Dec 13, 2017

 

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep/Programa por la Paz presentó a la opinión pública el Informe Tumaco, ¿víctima de quién?, donde se registraron los casos de violaciones a derechos humanos del primer semestre de 2017.

El Cinep/PPP y el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, en su apuesta por la vida manifiesta con preocupación los datos que representan la crisis que tiene el país en Derechos Humanos en la actual coyuntura y que se presentan junto con la Revista Noche y Niebla n° 55.  Comparado con el primer semestre de 2016, este periodo en 2017 registra un incremento de 26% respecto a victimizaciones cometidas por paramilitares y una leve disminución del 2% en cuanto a victimizaciones de autor no identificado.

Este balance, afirmó Luis Guillermo Guerrero, director del Cinep/PPP, “nos da para decir que centenares de colombianos siguen siendo victimizados. Resulta preocupante el fortalecimiento del paramilitarismo o de los grupos armados que defienden intereses económicos y políticos privados a través de la amenaza y ejecución de ciudadanos y ciudadanas inocentes”.

Según el informe que presenta el Banco de Datos, en el primer semestre de 2017 se le atribuye a los paramilitares un total de 389 victimizaciones y a actores armados no identificados, 484 victimizaciones.

El director también hizo énfasis en el preocupante accionar del ESMAD y la Policía Nacional en el contexto de la protesta social durante este año en el país y en la crisis humanitaria y social que viven las comunidades afrocolombianas e indígenas de la costa pacífica nariñense.

El coordinador de Equipo de Derechos Humanos de Cinep/PPP, Alejandro Angulo S.J., se refirió al informe publicado por la Defensoría del Pueblo en marzo de este año, en donde se revela que entre 2016 y los primeros dos meses de 2017 se presentaron 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Los autores de estos hechos se atribuyen a grupos posdesmovilización. Y afirmó: “La verdadera guerra colombiana no ha terminado. Tumaco, es una de las múltiples pruebas de ello.  La verdadera guerra colombiana, aquella que se adelanta con el fin de despojar de su tierra a las poblaciones que no pueden y no quieren armarse para defender sus territorios, no ha terminado”.

Así lo demuestran las cifras recolectadas por los investigadores del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep/PPP. Como violencia político-social se catalogan los crímenes cometidos contra personas con participación en procesos políticos, pero cuyos presuntos responsables se desconocen. En el primer semestre de 2017 se registraron un total de 482 victimizaciones de este tipo, de las cuales 83 ocurrieron el departamento de Nariño. De estas, 63 tuvieron lugar en el municipio de Tumaco.

 

DEPARTAMENTO

A

B

C

D

E

F

G

H

Total general

NARIÑO

4

55

1

11

7

1

4

 

83

CAUCA

45

17

3

4

 

 

3

1

73

NORTE DE SANTANDER

7

17

3

4

3

25

 

 

59

ANTIOQUIA

10

14

3

5

1

 

 

 

33

BOLÍVAR

 

6

 

2

1

22

1

 

32

HUILA

4

17

2

3

 

 

1

 

27

ARAUCA

2

10

 

2

5

1

1

 

21

SANTANDER

15

4

 

2

 

 

 

 

21

BOGOTÁ D.C.

6

4

1

8

1

 

 

 

20

VALLE DEL CAUCA

4

5

1

1

7

 

1

1

20

BOYACÁ

9

 

9

 

 

 

 

 

18

META

2

5

 

3

4

 

 

 

14

SUCRE

8

 

 

 

 

 

 

 

8

CAQUETÁ

 

5

 

1

1

 

 

 

7

CÓRDOBA

 

4

 

3

 

 

 

 

7

CESAR

1

4

1

 

 

 

 

 

6

CHOCÓ

2

2

 

2

 

 

 

 

6

CUNDINAMARCA

 

6

 

 

 

 

 

 

6

PUTUMAYO

 

3

 

2

 

 

 

 

5

VAUPÉS

 

 

 

 

 

5

 

 

5

CASANARE

3

 

 

 

 

 

 

 

3

GUAVIARE

 

1

 

 

 

1

 

 

2

RISARALDA

 

 

 

 

 

2

 

 

2

TOLIMA

1

1

 

 

 

 

 

 

2

CALDAS

 

 

 

1

 

 

 

 

1

MAGDALENA

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Total General

123

181

24

54

30

57

11

2

482

A: AMENAZA; B: ASESINATO; C: ATENTADO; D: LESIÓN FÍSICA; E:  RAPTO ; F: SECUESTRO ; G: TORTURA ; H: VIOLENCIA SEXUAL

 

Y así lo rectificó Arnulfo Mina Garcés, vicario de la Diócesis de Tumaco: “La deuda histórica que tiene el Gobierno nacional con toda la región del Pacífico ha facilitado ese cúmulo de necesidades insatisfechas en toda la costa pacífica” sumado al complejo problema del narcotráfico del que Tumaco es protagonista siendo uno de los primeros municipios productores de coca en el país.

“Si no hay un plan de prevención serio por parte del Gobierno nacional y regional, en cinco años Tumaco no solo será productor sino también consumidor de drogas”, afirmó el sacerdote Mina Garcés. Además, argumentó que si bien los Diálogos de La Habana le dieron una esperanza al pueblo de Tumaco, desafortunadamente la situación de los últimos meses muestra que la violencia se ha incrementado.

Para Javier Giraldo S.J., coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP, la persistencia del paramilitarismo es evidente a pesar de que el gobierno siga negando su existencia, pues siguen siendo los mayores responsables de victimizaciones de violencia política. “No son bandas criminales ni delincuencia común, tienen una orientación muy concreta, en los mismos textos de las amenazas se puede comprobar eso. Están al lado de grandes proyectos económicos y tienen una ideología política”,  afirmó Giraldo S.J

Laura Contreras

Equipo de Comunicaciones

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan quienes dejaron las armas para emprender una lucha política? Alrededor de esta pregunta giró el último Diálogos Cinep/PPP de 2017 que se llevó a cabo el miércoles 1 de noviembre en las instalaciones del centro de investigación.

Contamos con la participación de Vera Grabe, antropóloga y ex militante del M—19; Carlos Velandia, administrador de empresas y ex miembro del ELN y Víctor Barrera, politólogo y coordinador del equipo de Conflicto, Estado y Desarrollo de Cinep/PPP.

La moderación estuvo a cargo del periodista Alfredo Molano Jimeno que planteó este diálogo desde los aprendizajes que han dejado procesos de paz anteriores en aras de comprender el momento de transición que Colombia hoy. ¿Qué necesita el país para hacer una transformación democrática? ¿La transformación que necesita será solo normativa o cultural? ¿Cómo se debe resolver el paso a la política sin armas que hará las FARC? Fueron tan solo algunos de los interrogantes que se plantearon en este espacio y que suscitaron distintas reflexiones desde el análisis del politólogo Víctor Barrera, como de la experiencia personales de Vera Grabe y Carlos Velandia.

Algunas de las intervenciones coincidieron en la responsabilidad no sólo de la sociedad, sino del sector político, pues como lo afirmó Carlos Velandia "no es cualquier cosa acabar una guerra de más de 50 años con el ejército guerrillero más grande del continente". Reconocer el esfuerzo que hicieron las partes demanda una madurez política que queda en duda hoy, con los retrasos que ha tenido la implementación en el Congreso de la República. "Si la Farc le apostaron a este proceso, la paz demanda generosidad de parte de muchos sectores políticos" afirmó Vera Grabe, refiriéndose a esto último.

A pesar de esto, Víctor Barrera reconoce que "no hay un jugador que en el gobierno esté defendiendo la paz tiempo completo" pues las agendas legislativas y el período electoral que se avecina influyen de distintas maneras en el devenir del Acuerdo de Paz, "no hay posibilidad de construir mayorías en un contexto donde se acercan las elecciones" afirmó Barrera.

Con respecto a los cambios que tiene que hacer la sociedad, Carlos Velandia habló desde su experiencia y afirmó que no ha sido tan fácil para él hacer ese tránsito aunque hayan pasado ya muchos años "Es la hora que no he podido abrir una cuenta de ahorros. Se  me ha limitado el ejercicio de ciudadanía" y reiteró "aunque la sociedad quiere la paz, no está dispuesta a ser muy generoso con los excombatientes".

Para Vera Grabe, no hay que poner en términos de malo o bueno la candidatura de Rodrigo Londoño a la presidencia “son decisiones que se toman y hay distintos riesgos que se corren" por eso insiste que la pedagogía de paz debe abordarse más allá de los acuerdos, precisa que hace falta un cambio de la mentalidad de parte de los colombianos para que el poder de la política no se quede dirigida a pensarla solo desde las urnas.

 

De grupos armados a partidos políticos

En la historia reciente varios grupos en diferentes partes del mundo han optado por la vía armada para exigir cambios políticos. Luego de negociar con sus respectivos gobiernos han dejado las armas y han accedido a la participación política, estos son algunos de esos grupos.

PIRA – Irlanda del Norte
El conflicto Irlandés parte del deseo independentista de una minoría católica del Reino Unido, en contraposición a la mayoría protestante que buscaba seguir siendo parte de la Monarquía británica.  Este conflicto generó la conformación de diferentes grupos armados que al enfrentarse entre ellos, desataron una guerra civil desde 1919. La organización terrorista con más militantes fue el Ejército Republicano Irlandés Provisional – PIRA (por sus siglas en inglés: Provisional Irish Republican Army).

Luego de 29 años de lucha armado inician conversaciones con el Gobierno Irlandés. Un poco más de una década duraron las negociaciones entre las partes que dieron como resultado el acuerdo de Belfast, conocido también como el Acuerdo de viernes santo, por la fecha de su firma en 1998. La refrendación de los acuerdos fue aprobada por el 94% de los votantes de República de Irlanda y el 71% de los votantes de Irlanda del Norte. El acuerdo incluyó reformas en la organización y la metodología de varias instituciones estatales en las que se les dio participación a los integrantes del PIRA.   El grupo armado solo dejó el uso de las armas hasta el 2005, siete años después de firmado el acuerdo cuando anunció su desarme.

Sudáfrica
La discriminación racial en Sudáfrica era tal, que el 1960 la Policía disparó contra una manifestación antigubernamental dejando un saldo de 69 muertos y 180 heridos, todos ellos de raza negra. Desde ese momento, líderes del Congreso Nacional Africano CNA, entre ellos Mandela, formaron el “Umkhonto We Sizwe” o Cabeza de Lanza que se caracterizaron por la práctica de la no violencia y la desobediencia civil. Este grupo fue el brazo armado de los movimientos antiapartheid y quienes iniciaron ataques armados en contra de las entidades estatales. En 1964 Mandela es enviado a prisión junto a otros integrantes del grupo armado, condenado a cadena perpetua.

En 1989 y frente a la presión internacional e interna por las políticas racistas, el recién nombrado presidente De Clerk inicia negociaciones secretas con Mandela, quien se convirtió en líder de los reclusos. En 1990 acuerda con el gobierno su libertad y la derogatoria de varias leyes que afectaban a la población negra. El gobierno aceptó al CNA como actor político e instalaron la asamblea constituyente. En 1994 Mandela gana las elecciones presidenciales y en 1996 aprueba la nueva constitución de Sudáfrica sin Apartheid.

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional – El Salvador    
Como resultado de las políticas de la Junta Revolucionaria de Gobierno, en 1980 inicia la guerra civil en el Salvador. Varios grupos guerrilleros con ideología de extrema izquierda crean el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que se dedicó a la lucha armada en contra del Estado por 12 años. En 1984 inician los acercamientos con José Napoleón Duarte a la cabeza del gobierno. Tras cuatro años de conversaciones, en México, se firma el acuerdo final en 1992  y el FMLN se convierte en partido político. En 2009 y luego de participar en varios procesos electorales, ganan las elecciones presidenciales con el apoyo del 51% de los votantes.

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca – Guatemala
Guatemala cuenta en su historial con 19 gobiernos militares. Estos gobiernos mantenían un estricto control de las entidades, de la población civil y una fuerte ofensiva contra los grupos guerrilleros. Uno de ellos es la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG, grupo en el que coincidieron cuatro grupos alzados en armas y creado en 1982. En 1986 con la elección de Marco Vinicio Cerezo, se inician las conversaciones entre Gobierno y guerrilla, apoyados por la ONU, pero después de varios intentos no llegaron a ningún acuerdo. Solo hasta 1996, diez años después, Alvaro Arzú concreta el acuerdo de paz entre ambas partes. La URNG se convirtió en partido político en 1997 y se ha presentado en las elecciones presidenciales sin lograr ganarlas, sin embargo ha logrado varias curules parlamentarias.

Fuerzas Nacionales de Liberación – Burundi
La República de Burundi está ubicada en África Oriental. Allí el conflicto es de tipo étnico. La población está dividida en tres grandes grupos: los Twa, los tutsi y los Hutu. Burundi se independizó de Bélgica en 1962 y tuvo sus primeras elecciones multipartidistas que dejaron como presidente a uno de los representantes Hutu. Pocos meses después de su posesión fue asesinado, hecho que generó la guerra civil entre los grupos étnicos. A partir de 1998 los gobiernos han iniciado conversaciones con varios grupos armados que han surgido con el paso del tiempo. Sin embargo, el proceso más importante se dio con las Fuerzas Nacionales de Liberación FNL.

Desde 2000 se intentaron acercamientos pero no se llegó a un acuerdo concreto. Con la ayuda de figuras representativas a nivel internacional como Nelson Mandela o Kofi Annan se inició el proceso de conversaciones en 2006. En 2008 se firmó el acuerdo final y se inició la transición de las FNL en un partido político llamado Consejo Nacional de las fuerzas democráticas de defensa de la democracia.  El partido logró la presidencia de la república con la llegada de Pierre Nkurunziza.

Movimiento 19 de abril – M19 – Colombia
Tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales de 1970 y el supuesto fraude electoral que dejó como ganador a Misael Pastrana, un grupo de integrantes de la Alianza Nacional Popular – Anapo, deciden crear el movimiento guerrillero M19 con el que buscaban presionar al gobierno. Este grupo se caracterizó porque su estrategia armada estaba acompañada de grandes golpes de opinión. Luego de 20 años de actividad guerrillera aceptan en negociación con el gobierno de Virgilio Barco entregar sus armas y dar por terminada la lucha armada a cambio de instalar una asamblea nacional constituyente que terminará en la Constitución Política de 1991.

Ingresaron a la arena política como el Partido Alianza Democrática Movimiento M19 y en elecciones obtuvieron 19 curules en la circunscripción especial para la Asamblea Constituyente. Uno de sus miembros, Antonio Navarro, fue elegido copresidente de dicha asamblea. Terminada la constitución, lograron 9 senadores y 12 representantes a la cámara en las elecciones de 1991. En las elecciones siguientes perdieron la personería jurídica por no alcanzar el umbral electoral.

 

Miguel Martínez

Laura Contreras

Equipo de Comunicaciones

La ‘posverdad’ hace parte de la construcción de opinión pública y además es un concepto político. Habla de la relatividad de la verdad y de una actitud ciudadana específica frente a su papel en la sociedad.

Analizamos este fenómeno junto a:

- Tomás Barrero Profesor del departamento de Filosofía de la Uniandes
- Daniel Valencia, Profesor del Departamento de Comunicación Pontificia Universidad Javeriana
- Sania Salazar, periodista Colombiacheck y asociada a Consejo de Redacción

 

El segundo punto del acuerdo de La Habana, Participación política: apertura democrática para construir la paz, establece algunos parámetros que, según las delegaciones, amplían las posibilidades de los diferentes sectores sociales para  tener una participación más amplia y efectiva.

En uno de sus apartes, relacionado con la participación de la sociedad civil, plantea la presentación de un proyecto de ley al Congreso de la república en el que se brinden garantías para esa participación. Dentro de este punto, se solicitó al Cinep/PPP y a otras dos organizaciones su apoyo para lograr que el proyecto que se presente sea acorde a las necesidades de las comunidades del país.  Magda López, investigadora del equipo de Iniciativas de paz y Marco Fidel Vargas, investigador de equipo de educación, hablan del trabajo que han desarrollado ante la solicitud de la mesa de negociaciones.

¿Por qué desde la mesa de La Habana se solicita al Cinep/PPP apoyar en este punto?

Magda López

Hay que señalar el trabajo en temas de investigación, educación, acompañamiento y presencia en los territorios que ha hecho el Cinep y el Programa por la Paz durante muchos años. Ese trabajo fue reconocido en la mesa de negociación en La Habana, tanto por la delegación de las Farc como la del gobierno. Nos reconocen como un actor de la sociedad civil que lidera, que impulsa, que denuncia. Y como un centro de pensamiento que acompaña a las víctimas y a las comunidades más afectadas por el conflicto. Resaltaron mucho el trabajo en derechos humanos y el registro que se lleva desde el banco de datos de las violaciones a estos en diferentes partes del país.

¿Cómo llega el Cinep/PPP a la mesa?

Nosotros llegamos a la mesa por diferentes trabajos veníamos desarrollando en los últimos años. Uno de ellos fue un consulta ciudadana organizada por Foro nacional por Colombia y por petición del Alto Comisionado para la Paz sobre reconciliación y convivencia. Nosotros hicimos la secretaría técnica y a partir de ese momento hicimos el contacto con estas organizaciones.

¿Cuál fue la solicitud que les hicieron?

Tres organizaciones (Foro nacional por Colombia, Viva la ciudadanía y Cinep/PPP) fueron llamadas a acompañar uno de las tareas que quedaban para la implementación. Esta quedó enmarcada en el punto 2 del acuerdo y tiene que ver con la creación de un proyecto de ley de garantías de la participación ciudadana, la movilización y la protesta social y otras actividades que pueden hacer las organizaciones sociales.

Según lo estableció la mesa de conversaciones de La Habana, había un llamado a las tres organizaciones para que diseñaran una metodología de cara a la convocatoria de un espacio nacional en el que se pudieran recoger diferentes insumos que dieran los lineamientos para este proyecto de ley.  Cada una de las organizaciones no hemos repartido la recolección de una serie de insumos temáticos de acuerdo a las experticias y experiencias de cada organización, que se discutirán en cada una de las mesas en el espacio nacional y en los espacios territoriales.

¿Cuál es la agenda o cronograma que tienen?

El consejo Nacional de Participación ha nombrado sus delegados. Con ellos, en estos días, estamos organizando los eventos regionales. Los resultados de estos eventos debemos presentarlos, a más tardar, el 31 de marzo. Es decir, los lineamientos para el proyecto de ley debemos entregarlos para esa fecha. El encargo de La Habana, para las tres organizaciones, termina con la entrega de ese documento que recoge los aportes de las organizaciones de la sociedad civil de las diferentes regiones del país.

 La participación ciudadana en Colombia

En 2015 se expidió la ley 1757 que busca promocionar y proteger el derecho a la participación ciudadana. Esta ley presenta las formas institucionales de participación, regula las iniciativas populares y los mecanismos de participación (referendo, plebiscito, consulta popular), sin embargo, no brinda garantías reales para el ejercicio de la participación pues no están explícitamente mencionadas. Esta ley reconoce que la participación ciudadana se expresa a partir de mecanismos institucionales, pero también la movilización social y la organización ciudadana hacen parte de la participación, y por lo tanto deben ser oídas por los mandatarios locales, regionales y nacionales.

Dentro de la normatividad estipulada en la ley, se crea el Consejo Nacional de Participación. Este se encarga de orientar al gobierno nacional en temas relacionados con la participación de diferentes sectores sociales. Esta instancia trabaja con las tres organizaciones designadas por la mesa de La Habana y su rol es el de liderar la convocatoria al espacio nacional y acompañar en los espacios regionales la discusión para tener claridad de las propuestas de las comunidades.

 En el punto 2.2.1. del acuerdo final, les solicitan organizar el espacio nacional. ¿Cuál es la metodología para estos espacios de debate?

Marco Fidel Vargas

Lo primero será dividir los nueve temas planteados en mesas por sectores. Allí se organizarán las organizaciones dependiendo el tipo de temática que trabajen. Luego se identificarán las fallas, falencias u obstáculos que tiene la sociedad civil y que no les propicia una participación efectiva. Una vez identificadas, las mismas organizaciones presentarán sus propuestas que les permitan superar esos obstáculos y poder tener garantías. De ahí en adelante  la tarea es de las tres organizaciones (Foro nacional por Colombia, Viva la ciudadanía y el Cinep/PPP) para sistematizar esas propuestas y presentarlas al espacio nacional categorizadas.

Dentro del acuerdo les piden los lineamientos para el proyecto de ley  que dé garantías a la participación ¿Cuáles deben ser esas garantías?

Esas garantías deben girar en torno a habilidades que tienen las comunidades en las regiones del país, al tipo de institucionalidad que debe asumirlas, que deben garantizar que existan las garantías, las condiciones para exigir los derechos cuando sean vulnerados, los instrumentos de protección para que constantemente las comunidades puedan exigir  y el acceso a la participación que deben tener todas las regiones de acuerdo a su propio contexto.

¿Cuál es el conducto para llevar las propuestas de las comunidades al proyecto de ley?

Vamos a convocar entre 4 y 6 espacios regionales donde las organizaciones de la sociedad civil van a llevar sus propuestas. De allí se elegirán representantes para el espacio nacional. El documento de sistematización de estos eventos se llevará a una comisión de diálogo en la que se redactará el primer borrador del proyecto de ley. Luego, ese borrador se entrega a las delegaciones de gobierno y de las Farc para que lo revisen. Allí se pueden hacer las correcciones necesarias y cuando ambas partes estén de acuerdo  entregan el documento al Ministerio del Interior para que radique el proyecto en el Congreso. Allí la discusión se hará por Fast track y una vez aprobada la ley, pasará a la Corte Constitucional que la dejará en firme.

Luego de entregar los lineamientos ¿el Cinep/PPP piensa hacer algo más?

El mandato de la mesa es entregar los lineamientos. Sin embargo, hay llamados desde diferentes sectores para que las tres organizaciones y el Consejo nacional de participación sigan haciendo el monitoreo y seguimiento al proyecto de ley. La gente en la experiencia sabe que muchas veces participan en los espacios de discusión, pero cuando la discusión llega al legislativo o a los entes de toma de decisiones, no hay fidelidad o no concuerda lo que la gente dijo con el texto final que aprueban. Estamos esperando si nos es posible participar en esa otra discusión.

 

 Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

 

 

En reconocimiento a la obra Poder y Violencia la Fundación Alejandro Ángel Escobar (FAAE) declaró por primera y única vez fuera de concurso la obra, el pasado 30 de septiembre Fernán González S.J. recibió la premiación.

 “La obra es un producto de décadas de investigación que abre una nueva perspectiva para comprender un problema fundamental de la sociedad colombiana. Desde ya se constituye en un referente obligatorio para quien se interese por entender la complejísima dinámica del proceso de formación del Estado en el país. Además de original y rigurosa, la investigación de Fernán E. González revela un trabajo decantado por una reflexión y compromiso intelectual de toda la vida.” Asegura la FAAE en su comunicado oficial. La fundación cumplió 60 años de estar otorgando los Premios Nacionales a la Ciencia y la Solidaridad, lo que motivó el reconocimiento extraordinario que tuvo decisión unánime.

Desde el año pasado, la publicación de González fue catalogada como una de las mejores del año por la Revista Arcadia. En el diario El Nuevo Siglo, Mauricio Botero dedica una columna al análisis de la obra “Creo que es el libro más importante escrito sobre Colombia de los últimos años. Y esto es mucho decir dados la cantidad y calidad de estudios nacionales y extranjeros que se publican sobre tan extraña realidad”.

En este sentido, “no es gratuito ni fortuito que haya coincidencia en los calificativos hacia este texto, que pareciera haber sido concebido con el objeto de explicar, de una vez por todas, esa gama de fenómenos que se han desarrollado por todo Colombia, en regiones con presencia fuerte, mediana o sin ella del Estado, de los grupos armados de izquierda y de derecha, y que han contribuido a la profundización del conflicto armado. Y no lo es porque Fernán y sus compañeros de Cinep llevan décadas estudiando sin tregua esos sucesos añejos y nuevos que han poblado de terror, dolor, angustia, las regiones del país sumándose a la miseria, exclusión, corrupción y demás males que arrastramos desde el siglo pasado” dice Myriam Bautista, en las Lecturas Dominicales de El Tiempo.

En palabras del autor González, en una entrevista para la revista Semana, su libro es novedoso por “La visión distinta que muestra de la violencia política y social. Tradicionalmente este fenómeno se tiende a ver en términos maniqueos, de buenos y malos, rojo y azul, blanco o negro. En cambio nosotros, el grupo de investigación del Cinep, hemos tratado de mostrar cómo en el proceso de formación del Estado y la sociedad colombiana se crearon unos escenarios muy propicios para la violencia. Tratamos de entender qué fue lo que pasó, sin juicios morales.”

 

Los objetivos de la investigación

La investigación pretende mostrar el trasfondo histórico y espacial de los fenómenos de violencia política desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días por medio de una síntesis interpretativa de los diferentes autores, nacionales e internacionales, que se han ocupado de los orígenes, causas y desarrollos de la violencia colombiana.

Esa síntesis interpretativa enmarca el desarrollo de los conflictos internos del país, desde las guerras civiles del siglo XIX hasta la violencia reciente, en el proceso de larga y mediana duración de la construcción del Estado en Colombia, lo que permite confrontar el caso colombiano tanto con los desarrollos de otros países de Europa occidental e Iberoamérica como con los teóricos de la ciencia política y los historiadores que se ha ocupado del tema en esos países.

¿Dónde adquirirla?

Encuentre esta publicación en Siglo del Hombre o adquiérala comunicándose con nosotros a través de Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o llamando al 2456181 ext. 759. Próximamente Poder y Violencia se podrá adquirir en formato electrónico.

Gisselle Martín Chocontá
Equipo de comunicaciones