Aug 18, 2017

La ‘posverdad’ hace parte de la construcción de opinión pública y además es un concepto político. Habla de la relatividad de la verdad y de una actitud ciudadana específica frente a su papel en la sociedad.

Analizamos este fenómeno junto a:

- Tomás Barrero Profesor del departamento de Filosofía de la Uniandes
- Daniel Valencia, Profesor del Departamento de Comunicación Pontificia Universidad Javeriana
- Sania Salazar, periodista Colombiacheck y asociada a Consejo de Redacción

 

El segundo punto del acuerdo de La Habana, Participación política: apertura democrática para construir la paz, establece algunos parámetros que, según las delegaciones, amplían las posibilidades de los diferentes sectores sociales para  tener una participación más amplia y efectiva.

En uno de sus apartes, relacionado con la participación de la sociedad civil, plantea la presentación de un proyecto de ley al Congreso de la república en el que se brinden garantías para esa participación. Dentro de este punto, se solicitó al Cinep/PPP y a otras dos organizaciones su apoyo para lograr que el proyecto que se presente sea acorde a las necesidades de las comunidades del país.  Magda López, investigadora del equipo de Iniciativas de paz y Marco Fidel Vargas, investigador de equipo de educación, hablan del trabajo que han desarrollado ante la solicitud de la mesa de negociaciones.

¿Por qué desde la mesa de La Habana se solicita al Cinep/PPP apoyar en este punto?

Magda López

Hay que señalar el trabajo en temas de investigación, educación, acompañamiento y presencia en los territorios que ha hecho el Cinep y el Programa por la Paz durante muchos años. Ese trabajo fue reconocido en la mesa de negociación en La Habana, tanto por la delegación de las Farc como la del gobierno. Nos reconocen como un actor de la sociedad civil que lidera, que impulsa, que denuncia. Y como un centro de pensamiento que acompaña a las víctimas y a las comunidades más afectadas por el conflicto. Resaltaron mucho el trabajo en derechos humanos y el registro que se lleva desde el banco de datos de las violaciones a estos en diferentes partes del país.

¿Cómo llega el Cinep/PPP a la mesa?

Nosotros llegamos a la mesa por diferentes trabajos veníamos desarrollando en los últimos años. Uno de ellos fue un consulta ciudadana organizada por Foro nacional por Colombia y por petición del Alto Comisionado para la Paz sobre reconciliación y convivencia. Nosotros hicimos la secretaría técnica y a partir de ese momento hicimos el contacto con estas organizaciones.

¿Cuál fue la solicitud que les hicieron?

Tres organizaciones (Foro nacional por Colombia, Viva la ciudadanía y Cinep/PPP) fueron llamadas a acompañar uno de las tareas que quedaban para la implementación. Esta quedó enmarcada en el punto 2 del acuerdo y tiene que ver con la creación de un proyecto de ley de garantías de la participación ciudadana, la movilización y la protesta social y otras actividades que pueden hacer las organizaciones sociales.

Según lo estableció la mesa de conversaciones de La Habana, había un llamado a las tres organizaciones para que diseñaran una metodología de cara a la convocatoria de un espacio nacional en el que se pudieran recoger diferentes insumos que dieran los lineamientos para este proyecto de ley.  Cada una de las organizaciones no hemos repartido la recolección de una serie de insumos temáticos de acuerdo a las experticias y experiencias de cada organización, que se discutirán en cada una de las mesas en el espacio nacional y en los espacios territoriales.

¿Cuál es la agenda o cronograma que tienen?

El consejo Nacional de Participación ha nombrado sus delegados. Con ellos, en estos días, estamos organizando los eventos regionales. Los resultados de estos eventos debemos presentarlos, a más tardar, el 31 de marzo. Es decir, los lineamientos para el proyecto de ley debemos entregarlos para esa fecha. El encargo de La Habana, para las tres organizaciones, termina con la entrega de ese documento que recoge los aportes de las organizaciones de la sociedad civil de las diferentes regiones del país.

 La participación ciudadana en Colombia

En 2015 se expidió la ley 1757 que busca promocionar y proteger el derecho a la participación ciudadana. Esta ley presenta las formas institucionales de participación, regula las iniciativas populares y los mecanismos de participación (referendo, plebiscito, consulta popular), sin embargo, no brinda garantías reales para el ejercicio de la participación pues no están explícitamente mencionadas. Esta ley reconoce que la participación ciudadana se expresa a partir de mecanismos institucionales, pero también la movilización social y la organización ciudadana hacen parte de la participación, y por lo tanto deben ser oídas por los mandatarios locales, regionales y nacionales.

Dentro de la normatividad estipulada en la ley, se crea el Consejo Nacional de Participación. Este se encarga de orientar al gobierno nacional en temas relacionados con la participación de diferentes sectores sociales. Esta instancia trabaja con las tres organizaciones designadas por la mesa de La Habana y su rol es el de liderar la convocatoria al espacio nacional y acompañar en los espacios regionales la discusión para tener claridad de las propuestas de las comunidades.

 En el punto 2.2.1. del acuerdo final, les solicitan organizar el espacio nacional. ¿Cuál es la metodología para estos espacios de debate?

Marco Fidel Vargas

Lo primero será dividir los nueve temas planteados en mesas por sectores. Allí se organizarán las organizaciones dependiendo el tipo de temática que trabajen. Luego se identificarán las fallas, falencias u obstáculos que tiene la sociedad civil y que no les propicia una participación efectiva. Una vez identificadas, las mismas organizaciones presentarán sus propuestas que les permitan superar esos obstáculos y poder tener garantías. De ahí en adelante  la tarea es de las tres organizaciones (Foro nacional por Colombia, Viva la ciudadanía y el Cinep/PPP) para sistematizar esas propuestas y presentarlas al espacio nacional categorizadas.

Dentro del acuerdo les piden los lineamientos para el proyecto de ley  que dé garantías a la participación ¿Cuáles deben ser esas garantías?

Esas garantías deben girar en torno a habilidades que tienen las comunidades en las regiones del país, al tipo de institucionalidad que debe asumirlas, que deben garantizar que existan las garantías, las condiciones para exigir los derechos cuando sean vulnerados, los instrumentos de protección para que constantemente las comunidades puedan exigir  y el acceso a la participación que deben tener todas las regiones de acuerdo a su propio contexto.

¿Cuál es el conducto para llevar las propuestas de las comunidades al proyecto de ley?

Vamos a convocar entre 4 y 6 espacios regionales donde las organizaciones de la sociedad civil van a llevar sus propuestas. De allí se elegirán representantes para el espacio nacional. El documento de sistematización de estos eventos se llevará a una comisión de diálogo en la que se redactará el primer borrador del proyecto de ley. Luego, ese borrador se entrega a las delegaciones de gobierno y de las Farc para que lo revisen. Allí se pueden hacer las correcciones necesarias y cuando ambas partes estén de acuerdo  entregan el documento al Ministerio del Interior para que radique el proyecto en el Congreso. Allí la discusión se hará por Fast track y una vez aprobada la ley, pasará a la Corte Constitucional que la dejará en firme.

Luego de entregar los lineamientos ¿el Cinep/PPP piensa hacer algo más?

El mandato de la mesa es entregar los lineamientos. Sin embargo, hay llamados desde diferentes sectores para que las tres organizaciones y el Consejo nacional de participación sigan haciendo el monitoreo y seguimiento al proyecto de ley. La gente en la experiencia sabe que muchas veces participan en los espacios de discusión, pero cuando la discusión llega al legislativo o a los entes de toma de decisiones, no hay fidelidad o no concuerda lo que la gente dijo con el texto final que aprueban. Estamos esperando si nos es posible participar en esa otra discusión.

 

 Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

 

 

En reconocimiento a la obra Poder y Violencia la Fundación Alejandro Ángel Escobar (FAAE) declaró por primera y única vez fuera de concurso la obra, el pasado 30 de septiembre Fernán González S.J. recibió la premiación.

 “La obra es un producto de décadas de investigación que abre una nueva perspectiva para comprender un problema fundamental de la sociedad colombiana. Desde ya se constituye en un referente obligatorio para quien se interese por entender la complejísima dinámica del proceso de formación del Estado en el país. Además de original y rigurosa, la investigación de Fernán E. González revela un trabajo decantado por una reflexión y compromiso intelectual de toda la vida.” Asegura la FAAE en su comunicado oficial. La fundación cumplió 60 años de estar otorgando los Premios Nacionales a la Ciencia y la Solidaridad, lo que motivó el reconocimiento extraordinario que tuvo decisión unánime.

Desde el año pasado, la publicación de González fue catalogada como una de las mejores del año por la Revista Arcadia. En el diario El Nuevo Siglo, Mauricio Botero dedica una columna al análisis de la obra “Creo que es el libro más importante escrito sobre Colombia de los últimos años. Y esto es mucho decir dados la cantidad y calidad de estudios nacionales y extranjeros que se publican sobre tan extraña realidad”.

En este sentido, “no es gratuito ni fortuito que haya coincidencia en los calificativos hacia este texto, que pareciera haber sido concebido con el objeto de explicar, de una vez por todas, esa gama de fenómenos que se han desarrollado por todo Colombia, en regiones con presencia fuerte, mediana o sin ella del Estado, de los grupos armados de izquierda y de derecha, y que han contribuido a la profundización del conflicto armado. Y no lo es porque Fernán y sus compañeros de Cinep llevan décadas estudiando sin tregua esos sucesos añejos y nuevos que han poblado de terror, dolor, angustia, las regiones del país sumándose a la miseria, exclusión, corrupción y demás males que arrastramos desde el siglo pasado” dice Myriam Bautista, en las Lecturas Dominicales de El Tiempo.

En palabras del autor González, en una entrevista para la revista Semana, su libro es novedoso por “La visión distinta que muestra de la violencia política y social. Tradicionalmente este fenómeno se tiende a ver en términos maniqueos, de buenos y malos, rojo y azul, blanco o negro. En cambio nosotros, el grupo de investigación del Cinep, hemos tratado de mostrar cómo en el proceso de formación del Estado y la sociedad colombiana se crearon unos escenarios muy propicios para la violencia. Tratamos de entender qué fue lo que pasó, sin juicios morales.”

 

Los objetivos de la investigación

La investigación pretende mostrar el trasfondo histórico y espacial de los fenómenos de violencia política desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días por medio de una síntesis interpretativa de los diferentes autores, nacionales e internacionales, que se han ocupado de los orígenes, causas y desarrollos de la violencia colombiana.

Esa síntesis interpretativa enmarca el desarrollo de los conflictos internos del país, desde las guerras civiles del siglo XIX hasta la violencia reciente, en el proceso de larga y mediana duración de la construcción del Estado en Colombia, lo que permite confrontar el caso colombiano tanto con los desarrollos de otros países de Europa occidental e Iberoamérica como con los teóricos de la ciencia política y los historiadores que se ha ocupado del tema en esos países.

¿Dónde adquirirla?

Encuentre esta publicación en Siglo del Hombre o adquiérala comunicándose con nosotros a través de Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o llamando al 2456181 ext. 759. Próximamente Poder y Violencia se podrá adquirir en formato electrónico.

Gisselle Martín Chocontá
Equipo de comunicaciones