supervivencia.

Así, con trabajo constante, consiguió la finca Árbol del Pan, un predio de 166 hectáreas en las que sembraba plátano, arroz y maíz, y cuidaba del bosque nativo, reconociendo la importancia de la conservación de sus “paisanos morenos”.

En el año de 1993 presenció la llegada de los primeros actores armados a la zona. La guerrilla de las FARC comenzó a hacer un trabajo político, invitando a las familias de la comunidad a afiliarse al partido y a participar de las reuniones informativas. Esta presencia se tornó violenta a tal punto que muchas familias tuvieron que abandonar el territorio para evitar las presiones existentes sobre los menores de edad para ingresar a la filas del grupo armado. Mario, como líder de la comunidad, se opuso a esta situación y enfrentó las presiones, lo que produjo que recibiera constantes amenazas en contra de su vida.

En 1997, los rumores de la entrada de grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado generaron gran temor en los habitantes de la zona. Mario se desplazó a la cabecera municipal de Ríosucio y allí permaneció hasta 1999, año en el que decidió volver a Árbol de Pan, la finca que había habitado durante 25 años. A su regreso, Mario encontró que Jesús Vergara Díaz figuraba como nuevo propietario y legítimo dueño de la finca, y que había transformado radicalmente el bosque que él tanto había preservado. Al interpelar a Vergara, Mario descubrió que su predio había sido vendido a este hombre y que, tras amenazas, debía firmar un papel en el que reconocía el negocio, si quería proteger su vida y la de su familia. Los 6’520.000 pesos que el comprador aduce haber pagado por el derecho de propiedad, jamás fueron entregados a Mario.

Ante la situación y la imposibilidad de recuperar su finca, Mario se desplazó, nuevamente, a una casa en la comunidad de Florida. En el año 2000, Mario inició un proceso público de denuncia en contra de los grupos paramilitares y las empresa ganaderas y palmicultoras que, aprovechando el contexto de violencia generalizada, lo despojaron a él y a cientos de familias más de los predios que habían habitado por muchos años. Esta lucha lo llevaría a ser uno de los líderes que participaría en la creación de la primera zona humanitaria en el Consejo Comunitario de Curvaradó, como una estrategia de resistencia y, bajo el derecho de las comunidades afrodescendientes, a permanecer y vivir en paz en su territorio.

Su lucha constante y valiente lo llevó a tomar la decisión de regresar, voluntariamente, a su finca. Dadas las constantes amenazas que él y los líderes reclamantes de la comunidad de La Madre Unión continuaron recibiendo después del retorno, sin acompañamiento del Estado, el 16 de diciembre de 2013, conformaron la zona de biodiversidad de La Madre Abajo.

A partir de esa fecha, Mario se convirtió en uno de los principales líderes reclamantes de tierras de La Larga y Tumaradó. Y con sus reclamos y su exposición pública llegaron nuevas y constantes amenazas, que se mantuvieron los últimos cinco años de su vida. Mario decidió despojarse del miedo y continuar con su trabajo, seguir denunciando a quienes se adueñaron de las tierras. El Consejo está en la espera de que la Unidad Nacional de Tierras radique la demanda de restitución de las 107 mil hectáreas de La Larga-Tumaradó. La lucha para Mario terminó por la fuerza, el domingo, con su muerte. Los demás siguen esperando, despojados de sus tierras y despojados de sus miedos.

Editorial: Ética política

  • Dic 17, 2017
  • Publicado en Prensa

La política colombiana pasa por una etapa grave de ilegitimidad y déficit de ética. La corrupción administrativa, los partidos políticos convertidos en empresas electorales, las cortes atrofiadas y desnaturalizadas, vendiendo sentencias a los ladrones de cuello blanco, los entes de control convertidos en cómplices del delito y un Estado que improvisa, que no tiene capacidad de respuesta y que está en manos de intereses políticos y económicos para el provecho propio excluyendo el bienestar de la ciudadanía y el cuidado de los patrimonios naturales. Mientras que los líderes sociales, que deberían ser los primeros en ser protegidos por el Estado, caen víctimas de las balas y de las amenazas de sectores ligados a esos poderes políticos y económicos dominantes.

Si nos acercamos al problema de la corrupción, el informe entregado este año por Transparencia por Colombia, que analiza 69 municipios, calificados como territorios de paz por el Gobierno, muestra la tendencia estructural de este mal en el país. Se estudiaron 187 hechos de corrupción. Y 44% de estos hechos vulneraron derechos fundamentales asociados a la salud, la educación y la infraestructura. De otra parte, un 36% de los hechos analizados han tenido un impacto nocivo en sectores de la infraestructura, industria y comercio, tecnología, sector minero energético, transporte, turismo y desarrollo rural, todo esto se traduce en una violación directa a los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en Colombia. Los departamentos más comprometidos son: La Guajira, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Bolívar y Cesar.

El pasado primero de octubre el Papa, en Cesena- Italia, propuso que “la política debe ser una forma de caridad y vida mártir”. Para hacer una buena política Francisco propone que ella no debe servir a “las ambiciones individuales o a la prepotencia de facciones o centros de interés. Una política que no sea ni sierva ni ama, sino amiga y colaboradora; ni temerosa ni temeraria, sino responsable y por tanto valiente y prudente al mismo tiempo; que haga crecer la implicación de las personas, su progresiva inclusión y participación; que no margine a ninguna clase, que no saquee ni envenene los recursos naturales. Una política que sepa armonizar las legítimas aspiraciones de los particulares y de los grupos teniendo bien aferrado el timón en interés de toda la ciudadanía”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

El Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumarado (COCOLATU), la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA), el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), el Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP), el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Apartadó lamentan y repudian el asesinato de Mario Manuel Castaño Bravo.

 
 

 

 

Durante el 2017 las instituciones que conforman Educapaz han trabajado para mejorar la educación en el sur del Tolima. Este proyecto que vincula siete organizaciones ya es reconocido no solo por las comunidades educativas y la sociedad civil, sino también por las autoridades locales. Las organizaciones que conforman el proyecto son: Escuela Nueva, Convivencia Productiva, Fe y Alegría, Facultad de educación de la Universidad de los Andes, Javeriana Cali, Fundación para la Reconciliación y Cinep/PPP. Además, hay tres organizaciones aliadas: Avina, la Red Prodepaz y Clayss.

Educapaz tiene tres grandes líneas de trabajo. La primera es educación rural que acompaña a sedes educativas de los cuatro municipios. Allí hay 28 colegios, cada uno de estos, con sedes rurales. Este acompañamiento es educativo y pedagógico en el que se revisan las metodologías de enseñanza de cada una de las sedes para sugerir nuevas estrategias. También se trabaja en mejorar la relación de los docentes con las comunidades para que estas hagan parte del proceso educativo de los niños y niñas.

Otra tarea planteada en esta línea es la construcción de los Planes Educativos Municipales. Para esto, crearon un mecanismo de articulación de actores, llamada la Mesa Educativa Municipal, en la que confluyen los diferentes actores relacionados con la enseñanza escolar, representantes del sector público, líderes comunitarios y líderes de asociaciones productivas. El objetivo de cada mesa es crear una propuesta de política pública educativa enfocada en las necesidades de los niños y jóvenes rurales de cada uno de los cuatro municipios. La Universidad Javeriana de Cali validará la participación en esta construcción del plan, como un diplomado, que cualifica el quehacer de cada uno de los actores.

“Nuestra tarea como Cinep/PPP es promover espacios de reflexión sobre las políticas públicas y crear una agenta común y pública con diversos sectores” dice Luz Elena Patarroyo, coordinadora del equipo de participación ciudadana del Cinep/PPP “En esta región, muchas personas han sufrido la guerra, y eso genera mucho escepticismo. La gente está muy ilusionada con que haya cambios pero al mismo tiempo está muy temerosa de ser engañada o utilizada.” Agrega.

Para el próximo año, y una vez se hay terminado la concertación del plan, se presentará a los Consejos municipales para que sea discutida y aprobada como política pública oficial. El trabajo de la mesa ha logrado acciones de incidencia en el trabajo regional. Se ha logrado vincularse con la Agencia de Renovación del Territorio para que estas propuestas locales sean incluidas dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. “La orientación de la Mesa y su participación en las discusiones del PDET está encaminada a que la gente se haga preguntas que no se había hecho en torno al tema de la educación.” Dice Juan Carlos Merchán, investigador del Cinep/PPP y miembro de Educapaz.

Para Luz Elena Patarroyo el proceso de los PDET es muy rápido y no posibilita que la gente tenga un tiempo de maduración y de entender para qué está participando realmente. “Esa debilidad la hemos venido trabajando en el pilar de educación en dar una información más cualificada, en generar reflexiones, en aportar a articular la política pública que estamos construyendo con el PDET.  Volvemos a la tarea de mediadores entre una acción que es Estatal y la comunidad educativa.” Afirma.

Para Juan Carlos Merchán, uno de los principales obstáculos que ha tenido el proceso ha sido lograr la participación de las administraciones municipales. “Nosotros estamos aliados con la Secretaría de Educación de la Gobernación, y eso genera distanciamientos con algunas administraciones porque no quieren trabajar con sus opositores políticos” afirma. Sin embargo, de a poco, han logrado demostrar que este es un proyecto que va más allá de las filiaciones políticas. 

Otra de las líneas de trabajo de Educapaz es la formación en Ciudadanía, Reconciliación y Educación Socio Emocional – CRESE. Esta estrategia busca generar propuestas para trabajar el tema de la reconciliación, que no está vinculada a la educación cognitiva intelectual, sino la educación de los sentimientos. Hasta ahora se ha implementado en instituciones educativas urbanas y el proyecto para el próximo año es llevarla a las instituciones rurales que es donde más daño ha causado el conflicto armado.

La tercera línea de trabajo es de incidencia y comunicación. Allí se gesta el relacionamiento con las instituciones del nivel nacional y extranjeras como Ministerio de educación y Agencias de cooperación. Desde esta área se han organizado reuniones y foros en los que representantes de las instituciones estatales de diferentes niveles, han debatido sobre las problemáticas que enfrenta la educación y las posibles soluciones que podrían implementarse. “Esto es un proyecto multiactor simultaneo. No es de que empiece de la base o de arriba, sino que en cada uno de los niveles hay que trabajar al tiempo para lograr verdadera incidencia.” Dice Merchán.

Para Merchán, la mayor dificultad que enfrenta el proceso es que los municipios en los que se trabaja no están certificados por el Estado colombiano. Esto lo que implica es que no son auto sostenibles económicamente, por lo que no pueden decidir autónomamente la inversión de sus dineros. “¿Cómo hacemos que una política pública funcione si el municipio no puede decidir qué hacer con su plata?” se pregunta. “Hay que buscar nuevas fuentes de financiación, y para nosotros, una de ellas es el PDET” añade.

Ante este panorama son muchas las expectativas que tienen los diferentes actores en torno a la educación. “La guerra había cerrado con un bloqueo territorial todo el sur del Tolima. De las mayores ganancias es descubrir todo el potencial que tiene el Tolima. Es increíble todo el potencial de saberes, las personas, los recursos.” Afirma Patarroyo. El próximo año esperan entregar los insumos para la construcción de la política pública a cada uno de los Consejos municipales. La proyección de Educapaz está en varios territorios del país. Se espera que en los próximos cinco años el proyecto inicie actividades en dos regiones más que aún están en discusión.

 

Miguel Martínez
Equipo de Comunicaciones