Sep 25, 2017

¿Sobre qué trata el artículo?

La idea del artículo es pensarse a Buenaventura como un escenario que presenta una serie de retos en el marco del posacuerdo. De manera particular intentando hacer una lectura crítica alrededor de lo que significan los acuerdos y la idea de paz que está detrás de ellos. Porque si bien hay un interés y los acuerdos son un escenario muy alentador para el país, también traen una serie de limitaciones que en el caso de un municipio que históricamente ha sido una zona periférica del país, vale la pena pensarse.

¿Cómo nace este artículo?

Yo vengo trabajando más o menos hace dos años en el municipio de Buenaventura, primero como producto de una investigación de la universidad y luego fue un interés personal que se fue fortaleciendo con el paso del tiempo y en el marco de esa investigación surgía la pregunta de cómo pensarse Buenaventura en una coyuntura como la actual.

¿Por qué la gente debería leer este artículo?

Creo que es importante no solo leer el artículo sino toda la revista, porque los últimos cien días en la coyuntura nacional han sido bastantes movidos, no solo por las amenazas y asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos, sino también por la movilización social radicalizada y exacerbada que se ha visto. Es el ejemplo del paro en Chochó, el paro en Buenaventura e inclusive las movilizaciones del magisterio y de diversos sectores. Con relación a lo que presentan los medios, creo que hay una invisibilización respecto a la crisis estructural que vive Buenaventura que no solo es una manifestación esporádica, sino que es un acumulado de factores que vienen gestándose desde hace varios años y que demuestran no solo la falta de presencia institucional, sino la corrupción y la presencia de actores armados.

¿Cuáles son los puntos clave del artículo?

Yo creo que son tres. El primero es la dicotomía entre un concepto de paz totalizante y una apuesta por pensar la paz en plural, Las paces. El segundo es hacer énfasis en que si bien en el marco del conflicto armado hubo muchas víctimas, es importante destacar el papel de los actores y de las empresas privadas como un actor generador de violencia. Y el tercero serían los retos que representa la implementación de los acuerdos, sabiendo que el discurso en sí mismo tiene una plataforma de paz liberal que representa un imaginario de desarrollo que se implementará en cada uno de los municipios del país.

 
 

 

 

Comunicado público de la comisión nacional de diálogo para la construcción de la ley de garantias y promoción de la participación ciudadana y de los movimientos sociales y otras modificaciones normativas al gobierno nacional de Colombia, a la Csivi y a la comunidad.

 
 

 

 

En días pasados tuvimos conocimiento sobre un borrador elaborado por el Gobierno Nacional denominado proyecto de ley "Por el cual se adoptan disposiciones de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales y se dictan otras disposiciones". Se nos ha informado que ese proyecto sería presentado para la discusión y concertación de la CSIVI y de su lectura nos ha surgido una enorme preocupación, ya que tanto el enfoque general de la iniciativa, como varios de sus contenidos particulares, desconocen abiertamente la Constitución Política de 1991, la jurisprudencia de la Corte Constitucional e incluso el propio contenido del Acuerdo de Paz de la Habana suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP en noviembre de 2016
 
 

 

 

A propósito de la conmemoración del día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas, William Rozo, investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política habla de la importancia de esta conmemoración y del lugar de las víctimas en la implementación de los acuerdos.

El 9 de abril se conmemora el día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas. ¿Cuál es la importancia de esta fecha?

William Rozo

Cualquier proceso de reconciliación, de tránsito de la guerra a la paz, las víctimas juegan un papel sumamente importante y uno de los aspectos más relevantes es el reconocimiento de las víctimas. Yo creo que en Colombia se ha avanzado bastante en ese campo, comparado con otros procesos en el mundo. Ya hay un reconocimiento de las víctimas, hay avances desde 2010 con la ley de víctimas, la ley 1448 de 2011 y con todos los problemas que pueda tener esa ley, hay avances.

Sin embargo, estamos preocupados un poco porque el mayor número de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia son cometidas por grupos paramilitares y agentes del Estado. En este escenario de reconciliación nos preocupa que el reconocimiento de esas víctimas no es el mejor.

Hay que reconocer que la ley de víctimas por lo menos dejó un día para recordar a las víctimas con todas las críticas que pueda tener, pero es que antes del 2011 no había, ni siquiera se reconocía que había víctimas. Esta fecha del 9 de abril tiene esa importancia de reconocer a las víctimas.

¿Qué consecuencias podría traer ese poco reconocimiento?

Ese escenario es muy grave, porque lo que puede ocurrir es que estas víctimas no se sientan a gusto y empiecen a demandar cuanta norma exista y sobre todo a recurrir a instrumentos internacionales. Ahí habría que hacer una llamado para que todas las víctimas tengan el mismo estatus, el mismo tratamiento, las mismas garantías en el proceso de transición, el mismo nivel de reparación y de reconocimiento.  

Para citar un ejemplo, el pasado 5 de abril se firmó los decretos ley que dan vía a la Comisión de la Verdad  y el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En ese espacio el presidente Santos invitó a seis víctimas, pero ninguna de ellas era víctima de crímenes de Estado. Ese tipo de acciones nos preocupa y yo creo que instituciones como el Cinep/PPP deben hacer un llamado para que las víctimas sean reconocidas en su conjunto pero completas y en igualdad de condiciones y garantías.

Para las víctimas ¿por qué es importante que se creen este tipo de mecanismos como Comisión de la Verdad  y el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas?

Son muy importantes porque en todos los procesos de transición prima la verdad sobre la justicia y la memoria sobre los procesos de sanción. O sea, es más importante que las futuras generaciones sepan qué pasó y que los hechos tengan mucha visibilidad para que no se vuelvan a repetir los mismos errores del pasado a que existan sanciones penales. Es un poco lo que pasa en los procesos de memoria en Alemania o en Argentina, que las nuevas generaciones se den cuenta que no es bueno resolver los problemas por la vía armada. Por eso es tan importante el Museo Nacional de la Memoria y todos los ejercicios de memoria que se están haciendo en el país. Ese es el sentido  y la importancia de la memoria, que nos ayude a mantener un pasado que conectado con un proceso de reconciliación, sea un pasado que nos ayude a solucionar los conflictos de otra manera. La reconciliación y el perdón es poder recordar sin lastimarnos, sin agredirnos. A ese nivel tenemos que llegar, pero eso tarda mucho tiempo y requiere mucho trabajo porque este conflicto dejó y sigue dejando muchas víctimas y mucho dolor.

¿Cómo lograr el reconocimiento de las víctimas de Estado si muchas de estas iniciativas surgen desde las instituciones estatales?

Ese es un desafío. Yo creo que hay de fortalecer mucho las organizaciones de la sociedad civil y que estas ayuden a poner sus recursos y sus esfuerzos para que las víctimas más débiles puedan estar al nivel de las otras en términos de reconocimiento. No es que unas sean más importantes que otras, es que unas están más marginadas que otras. ¿Cómo podemos hacer esa tarea las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento de derechos humanos? Ayudando a organizarlas, fortaleciéndolas, aportando desde nuestros trabajos de investigación para que puedan tener herramientas y puedan empoderarse y tengan más argumentos en sus procesos.

¿Qué beneficios tiene el acuerdo con las Farc para las víctimas?

El acuerdo es un acuerdo político de carácter no vinculante. Este trae unos puntos muy favorables para las víctimas pero lo que es vinculante es la legislación que se hace a partir de la implementación de ese acuerdo.  Por ejemplo, el acto legislativo que modificó la constitución para incorporar ese acuerdo dentro de la jurisdicción colombiana no se corresponde con lo que dice el acuerdo, desconoció completamente a las víctimas. El espíritu del acuerdo no está en el acto legislativo y las víctimas quedaron muy lejos, sin voz ni participación. Lo que hay no nos gusta mucho, pero eso es mejor que nada.

¿A qué se refiere cuando habla de participación?

Por ejemplo, en la Jurisdicción Especial para la Paz no hay manera de que las víctimas tengan acceso a los procesos como sujeto procesal y eso es un derecho fundamental. Cuando hay una agresión obviamente la víctima debe tener representación como sujeto procesal dentro del proceso, ese no es el caso dentro de la nueva legislación. Yo siento que tanto las Farc como loa agentes del Estado le tienen miedo a la voz de las víctimas. Y nuestro deber como organizaciones acompañantes de la sociedad civil es ayudar a que esa voz esté.

¿Cómo será el trabajo del Banco de Datos hacia el futuro?

Nosotros hacemos un proceso de memoria, de salvaguarda de la información de violación a los derechos humanos y devolvemos ese producto como un insumo para que las víctimas lo puedan utilizar como herramienta en su trabajo de reivindicación de derechos. Para el trabajo hacia futuro, el equipo se va a reunir en estos días para reflexionarlo. Nosotros creemos que sí vamos a incidir en la Comisión de la Verdad. Todavía no sabemos cómo porque no se sabe cómo funcionará esta comisión, pero creemos que si estaremos orientados a incidir allí. Otros estamos trabajando en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, desarrollando investigaciones y documentos. Por ahora seguiremos trabajando en la revista Noche y Niebla porque aún las cifras de victimización son alarmantes.

 

Miguel Martínez

Equipo de Comunicaciones