Nov 18, 2017

Líderes de organizaciones reclamantes de tierra de Chocó, Magdalena, Bolívar y Montes de María se reunirán este fin de semana para intercambiar experiencias sobre los procesos de restitución que han adelantado con el acompañamiento de Cinep/PPP, la Pontificia Universidad Javeriana y el apoyo de la Unión Europea con el proyecto “Cuando tengamos la tierra, crecerá la semilla”.

A las afueras de Cartagena, los líderes de organizaciones sociales que representan aproximadamente a 18.000 reclamantes de tierras, que fueron despojados por causas del conflicto en las últimas décadas en Chocó, Magdalena, el sur de Bolívar y los Montes de María, se reunirán para intercambiar experiencias positivas y negativas en sus procesos de reclamación, restitución y retorno a sus tierras.

María Alejandra Grillo, investigadora jurídica y gestora de Cinep/PPP en estas comunidades conversó sobre el impacto ambiental en los territorios, un tema que ha sido denunciado por las comunidades desde hace unos años y ha empezado a ser observado con mayor atención y detalle:

 Se ha empezado a hablar del impacto ambiental que han dejado los desplazamientos por el conflicto.

Alejandra Grillo: Yo prefiero llamarlo despojo ambiental. En los territorios nos hemos dado cuenta de que hay que ampliar la mirada sobre el despojo de tierras para poder analizar el impacto integral en las personas, las comunidades, su cultura, tradiciones y su forma de vida. Cómo ha ido más allá de quitarles la tierra o desplazarlos. Esto no es una cuestión jurídica de un título de la tierra; el despojo ha afectado que se siga manteniendo la forma de vida campesina o afrodescendiente porque les han quitado las ciénagas, los bosques, los han despojado de sus tradiciones.

Uno podría hablar de un exterminio de la forma de vida afro y campesina, entendiendo que hay una relación estrecha entre la tierra y las culturas.

 ¿Si hay retorno y la gente está regresando, no se sigue manteniendo esa relación?

A.G.: Lo que se ha evidenciado en Chocó, Las Pavas y Magdalena es que la gente salió de sus territorios desplazada hace 20 años y están retornando hace poco. Quienes llevan las luchas por las tierras son los ancianos. Los jóvenes salieron tan temprano que no han creado esas costumbres y relaciones. Cuando les devuelven la tierra, los que regresan son los viejos, los jóvenes siguen en las ciudades, ya no quieren regresar.

Esas tierras van a pasar a manos de los grandes ganaderos y empresarios, que fueron quienes los desplazaron. Esa tierra va a volver a sus manos no con violencia, sino que los jóvenes están vendiendo porque no quieren regresar. El despojo ha sido tan sostenido en el tiempo, han arrancado tan profundo los lazos sobre la tierra que es difícil volver a crearlos. No es imposible, ese es uno de los retos de la restitución, hay que enamorar a la gente del campo y hacerle sentir que el campo es una oportunidad.

 ¿Realmente que tantas oportunidades hay al regresar?

A.G.: Al campo lo está sobre poblando la agroindustria. El Chocó está rodeado de banano, Magdalena de palma, el sur de Bolívar de banano y palma. El Gobierno ya no da tantos subsidios para los otros cultivos. Las políticas le apuestan a esas grandes industrias.

A las personas que han regresado, les prometen proyectos productivos con la restitución, pero son promesas no cumplidas por el gobierno, les dan proyectos no sostenibles, no les han devuelto la vida que tenían antes del desplazamiento. La posibilidad de la gente de acceder a créditos es cada vez más difícil, las economías regionales se han volcado hacia la agroindustria y los grandes cultivos. No hay un apoyo realmente comprometido de parte del Estado para que los campesinos puedan retornar y retomar el campo.

 ¿Y qué está haciendo entonces la gente que ha regresado a sus tierras?

A.G.: La gente que retorno sin acompañamiento del Estado está haciendo contratos de arrendamiento a personas que tienen la plata para cultivar. Finalmente, los campesinos no son autónomos en sus propias tierras o sus propios proyectos porque no tienen el músculo financiero. Quienes terminan beneficiándose de la tierra son personas ajenas al territorio. En Chocó, el inversor mecaniza la tierra y el cultivo, de esa manera paga el uso de la tierra, no paga el trabajo; le toca al campesino trabajar para otro y salir a vender para obtener dinero para el inversor y para él. Los campesinos están teniendo que recurrir a las mismas personas que los han despojado.

 ¿Qué acciones están tomando las comunidades al respecto?

A.G.: La gente hace mucho tiempo está denunciando porque en su cotidianidad evidencian el impacto, ese daño ambiental se ha convertido en enfermedades de la piel, del estómago por el mal estado del agua, no tienen comida, las comunidades siempre dicen que antes había abundancia de pesca, de animales de caza y ya no tienen ni para comer.

Están haciendo una denuncia muy fuerte porque sienten el impacto en su cuerpo. Pero no ha pasado más allá de la denuncia porque mitigar ese impacto implicaría sacar la palma, el ganado y a los empresarios que están allí.

Las comunidades están teniendo conciencia de, en la medida de las posibilidades, proteger el ambiente que tienen, han empezado por no talar árboles, pero es difícil porque la madera es una de las formas en las que reciben dinero. Los campesinos y afros no tienen la capacidad de hacer esa mitigación, teniendo en cuenta que quienes hacen el daño son los megaproyectos, una escala muy grande.

 ¿Cuál es el daño provocado por los megaproyectos y cultivos extensivos?

A.G.: Yo creo que esa apuesta de hablar de los recursos naturales implica que la tierra es solo una. Pero hablemos del agua y ese es un punto que hay que empezar a enfatizar. Estos megaproyectos han hecho un daño tremendo porque para cultivar banano, palma y ganado hay que hacer filtraciones, hay que cambiar el cauce de los ríos para que no se inunden las zonas de cultivo, hay que secar ciénagas para obtener terrenos para la palma, taponan los cauces.

Todo eso genera una afectación y daño tremendo, desde la perspectiva técnica ambiental sobre los ecosistemas. Pero el daño es grave también desde una mirada cultural, por ejemplo, si secas una ciénaga, que son el lugar de nacimiento de los peces, se acaba la pesca y sin pesca no hay pescadores, se tienen que ir también con sus historias y el paisaje tradicional que los acogía.

 ¿Cómo se pueden medir esos impactos y daños ambientales?

A.G.: Apenas se está empezando a documentar realmente. Entre los resultados del acompañamiento de Cinep/PPP y Javeriana en las cuatro regiones hay un diagnóstico sobre el despojo ambiental de cada caso y cómo se ha afectado la vida de la gente. Estamos poniendo el tema sobre la mesa también en términos de cómo investigar ese impacto. Sobre esto van a conversar los líderes en el intercambio, para entender qué problemáticas están compartiendo todas las regiones de manera transversal. Esto es un problema de país, no de un caso.

 ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir y reparar?

A.G.: Los daños ambientales terminan siendo delitos ambientales y podrían ser castigados. En Colombia apenas se ha empezado a hablar del tema y no hay suficiente voluntad política para que en realidad se puedan penalizar los daños. Desde 2004 se habla de daños ambientales en términos penales, de ahí para atrás no se pueden castigar esos daños.

Uno de los horizontes que nos hemos planteado en Cinep/PPP es que estamos evidenciando que hay unos daños ambientales y unos responsables de esos daños que se hicieron en los años 80, 90 e iniciando los 2000; pero es muy difícil perseguir a los responsables. Luego de 2004, no hay voluntad política, jurídica ni institucional para investigar efectivamente a esos daños. No se puede adjudicar una responsabilidad penal a las personas jurídicas, no puedes echar a la cárcel a una de esas empresas.

 

 

Astrid Toscano
Equipo Gestión del Territorio en el Pacífico

Esta semana fue asesinado un campesino que luchaba por recuperar su tierra en el municipio del Magdalena. De hace ocho días, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre el peligro que hay en la región.


 

 

Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado alertamos a las entidades del gobierno nacional, autoridades departamentales, a la comunidad internacional y organizaciones de ddhh en Colombia, los continuos ataques y amenazas sistemáticas en contra de líderes y lideresas comunitarios, representantes de víctimas y reclamantes de tierras en el departamento del Magdalena.