Mar 30, 2017
Por: John Montoya, SJ*

Se debaten intensamente en el Congreso de la República los actos legislativos y las leyes de implementación del Acuerdo de Paz relativas a los mecanismos de adjudicación de responsabilidad de los victimarios por las violaciones a los derechos humanos y al reconocimiento de los derechos de las víctimas. Mediante el uso de la figura del “fast track” se hizo la Ley 1820/2016 “por medio del cual se dictan disposiciones sobre amnistías, indulto, y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”. Igual procedimiento se está utilizando en la expedición de otras normas fundamentales de justicia rectificadora como la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la ley que regulará la Comisión de la Verdad.

La pregunta inexorable que debe abordarse en todo proceso de negociación de paz, con consecuencias durante la transición, es cómo enfrentar las atrocidades de un pasado de confrontación armada y cómo garantizar que éstas no se repitan.

A mi juicio, la respuesta a esta pregunta ha puesto un excesivo énfasis en la dimensión retributiva de la justicia —llamada también rectificadora—, es decir, la que se ocupa de enjuiciar los graves crímenes cometidos durante el conflicto, incluyendo su versión más restauradora en la Comisión de la Verdad. Uno de los peligros que tiene la transición hacia la paz es limitar la justicia a su función rectificadora, esto es, a la sanción de los victimarios, al mero reconocimiento de los derechos de las víctimas y a la pretensión de conocimiento de la verdad, que es difícil de lograr. Considero, como explicaré adelante, que una inflación desmedida en las pretensiones rectificadoras de la justicia, podría no ayudar lo suficiente en este camino de transición a la paz.

Una revisión de la literatura sobre el impacto de los juicios a las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en países en transición, sobre todo en América Latina, nos muestra  caminos diversos de comprensión.

Un primer grupo de académicos en los años ochenta, entre los cuales se destacan Huntington, O’Donnell, Schmitter, quienes estudiaron casos de transición en América Latina, argumentan que los juicios criminales por violaciones a los DDHH son políticamente insostenibles y lesionan las nuevas democracias. Huntington sostiene, por ejemplo, que los juicios deben hacerse tan pronto comience el período de transición, pues “la justicia ha de llegar pronto, o definitivamente no llega”.[1]

Otros autores sostienen que “rehusar amnistías e insistir en persecución criminal, puede prolongar el conflicto, resultar en más muertes, destrucción y sufrimiento humano” (Shar).

En términos generales estos autores plantean la estrategia del “mal menor”, es decir, solo investigar y castigar las graves violaciones a los derechos humanos.[2] Aun así, mantienen cierto pesimismo acerca de los efectos negativos que puedan causar estos juicios a la democracia.

De otro lado, Snyder y Vinjamuri son igualmente pesimistas con la aplicación de la justicia internacional después de la expedición del Estatuto de Roma que impone el cumplimiento de estándares mínimos de justicia para los países en transición. Según ellos, los juicios criminales por graves violaciones a los derechos humanos o al DIH incrementan la posibilidad de futuras atrocidades, exacerban el conflicto y lesionan los esfuerzos por construir democracia.[3]

Una aproximación distinta nos presenta Kathryn Skkink.[4] Esta autora hizo seguimiento empírico a 17 países de América Latina en transición entre 1983 y 2004 que tuvieron juicios criminales por abusos a los DDHH en el pasado. Los datos empíricos demostraron que ninguno de estos países entró en período de desestabilización política, retornó a dictaduras o al conflicto interno por causa de enjuiciamiento a responsables de violaciones de DDHH. Se creyó por ejemplo que el arresto de Pinochet en Londres terminaría en golpe de Estado y, por lo tanto, el retorno del régimen militar a Chile. No ocurrió así. Igualmente en Argentina hubo temor de regreso de los militares al poder —quienes gozaban de apoyo popular—cuando Jorge Videla fue sentenciado a cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos. Tampoco se concretó tal temor. Los hallazgos de Skkink han demostrado que en los 17 países donde se han llevado a cabo juicios criminales por violaciones a los derechos humanos, 14 han mejorado el respeto por estos. Para esta académica, el tiempo durante el cual se juzgaron violaciones a los derechos humanos fueron momentos de gran intensidad política y de alguna manera esto contribuyó  a la transición hacia la paz y la democratización de sociedades que han experimentado intensos conflictos o regímenes autoritarios.[5]

En medio de este acalorado debate no solo académico sino en la arena política como lo hemos visto en Colombia, nos preguntamos, entonces, ¿cuál es la justicia que una sociedad en transición requiere para conseguir la paz y consolidar la democracia?

No hay duda que la discusión más fuerte en el proceso de paz de la Habana ha girado alrededor de la justicia rectificadora. Todo parece indicar que la fase de implementación del Acuerdo seguirá la misma dirección. De hecho, es poco el seguimiento de los medios, el debate público y el interés de la opinión pública por la mayoría de las provisiones del Acuerdo de Paz que tienen que ver con el compromiso del Estado de saldar deudas históricas con los campesinos y las minorías étnicas, y dar garantías para la participación en política de sectores políticos tradicionalmente marginados y estigmatizados. Así las cosas, la justicia ha quedado reducida a qué tanto enjuiciamiento habrá para las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario dejando de lado otras dimensiones de la justicia indispensables para garantizar el tránsito a una paz duradera y a la democratización de nuestro país.

Una investigación llevada a cabo por la profesora Rettberg de la Universidad de los Andes publicada en 2008, muestra los siguientes resultados a esta pregunta: “… para qué son los juicios contra los responsables de los diferentes crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano”. La respuesta es tan interesante como sorprendente: el 41.1 % respondió para conocer la verdad, el 26.1% respondió para permitir que las personas puedan volver a convivir, el 12.9%  afirmó no tener una respuesta, el 11% contestó para perdonar los actos cometidos, el 4.4 % para vengar los actos cometidos y el 4.3% para olvidar lo ocurrido.[6]

En esta investigación se le pregunta a las víctimas qué formas de reparación prefieren. Contestaron: cubrimiento de sus necesidades económicas y de la familia (45.5%), conocer la verdad de lo que ocurrió (44.0%), compensación  monetaria (37.8%), el juzgamiento de los responsables (26.6%), y en último lugar está la petición de perdón (5.1%).[7]

En pocas palabras, las víctimas entrevistadas quieren conocer la verdad y cubrir sus necesidades económicas. Poco más del 25% de las víctimas quieren el juzgamiento de sus victimarios.

Ahora vayamos al Acuerdo de Paz. Su lectura atenta nos permitirá advertir que entre las 582 disposiciones  aproximadamente, 236 tienen que ver con temas de desarrollo y la garantía de los derechos humanos por parte del Estado.

Así las cosas, la justicia rectificadora (o lo que es lo mismo la penal, punitiva o retributiva), por si sola, no solucionará los complejos problemas relacionados con el conflicto armado que nosotros como sociedad debemos comenzar a resolver para transitar de la larga confrontación armada a un período de construcción de paz y fortalecimiento democrático.

El período del posacuerdo que ya estamos viviendo reclama urgentemente acciones conjuntas del Estado y la sociedad civil, al nivel que a cada uno le corresponde, para el fortalecimiento de otras dos dimensiones de la justicia. Son estas:

1). La justicia entendida como el imperio del derecho (the rule of law), o la justicia legal. Esto es el fortalecimiento del aparato de justicia: imparcial, independiente, eficiente y protectora de los derechos humanos. Una justicia con capacidad de ejercer control sobre los poderes públicos y que garantice un elemento fundamental en toda democracia: la responsabilidad de quien ejerce la autoridad y los ciudadanos.

El fortalecimiento del imperio del derecho también implica la defensa de todos los ciudadanos en todo el territorio nacional por parte de la Fuerza Pública. Esto significa en Colombia detener el avance vertiginoso de grupos criminales (neo-paramilitares como les denominan unos, o bacrim, como les dicen otros)que están copando los territorios que ya no controlan las Farc.

2). La justicia distributiva, entendida como la acción del Estado que garantiza los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y se ocupa de aminorar la discriminación y desigualdad, factores íntimamente asociados al conflicto colombiano.

Rama Mani, quien ha trabajado temas de teorías de la justicia en sociedades en conflicto, sostiene que un extremado acento en la justicia rectificadora no favorece la paz puesto que es imposible satisfacer los derechos de todas y cada una de las víctimas en un conflicto.[8] Piénsese por ejemplo en el número de víctimas del conflicto colombiano. Son más las víctimas que quedan por fuera de los procesos de la justicia rectificadora que los que tienen un rol activo dentro de los juicios por violaciones a los derechos humanos. En Colombia tenemos como ejemplo los pobres resultados de la Ley de Justicia y Paz.  

La JEP como mecanismo de justicia transicional que se debate en el Congreso, comparte el simbolismo e imperfecciones de la Justicia Penal Internacional que ha hecho de “gran hermana” en el proceso de paz colombiano. La realidad es que el Estatuto de Roma y todo su sistema jurídico sancionatorio —al que tanto se le teme en el tercer mundo y donde en realidad se aplica— es tan paquidérmico, burocrático, selectivo y politizado, como nuestra justicia colombiana. De ahí la urgencia de descentrar este debate sobre la justicia en su dimensión retributiva o rectificadora y poner un especial énfasis en el fortalecimiento de la justicia legal y distributiva. Así está contemplado en la mayoría de las provisiones del Acuerdo de Paz y esto es lo que quieren las víctimas, según lo demuestran los resultados de la investigación de Rettberg. 

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* Jesuita, Investigador del Cinep.
[1] Huntington, Samuel (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman, Ok: University of Oklahoma Press, p. 228.
[2] O’Donnell, G & Schmitter, Ph (1986). Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions About Uncertain Democracies. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, p. 30
[3] Snyder Jack & Vinjamuri Leslie (2003/2004). “Trials and Errors: Principle and Pragmatism in Strategies of International Justice,” International Security 28 (3), p. 353
[4] Skkink Kathryn & Walling Carrie (2007). “The Impact of Human Rights Trials in Latin America.” Journal of Peace Research, Vol. 44 (4), p. 427-445
[5] Ibid, 432
[6] Rettberg, Angelika (2008). “Reparación en Colombia ¿Qué quieren las víctimas?” Bogotá: Panamericana Formas e Impresos, p. 86.
[7] Ibid, pp. 69-70
[8] Mani, Rama (2007). “Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War.” Maldon, USA: Polity Press, 87-125.
  

 

Lilia tiene 59 años, es una mujer de ojos claros que habla con firmeza y que ya no teme llorar en público. Lilia asegura que desde que estaba en el vientre de su madre ha tenido que vivir la violencia política y la estigmatización; sin embargo, estas situaciones la han fortalecido. Ella sigue los pasos de su padre y trabaja por un mejor país, pues como dice: “la lucha por los derechos se hereda”.

Lilia es hija de Luis Eduardo Yaya, dirigente sindical de la Unión Patriótica y defensor de derechos humanos. Recuerda que siendo niña le reclamaba mucho a su papá por no estar con ella. Cuando él le regaló Veinte mil leguas de viaje submarino de Julio Verne en la dedicatoria le decía: “son más de veinte mil los sufrimientos para tu padre por no poder darte el calor que mereces, pero llegará el día que siempre me tendrás a tu lado mi adorada hijita Lili”.

El 21 de febrero de 1989 Luis Eduardo Yaya se comunicó por teléfono con su hija, le dijo: “nos vemos ya sabes cuándo”. Para ese momento ya estaba interceptado, tenían que hablar en clave. El “cuándo” al que se refería era el 25 de febrero, día del cumpleaños de Lilia, pero a ese encuentro nunca llegó. A Luis Fernando lo asesinaron el 23 de febrero en Villavicencio. “El Estado me hizo un regalito inolvidable”, dice Lilia entre lágrimas.

Ella trae a su memoria las dedicatorias, los libros, los momentos que compartieron. Prosigue luego de una pausa: “a mi papi lo recordaré todos los días de mi vida. Este año cuando fue el aniversario de su asesinato pensé que iba estar más tranquila, pero no fue así. Ese día cuando me desperté estaba mi cara llenita de lágrimas, había estado soñando con él. Mi hija que es estudiante de psicología me dice: ‘mami no has cerrado eso’. Según ella porque no lo vi echar al hueco. A nosotros no nos permitieron estar en su funeral, nos sacaron porque dijeron que nos iban a asesinar”. 

Lilia Yaya recuerda que habían transcurrido 23 años y jamás había hablado del asunto, “jamás me había encontrado con otra persona que hubiera vivido un hecho victimizante en el marco de la guerra. Antes no lo hablaba con nadie porque mis hermanos no querían tocar el tema. El entorno en el que me desenvolvía era totalmente apático, de eso no se hablaba y cuando me daba la nostalgia pues lloraba”,

Se unió a la iniciativa del costurero de la memoria, como terapia para reconstruir sucesos del pasado que vienen a la mente y no dejan de doler. Un espacio que reúne familiares de las víctimas, donde cada uno de los participantes cuenta en telas una parte de su vida, una parte de su historia.

Zurcir la memoria

El costurero de la memoria es un colectivo conformado por personas de distintas partes del país. Nació en 2008 cuando se conocieron los casos de los “falsos positivos” con la organización de las Madres de Soacha, la iniciativa antes se llamaba la Mesa de Chanchiros. Desde las organizaciones que estaban prestando atención psicosocial, como la Fundación Manuel Cepeda Vargas y Minga, se buscó ampliar el alcance de la iniciativa; no se quería dejar la metáfora de coser, tejer, unir y remendar fragmentos de vida, por lo que surge El Costurero, kilómetros de vida y de memoria.

Inicialmente se reunían víctimas de crímenes de Estado, familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, madres y familiares de los “falsos positivos” y del exterminio de la Unión Patriótica; ahora todo aquel que quiera participar es bienvenido. El primer trabajo fue terapéutico porque muchas de las víctimas, como en el caso de Lilia, no había tenido acompañamiento psicológico. “Fue un espacio realmente sanador, yo le tenía desconfianza. Cuando dijeron ‘a tejer’ pensé en punto, cadeneta, chisme (…) Fue difícil al principio, pero luego uno se va encarretando y se enamora del espacio, porque transformó nuestra vida, allá nos unió el dolor, llegamos personas muy diversas, de distintos territorios, de diversos hechos victimizantes por diversos actores de diferentes grupos: del Estado, de los paramilitares y de la guerrilla”, agrega Lilia.

La cita de las costureras es cada jueves por la tarde en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, cada participante lleva sus telas y comparte las historias alegres y tristes.

El costurero de la memoria es una experiencia de reconciliación a través del arte, es una manera de zurcir el duelo, de coser un nuevo país. Son costureras y no tejedoras, porque coser es el simbolismo de unir, de remendar, de poner parches. A Lilia le gusta coser mapas, según ella porque su vida ha transcurrido alrededor de lo que ha sucedido en Colombia y su padre, junto a sus compañeros, soñaba con cambiar la estructura social y política del país.

Al preguntarle a Lilia qué es para las costureras la reconciliación, asegura que es una esperanza, es un sueño, pero también un trabajo. “Sin darnos cuenta lo que hacemos en el costurero es una forma de reconciliarnos con la vida y con nosotros mismos. Con mis compañeros hemos aprendido mucho, hemos hecho pedagogía de la memoria, tenemos un pasado doloroso pero proyectado a un futuro diferente”.

Jennipher Corredor
Equipo comunicaciones
  

 

La vida sin armas

A tiempo con el cronograma acordado, con la entrega de 137 armas de guerrilleros que hacen parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación inicia dejación de armas de las Farc.

El monitoreo de la dejación de armas está a cargo de la Misión Naciones Unidas y comienza con el registro e identificación del armamento, de manera simultánea en todas las zonas y puntos transitorios, en la primera fase se entregarán el 30 % de las armas, en la segunda otro 30% y en la fase final el 40% restante. La recolección de armas concluiría el 29 de mayo.  

Según la Misión de Naciones Unidas “En la primera fase recibirá las armas de los guerrilleros miembros del Mecanismo de Monitoreo y Verificación en paralelo empezará el proceso de planeación y verificación de la destrucción del armamento inestable, como municiones, minas y explosivos”.

La Misión hace el registro del armamento para conocer la cantidad y el tipo, identificará  las características de cada arma y las depositará en contenedores cerrados con doble llave, posteriormente sacará el armamento de las zonas veredales. Al concluir el proceso de dejación se destruirá las armas para posteriormente construir tres monumentos en La Habana, Nueva York y Colombia.

Para Fernando Sarmiento, investigador del Cinep/PPP “hay un esfuerzo de las partes por dar cumplimiento al cronograma que quedó acordado, sin embargo hay que mirar en dos niveles: un nivel técnico de lo que significa el proceso que tiene que hacer Naciones Unidas en la recepción e identificación de las armas, inventariar, dar custodia y guardar para los efectos posteriores de construcción de monumentos. El otro aspecto que hay que mirar es más político, de lo que representa la entrega de armas, que las Farc hayan cumplido con la primera fecha de entrega de armamento es muy importante para dar confianza al proceso, demostrar que hay un compromiso y así también exigir cumplimiento por parte del Gobierno”.

“Todo lo que vaya sucediendo en términos de cumplimiento de acuerdos con las Farc va a repercutir en el proceso con el ELN, lo mejor que pueden hacer las partes es cumplir con lo acordado porque es el mejor mensaje para el proceso en curso con el ELN” concluyó Sarmiento.

Entrega o dejación

Es una diferencia política, porque no es lo mismo que un ejército que no ha sido vencido se enfrente a una negociación en esos términos, no pueden hablar de entrega de armas, porque la entrega de armas tiene la connotación de haber sido vencido y entregar al vencedor.

Las Farc plantearon el concepto de la dejación de las armas, que es un acto unilateral, en el marco de la negociación ellos deciden dejar las armas y no las van a entregar a su adversario histórico, las entregas simbólicamente a un ente de confianza que son las Naciones Unidas, se las depositan a ellos con un fin, crear un acto simbólico: la construcción de tres monumentos.

Hay una diferencia en la connotación de la dos palabras, pero que se refieren especialmente a lo que significa para las Farc hacer el proceso de transición a la vida política, no como un ejército vencido sino como un ejército que da el paso a la vida civil dejando las armas a un lado para hacer el ejercicio de la política, un acto simbólico de transición a la vida sin armas.

Jennipher Corredor
Equipo Comunicaciones

En este programa se hace una presentación de la situación de las zonas veredales ¿qué hay en ellas?, ¿cómo han sido recibidos los guerrilleros en las regiones?, ¿cuales son los temores de la sociedad frente a este proceso? Además, se hace un análisis de lo que pasará el día 181, día en el que los guerrilleros abandonen esas zonas de concentración.

Invitados

Aunque los diálogos de paz ente el Gobierno nacional y las Farc-EP se extendieron por casi cuatro años, ante otras experiencias internacionales es una de las negociaciones más rápidas, si se compara por ejemplo con Guatemala y El Salvador que tardaron más de diez años o Irlanda del Norte que estuvo negociando por más de veinte.

La corta negociación no necesariamente implica un periodo equivalente de implementación. Los contratiempos se han hecho evidentes, desde el triunfo del No el pasado 2 de octubre cuando se esperaba iniciar la implementación de lo acordado con la guerrilla al otro día de la refrendación en las urnas. La mínima diferencia en los resultados del plebiscito dejó incertidumbre en la ciudadanía que apoyaba lo ya acordado, ante la zozobra se volcó a las calles exigiendo Acuerdo Ya, mientras tanto la comunidad internacional veía con preocupación la situación, optó entonces por conceder al presidente Santos el Nobel de Paz y darle el apoyo para llevar a buen término un nuevo acuerdo.

Empezaron las nuevas negociaciones, incluyendo las más de 500 propuestas de los líderes del No, Gobierno y Farc revisaron los temas e hicieron precisiones, el 24 de noviembre firmaron un nuevo Acuerdo Final y el Congreso lo refrendó definitivamente el 30 de noviembre.

Llegó el día D, con él la implementación de los acuerdos y la movilización de las Farc a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización- ZVTN- y Puntos Transitorios dispuestos para la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil, el número de zonas se redujo y se estimaba que para finales de diciembre llegaran todos los guerrilleros a las zonas, sin embargo, hasta la semana pasada concluyó el tránsito pero persisten los inconvenientes y retrasos logísticos en la adecuación de las zonas.

Polarización presente

Los reveses de la implementación incluyen tanto los incumplimientos en las zonas veredales por parte del Gobierno como los sectores inconformes con el acuerdo de paz que continúan debatiendo modificaciones, hechos que acentúa la polarización. La situación se agrava de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

En el informe de Interntional Crisis Group ‘Bajo la sombra del No: la paz en Colombia después del plebiscito’, presentado en Cinep/PPP el pasado 23 de febrero, se afirma que “el apoyo político al nuevo acuerdo es débil y, posiblemente, saldrá a relucir aún más cuando inicien las campañas políticas para las próximas elecciones presidenciales de 2018. La implementación completa del acuerdo no está, por lo tanto, todavía garantizada. A pesar de ello, el gobierno y las FARC tienen una ventana de oportunidad durante los próximos 18 meses para consolidar, a través de la implementación, un apoyo al proceso que incremente los costos políticos de truncarlo a partir de mediados del 2018.” (Ver informe completo)

“El discurso autocomplaciente que ha surgido del triunfo del No, no puede hacer perder de vista que el uribismo es realmente un fenómeno político que tiene altísimas probabilidades de ganar las elecciones del 2018 y esto quiere decir que al perder espacio es pertinente garantizar un estatuto a la oposición por la incertidumbre que hay, y dejar de pensar que el estatuto de oposición en Colombia va a ser una concesión concreta al movimiento político de las Farc” aseguró Víctor Barrera, investigador del Cinep/PPP durante la presentación del informe.

 

 

Otro de los retos para la implementación está en las instituciones, para Kyle Johnson, investigador de International Crisis Group se evidencia “falta de capacidad local en las instituciones que tienen que implementar el tránsito de la guerra a la paz,  el acercamiento del Gobierno Nacional se hace de arriba hacia abajo, la paz territorial es algo que se manda desde el centro. Las peleas y desacuerdos de coordinación y articulación con las entidades, son un reflejo de la polarización, hay desacuerdo en cómo debería ser la paz”.

Finalmente un reto que ha encendido las alertas es la violencia a nivel local, el asesinato de líderes y defensores de derechos humanos en conjunto con las acciones persistentes de los grupos armados hacen que no haya paz en los territorios. El llamado es para crear sinergias a partir de un espacio de diálogo despolitizado entre sociedad civil, Gobierno y comunidad internacional para luego pasar a la acción y protección.

 

Concluye el informe, que si los esfuerzos para implementar el acuerdo no sobrepasan estos obstáculos algunos puntos acordados pueden estar condenados al fracaso antes incluso de que tengan alguna posibilidad de éxito. 

Jennipher Corredor
Equipo Comunicaciones