Jan 18, 2018

Editorial: Ética política

  • Ene 18, 2018
  • Publicado en Prensa

La política colombiana pasa por una etapa grave de ilegitimidad y déficit de ética. La corrupción administrativa, los partidos políticos convertidos en empresas electorales, las cortes atrofiadas y desnaturalizadas, vendiendo sentencias a los ladrones de cuello blanco, los entes de control convertidos en cómplices del delito y un Estado que improvisa, que no tiene capacidad de respuesta y que está en manos de intereses políticos y económicos para el provecho propio excluyendo el bienestar de la ciudadanía y el cuidado de los patrimonios naturales. Mientras que los líderes sociales, que deberían ser los primeros en ser protegidos por el Estado, caen víctimas de las balas y de las amenazas de sectores ligados a esos poderes políticos y económicos dominantes.

Si nos acercamos al problema de la corrupción, el informe entregado este año por Transparencia por Colombia, que analiza 69 municipios, calificados como territorios de paz por el Gobierno, muestra la tendencia estructural de este mal en el país. Se estudiaron 187 hechos de corrupción. Y 44% de estos hechos vulneraron derechos fundamentales asociados a la salud, la educación y la infraestructura. De otra parte, un 36% de los hechos analizados han tenido un impacto nocivo en sectores de la infraestructura, industria y comercio, tecnología, sector minero energético, transporte, turismo y desarrollo rural, todo esto se traduce en una violación directa a los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en Colombia. Los departamentos más comprometidos son: La Guajira, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Bolívar y Cesar.

El pasado primero de octubre el Papa, en Cesena- Italia, propuso que “la política debe ser una forma de caridad y vida mártir”. Para hacer una buena política Francisco propone que ella no debe servir a “las ambiciones individuales o a la prepotencia de facciones o centros de interés. Una política que no sea ni sierva ni ama, sino amiga y colaboradora; ni temerosa ni temeraria, sino responsable y por tanto valiente y prudente al mismo tiempo; que haga crecer la implicación de las personas, su progresiva inclusión y participación; que no margine a ninguna clase, que no saquee ni envenene los recursos naturales. Una política que sepa armonizar las legítimas aspiraciones de los particulares y de los grupos teniendo bien aferrado el timón en interés de toda la ciudadanía”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

Durante el 2017 las instituciones que conforman Educapaz han trabajado para mejorar la educación en el sur del Tolima. Este proyecto que vincula siete organizaciones ya es reconocido no solo por las comunidades educativas y la sociedad civil, sino también por las autoridades locales. Las instituciones que conforman el proyecto son: Escuela Nueva, Convivencia Productiva, Fe y Alegría, Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, Javeriana Cali, Fundación para la Reconciliación y Cinep/PPP. Además, hay tres organizaciones aliadas: Avina, la Red Prodepaz y Clayss.

Educapaz tiene tres grandes líneas de trabajo. La primera es Educación Rural que acompaña a sedes educativas de los cuatro municipios. Allí hay 28 colegios, cada uno de estos, con sedes rurales. Este acompañamiento es educativo y pedagógico en el que se revisan las metodologías de enseñanza de cada una de las sedes para sugerir nuevas estrategias. También se trabaja en mejorar la relación de los docentes con las comunidades para que estas hagan parte del proceso educativo de los niños y niñas.

Otra tarea planteada en esta línea es la construcción de los Planes Educativos Municipales. Para esto, crearon un mecanismo de articulación de actores, llamada la Mesa Educativa Municipal, en la que confluyen los diferentes actores relacionados con la enseñanza escolar, representantes del sector público, líderes comunitarios y líderes de asociaciones productivas. El objetivo de cada mesa es crear una propuesta de política pública educativa enfocada en las necesidades de los niños y jóvenes rurales de cada uno de los cuatro municipios. La Universidad Javeriana de Cali validará la participación en esta construcción del plan como un diplomado, para así cualifica el quehacer de cada uno de los actores.

“Nuestra tarea como Cinep/PPP es promover espacios de reflexión sobre las políticas públicas y crear una agenda común y pública con diversos sectores”, dice Luz Elena Patarroyo, coordinadora del equipo de participación ciudadana del Cinep/PPP. “En esta región, muchas personas han sufrido la guerra, y eso genera mucho escepticismo. La gente está muy ilusionada con que haya cambios pero al mismo tiempo está muy temerosa de ser engañada o utilizada”, agrega Patarroyo.

Para el próximo año, y una vez se haya terminado la concertación del plan, se presentará a los consejos municipales para que sea discutido y aprobado como política pública oficial. Es importante reconocer que el trabajo de la mesa ha tenido incidencia en la escala regional, pues se ha vinculado con la Agencia de Renovación del Territorio para que estas propuestas locales sean incluidas dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET–. “La orientación de la mesa y su participación en las discusiones de los PDET está encaminada a que la gente se haga preguntas que no se había hecho en torno al tema de la educación”, dice Juan Carlos Merchán, investigador del Cinep/PPP y miembro del equipo de Educapaz.

Para Luz Elena Patarroyo el proceso de los PDET es muy rápido y no posibilita que la gente tenga un tiempo de maduración y comprensión sobre para participar. “Esa debilidad la hemos venido trabajando como pilar de la educación y así dar una información más cualificada, generar reflexiones y aportar a la articulación de la política pública que estamos construyendo con el PDET.  Volvemos a la tarea de mediadores entre una acción que es estatal y la comunidad educativa”, afirma.

Por su parte, Juan Carlos Merchán, indica que uno de los principales obstáculos del proceso ha sido lograr la participación de las administraciones municipales. “Nosotros estamos aliados con la Secretaría de Educación de la Gobernación, y eso genera distanciamientos con algunas administraciones porque no quieren trabajar con sus opositores políticos”, afirma; sin embargo, señala que poco a poco han logrado demostrar que este es un proyecto que va más allá de las filiaciones políticas. 

La segunda línea de trabajo de Educapaz es la formación en Ciudadanía, Reconciliación y Educación Socio Emocional –Crese–. Esta estrategia busca generar propuestas para trabajar la reconciliación, que no está vinculada a la educación cognitiva intelectual, sino a la educación de los sentimientos. Hasta ahora se ha implementado en instituciones educativas urbanas y el proyecto para el próximo año es llevar esta propuesta a las instituciones rurales, que es donde más daño ha causado el conflicto armado.

La tercera línea de trabajo es Incidencia y Comunicación. En esta se gesta el relacionamiento con las instituciones del nivel nacional como el Ministerio de educación, y extranjeras como las agencias de cooperación. Desde esta área se han organizado reuniones y foros en los que representantes de las instituciones estatales de diferentes niveles, han debatido sobre las problemáticas que enfrenta la educación y las posibles soluciones que podrían implementarse. “Esto es un proyecto multiactor simultaneo. No es de que empiece de la base o de arriba, sino que en cada uno de los niveles hay que trabajar al tiempo para lograr verdadera incidencia”, dice Merchán.

Según Merchán, la mayor dificultad que enfrenta el proceso es que los municipios en los que se trabaja no están certificados por el Estado colombiano. Esto lo que implica es que no son autosostenibles económicamente, por lo que no pueden decidir autónomamente la inversión de sus dineros. “¿Cómo hacemos que una política pública funcione si el municipio no puede decidir qué hacer con su plata? Hay que buscar nuevas fuentes de financiación, y para nosotros, una de ellas son los PDET”, añade el investigador.

Ante este panorama son muchas las expectativas que tienen los diferentes actores en torno a la educación. “La guerra había cerrado con un bloqueo territorial todo el sur del Tolima. De las mayores ganancias es descubrir todo el potencial que tiene el Tolima. Es increíble todo el potencial de saberes, las personas, los recursos”, afirma Patarroyo. La proyección de Educapaz está en varios territorios del país. Se espera que en los próximos cinco años el proyecto inicie actividades en dos regiones más que aún están en discusión.

 

Miguel Martínez
Equipo de Comunicaciones

Desde hace tres años se comenzó a construir el proyecto Educapaz. Hace un año, gracias a las diferentes alianzas entre organizaciones, esta apuesta por la educación rural en el país ha llegado a 4 municipios del Tolima y espera quedarse en las agendas educativas del departamento al menos por 10 años. Hablamos con Luz Elena Patarroyo y Juan Carlos Merchán, investigadores del Cinep/Programa por la Paz que han estado al frente de este proyecto en representación de la organización. 

¿Cómo nació Educapaz?

Luz Elena Patarroyo:

Esta es una propuesta que se creó inicialmente entre Fe y Alegría y Porticus a la que se fueron uniendo diversas entidades. Estas son entidades que de alguna manera han liderado estrategias y propuestas de educación que  tienen una experiencia reconocida en todo el país.

Todos los que conforman Educapaz son Cinep/PPP, Universidad Javeriana, Fundación Escuela Nueva, Convivencia productiva, Aulas en Paz, la Universidad de los Andes, Fe y Alegría, Fundación para la Reconciliación y hay tres aliados estratégicos uno que es Avina, la Redprodepaz y Clayss.

Todas estas entidades trabajan por la educación bajo el criterio de que una forma de trabajar por la paz, es trabajar por la educación.  Las estrategias que se quieren implementar son a largo plazo, por eso en principio Educapaz está pensado para 10 años y en esos 10 años se espera llegar como mínimo a tres regiones diferentes del país.

Educapaz ha hecho énfasis en el aspecto rural, entonces vamos a ir a las zonas rurales porque allí es donde incide profundamente el conflicto. La idea es desarrollar capacidades ciudadanas y humanas en donde el conflicto ha estado más fuerte. Esto con el propósito de incidir en la paz. Ambas cosas van fuertemente ligadas.

 

¿Cuál es la labor de Cinep/PPP en Educapaz?

L.E.P: Educapaz tiene tres líneas de acción: la línea de educación rural, la línea de capacidades para la reconciliación y la de comunicación, investigación e incidencia. Cinep/PPP hace parte de la línea uno, estamos desarrollando una acción conjunta entre cuatro entidades: Fe y Alegría, Universidad Javeriana de Cali, Fundación Escuela Nueva y nosotros.

Y nuestra tarea fundamentalmente es vincular el trabajo desde el apoyo en el aula de clase, ese sería el primer momento de la relación que es escuela, luego la relación comunidad que sería trabajar todos los planes educativos institucionales que es la relación escuela- comunidad y la parte del territorio es el énfasis que hace Cinep/PPP, entonces lo que hacemos allá es vincularnos con las otras entidades y desde ahí aportar en la constitución de las mesas educativas municipales y los planes educativos municipales.

Hemos diseñado un plan para que la gente pueda construir política pública educativa municipal y esto viene de un trabajo anterior que habíamos realizado en el Magdalena Medio. Ahí construimos la política pública de 17 municipios en donde hay toda una metodología un trabajo elaborado, por esta experiencia estamos en Educapaz.

 

¿Cómo se ha dado ese diálogo intersectorial y cuál ha sido la importancia de hacerlo así?

Juan Carlos Merchán: ¿Qué estamos haciendo ahora en los cuatro municipios del sur del Tolima? En Chaparral, Planadas, Río Blanco y Ataco, estamos conectándonos con una diversidad de actores en el territorio que nos parece que tienen que ver con lo educativo para que hagan parte de ese espacio que son las mesas educativas municipales.

En este momento tenemos participación del sector educativo ( docentes, estudiantes, rectores, padres de familia de zonas rurales), estamos teniendo participación de líderes sociales (líderes comunitarios,  de juntas de acción comunal, y también líderes de asociaciones productivas del territorio), ese sector productivo es fundamental porque nosotros no concebimos una educación rural sin una vida productiva.

Hace parte de estas mesas educativas otros sectores, por ejemplo está asistiendo la policía, está asistiendo el ejército, la alcaldía, concejales del consejo municipal, todo ese sector político, estatal, gubernamental, que con el sector educativo, el sector de líderes sociales y el sector productivo, son una buena representación de la diversidad de los actores de un territorio.

La idea es que al final del proceso de la mesa educativa - que va a llevar varios meses hasta inicios del próximo año- se dé en forma didáctica, de forma pedagógica y se vayan construyendo los planes educativos municipales. Esos planes deben tener un diagnóstico de los problemas educativos territoriales más importantes y luego unas líneas estratégicas de cómo resolver esos problemas. La idea es que el próximo año podamos llevar esos planes investigativos a los consejos municipales para que se vuelva un acuerdo municipal del consejo con la alcaldía y ahí se vuelva política pública, ojalá a doce años para que no dependa del gobernante de turno.

¿Cuál es la importancia de comenzar el proyecto en el departamento del Tolima?

J.C.M: Se decidió comenzar por el sur del Tolima por varias razones. Primero, encontramos unos aliados en el territorio, personas que hacen parte de la Secretaría de Educación de la Gobernación que hace varios años estaban interesados en estos temas de política educativa pero en el mundo político del departamento nadie les captaba esa iniciativa.  Nos dimos cuenta que con esta propuesta, encajábamos en ese territorio. Tiene un poder simbólico muy grande, en esta época de posacuerdo  justo en la zona donde nacieron las FARC, comenzáramos una propuesta de educación rural para la paz.

Nos hemos dado cuenta que consolidar el proceso de Educapaz en el Tolima ha requerido más tiempo de lo que se pensaba. Esperamos que estos 10 años podamos estar en dos o cuatro regiones, lo importante es quedarnos tres o cuatro años en cada región para que exista un proceso. Lo que más le ha generado confianza a las diferentes instituciones es la voluntad de nosotros de quedarnos varios años.

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones

En el marco del segundo seminario regional de interculturalidad desarrollado en Cartagena, Sandra Raggio, docente de la Universidad Nacional de la Plata y Directora general de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, participó con profesores de la región caribe en la discusión sobre el papel de la memoria desde la escuela. 

¿Por qué es importante hacer ejercicios de memoria?

En principio la memoria es una construcción social que existe y que tiene que ver con la conformación de los grupos sociales, de las comunidades. La activación de los procesos de memoria en comunidades que han sido atravesadas por procesos de violencia, que han desestructurado las relaciones sociales, tiene que ver con poder reconstruir esa comunidad y reconstruir los lazos en clave de poder vivir juntos y de otra manera. Esta es la memora como un trabajo social, cultural y político. La memoria es profundamente política en el sentido en que la memoria puede ser usada para consolidar el poder de determinadas minorías que legitiman la dominación, que reivindican la violencia o puede ser una memoria ligada a los sectores populares, a las grandes mayorías, que les permitan pensarse en relación con ese poder. Las secuelas de los periodos de violencia son muy largos y difíciles de superar y la memoria es el trabajo de las comunidades por superar ese pasado.

¿Existe una forma correcta de hacer memoria?

Si, claro está, no de validez universal. Uno se posiciona desde algún lugar, porque la memoria siempre implica una posición, no hay memoria desde un lugar neutral, pero para uno hay una memoria que es la correcta. Esa memoria es aquella que es capaz de construir y generar nuevas expectativas de futuro que tengan que ver con vivir mejor, con superar los pasados duros, asociadas a los procesos de democratización de la sociedad que  es a fin de cuentas la conquista de derechos.  La memoria correcta tiene que ver con poder asociarse, y que esos procesos de memoria estén asociados con los procesos de democratización y con procesos de ampliación de derechos.  Hay algunos usos de las memorias que no se orientan a responder a los derechos de las mayorías. En ese sentido, sí hay algunas formas correctas de hacer memoria.

¿Cómo deben las comunidades apropiarse de esas memorias para exigir la reivindicación de sus derechos?

En principio, la primera demanda de las víctimas es la exigencia del reconocimiento del daño, es decir, ser reconocidos como víctimas. La memoria como trabajo, como acto voluntario, implica hacer cosas: juntarse con otros, testimoniar, conversar, registrar, narrar, tener actos colectivos. La memoria no es solo un relato o un registro de los hechos sino que eso tiene que construir sentido, tiene que clamar por justicia. No solo una justicia punitiva, puede ser una justicia restaurativa, una justicia reparadora. La memoria tiene un efecto reparador sobre la comunidad. Un simple registro de los hechos no tiene valor por sí misma. Adquiere valor cuando repara a la comunidad que necesita que lo que le hicieron sea reconocido, sea visibilizado, no sea negado, no sea silenciado.

 Esos son actos de reparación. El muerto no volverá, pero por lo menos se le reconoce que su muerte fue injusta y eso no es menor. La memoria tiene mucho para que las comunidades vuelvan a ser comunidades. El trabajo de la memoria es volver a repensarnos colectivamente, la pregunta, después de la violencia, es ¿Quiénes somos?  Porque la violencia afecta profundamente las identidades.

¿Qué hacer frente a los actores estatales que son sentenciados a hacer actos de perdón, pero que realmente no sienten ninguna intención de hacerlo?

La función del Estado no es solo enunciar, sino que debe actuar. No se trata solo de reconocer un acto. Debe realizar otro tipo de acciones para reparar a las comunidades que se vieron afectadas por los actos de sus miembros. Esa formalidad de actos de perdón, no repara a nadie. Capaz que repara más el hecho de que sean obligados a hacerlo que el mismo acto formal.

¿Se puede lograr un relato unificado del conflicto?

Es difícil hablar de una única memoria o una versión consenso. La dinámica de la memoria es básicamente la disputa. La memoria existe en la medida en que disputa y se enfrenta con otras. Los regímenes totalitarios siempre imponen una mirada única del pasado, para borrar el futuro. Más que crear un relato unificado, hay que construir un piso, una base de dónde partir. En Argentina eso se hizo con la producción de la verdad jurídica. Uno puede tener muchas discrepancias con la forma en que la justicia narra los hechos, pero hay un reconocimiento de que esos hechos sucedieron.  Cuando el Estado no reconoce lo que hizo, o lo que dejó de hacer, es muy difícil que la memoria que se construya sea creíble.  Lo principal es que el Estado reconozca su participación y luego cree el relato de qué hicieron los otros. Eso, por lo menos, es lo que hace particular el caso argentino, que hay una clara responsabilidad del Estado en el ejercicio de la violencia. Hay que diferenciar también las características de cada país. La violencia colombiana no es comparable con los procesos de violencia argentina.  Cada actor involucrado debe hacerse cargo de su responsabilidad, y en el caso colombiano es lo que complica el proceso, que el Estado es uno más.

¿A qué se refiere el término de la memoria feliz?

Es un proceso de recuperar las historias de lucha, de una organización, de lo que  vino a destruir la violencia. Es pensar uno qué ha sido, para plantear en qué quiere convertirse. La memoria feliz es poder repensarse antes de la violencia, porque uno de los primeros efectos de la violencia es borrar las identidades anteriores, entonces hay que repensarlo. No para volver a ser lo que fuimos, sino para incorporarlo a nuestra propia identidad. Hay que pensarse memorias mucho más largas independientemente de la violencia. Las comunidades indígenas, los pueblos originarios tienen memorias así, no de 30 o 40 años sino de 100 o 200 años. Estas memorias más cortas hay que lograr incrustarlas en las más largas para construir los relatos locales y así llegar a un relato nacional.

¿Cómo es hacer memoria en Argentina?

Es siempre un desafío. La memoria siempre trae desafíos. Hoy estamos en un momento histórico muy diferente al de hace 10 años y hace 20 años. La violencia marcó tanto al pueblo argentino que constantemente están reactualizándose, están en la agenda política, y atraviesan a la cultura, la trama social y sobre todo están atravesando a las nuevas generaciones.  La dictadura empezó hace 41 años y aún, a los jóvenes que nacieron en la democracia, la dictadura es un proceso que les sigue significando, siguen interesados en saber qué pasó y se siguen viendo implicados en la dictadura.

¿Qué consejos dejaría a los colombianos para trabajar la memoria?

A mí me parece que más allá de las posibles limitaciones del acuerdo, hay una memoria de abajo y hay una dinámica de las comunidades que es sumamente interesante y que sería muy importante activarla, más allá de las políticas del Estado. Me ha parecido muy interesante en el caso colombiano la participación que tiene  las mismas comunidades locales para reconstruirse. Esa territorialización de la memoria es muy importante que no se pierda. Ojalá que el acuerdo de paso a esos proceso locales de las comunidades para construir memoria y para repensarse hacia el futuro. Otro consejo es que no asuste que la memoria es un conflicto y una disputa permanente. La memoria no es un remanso. Pero puede haber disputa en otros términos que no sean tramitados por medio de la violencia.

 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

Luz Elena Patarroyo, investigadora del Cinep/Programa por la Paz fue una de las representantes de las organizaciones sociales invitada a compartir su trabajo en la audiencia pública sobre educación rural que se llevó a cabo el 11 de mayo en el Congreso de la República. Vea aquí el balance que hace la investigadora sobre esta jornada:

 

A esta audiencia asistieron diversos miembros de la Mesa Nacional de Educación Rural, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, Colciencias y el Sena, entre otros. Estas fueron algunas de las conclusiones de esta jornada:

  • La necesidad de construir un proceso intersectorial entre estado, organizaciones y privados para la elaboración de un Plan Especial de Educación Rural y posterior a este, una política pública de Educación Rural.
  • Una educación rural tiene que estar adecuadamente financiada.
  • Esta política deberá reconocer la pluralidad que compone nuestro país, deberá tener un enfoque étnico, de género, de inclusión, teniendo en cuenta las particularidades de los territorios.
  • La reconstrucción del tejido social y económico a partir de los objetivos de la economía solidaria, buscando llegar a una educación liberadora, con calidad, donde se vincule en lo rural los proyectos productivos que aporten a la construcción de innovación tecnológica. Que sean las mismas comunidades que lideren estas reflexiones sobre el conocimiento. 
  • Reconocer cuáles fueron las razones y los efectos de la guerra en la ruralidad. 
  • La educación rural tiene la potencialidad de transformar las condiciones de vida en los territorios, mejorando las condiciones existenciales de la población rural y cerrando brechas de desigualdad entre el campo y la ciudad. 
  • La educación rural puede ser una forma de transformar los saberes desde las dinámicas culturales de las comunidades.
  • Las condiciones de opresión de la mujer en las zonas rurales son mayores que en las urbanas. 

Aquí, la ponencia presentada en la audiencia pública:

 
 
Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicaciones Cinep/PPP