Nov 22, 2017

Por: Andrés Aponte*

Sin duda alguna, la muerte de los seis campesinos cocaleros (según cuentas oficiales), ocurrida en el corregimiento de Llorente, San Andrés de Tumaco, en Nariño, deja varios aspectos a analizar, para el futuro cercano y mediato, sobre la viabilidad y correcta implementación del punto 4 de los acuerdos de paz de La Habana, es decir, el tema de drogas ilícitas.

En el caso de los campesinos cocaleros, es bien sabido que su relación con los cultivos ilícitos no responde al simple ánimo de lucro, pues este es un sector que ha sido condenado a la marginación económica, social y política en nuestro país. En efecto, como lo han señalado algunos investigadores, muchas veces esta economía representa la única posibilidad de sustento para familias enteras que carecen de condiciones de vida digna y sufren el reiterado fracaso de los distintos planes de sustitución.

En este orden, los acuerdos de La Habana se constituían en una ventana de oportunidad para estos sectores excluidos; primero, en términos de acceso a la formalización de la tierra, la asistencia técnica y los planes de desarrollo, entre otros asuntos; y, segundo, para dejar de ser blanco del aparato armado del Estado.

No obstante, los hechos recientes muestran que el espíritu adoptado en los acuerdos no solo se extravió sino que el Gobierno nacional y los aparatos de seguridad del Estado volvieron a ser prisioneros de las estadísticas, de una matriz ideológica que confunde o asocia la protesta social con una amenaza o alteración al orden público y de unas relaciones oscuras que tienen algunos segmentos de la fuerza pública con el narcotráfico, sobre todo luego del fenómeno de expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En este orden, ahondaré en cada uno de estos elementos a continuación.

Respecto a las estadísticas, es clave entender que, por un lado, el compromiso del gobierno de erradicar 100 000 hectáreas de coca ha provocado que los esfuerzos se centren en erradicar por erradicar. Esta estrategia no solo traiciona la idea de la sustitución voluntaria, sino que la erradicación “voluntariamente forzada” que se está llevando a cabo está replicando el error y el histórico mal proceder que decía enmendar el acuerdo de La Habana: “caerle” al sector más débil de la cadena, el cultivador. Por otro lado, está la coyuntura internacional, específicamente el hecho de que el Gobierno norteamericano tiene puestos sus ojos sobre el territorio nacional bajo la amenaza de descertificación, pues Trump está exigiendo resultados inmediatos sin importar los medios.

Sobre el tratamiento de la protesta, es bien sabido que la firma de los acuerdos con las FARC-EP (actualmente Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) no implicarían una paz completa y positiva. ¿Por qué? Por un lado, porque quedan dos grupos insurgentes con alcances regionales y locales (ELN y EPL); al lado de las mal denominadas Bacrim y las disidencias farianas. Y, por el otro, debido a que emerge, y es cada vez más visible, una efervescencia social que el conflicto armado tenía encubierta o relegada a un segundo plano y para la cual el tratamiento por parte del Estado no solo es incorrecto, sino en extremo represivo. Lo anterior a pesar de que estas manifestaciones reflejan problemas estructurales y reivindicaciones históricas de regiones, sectores sociales o comunidades étnicas que han sido desatendidas o invisibilizadas por estar lidiando con la amenaza insurgente —basta con ver los casos de Chocó, Buenaventura o Catatumbo—.

Por último, me referiré a una cuestión que no se enmarca en los acuerdos de La Habana y ha pasado “de agache” tanto con los paramilitares como con el proceso de paz con las FARC-EP: las conexiones históricas que se han tejido entre narcotraficantes y sectores de la fuerza pública. Si bien estas datan de los tiempos de los grandes carteles, fue con los paramilitares cuando se dio la conexión entre coca y fuerza pública. Hay evidencia que demuestra que en muchas de las zonas de dominio paramilitar la fuerza pública se encargó de proveer seguridad, información sobre los puestos de control e incluso poner armas al servicio de estructuras mafiosas. Un ejemplo de ello es el caso del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca.

Así pues, lo que revela lo ocurrido en Tumaco es que, primero, no se está cumpliendo con una de las premisas básicas de la sustitución: su concertación con las comunidades y el carácter participativo de la llamada paz territorial. Segundo, que nuestra fuerza pública está lejos de saber tratar la protesta social, pues no solo está actuando de manera reactiva, sino que se le está dando un tratamiento criminal y punitivo a este tipo de expresión colectiva que se manifiesta ante al incumplimiento del Estado y su forma de intervenir. Y, tercero, que las conexiones ilegales que tienen ciertos sectores de la fuerza pública —y por paradójico que suene casi siempre son las unidades especializadas de antinarcóticos las que terminan poniendo sus armas al servicio de interés privados o relacionados con actividades ilegales— no solo impiden el desarrollo de los planes de sustitución, sino que minan la confianza de los colombianos en la institución que abandera los planes de la seguridad y la promoción de la convivencia en el posacuerdo: la Policía Nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, el caso de Tumaco ya no es una campana de alerta, sino un “bombazo” al corazón de los acuerdos y a la credibilidad y legitimad de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues se está replicando la intervención represiva que ha caracterizado al Estado frente al sector más marginado y vulnerable de la cadena del narcotráfico: los campesinos cocaleros. En este sentido, los planes de sustitución no solo se pueden ver comprometidos en el municipio y zonas aledañas, sino también en otras latitudes del país como Catatumbo, Putumayo, Nudo de Paramillo, entre otros, que presentan algunas condiciones similares al caso tumaqueño.

De ahí que, buena parte de la legitimidad y credibilidad de los acuerdos de La Habana en estos territorios dependa del tipo de tratamiento que el Estado dé a la implementación, del esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado 5 de octubre en Tumaco y de los futuros consensos a los que se llegue respecto a la sustitución de cultivos. El país no tolera una sola ola de violencia más, y menos los pobladores de esta zona. Es imperativo dialogar y consensuar el intervencionismo estatal y no apegarse a las presiones internacionales para mostrar resultados que, a la larga, no son más que indicadores cosméticos, pues ya tenemos como marco de referencia el fracaso de la lucha contra las drogas del Plan Colombia.

 

*Investigador del equipo de Conflicto, Estado y Desarrollo de Cinep/PPP

San Andrés de Tumaco es el segundo puerto más importante después de Buenaventura. Ubicado al extremo suroccidental del departamento de Nariño, Tumaco es un municipio biodiverso: la playa, la montaña y la selva hacen de este no sólo uno de los lugares con mayor posibilidad de ecoturismo sino que se ubica en una zona geográfica compleja.

Desde finales de la década del noventa, Tumaco dejó de ser un lugar con una mínima presencia de actores armados y violencia para convertirse en uno de los casos emblemáticos de los nuevos escenarios del conflicto armado colombiano.

Continuamos con nuestra serie ¿Qué pasa en las fronteras de Colombia? Municipios al límite y le damos paso al análisis de la realidad que vive hoy Tumaco.

Invitados:

*José Luis Fonsillas, Dióscesis de Tumaco

*Andres Aponte de CINEP/ Programa Por la Paz

*Ariel Palacios de C.N.O.A. (Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas)