Apr 26, 2017

En este programa hablamos de la situación delicada de Colombia en materia de corrupción ¿cuáles son sus causas?, ¿qué acciones han implementado los países con indicadores bajos de corrupción?, ¿cómo históricamente el país se ha armado para combatirla?, ¿de qué manera los ciudadanos podemos aportar soluciones?

Estas y otras preguntas son abordadas en esta pieza radial.

El cáncer letal de la corrupción llevó al departamento de La Guajira a una de sus más graves estados de ingobernabilidad, crisis social y financiera. En los últimos días fue necesario que el Gobierno nacional interviniera, de manera temporal, los recursos de salud, educación y agua potable. Esto significa que el departamento no podrá manejar los recursos de los ciudadanos, hasta por tres años, los setecientos ochenta y cinco mil millones de pesos que la Nación le transfiere anualmente por el Sistema General de Participaciones, para invertir en educación, salud y agua potable.

Estos recursos a partir de la fecha y hasta que se considere conveniente, pasarán a ser manejados directamente por Bogotá. Esta medida extraordinaria y tardía, es parte de un plan de contingencia para hacerle frente a la crisis social que vive la mayoría de los pobladores de esta región. La gota que rebozó la copa fue la reciente captura del último gobernador, Wilmer González Brito, quien fue enviado a la cárcel por fraude electoral y corrupción, entre otros delitos. En su reemplazo, el presidente Santos nombró a Weildler Guerra Curvelo, un académico reconocido por sus estudios de la cultura wayúu y miembro de la Academia de Historia de Colombia.

Pero alrededor de este hecho lo más indignante es la realidad que expresan los datos sobre lo que viven las comunidades guajiras: es el único departamento de Colombia donde existen quince mil niños sin educación. Se estima que alrededor de quince mil niños guajiros se encuentran en situación de desnutrición por falta de recursos básicos, según la Procuradora Delegada para la Infancia y Adolescencia de Colombia, Ilva Myriam Hoyos, quien desde hace más de un año calificó de “indignante” lo que sucede en este territorio. A esto se suma que solamente tres de los quince municipios suministran agua potable y se tiene evidencias de que los dineros para financiar acueductos, mejoramiento de escuelas, alimentos para estudiantes y las jornadas de vacunación, se los han robado. Muchos ciudadanos guajiros están cansados de esta situación, denuncian y hacen propuestas, pero en su contra está la acción de los políticos clientelistas tradicionales que siguen siendo un pequeño pero poderoso grupo que maneja la vida de la región.

El Obispo de Riohacha, Héctor Salah Zuleta, en una homilía de la festividad de Nuestra Señora de los Remedios expresó, que para llegar a la Guajira que soñamos, es vital “enfrentar la corrupción para cerrarle el paso a la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en los espacios de representación y deliberación política. Es importante que los recursos públicos sean ejecutados allí en donde debe ser: en la garantía de los derechos ciudadanos.”

* Editorial presentada el domingo 5 de marzo del 2017, en el programa radial de RCN “Notas humanas y divinas”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director general Cinep/Programa por la Paz

 

Tres casos de corrupción son la muestra de cómo en Colombia se ha tocado fondo en el desfalco a la nación: los casos de InterBolsa, Reficar y Odebrecht. En el caso de InterBolsa, la semana pasada quedó en libertad por vencimiento de términos, el empresario Víctor Maldonado Rodríguez, que enfrenta un proceso penal por ser presuntamente el cerebro de la estafa a los inversionistas para rentar y ganar grandes sumas de dinero en el Fondo Premium de InterBolsa, a finales de dos mil trece. Maldonado se ha declarado inocente de los delitos imputados por la Fiscalía y sus abogados han hecho todo tipo de artimañas jurídicas para entorpecer el proceso. En total fueron sesenta y cuatro millones de dólares de detrimento patrimonial y se vieron afectados mil doscientos seis inversionistas. Nueve implicados más, acusados de ser estafadores, están hoy en libertad.

En el caso de corrupción en la refinería de Reficar, la Fiscalía y la Contraloría General han encontrado serias inconsistencias que superan los cuatro mil millones de dólares de sobrecostos en la ejecución de contratos. Reficar puede ser el mayor caso de corrupción y negligencia del siglo en Colombia pues al sobrecosto se le suma el daño fiscal, que puede superar los ocho punto cinco billones de pesos. Finalmente, en el caso de corrupción de la constructora de vías Odebrecht, el exviceministro de transporte del gobierno Uribe, Gabriel García, aceptó cargos de corrupción. Recibió un soborno de seis y medio millones de dólares para asegurarle a esta firma un millonario contrato de la Ruta del Sol. Así lo sostuvo ante un juez en Bogotá. Al parecer hay más funcionarios públicos y políticos implicados en el caso. Según el Contralor general de la Nación, la corrupción en Colombia suma cincuenta billones de pesos en los últimos años. Una cifra astronómica que niega a los ciudadanos la posibilidad de acceder a la salud, la educación y los servicios públicos básicos.

¿Cuándo habrá justicia en Colombia no solo para castigar a los ladrones de cuello blanco sino para recuperar estos recursos económicos y ponerlos al servicio de la realización de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de la ciudadanía colombiana? ¿Cuándo tendremos políticas que hagan realidad estos derechos? ¿Hasta cuándo los ciudadanos seguiremos indiferentes y sin levantar nuestra voz de protesta y de propuesta para hacer cambiar esta realidad que afecta la vida de las futuras generaciones? ¿Cómo llamarnos cristianos y ser a la vez corruptos y ladrones de los recursos que son de todos los ciudadanos? El profeta Isaías nos dice “el que rehúsa ganancias fraudulentas, el que se sacude la palma de la mano para no aceptar soborno, el que se tapa las orejas para no oír hablar de sangre, y cierra sus ojos para no ver el mal. Ese vivirá en las alturas, subirá a refugiarse en la fortaleza de las peñas, se le dará su pan y tendrá el agua segura”.

* Editorial presentada el domingo 22 de enero del 2017, en el programa radial de RCN “Notas humanas y divinas”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General Cinep/Programa por la Paz
 

 

Según los últimos informes de la Fundación Transparencia por Colombia, el cincuenta y seis por ciento de contralorías departamentales, encargadas de controlar el manejo eficiente y honesto de los recursos municipales, están en un nivel de corrupción entre alto y muy alto, más que sus vigilados. Los diseños y controles institucionales, varios de ellos débiles, llenos de fallas y establecidos formalmente pero sin cumplir su misión efectiva, dejan espacio para que las entidades de control no cumplan con su misión, lo que genera oportunidades para la avidez de los corruptos. Este drama crece cuando se calculan las cifras de dinero que quedan en las cuentas bancarias de los corruptos funcionarios del Estado en complicidad con mafias del sector privado, alrededor de veinte billones de pesos al año, según la Procuraduría General de la Nación. El dinero de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia queda en manos de las estructuras mafiosas que, vía proyectos de infraestructura y programas sociales, asaltan al Estado y lo conciben como un botín para lucrarse de manera impúdica. Son tantos, y tan frecuentes los casos de corrupción en la administración pública, que hemos perdido ya nuestra capacidad de asombro y de indignación. Desde el año dos mil nueve hasta mayo del presente año, los datos de la Procuraduría General de la Nación revelan que sesenta y seis gobernadores, mil seiscientos treinta y cinco alcaldes y mil ciento ocho concejales fueron sancionados de diferentes maneras en el país. A pesar de esto, en Colombia, sólo uno de cada cuatro corruptos paga cárcel y el veinticinco por ciento logra detención domiciliaria, mientras que las condenas efectivas no superan dos años. Los departamentos que ocupan los primeros lugares en corrupción de la administración pública son, en su orden: Santander, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar, Antioquia, La Guajira, Chocó, Caquetá, Casanare, Amazonas y Guainía. Estos resultados son todo un desafío para un país que intenta caminar hacia la creación de nuevas instituciones para la paz deseada, tras la firma del acuerdo entre el Gobierno y las FARC. Administraciones públicas que, si no son organizadas y manejadas por reales servidores públicos, transparentes, íntegros y honestos, no será posible que realicen los programas necesarios para la consecución de una paz sustentable, duradera y con justicia social.

Deuteronomio capítulo dieciséis nos dice: “No torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás el soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. Justicia, sólo justicia has de buscar, para que vivas y poseas la tierra que Dios te da”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director CINEP/Programa por la Paz