Nov 24, 2017

A propósito de la conmemoración del día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas, William Rozo, investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política habla de la importancia de esta conmemoración y del lugar de las víctimas en la implementación de los acuerdos.

El 9 de abril se conmemora el día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas. ¿Cuál es la importancia de esta fecha?

William Rozo

Cualquier proceso de reconciliación, de tránsito de la guerra a la paz, las víctimas juegan un papel sumamente importante y uno de los aspectos más relevantes es el reconocimiento de las víctimas. Yo creo que en Colombia se ha avanzado bastante en ese campo, comparado con otros procesos en el mundo. Ya hay un reconocimiento de las víctimas, hay avances desde 2010 con la ley de víctimas, la ley 1448 de 2011 y con todos los problemas que pueda tener esa ley, hay avances.

Sin embargo, estamos preocupados un poco porque el mayor número de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia son cometidas por grupos paramilitares y agentes del Estado. En este escenario de reconciliación nos preocupa que el reconocimiento de esas víctimas no es el mejor.

Hay que reconocer que la ley de víctimas por lo menos dejó un día para recordar a las víctimas con todas las críticas que pueda tener, pero es que antes del 2011 no había, ni siquiera se reconocía que había víctimas. Esta fecha del 9 de abril tiene esa importancia de reconocer a las víctimas.

¿Qué consecuencias podría traer ese poco reconocimiento?

Ese escenario es muy grave, porque lo que puede ocurrir es que estas víctimas no se sientan a gusto y empiecen a demandar cuanta norma exista y sobre todo a recurrir a instrumentos internacionales. Ahí habría que hacer una llamado para que todas las víctimas tengan el mismo estatus, el mismo tratamiento, las mismas garantías en el proceso de transición, el mismo nivel de reparación y de reconocimiento.  

Para citar un ejemplo, el pasado 5 de abril se firmó los decretos ley que dan vía a la Comisión de la Verdad  y el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En ese espacio el presidente Santos invitó a seis víctimas, pero ninguna de ellas era víctima de crímenes de Estado. Ese tipo de acciones nos preocupa y yo creo que instituciones como el Cinep/PPP deben hacer un llamado para que las víctimas sean reconocidas en su conjunto pero completas y en igualdad de condiciones y garantías.

Para las víctimas ¿por qué es importante que se creen este tipo de mecanismos como Comisión de la Verdad  y el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas?

Son muy importantes porque en todos los procesos de transición prima la verdad sobre la justicia y la memoria sobre los procesos de sanción. O sea, es más importante que las futuras generaciones sepan qué pasó y que los hechos tengan mucha visibilidad para que no se vuelvan a repetir los mismos errores del pasado a que existan sanciones penales. Es un poco lo que pasa en los procesos de memoria en Alemania o en Argentina, que las nuevas generaciones se den cuenta que no es bueno resolver los problemas por la vía armada. Por eso es tan importante el Museo Nacional de la Memoria y todos los ejercicios de memoria que se están haciendo en el país. Ese es el sentido  y la importancia de la memoria, que nos ayude a mantener un pasado que conectado con un proceso de reconciliación, sea un pasado que nos ayude a solucionar los conflictos de otra manera. La reconciliación y el perdón es poder recordar sin lastimarnos, sin agredirnos. A ese nivel tenemos que llegar, pero eso tarda mucho tiempo y requiere mucho trabajo porque este conflicto dejó y sigue dejando muchas víctimas y mucho dolor.

¿Cómo lograr el reconocimiento de las víctimas de Estado si muchas de estas iniciativas surgen desde las instituciones estatales?

Ese es un desafío. Yo creo que hay de fortalecer mucho las organizaciones de la sociedad civil y que estas ayuden a poner sus recursos y sus esfuerzos para que las víctimas más débiles puedan estar al nivel de las otras en términos de reconocimiento. No es que unas sean más importantes que otras, es que unas están más marginadas que otras. ¿Cómo podemos hacer esa tarea las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento de derechos humanos? Ayudando a organizarlas, fortaleciéndolas, aportando desde nuestros trabajos de investigación para que puedan tener herramientas y puedan empoderarse y tengan más argumentos en sus procesos.

¿Qué beneficios tiene el acuerdo con las Farc para las víctimas?

El acuerdo es un acuerdo político de carácter no vinculante. Este trae unos puntos muy favorables para las víctimas pero lo que es vinculante es la legislación que se hace a partir de la implementación de ese acuerdo.  Por ejemplo, el acto legislativo que modificó la constitución para incorporar ese acuerdo dentro de la jurisdicción colombiana no se corresponde con lo que dice el acuerdo, desconoció completamente a las víctimas. El espíritu del acuerdo no está en el acto legislativo y las víctimas quedaron muy lejos, sin voz ni participación. Lo que hay no nos gusta mucho, pero eso es mejor que nada.

¿A qué se refiere cuando habla de participación?

Por ejemplo, en la Jurisdicción Especial para la Paz no hay manera de que las víctimas tengan acceso a los procesos como sujeto procesal y eso es un derecho fundamental. Cuando hay una agresión obviamente la víctima debe tener representación como sujeto procesal dentro del proceso, ese no es el caso dentro de la nueva legislación. Yo siento que tanto las Farc como loa agentes del Estado le tienen miedo a la voz de las víctimas. Y nuestro deber como organizaciones acompañantes de la sociedad civil es ayudar a que esa voz esté.

¿Cómo será el trabajo del Banco de Datos hacia el futuro?

Nosotros hacemos un proceso de memoria, de salvaguarda de la información de violación a los derechos humanos y devolvemos ese producto como un insumo para que las víctimas lo puedan utilizar como herramienta en su trabajo de reivindicación de derechos. Para el trabajo hacia futuro, el equipo se va a reunir en estos días para reflexionarlo. Nosotros creemos que sí vamos a incidir en la Comisión de la Verdad. Todavía no sabemos cómo porque no se sabe cómo funcionará esta comisión, pero creemos que si estaremos orientados a incidir allí. Otros estamos trabajando en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, desarrollando investigaciones y documentos. Por ahora seguiremos trabajando en la revista Noche y Niebla porque aún las cifras de victimización son alarmantes.

 

Miguel Martínez

Equipo de Comunicaciones

El pasado 5 de abril el presidente Juan Manuel Santos firmó dos decretos con fuerza de ley de gran relevancia para la implementación de los acuerdos. Uno es el que conforma el Comité de escogencia para la selección de miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el que se incluye el inicio de la Unidad Especial de Búsqueda de Personas desaparecidas. El segundo es  el que organiza la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad y la convivencia y la no repeteción. Por su importancia en la implementación los publicamos a continuación.
 

 

En el punto sexto del Acuerdo Final para la Paz, que trata de la implementación, verificación y refrendación, el Gobierno Nacional y las FARC adoptaron la creación de la “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)”, integrada por tres representantes del alto Gobierno Nacional y por tres representantes plenipotenciarios de las FARC o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. Esta comisión tiene por objetivos la resolución de diferencias, el impulso, la implementación, el seguimiento y la verificación del Acuerdo.

Esta labor implica el concurso y compromiso de las distintas instituciones del Estado, las autoridades territoriales, las organizaciones y movimientos sociales, las comunidades, instituciones de la sociedad civil, las iglesias, los partidos políticos incluyendo el movimiento político que surja del tránsito de las FARC a la actividad política legal, sus excombatientes y los ciudadanos y ciudadanas en general. No obstante lo anterior, el Gobierno nacional será el responsable de la correcta implementación del Acuerdo de Paz, tanto en su gestión política como en la financiación de lo que él implica. A su vez esta Comisión de Seguimiento e Impulso de la Implementación del Acuerdo, tiene un componente internacional de verificación, cuyo propósito es comprobar el avance de la implementación, identificar retrasos, contradicciones y deficiencias, brindar oportunidades de mejoramiento continuo, así como contribuir a la búsqueda de soluciones y al fortalecimiento de la misma.

El viernes veintitrés de marzo el Gobierno y las FARC, anunciaron al país que este componente internacional de verificación estará encabezado por el ex presidente español Felipe González y el ex presidente uruguayo Pepe Mujica, con el apoyo técnico del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, de los Estados Unidos, y de una Secretaría Técnica a cargo del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

En el marco de esta designación, el CINEP/Programa por la Paz, siguiendo las prioridades de la Compañía de Jesús, continuará apostando, como lo realiza desde hace cuarenta y cinco años, por la trasformación política de los conflictos sociales del país, buscando una paz con justicia social, basada en el respeto y realización de los derechos humanos, la promoción de la responsabilidad y la participación ciudadana, y el reconocimiento de las diferencias territoriales, étnicas y culturales. 

* Editorial presentada el domingo 2 de abril del 2017, en el programa radial de RCN “Notas humanas y divinas”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director general Cinep/Programa por la Paz
 
 

Cinep/Programa por la Paz, Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, como aliado regional estratégico, expresan su preocupación por los hechos ocurridos ayer (miércoles 22 de marzo) durante el Foro regional de participación en Barrancabermeja, Santander, donde se presentaron dos miembros de la Sijin para ejecutar una orden de captura contra Arisolina Rodríguez, líder social de la Cumbre Agraria, Indígena y Popular y de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar y sur del Cesar. Hecho que se suma a las capturas de otros líderes sociales en los municipios de Arenal, Morales, Tiquisio, Norosi y Bucaramanga.

Durante décadas hemos trabajado con diferentes sectores para garantizar su participación, organización y derecho a la protesta social. Estamos comprometidos con la construcción de paz territorial y trabajamos para ponerle fin a la estigmatización de líderes y organizaciones sociales que concentran su trabajo en regiones fuertemente afectadas por el conflicto.

Hoy ya firmados los acuerdos de La Habana, cuando se adelanta el proceso de refrendación apoyamos la organización de los foros sobre participación indicados en el punto 2.2.1. del acuerdo final de La Habana. Y apoyamos estos espacios porque creemos en la deliberación y sabemos que desde las organizaciones de la sociedad civil hay muchas propuestas que merecen ser tenidas en cuenta en el diseño e implementación de  políticas que garanticen el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Es necesario rodear de garantías estos espacios de participación diseñados con el único propósito de contribuir con una paz estable y duradera. Exhortamos al Gobierno nacional a que ratifique su compromiso para que los foros regionales de participación puedan adelantarse sin hostigamientos y se brinden las garantías a este ejercicio democrático.

Desde Cinep/Programa por la Paz, Foro por Colombia y Viva la Ciudadanía ratificamos nuestro compromiso con la realización de estos espacios siempre y cuando se desarrollen en un ambiente que permita una efectiva deliberación democrática consistente con los principios contemplados en el punto dos del acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera.

Firman:

Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio

Cinep/Programa por la Paz

Viva la Ciudadanía

Foro por Colombia

 

Adhieren:

Centro de Estudios para la Paz (Cespaz)

Ubencel Duque Rojas

 

 Descargar comunicado

Componente internacional de verificación y acompañamiento del Acuerdo Final

 

Bogotá, Colombia, 23 de marzo de 2017

 

El Gobierno Nacional y las FARC-EP en el marco de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), informamos a la opinión pública que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 6.3. Componente Internacional de la Verificación de la CSIVI y 6.4 Componente de acompañamiento Internacional, hemos acordado:

  1. Se designarán como Notables del Componente Internacional de Verificación, al ex presidente español Felipe González y al ex presidente uruguayo José Alberto Mujica Cordano, quienes encabezarán el mecanismo de verificación y cumplirán con las funciones establecidas en el numeral 6.3.2. Su designación formal tendrá lugar el próximo jueves 30 de marzo.

 

  1. El protocolo de funcionamiento de la Secretaría Técnica de los notables del que trata el numeral 6.3.2. La Secretaria Técnica estará a cargo del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

  

  1. El protocolo de funcionamiento del apoyo técnico del que trata el numeral 6.3.2, a cargo del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, E.E.U.U, en su rol de Apoyo Técnico del componente de verificación.

 

  1. Realizar una primera reunión preparatoria con la Secretaría Técnica y el Apoyo Técnico del Componente Internacional de Verificación el próximo 28 de marzo con el fin de entregar los protocolos de funcionamiento.

 

  1. El protocolo de funcionamiento del acompañamiento Internacional que trata el numeral 6.4.2 del Acuerdo Final, que se entiende como el apoyo directo e indirecto al diseño, ejecución y monitoreo de la implementación del Acuerdo Final. La CSIVI convocará una primera reunión con todas las organizaciones, países y agencias definidas en el Acuerdo Final en la primera semana de abril.

  

  1. Teniendo en cuenta que el pasado 31 de octubre del 2016, el Gobierno Nacional renovó el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) por un periodo de 3 años que podrá ser renovable, y que en su Informe anual incluirá un capítulo especial sobre la implementación del Acuerdo Final en materia de derechos humanos, la CSIVI convocará una primera reunión con esta Oficina en la primera semana de abril.

 

  1. El Gobierno Nacional ratifica su compromiso al interior de la CSIVI de dar inicio a la implementación de los mecanismos previstos en el punto 6.3.3 respecto de la Misión Política de Verificación de las Naciones Unidas.