Sep 25, 2017

La tierra: despojo sin fin

  • Sep 25, 2017
  • Publicado en Prensa

El Estado colombiano, cumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos expidió, en el año 2011 la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para la población que sufre el despojo o/y abandono forzado de sus tierras. Este mecanismo de reparación sigue siendo uno de los mayores desafíos para el Estado colombiano.

Según la Unidad de Restitución de Tierras, en este momento el 60% de las 102.000 solicitudes de restitución de tierras se encuentran en proceso. Esto significa que en 5 años de vigencia de la citada ley se han entregado 200.000 hectáreas de tierra a sus legítimos dueños, y otras 600.000 están en proceso para ser restituidas. Un resultado flaco y poco halagador si tenemos en cuenta que en Colombia existe un despojo, tanto a las comunidades rurales como al Estado en tierras baldías, de aproximadamente siete millones de hectáreas. No hay que olvidar que, por legislación de tierras, los baldíos, hacen parte de las tierras que deben distribuirse a las comunidades pobres.

Pero, además, dicha ley se ha venido aplicando en un contexto de persistencia de conflicto armado, ausencia de Garantías de protección de no repetición sobre las víctimas e impunidad para los violadores. Persiste la oposición a la devolución de las tierras y al retorno de los despojados a los territorios más afectados, por parte de los grupos paramilitares, de sectores políticos y empresariales interesados en mantener los beneficios derivados del despojo de tierras.

Las cifras de violencia contra las comunidades, líderes reclamantes de tierras y acompañantes defensores, entre el año 2011 y 2016, recogidas por el Cinep/PPP, son alarmantes: 142 hechos de violencia. De ellos, 46 son homicidios y 80 individuales y colectivas, además de atentados, lesiones personales y raptos. El riesgo es tal que existe la probabilidad de que cada trimestre un líder rural, en razón esta actividad comunitaria, sea asesinado o desaparecido en Colombia. Los departamentos más afectados son Córdoba, Bolívar, Sucre y Urabá antioqueño. No obstante, es preciso afirmar, que esta información solo indica una tendencia pues existe un alto subregistro de ella.

En julio de 2015 el Papa Francisco durante el segundo encuentro mundial de movimientos populares en Bolivia, expresó: “La tercera tarea, tal vez la más importante que debemos asumir hoy, es defender la Madre Tierra. La casa común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, vejada impunemente. La cobardía en su defensa es un pecado grave. No se puede permitir que ciertos intereses se impongan, sometan a los Estados y organismos internacionales, y continúen destruyendo la creación. Yo les pido, en nombre de Dios, que defiendan a la Madre Tierra”

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

 

 

Los casos de corrupción en Colombia aumentan vertiginosamente: Interbolsa, Reficar, Saludcoop, las vías de transporte masivo en Bogotá, Bucaramanga y Cali, la financiación campañas a la presidencia de la república por parte de Odebrecht, con el fin de obtener privilegios en la contratación de las carreteras cuatro G. Son tantos los casos que la corrupción se ha convertido en un tema cotidiano de los medios de comunicación y la gente los ve como parte del paisaje social ¿Qué está pasando? La persistencia de las prácticas corruptas demuestra que no se trata de un fenómeno ocasional ni exclusivo de la política, estamos ante una tendencia arraigada en la sociedad que afecta los códigos éticos más profundos.

¿Qué está haciendo la institucionalidad pública y privada para desmontar la corrupción? Al parecer muy poco o nada, pues el fenómeno en lugar de atenuarse, crece. ¿Qué acciones estamos realizando en la familia, la escuela, la vida comunitaria, eclesial, laboral y ciudadana, para desactivar las raíces de la corrupción? ¿De qué manera somos parte del círculo de la corrupción por acción o por omisión? El desafío es romper el circuito de la corrupción, la justificación de que todos tenemos derecho al cómo voy yo (o CVY), desconociendo los derechos y bienes de los demás. El reto es trabajar el cambio de modelos de vida basados en la acumulación y el consumo desmedido por encima del crecimiento humano. De nada vale un desarrollo económico basado en la inequidad, postergando para amplios sectores de la población el bienestar y una calidad de vida digna, equitativa y sustentable.

Necesitamos fortalecer un Estado democrático garante de los derechos humanos. Históricamente lo que ha existido es un Estado atrapado en una negociación perniciosa entre élites nacionales, regionales y locales. Las primeras conceden a las segundas una amplia autonomía a cambio de su respaldo. En consecuencia, se creó una relación basada en el clientelismo que propicia la debilidad institucional y la permisividad de la sociedad facilitando la corrupción.

El Papa Francisco en un discurso dirigido a una delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal en el Vaticano, en octubre del año dos mil catorce, expresaba: “la corrupción es un proceso de muerte que se ha vuelto habitual en la sociedad. El corrupto no puede aceptar la crítica, descalifica a quien la hace, busca disminuir cualquiera autoridad moral que pueda cuestionarlo, incluso ataca con insultos a todo el que piense diferente y si puede lo persigue. Es un mal más grande que el pecado, pero que sin embargo no puede contra la esperanza traída por el Señor Jesús”

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

 

 

El Comité Directivo y el equipo de colaboradores del Cinep/ Programa por la Paz lamentan el fallecimiento de Virginia Bouvier, una colega y amiga estadounidense que no escatimó esfuerzos en su vida para aportar a la paz en Colombia.

Ginny, como le gustaba ser llamada, se graduó del Wellesley College, tenía una maestría en Español de la Universidad de Carolina del Sur y un doctorado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California, Berkeley. Su sólida formación académica la proyectó como docente en la Universidad de Maryland y en la Universidad de Georgetown.

Su valioso trabajo académico lo complementó con activismo social como defensora de derechos humanos en los 80 junto al equipo de WOLA y como investigadora y consultora de USAID, ONU Mujeres, el Banco Mundial y la Fundación Levi Strauss, entre otros. Desde 2003, Ginny se vinculó al Instituto de Paz de los Estados Unidos (USIP); siempre enfocada y conocedora de asuntos latinoamericanos, llegó a liderar el Programa Colombia y tuvo un rol destacado como asesora principal en procesos de paz en dicha institución.

Desde esta posición en USIP, Ginny Bouvier impulsó y apoyó procesos orientados a crear un clima favorable a los diálogos de paz y al fortalecimiento de las capacidades de mediación de las organizaciones de la sociedad civil colombiana para la construcción de paz. Un ejemplo de ello es la creación de la Red de Mujeres Mediadoras y la Mesa de Iniciativas de Reconciliación, entre otras.  

Cinep/Programa por la Paz envía un abrazo de solidaridad y un mensaje de condolencia a su familia y su equipo de trabajo, y honra su memoria como mujer, académica y activista destacada, pero, también, como una amiga incondicional que ha acompañado el camino de tantos defensores y defensoras de la paz y los derechos humanos en Colombia.

Cinep/PPP se compromete a preservar el gran legado de Ginny Bouvier; su persistencia, solidaridad, compromiso y activa escucha, para que, en sus palabras, podamos ser “una sociedad practicante de la paz que anhela la justicia”.

 

Se necesitó más de medio siglo de conflicto armado, de violencia fratricida y de diálogos fracasados y exitosos para empezar a comprender en Colombia que la vida política de una sociedad, es mejor hacerla sin la mediación perversa e inútil de las armas. Sin embargo, el precio fue muy alto: más de siete millones de víctimas, sesenta mil desaparecidos, doscientos veinte mil muertos, siete mil secuestros y más de seis mil soldados víctimas de minas antipersonales.

Fue necesario que las Naciones Unidas, con una misión especial pedida desde el Acuerdo Final, conformada por quinientos veinte verificadores de diez y nueve países, estuvieran presentes en este proceso de dejación de armas. Los hechos son contundentes: seis mil ochocientos guerrilleros y dos mil ciento ochenta y cuatro milicianos agrupados en las zonas veredales, siete mil ciento treinta y dos armas individuales operativas de alta calidad, así como la entrega de novecientas cuarenta y dos caletas con armamento serán destruidas antes del próximo primero de septiembre.

Esto significa que las FARC dejaron de ser un grupo armado y pasarán a convertirse en un movimiento político para poner encima en medio del debate democrático su apuesta de la sociedad. Es importante que este nuevo movimiento, así como sus bases y sus líderes sean respetados, como debe ser respetado cualquier líder político de los diversos movimientos en Colombia. El Estado debe estar al frente de estas garantías. Hemos sido testigos y lo seguimos siendo, de las siniestras estrategias de guerra sucia que actores armados, como los paramilitares o sectores sociales, proclives a la violencia, imponen sobre los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos.

El veintisiete de junio de dos mil diecisiete debería pasar a la historia como uno de los momentos de mayor transcendencia de la vida política del país; pero a la vez, como el día del reconocimiento al valor de nuestras víctimas, sin ninguna distinción, sea quien sea su victimario. Siguiendo la invitación del Presidente de la Conferencia Episcopal, Obispo Luis Augusto Castro Quiroga, luego de la dejación de armas lo que nos corresponde es un desarme interior, que es el más difícil pero lo tenemos que lograr para consolidar la paz en Colombia. Que cada uno se quite el odio y el armamento que tenemos por dentro, para avanza en la reconciliación del país.

Nos espera un camino largo para que la paz con justicia social sean una realidad, pero lo que sabemos es que por la violencia no la podemos lograr. Las armas se empuñaron por el cierre de la participación política. Cobra hoy sentido decir: adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida la construcción de la paz mediada por el debate y la concertación de las ideas, propuestas y argumentos.

 

 Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

Uno de los principales objetivos del Acuerdo de Paz producto de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP es “la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural”. Dicho horizonte es positivo, teniendo en cuenta la centralidad del problema de la tierra en el desarrollo del conflicto y la necesidad de generar cambios estructurales que mitiguen lo que se ha considerado como causas estructurales del conflicto: desigualdad en el acceso a la tierra, mínima garantía de derechos y escasa representación política de poblaciones rurales pobres, entre otros.

La Reforma Rural Integral del acuerdo –haciendo un resumen muy general–  contempla medidas vinculadas a la promoción del acceso a tierras a través de adjudicaciones y también de la constitución de figuras territoriales como las Zonas de Reserva Campesina; medidas para garantizar la caracterización de las tierras rurales en Colombia y las áreas de conservación y su protección; la elaboración de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial en las zonas mayormente afectadas por el conflicto con una amplia participación de las comunidades; y la puesta en marcha de Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral dirigidos a mejorar la infraestructura, los servicios básicos para la población rural y el apoyo a la economía campesina, familiar y comunitaria.

Después de la firma, el tema inmediato está referido a cuáles son los cambios normativos e institucionales, así como los instrumentos de política pública necesarios para materializar los acuerdos. En efecto, en un primer momento se trata de los ajustes normativos por medio del procedimiento conocido como fast track, que implica un trámite más expedito al normal. En este marco, el debate ha sido profundo y refleja las dificultades para concertar arreglos entre los múltiples actores interesados en la tierra.

El Gobierno presentó un ambicioso Proyecto de Ley de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural que reformaba casi por completo la normatividad agraria y de tierras y que fue resistida por sectores sociales, económicos y políticos. En todo caso, estos reparos vienen de distintos sectores que no pueden ubicarse en un mismo lugar: por ejemplo, entre las diversas posturas, una de estas proviene de grupos políticos y gremios que se oponen radicalmente al acuerdo de paz y consideran, de acuerdo a sus declaraciones, que con este se pone en riesgo la propiedad privada y se afecta la productividad. Un segundo conjunto de críticas proviene de organizaciones sociales que han expresado que parte de las propuestas del gobierno atentan directamente contra el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional.

En medio de la discusión el Gobierno optó por desarrollar una normativa específica vía Decreto Ley presidencial que contempla la creación del Fondo de Tierras y los procesos de formalización y acceso a tierras que debe surtir el trámite de Consulta Previa con los grupos étnicos; mientras otro tipo de medidas de mayor alcance serán tramitadas en el Congreso de la República.

Un segundo aspecto relevante se refiere al mecanismo de desarrollo normativo: el 17 de mayo la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones originales del fast track que contemplaba que los cambios realizados en el Congreso a los proyectos de ley debían contar con el aval del Gobierno Nacional y que además estos debían ser votados a favor o en contra en su totalidad.

Esto desde ya significa un reto importante para la implementación de los acuerdos de paz. Un primer asunto tiene que ver con los tiempos: pronto a vencer el periodo del fast track (prorrogable por seis meses más), a partir de ahora todo proyecto de ley surtirá una discusión pormenorizada artículo por artículo, corriéndose el riesgo de que los tiempos no den para desarrollar toda la normatividad necesaria, no solo en lo que respecta a Reforma Rural Integral. Un segundo riesgo tiene que ver con los cambios que los parlamentarios puedan hacer a las propuestas y que estos no sean coherentes con el Acuerdo de Paz.

Las discusiones en el Congreso de la República y la muy probable movilización social a favor de los acuerdos marcarán los ritmos del debate sobre las acciones de política pública necesarias para solucionar los problemas de la tierra en Colombia. Cómo convenir con distintos actores con intereses tan disímiles y diferentes apuestas sobre la tierra, el desarrollo rural y el ordenamiento territorial parece ser la pregunta en este momento. Y, en realidad, esta es la pregunta fundamental de todo proceso de construcción de gobernanza adecuada de la tierra y los recursos naturales. Para la ENI/Colombia este proceso debe partir por el reconocimiento y garantía de los derechos de las comunidades rurales como lo consigna el Acuerdo. Sin duda, de esto se trata la construcción de la paz.

 

Javier Lautaro Medina

Coordinador del Equipo Movilización, tierra y territorio.

Estrategia Colaborativa en Colombia por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio – ENI/Colombia

Artículo publicado en http://www.landcoalition.org