Mar 28, 2017

Cinep/Programa por la Paz, Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, como aliado regional estratégico, expresan su preocupación por los hechos ocurridos ayer (miércoles 22 de marzo) durante el Foro regional de participación en Barrancabermeja, Santander, donde se presentaron dos miembros de la Sijin para ejecutar una orden de captura contra Arisolina Rodríguez, líder social de la Cumbre Agraria, Indígena y Popular y de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar y sur del Cesar. Hecho que se suma a las capturas de otros líderes sociales en los municipios de Arenal, Morales, Tiquisio, Norosi y Bucaramanga.

Durante décadas hemos trabajado con diferentes sectores para garantizar su participación, organización y derecho a la protesta social. Estamos comprometidos con la construcción de paz territorial y trabajamos para ponerle fin a la estigmatización de líderes y organizaciones sociales que concentran su trabajo en regiones fuertemente afectadas por el conflicto.

Hoy ya firmados los acuerdos de La Habana, cuando se adelanta el proceso de refrendación apoyamos la organización de los foros sobre participación indicados en el punto 2.2.1. del acuerdo final de La Habana. Y apoyamos estos espacios porque creemos en la deliberación y sabemos que desde las organizaciones de la sociedad civil hay muchas propuestas que merecen ser tenidas en cuenta en el diseño e implementación de  políticas que garanticen el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Es necesario rodear de garantías estos espacios de participación diseñados con el único propósito de contribuir con una paz estable y duradera. Exhortamos al Gobierno nacional a que ratifique su compromiso para que los foros regionales de participación puedan adelantarse sin hostigamientos y se brinden las garantías a este ejercicio democrático.

Desde Cinep/Programa por la Paz, Foro por Colombia y Viva la Ciudadanía ratificamos nuestro compromiso con la realización de estos espacios siempre y cuando se desarrollen en un ambiente que permita una efectiva deliberación democrática consistente con los principios contemplados en el punto dos del acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera.

Firman:

Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio

Cinep/Programa por la Paz

Viva la Ciudadanía

Foro por Colombia

 

Adhieren:

Centro de Estudios para la Paz (Cespaz)

Ubencel Duque Rojas

 

 Descargar comunicado

Componente internacional de verificación y acompañamiento del Acuerdo Final

 

Bogotá, Colombia, 23 de marzo de 2017

 

El Gobierno Nacional y las FARC-EP en el marco de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), informamos a la opinión pública que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 6.3. Componente Internacional de la Verificación de la CSIVI y 6.4 Componente de acompañamiento Internacional, hemos acordado:

  1. Se designarán como Notables del Componente Internacional de Verificación, al ex presidente español Felipe González y al ex presidente uruguayo José Alberto Mujica Cordano, quienes encabezarán el mecanismo de verificación y cumplirán con las funciones establecidas en el numeral 6.3.2. Su designación formal tendrá lugar el próximo jueves 30 de marzo.

 

  1. El protocolo de funcionamiento de la Secretaría Técnica de los notables del que trata el numeral 6.3.2. La Secretaria Técnica estará a cargo del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

  

  1. El protocolo de funcionamiento del apoyo técnico del que trata el numeral 6.3.2, a cargo del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, E.E.U.U, en su rol de Apoyo Técnico del componente de verificación.

 

  1. Realizar una primera reunión preparatoria con la Secretaría Técnica y el Apoyo Técnico del Componente Internacional de Verificación el próximo 28 de marzo con el fin de entregar los protocolos de funcionamiento.

 

  1. El protocolo de funcionamiento del acompañamiento Internacional que trata el numeral 6.4.2 del Acuerdo Final, que se entiende como el apoyo directo e indirecto al diseño, ejecución y monitoreo de la implementación del Acuerdo Final. La CSIVI convocará una primera reunión con todas las organizaciones, países y agencias definidas en el Acuerdo Final en la primera semana de abril.

  

  1. Teniendo en cuenta que el pasado 31 de octubre del 2016, el Gobierno Nacional renovó el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) por un periodo de 3 años que podrá ser renovable, y que en su Informe anual incluirá un capítulo especial sobre la implementación del Acuerdo Final en materia de derechos humanos, la CSIVI convocará una primera reunión con esta Oficina en la primera semana de abril.

 

  1. El Gobierno Nacional ratifica su compromiso al interior de la CSIVI de dar inicio a la implementación de los mecanismos previstos en el punto 6.3.3 respecto de la Misión Política de Verificación de las Naciones Unidas.
 

 

El Papa Francisco visitará Colombia durante la primera semana de septiembre de este año. Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena se alistan para recibirlo y Francisco quiere venir al encuentro de quienes viven en las ciudades y en los territorios rurales, viene al encuentro de la rica diversidad cultural de los pueblos que habitan el país. Se encontrará con todos y todas, sin distinción de raza, etnia, estrato social, creencia, diferencia de género, de generación o de condición ideológica o política.
 
Sin duda, el primer contenido de la visita de Francisco es la transformación de las violencias y conflictos para construir una reconciliación que tenga como base el reconocimiento y el respeto de las diferencias y, como horizonte, el fortalecimiento de la paz. En este mismo sentido, el lema de la visita: ‘Demos el primer paso’, es una llamada que invita a dejar atrás los tiempos de violencia para comenzar a construir un país mejor, según manifestó el presidente de la Conferencia Episcopal Luis Augusto Castro.
 
El Nuncio en Colombia, Arzobispo Ettore Ballestrero, destacó que el Papa tendrá como destino único nuestro país y que la duración de cuatro días es poco habitual en los viajes pontificios, lo que manifiesta la importancia que Francisco le atribuye al proceso de paz en Colombia. Pero sin duda el Papa se encontrará, el próximo septiembre, con un país que estará a ocho meses de una contienda electoral que se pronostica altamente polarizada, entre la aceptación o el rechazo a la aplicación del Acuerdo de La Habana y de los diálogos con el ELN, y una ciudadanía que ha mostrado indiferencia y desentendimiento de sus responsabilidades políticas.
 
Por eso, la visita de Francisco es clave para el momento que vive el país. Su mensaje evangélico de reconciliación, si lo queremos comprender y aprovechar, deberá generar un clima de profundo discernimiento espiritual, que nos ayude a transformar el odio, la violencia, la inequidad y la indiferencia, por la búsqueda de alternativas que nos hagan vivir procesos de perdón, solidaridad, equidad y justicia, para construir una sociedad en cuya base está el respeto y realización de los derechos humanos.

 
 

* Editorial presentada el domingo 19 de marzo del 2017, en el programa radial de RCN “Notas humanas y divinas”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director general Cinep/Programa por la Paz

 

Una de las mayores preocupaciones que mostraron los miembros de las Farc en la mesa de diálogos para su desmovilización fue el fenómeno del paramilitarismo. El punto 3 del acuerdo Fin del conflicto incluye varias medidas que buscan erradicar estos grupos. Victor Barrera, investigador del proyecto de Conflicto y Estado habla de los grupos paramilitares y de los riesgos que estos traen para la implementación de los acuerdos.

 ¿Cuál es el estado actual del paramilitarismo en el país?

Victor Barrera

La discusión sobre el paramilitarismo ha sido muy coyuntural. Llevamos una década discutiendo si son bandas criminales, como las denomina el gobierno, o si son el paramilitarismo tal cual como se vivió en el país. Para no caer en esa discusión, uno podría denominar unas ofertas de seguridad privada atadas a agendas locales y a unos intereses muy concretos de mantener el statu quo. Esas son unas tendencias que se ven a lo largo de más de cuatro décadas de paramilitarismo en Colombia.

Hay muchas similitudes en la continuidad territorial, en algunos municipios se ha concentrado este fenómeno históricamente. Entre estos grupos de la actualidad existen ejercicios de la violencia, administración de mercado ilegales y un portafolio de criminalidad mucho más grande de lo que conocimos como paramilitarismo en años anteriores.

¿Cómo entender el tema de las Bacrim?

Dentro del Cinep/PPP no hay un consenso de cómo denominarlos. Yo prefiero denominarlos como grupos armados post-desmovilización, porque es escapar a esa discusión de si son o no paramilitares y entrar a analizar lo que hacen y por qué lo hacen.

En términos generales, después de la desmovilización de los paramilitares hubo un descenso en la violencia letal. Algunos sectores del gobierno interpretan estas cifras con un error que es confundir la estrategia de la violencia con la capacidad efectiva de estos grupos. Ese cambio en la dinámica de la violencia tiene que ver con un cambo estratégico en el posicionamiento. Años atrás estos grupos tenían fuertes alianzas con sectores estatales en la lucha contra la insurgencia pero luego de la desmovilización hay una política por mostrarlos como enemigos del Estado y se despliega toda una ofensiva para combatirlos. En ese contexto se entiende por qué la violencia letal no hace parte de un repertorio dominante de estos grupos sino que la amenaza es mucho más efectiva porque es menos costosa y tiene menos riesgos políticos y judiciales para ellos.

En el sentido estricto, estas organizaciones no son reincidencias del paramilitarismo. Aquí lo que hay es una capacidad de movilizar nuevo recurso humano que está formado, que tiene habilidades criminales y que sabe vender su fuerza de trabajo en un mercado ilegal.

¿Qué está pasando con los asesinatos y amenazas a líderes sociales?

No hay una gran organización detrás de estos hechos. Lo que hemos visto y que nos llama la atención es que tenemos un número de líderes sociales asesinados similar al que experimentó el país en 2002, solo que en ese año los índices de violencia eran muy altos. Es anormal que tengamos en mismo número de muertos en magnitudes de conflicto tan distintas.

Tenemos cifras de asesinatos de líderes sociales dramáticas en un contexto dónde la magnitud del conflicto armado ha disminuido a niveles históricos, por lo tanto, no es un efecto colateral ni aleatorio de la confrontación armada. Hay unas condiciones estructurales a nivel local y unos intereses muy concretos que permiten que se reproduzca la violencia contra líderes sociales. Es importante insistir en que las dinámicas de la violencia no letal a nivel de amenazas es dramático. A los líderes sociales ya no solo se les quiere eliminar sino también generar un ambiente de zozobra constante.

En lo que llaman las Bacrim hay un giro organizacional muy importante. Ya no son estructuras jerárquicas sino una serie de facciones que se van recomponiendo mucho más rápido. La violencia ejercida por estos grupos tienen un sentido de resolver disputas alrededor de mercado ilegales.

Son las agendas locales que en coyunturas específicas activan la violencia contra los líderes sociales. Por ejemplo, son diferentes las condiciones de los asesinatos de líderes que promueven la sustitución de cultivos en una zona como el nudo del paramillo, que es una zona de mercado histórica donde convergen el cultivo, el procesamiento y la exportación  con las condiciones que viven los líderes sociales de otras zonas como San Vicente del Caguán.

Hay gente que todavía está en el debate conceptual de si son o no paramilitares y si hay una gran estrategia para boicotear el proceso de paz, pero son las condiciones a nivel local que permiten la reproducción de la violencia contra los líderes sociales. Aparte, yo diría en principio que no existe esa gran estrategia porque las posibilidades de que todos estos grupos se coordinen es muy costosa.

¿Cuáles son los retos en la política pública de protección a desmovilizados y a líderes sociales?

Con la unidad de protección que existe hoy no hay garantías para garantizar seguridad, así que  lo primero es crear una nueva institucionalidad en función de brindar esas garantías. Puede haber una iniciativa a nivel nacional, pero que prescinde del conocimiento local para poder hacerle frente a las posibles amenazas. Es necesario tener una fuerza mucho más especializada en la protección de los líderes en sus territorios.

A finales del año pasado el Ministerio de Defensa Nacional autorizó los bombardeos contra las bandas criminales. ¿Cómo modifica esa decisión la dinámica del conflicto?

Atender este fenómeno necesita tomar decisiones de mediano y largo plazo. Políticamente hay presión para dar resultados de corto plazo y esa ha sido la política de objetivos de alto valor. Y es considerar que capturando cabecillas, mandos medios y enlaces  claves en las áreas financieras de estas organizaciones, se van a desarticular. Es casi el mismo modelo que se usó con las Farc, solo que con la guerrilla había unas condiciones diferentes. En las Farc los combatientes rasos dependían de sus mandos medios y altos, pero en los grupos post-desmovilización como no tienen estructuras jerárquicas, esas capturas no inciden mucho porque simplemente ponen a alguien más.  La estrategia militar de dar capturas o bajas a integrantes de esos grupos es muy rentable políticamente y en la opinión pública, pero no da resultados a mediano y largo plazo.

Desde el equipo estamos maneando una hipótesis de trabajo. En México se implementó una estrategia muy similar a la de objetivos de alto valor y mostró que aparte que no resuelven el problema principal, genera una violencia mayor en el área donde operan esos grupos.

¿Cómo se deben manejar la política de los mercados ilegales para que se adapten a lo acordado con las Farc?

Yo tengo una visión muy pragmática sobre este tema teniendo en cuenta que la dinámica de los mercados ilícitos no se va a resolver en dos años, pero sí se pueden tomar unas medidas encaminadas a la reducción de la violencia mientras se prepara el terreno para reemplazar los mercados ilegales. Lo primero que hay que tener en el contexto de la implementación son unos factores mínimos de seguridad tanto para los desmovilizados como para las comunidades que los van a recibir. La propuesta de desarrollo regional debe incluir ofertas económicas, educativas, familiares para que los desmovilizados no vuelvan a la ilegalidad y para que las propias comunidades no vean en los mercados ilegales una opción.

¿Qué hacer frente a estos grupos de cara a la implementación de los acuerdos de La Habana?

Hace falta una política orientada hacia la judicialización de la macrocriminalidad. Toda la estrategia se ha concentrado en la militarización pero no hay un componente de justicia que pueda atender el fenómeno. El Ministerio maneja cifras de cerca de 17.000 miembros de estas organizaciones que han sido capturados entre 2007 y 2015, pero no hay pruebas para judicializarlos y vuelven a las calles a delinquir.

Hay una estrategia pero es la más costosa tanto en términos económicos como políticos porque no muestra resultados a corto plazo y consiste en generar dinámicas de desarrollo que desactiven estos grupos. Cuando se genera una capacidad de desarrollo a nivel regional  se agotan las dinámicas de los mercados ilegales y quedan sin margen de manejo estos grupos.

Un tercer elemento está relacionado con lo que Isaac Beltrán ha denominado las carreras criminales. Hay personas que una vez se inician en el mundo criminal en delitos menores, se genera una inercia y las posibilidades de sacarlo de esa carrera criminar son muy costosas o muy difíciles de implementar. En los territorios donde actúan estos grupos no hay una política concreta dirigida a la juventud rural o semiurbana que es el caldo de cultivo de las organizaciones ilegales.

 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

 

19 zonas veredales y siete puntos transitorios se han dispuesto para cumplir con el objetivo del cese al fuego, bilateral y definitivo, la dejación de armas y la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

 

Elaboración y fotografía: Jennipher Corredor Sánchez