Nov 18, 2017

Líderes de organizaciones reclamantes de tierra de Chocó, Magdalena, Bolívar y Montes de María se reunirán este fin de semana para intercambiar experiencias sobre los procesos de restitución que han adelantado con el acompañamiento de Cinep/PPP, la Pontificia Universidad Javeriana y el apoyo de la Unión Europea con el proyecto “Cuando tengamos la tierra, crecerá la semilla”.

A las afueras de Cartagena, los líderes de organizaciones sociales que representan aproximadamente a 18.000 reclamantes de tierras, que fueron despojados por causas del conflicto en las últimas décadas en Chocó, Magdalena, el sur de Bolívar y los Montes de María, se reunirán para intercambiar experiencias positivas y negativas en sus procesos de reclamación, restitución y retorno a sus tierras.

María Alejandra Grillo, investigadora jurídica y gestora de Cinep/PPP en estas comunidades conversó sobre el impacto ambiental en los territorios, un tema que ha sido denunciado por las comunidades desde hace unos años y ha empezado a ser observado con mayor atención y detalle:

 Se ha empezado a hablar del impacto ambiental que han dejado los desplazamientos por el conflicto.

Alejandra Grillo: Yo prefiero llamarlo despojo ambiental. En los territorios nos hemos dado cuenta de que hay que ampliar la mirada sobre el despojo de tierras para poder analizar el impacto integral en las personas, las comunidades, su cultura, tradiciones y su forma de vida. Cómo ha ido más allá de quitarles la tierra o desplazarlos. Esto no es una cuestión jurídica de un título de la tierra; el despojo ha afectado que se siga manteniendo la forma de vida campesina o afrodescendiente porque les han quitado las ciénagas, los bosques, los han despojado de sus tradiciones.

Uno podría hablar de un exterminio de la forma de vida afro y campesina, entendiendo que hay una relación estrecha entre la tierra y las culturas.

 ¿Si hay retorno y la gente está regresando, no se sigue manteniendo esa relación?

A.G.: Lo que se ha evidenciado en Chocó, Las Pavas y Magdalena es que la gente salió de sus territorios desplazada hace 20 años y están retornando hace poco. Quienes llevan las luchas por las tierras son los ancianos. Los jóvenes salieron tan temprano que no han creado esas costumbres y relaciones. Cuando les devuelven la tierra, los que regresan son los viejos, los jóvenes siguen en las ciudades, ya no quieren regresar.

Esas tierras van a pasar a manos de los grandes ganaderos y empresarios, que fueron quienes los desplazaron. Esa tierra va a volver a sus manos no con violencia, sino que los jóvenes están vendiendo porque no quieren regresar. El despojo ha sido tan sostenido en el tiempo, han arrancado tan profundo los lazos sobre la tierra que es difícil volver a crearlos. No es imposible, ese es uno de los retos de la restitución, hay que enamorar a la gente del campo y hacerle sentir que el campo es una oportunidad.

 ¿Realmente que tantas oportunidades hay al regresar?

A.G.: Al campo lo está sobre poblando la agroindustria. El Chocó está rodeado de banano, Magdalena de palma, el sur de Bolívar de banano y palma. El Gobierno ya no da tantos subsidios para los otros cultivos. Las políticas le apuestan a esas grandes industrias.

A las personas que han regresado, les prometen proyectos productivos con la restitución, pero son promesas no cumplidas por el gobierno, les dan proyectos no sostenibles, no les han devuelto la vida que tenían antes del desplazamiento. La posibilidad de la gente de acceder a créditos es cada vez más difícil, las economías regionales se han volcado hacia la agroindustria y los grandes cultivos. No hay un apoyo realmente comprometido de parte del Estado para que los campesinos puedan retornar y retomar el campo.

 ¿Y qué está haciendo entonces la gente que ha regresado a sus tierras?

A.G.: La gente que retorno sin acompañamiento del Estado está haciendo contratos de arrendamiento a personas que tienen la plata para cultivar. Finalmente, los campesinos no son autónomos en sus propias tierras o sus propios proyectos porque no tienen el músculo financiero. Quienes terminan beneficiándose de la tierra son personas ajenas al territorio. En Chocó, el inversor mecaniza la tierra y el cultivo, de esa manera paga el uso de la tierra, no paga el trabajo; le toca al campesino trabajar para otro y salir a vender para obtener dinero para el inversor y para él. Los campesinos están teniendo que recurrir a las mismas personas que los han despojado.

 ¿Qué acciones están tomando las comunidades al respecto?

A.G.: La gente hace mucho tiempo está denunciando porque en su cotidianidad evidencian el impacto, ese daño ambiental se ha convertido en enfermedades de la piel, del estómago por el mal estado del agua, no tienen comida, las comunidades siempre dicen que antes había abundancia de pesca, de animales de caza y ya no tienen ni para comer.

Están haciendo una denuncia muy fuerte porque sienten el impacto en su cuerpo. Pero no ha pasado más allá de la denuncia porque mitigar ese impacto implicaría sacar la palma, el ganado y a los empresarios que están allí.

Las comunidades están teniendo conciencia de, en la medida de las posibilidades, proteger el ambiente que tienen, han empezado por no talar árboles, pero es difícil porque la madera es una de las formas en las que reciben dinero. Los campesinos y afros no tienen la capacidad de hacer esa mitigación, teniendo en cuenta que quienes hacen el daño son los megaproyectos, una escala muy grande.

 ¿Cuál es el daño provocado por los megaproyectos y cultivos extensivos?

A.G.: Yo creo que esa apuesta de hablar de los recursos naturales implica que la tierra es solo una. Pero hablemos del agua y ese es un punto que hay que empezar a enfatizar. Estos megaproyectos han hecho un daño tremendo porque para cultivar banano, palma y ganado hay que hacer filtraciones, hay que cambiar el cauce de los ríos para que no se inunden las zonas de cultivo, hay que secar ciénagas para obtener terrenos para la palma, taponan los cauces.

Todo eso genera una afectación y daño tremendo, desde la perspectiva técnica ambiental sobre los ecosistemas. Pero el daño es grave también desde una mirada cultural, por ejemplo, si secas una ciénaga, que son el lugar de nacimiento de los peces, se acaba la pesca y sin pesca no hay pescadores, se tienen que ir también con sus historias y el paisaje tradicional que los acogía.

 ¿Cómo se pueden medir esos impactos y daños ambientales?

A.G.: Apenas se está empezando a documentar realmente. Entre los resultados del acompañamiento de Cinep/PPP y Javeriana en las cuatro regiones hay un diagnóstico sobre el despojo ambiental de cada caso y cómo se ha afectado la vida de la gente. Estamos poniendo el tema sobre la mesa también en términos de cómo investigar ese impacto. Sobre esto van a conversar los líderes en el intercambio, para entender qué problemáticas están compartiendo todas las regiones de manera transversal. Esto es un problema de país, no de un caso.

 ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir y reparar?

A.G.: Los daños ambientales terminan siendo delitos ambientales y podrían ser castigados. En Colombia apenas se ha empezado a hablar del tema y no hay suficiente voluntad política para que en realidad se puedan penalizar los daños. Desde 2004 se habla de daños ambientales en términos penales, de ahí para atrás no se pueden castigar esos daños.

Uno de los horizontes que nos hemos planteado en Cinep/PPP es que estamos evidenciando que hay unos daños ambientales y unos responsables de esos daños que se hicieron en los años 80, 90 e iniciando los 2000; pero es muy difícil perseguir a los responsables. Luego de 2004, no hay voluntad política, jurídica ni institucional para investigar efectivamente a esos daños. No se puede adjudicar una responsabilidad penal a las personas jurídicas, no puedes echar a la cárcel a una de esas empresas.

 

 

Astrid Toscano
Equipo Gestión del Territorio en el Pacífico

Las víctimas del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATU – exigimos que la Unidad de Restitución de Tierras se comprometa con nuestra defensa en el proceso de restitución de derechos territoriales.

 09 de septiembre. Los miembros del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATU queremos denunciar ante la opinión pública, el desconcierto y alto nivel de incertidumbre en el que nos encontramos actualmente ante el accionar dilatorio y poco garantista de la Unidad de Restitución de Tierras – URT – frente a su representación como abogados defensores de nuestro proceso.

 

 
 

 

 

Dentro de las acciones del proyecto Cuando tengamos la tierra crecerá la semilla se realizó la segunda reunión de la Mesa de diálogo Multiactor de impulso a compromisos sobre seguridad y protección para reclamantes de tierras en Magdalena. En este espacio se discutieron los avances que han tenido las instituciones estatales en medidas para proteger la vida y la labor de los reclamantes.

En la mesa participaron líderes del Magdalena, instituciones estatales, organizaciones internacionales y organizaciones que acompañan los procesos de restitución de las comunidades de Diana María (Zona Bananera), Chimborazo (Puebloviejo) y Salaminita (Pivijay/Fundación). Para los participantes es importante trabajar en la protección a estas comunidades porque han registrado 142 hechos de violencia contra la población civil entre 2011 y 2016. De estos, dos casos son de homicidios y 109 amenazas directas y dos atentados.

Para las organizaciones convocantes hubo tres elementos que incrementaron la inseguridad a líderes de restitución. El primero es la reorganización de grupos paramilitares, algunos luego de cumplir condenas en Justicia y Paz. El segundo, el desprestigio a la política de restitución de tierras por parte del ex Procurador General Alejandro Ordoñez, ganaderos y terratenientes de la región, que estigmatizaron a los líderes reclamantes de tierras. Y el tercero que  continúan las amenazas a líderes por medio de panfletos y llamadas atribuidas a bandas criminales.

Franklin Ospina, presidente de la Asocarvirtmag, presentó sus preocupaciones por el desmonte de los equipos de seguridad de líderes de la región, llamado frente al que la representante de la Unidad Nacional de Protección afirmó que los estudios de seguridad se revisan constantemente y que se eliminan las medidas cuando los líderes no cumplen los requisitos expuestos en la ley, uno de ellos es la amenaza directa contra la persona.

Ospina también hizo un llamado a las entidades estatales para que las medidas de seguridad que se implementen sean colectivas y no personales, propuesta que fue respaldada por Leonardo Díaz, representante de Somos Defensores quien argumentó que las medidas personales de seguridad generan ruptura del tejido social en las comunidades y no solo legitiman las amenazas sino que no reducen el riesgo para las personas amenazadas.

La Policía Nacional afirmó tener registro de 6798 peticiones de proceso de restitución de tierras en el Magdalena. También alertó sobre la presencia de varios Grupos Armados Organizados entre ellos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Pachenca y los Costeños a quienes se les atribuyen la aparición de 10 panfletos amenazantes contra la población civil y a quienes se les conoce en la región como los ejércitos anti restitución.

Finalmente se lograron algunos acuerdos con los representantes de las entidades participantes para gestionar reuniones, talleres con las comunidades, y construir propuestas conjuntas de prevención y protección que se articulen con las políticas públicas que surgen del acuerdo de paz y que permitan mejorar las garantías para los líderes de procesos de restitución en el departamento.

 
Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones

Organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, etnias y poblaciones rechazan el asesinato de bernardo cuero bravo, fiscal de asociación nacional de afrocolombianos desplazados-afrodes

 
 
 

 

 

La comunidad de Salaminita, en Pivijay - Magdalena,  sufrió dos procesos de desplazamiento por grupos paramilitares. Uno de ellos fue en el centro poblado donde, luego del asesinato público de varios líderes sociales, derrumbaron las casas que existían. Con amenazas desplazaron a los pobladores de área rural, comprando sus predios a precios muy bajos. Antes los atropellos de los actores ilegales formaron la asociación ASORENACER con la que han luchado el derecho a volver a sus predios.

Esta línea de tiempo señala el proceso de lucha por el acceso a la tierra de estos campesinos los que han tenido que vivir difíciles actos de violencia. Aunque una orden judicial de restitución de tierras y reconstrucción del corregimiento arrasado, aún no se ha cumplido dicha orden judicial.

 

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