May 27, 2017

 

Actualmente 108 familias campesinas reclaman a través de la política de Restitución de Tierras –Ley 1448- los predios de Chimborazo, Ceibones, Nigrinis y Cantagallar en el municipio de Puebloviejo, corregimiento de Tierra Nueva (Magdalena). Desde 1999 las familias empezaron a ser hostigados por los grupos paramilitares que hacían presencia en la región. Por varios años fueron víctimas del robo de su producción, del dinero de sus ventas, de amenazas y las niñas, niños y mujeres fueron vícitimas de violencia sexual. Luego los hechos a los que fueron sometidos, varias familias abandonaron la región hasta que en 2010 se organizaron en la Fundación de Desplazados y Personas Vulnerables –FUNDAPAD, con la que han adelantado acciones para el restablecimiento de sus derechos por medio de la ley de Justicia y Paz (Ley 975).

Esta línea de tiempo señala el proceso de lucha por el acceso a dicha tierra de estos campesinos en la que han tenido que vivir difíciles actos de violencia. Aún están a la espera de la demanda que fue admitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Santa Marta. 

 

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En el marco del proyecto Cuando tengamos la tierra crecerá la semilla, el pasado 4 y 5 de mayo se llevó a cabo  la mesa multiactor que discutió los riesgos en seguridad y protección a los que se enfrentan los líderes regionales reclamantes de tierras.

Durante el desarrollo de la mesa dialogaron diferentes actores relacionados con los procesos de reclamación y restitución, entre ellos líderes reclamantes, organizaciones sociales, organismos de control, instituciones estatales, organizaciones acompañantes  y comunidad internacional. Se presentaron 6 casos de procesos de reclamación de tierras en la zonas de Urabá (Antioquia), Bajo Atrato y Darién Caribe (Chocó).

La discusión se centró en los aspectos de seguridad y protección para las personas que lideran este tipo de procesos, pues siguen siendo víctimas de amenazas, atentados y asesinatos.  “En el posconflicto debe primar la protección colectiva a las comunidades, mucho más a nosotras las comunidades reclamantes de tierras porque actualmente seguimos en riesgo” afirmó uno de los asistentes.  Los riesgos fueron enumerados por los líderes de cada proceso y se encontraron seis características comunes en todos los casos. Estos son:

  1. Presencia de actores armados ilegales en los municipios
  2. Convivencia entre grandes ocupantes, actores armados y actores estatales en la región
  3. Criminalización de los líderes y de los procesos de reclamación de tierras
  4. Hechos de violencia contra reclamantes (Amenazas, atentados)
  5. Afectaciones socio ambientales – Minería ilegal, contaminación de fuentes de agua, deforestación
  6. Desarticulación institucional – Vacíos en medidas de protección a reclamantes y colectivas
  7. Poca eficacia en procesos judiciales frente a las redes de despojo

El punto central, y en el que todos estaban de acuerdo, fue que no es suficiente con la entrega de los títulos a las comunidades reclamantes, se requieren otro tipo de medidas y acompañamientos que les permitan a dichas comunidades seguir viviendo en los predios que les devuelvan. “No basta solo con la entrega de títulos, la prevención  y acompañamiento debe ser integral para las comunidades en sus procesos” expuso el representante de Somos Defensores.

Los líderes de procesos de restitución reclamaron a las instituciones por la falta de garantías de seguridad, tanto individual como colectiva, que viven en sus municipios. Si bien algunos de ellos cuentan con escoltas, camionetas, chalecos antibalas y celulares satelitales, la mayoría de las comunidades no tienen protección. “Por nuestras casas pasan hombres con camuflado y fusiles amenazándonos para que abandonemos los procesos de restitución de tierras que nos fueron quitadas o compradas a muy bajo precio y que hoy son propiedad de grandes poseedores” afirma uno de los líderes. “Sabemos que las amenazas no son contra nosotros como personas, sino contra el proceso en sí. Siempre buscan atentar contra el líder más visible para que las demás personas se intimiden y dejen de luchar” agrega otro líder.

Frente a este tipo de intimidaciones, preocupó a los asistentes una de las declaraciones del representare de la Unidad Nacional de Protección quien dijo que anualmente se priorizan 15 casos de protección colectiva y que para poder acceder a esta modalidad, deben postularse para el próximo año. “Nos preocupa la seguridad de nuestras comunidades. Yo puedo tener camioneta y escolta, pero ni mi familia ni los demás integrantes de la comunidad los tienen y eso puede determinar la continuidad de algunos de ellos en el proceso” dijo uno de los asistentes.

Finalmente se lograron algunos acuerdos para dirigir el trabajo a futuro. Estos acuerdos fueron acordados por la mayoría de instituciones presentes entre ellas la Unidad de víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Fiscalía regional, Ministerio del Interior, la Consejería  Presidencial para los Derechos Humanos, la Unidad Nacional de Protección, la Unión Europea, Acnur, Somos Defensores, el IPC, Pastoral Social, Ascoba y el Cinep/PPP, ente otros. Los acuerdos fueron:

  • Creación de una Mesa de seguimiento y monitoreo de compromisos
  • Audiencias de seguimiento a los casos priorizados - Socialización del estado de los procesos
  • Mapeo de predios de grandes ocupantes a nivel regional
  • Consolidación de cifras de distintas instituciones y organizaciones sobre actos de violencia a nivel regional
  • Prueba piloto de reparación colectiva para casos campesinos - Conceptualización del campesinado como sujeto colectivo de reparación colectiva
  • Informe sobre el papel de actores empresariales en los procesos de despojo en Urabá – En conjunto con la Comisión de Verdad.
  • Unidades de seguridad y protección. Buscar medidas de prevención, no de reacción.

Los líderes presentes manifestaron su complacencia por los acuerdos a los que se comprometieron las instituciones estatales y las organizaciones acompañantes de los procesos y esperan que estas medidas brinden más garantías a las comunidades en sus procesos de restitución de tierras. Algunos otros fueron un más escépticos, pero con la firme convicción de continuar los procesos. “El buen luchador muere en la lucha y si algunos mueren aún con dolor, debemos seguir adelante con la lucha por nuestras tierras” finalizó uno de los líderes.

 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

Actualmente, 47 familias desplazadas reclaman a través de la política de Restitución de Tierras –Ley 1448-  la finca Diana María ubicada en Zona Bananera (Magdalena). Los hechos de despojo y desplazamiento forzado ocurrieron en el año 2001 luego de que grupos paramilitares asesinaran a dos jóvenes de la comunidad y obligaran a la comunidad abandonar los predios de manera permanente.

La siguiente línea del tiempo señala el proceso de lucha por el acceso a dicha tierra de estos campesinos: Iniciando desde su ingreso al predio como trabajadores en una finca bananera de la que se hicieron paulatinamente propietarios, pasando por los hechos de violencia que generaron el desplazamiento y finalizando con su lucha por el restablecimiento de sus derechos a la tierra y al territorio.

 
  
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Ante la opinión pública organizaciones sociales compartieron los principales obstáculos y dificultades que se están presentando en las regiones y que dificultan la restitución integral de los derechos territoriales.