Nov 22, 2017

Por: Andrés Aponte*

Sin duda alguna, la muerte de los seis campesinos cocaleros (según cuentas oficiales), ocurrida en el corregimiento de Llorente, San Andrés de Tumaco, en Nariño, deja varios aspectos a analizar, para el futuro cercano y mediato, sobre la viabilidad y correcta implementación del punto 4 de los acuerdos de paz de La Habana, es decir, el tema de drogas ilícitas.

En el caso de los campesinos cocaleros, es bien sabido que su relación con los cultivos ilícitos no responde al simple ánimo de lucro, pues este es un sector que ha sido condenado a la marginación económica, social y política en nuestro país. En efecto, como lo han señalado algunos investigadores, muchas veces esta economía representa la única posibilidad de sustento para familias enteras que carecen de condiciones de vida digna y sufren el reiterado fracaso de los distintos planes de sustitución.

En este orden, los acuerdos de La Habana se constituían en una ventana de oportunidad para estos sectores excluidos; primero, en términos de acceso a la formalización de la tierra, la asistencia técnica y los planes de desarrollo, entre otros asuntos; y, segundo, para dejar de ser blanco del aparato armado del Estado.

No obstante, los hechos recientes muestran que el espíritu adoptado en los acuerdos no solo se extravió sino que el Gobierno nacional y los aparatos de seguridad del Estado volvieron a ser prisioneros de las estadísticas, de una matriz ideológica que confunde o asocia la protesta social con una amenaza o alteración al orden público y de unas relaciones oscuras que tienen algunos segmentos de la fuerza pública con el narcotráfico, sobre todo luego del fenómeno de expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En este orden, ahondaré en cada uno de estos elementos a continuación.

Respecto a las estadísticas, es clave entender que, por un lado, el compromiso del gobierno de erradicar 100 000 hectáreas de coca ha provocado que los esfuerzos se centren en erradicar por erradicar. Esta estrategia no solo traiciona la idea de la sustitución voluntaria, sino que la erradicación “voluntariamente forzada” que se está llevando a cabo está replicando el error y el histórico mal proceder que decía enmendar el acuerdo de La Habana: “caerle” al sector más débil de la cadena, el cultivador. Por otro lado, está la coyuntura internacional, específicamente el hecho de que el Gobierno norteamericano tiene puestos sus ojos sobre el territorio nacional bajo la amenaza de descertificación, pues Trump está exigiendo resultados inmediatos sin importar los medios.

Sobre el tratamiento de la protesta, es bien sabido que la firma de los acuerdos con las FARC-EP (actualmente Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) no implicarían una paz completa y positiva. ¿Por qué? Por un lado, porque quedan dos grupos insurgentes con alcances regionales y locales (ELN y EPL); al lado de las mal denominadas Bacrim y las disidencias farianas. Y, por el otro, debido a que emerge, y es cada vez más visible, una efervescencia social que el conflicto armado tenía encubierta o relegada a un segundo plano y para la cual el tratamiento por parte del Estado no solo es incorrecto, sino en extremo represivo. Lo anterior a pesar de que estas manifestaciones reflejan problemas estructurales y reivindicaciones históricas de regiones, sectores sociales o comunidades étnicas que han sido desatendidas o invisibilizadas por estar lidiando con la amenaza insurgente —basta con ver los casos de Chocó, Buenaventura o Catatumbo—.

Por último, me referiré a una cuestión que no se enmarca en los acuerdos de La Habana y ha pasado “de agache” tanto con los paramilitares como con el proceso de paz con las FARC-EP: las conexiones históricas que se han tejido entre narcotraficantes y sectores de la fuerza pública. Si bien estas datan de los tiempos de los grandes carteles, fue con los paramilitares cuando se dio la conexión entre coca y fuerza pública. Hay evidencia que demuestra que en muchas de las zonas de dominio paramilitar la fuerza pública se encargó de proveer seguridad, información sobre los puestos de control e incluso poner armas al servicio de estructuras mafiosas. Un ejemplo de ello es el caso del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca.

Así pues, lo que revela lo ocurrido en Tumaco es que, primero, no se está cumpliendo con una de las premisas básicas de la sustitución: su concertación con las comunidades y el carácter participativo de la llamada paz territorial. Segundo, que nuestra fuerza pública está lejos de saber tratar la protesta social, pues no solo está actuando de manera reactiva, sino que se le está dando un tratamiento criminal y punitivo a este tipo de expresión colectiva que se manifiesta ante al incumplimiento del Estado y su forma de intervenir. Y, tercero, que las conexiones ilegales que tienen ciertos sectores de la fuerza pública —y por paradójico que suene casi siempre son las unidades especializadas de antinarcóticos las que terminan poniendo sus armas al servicio de interés privados o relacionados con actividades ilegales— no solo impiden el desarrollo de los planes de sustitución, sino que minan la confianza de los colombianos en la institución que abandera los planes de la seguridad y la promoción de la convivencia en el posacuerdo: la Policía Nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, el caso de Tumaco ya no es una campana de alerta, sino un “bombazo” al corazón de los acuerdos y a la credibilidad y legitimad de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues se está replicando la intervención represiva que ha caracterizado al Estado frente al sector más marginado y vulnerable de la cadena del narcotráfico: los campesinos cocaleros. En este sentido, los planes de sustitución no solo se pueden ver comprometidos en el municipio y zonas aledañas, sino también en otras latitudes del país como Catatumbo, Putumayo, Nudo de Paramillo, entre otros, que presentan algunas condiciones similares al caso tumaqueño.

De ahí que, buena parte de la legitimidad y credibilidad de los acuerdos de La Habana en estos territorios dependa del tipo de tratamiento que el Estado dé a la implementación, del esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado 5 de octubre en Tumaco y de los futuros consensos a los que se llegue respecto a la sustitución de cultivos. El país no tolera una sola ola de violencia más, y menos los pobladores de esta zona. Es imperativo dialogar y consensuar el intervencionismo estatal y no apegarse a las presiones internacionales para mostrar resultados que, a la larga, no son más que indicadores cosméticos, pues ya tenemos como marco de referencia el fracaso de la lucha contra las drogas del Plan Colombia.

 

*Investigador del equipo de Conflicto, Estado y Desarrollo de Cinep/PPP

Durante toda esta semana en la ciudad de Medellín se llevó a cabo el  XVIII Congreso Colombiano de Historia.  Esta versión del CCH rindió homenaje al fallecido historiador Jaime Jaramillo Uribe, formador de las primeras generaciones de historiadores en el país. Por esta razón y por su gran aporte al reconocimiento de la historia como una ciencia social, el CCH realizará diferentes eventos, entre los cuales se encuentra una Conferencia magistral que se enfocará en el reconocimiento a su obra.

El próximo 13 de octubre de  1:30 p.m. a 4:30 p.m. se llevará a cabo la mesa de trabajo Historia y movimientos sociales.  Esta mesa está coordinada por Mauricio Archila, investigador Cinep/PPP y de la Universidad Nacional, Alfonso Torres Carrillo de la Universidad Pedagógica y Jair Álvarez Torres de la Universidad de Medellín.

En el panel Lecturas de 40 años de luchas sociales se presentarán las ponencias de los investigadores del equipo de Movimientos Sociales:

  • Territorialidades en movimiento. Sentidos de las disputas por el espacio en las luchas sociales en Colombia (1975-2015) de Ana María Restrepo.
  • Visiones del desarrollo expresadas en las luchas sociales en Colombia (1975-2015) de Martha Cecilia García.
  • Transformaciones del mundo laboral en Colombia de Leonardo Parra Rojas.
  • Control estatal y policial de la protesta en Colombia (1975-2015) de Mauricio Archila Neira.

 Estas ponencias recogen algunas de las ideas principales que harán parte de una nueva publicación que saldrá en 2018 sobre 40 años de luchas sociales.

 

Ante a la participación del equipo de Movimientos Sociales del Cinep/PPP en este congreso, Mauricio Archila habla sobre el evento académico y las apuestas que tienen en las ponencias.

¿Cuál es la importancia del Congreso Colombiano de Historia?

Los congresos de historia se vienen realizando desde el año 1977 que fue en la Universidad Nacional. Es importante porque es la reunión de historiadores, aunque en realidad no todos los que van son historiadores, y es de lo pocos encuentros profesionales que hay en Colombia y que tiene un carácter relativamente masivo. Creo que también se le trata de apuntar a un balance de las investigaciones, de las tendencias de la historia, y no solo pensando en lo que se enseña en las universidades sino también en lo que se mueve en la sociedad. Este año va a ser en honor a un historiador que ya murió, Jaime Jaramillo Uribe, que fue el que de alguna manera inició la llamada nueva historia en Colombia.

Al mirar las ponencias centrales, hay mucha reflexión sobre conflicto, violencia y procesos de paz y hay otros ejes temáticos. Uno de esos es el de movimientos sociales e izquierdas que yo coordino con Alfonso Torres, de la Universidad Pedagógica. Allí el Cinep/PPP va a tener un panel en el que el equipo de movimientos sociales presentaremos avances de una investigación que estamos haciendo que la hemos llamado 40 años de luchas sociales, y que tiene que ver con los 41 años que cumple la base de datos de luchas sociales del Cinep/PPP.

¿Por qué es importante reconocer esa historia de los movimientos sociales en el país?

Yo creo que una expresión muy fuerte de la llamada sociedad civil son los movimientos sociales, sin ser lo único, porque también hay iglesias, hay gremios, hay universidad y otras formas de existencia. Pero una parte muy importante que expresa la vitalidad de una sociedad son los movimientos sociales, no necesariamente que acudan a la protesta, pero que se mueven y posicionan sus temas. En una sociedad como la colombiana que ha sufrido tanta violencia, y que la sigue viviendo, en la que la movilización social ha sido estigmatizada y criminalizada a lo que le apostamos desde Cinep/PPP y otras organizaciones es a despenalizar la protesta y dar una ley estatutaria de participación de ciudadana y de fortalecimiento de los movimientos sociales.

Dentro de esos 40 años de sistematizar los movimientos sociales ¿cuáles diría que son los hitos de la movilización social en Colombia?

Primero, insistiría en no quedarnos en los hitos porque eso puede dar una mirada a una historia épica, episódica, como una historia patria de los movimientos sociales que no es lo más propicio para que uno entienda procesos de más larga duración. Dicho eso, lo que nosotros encontramos es que hay una fuerte movilización durante el primer periodo de nuestro análisis, que es a finales del frente nacional y comienzos del gobierno de López Michelsen y allí encontramos un hito clásico que hace poco celebrábamos que es el paro cívico de 1977.

Luego disminuye un poco la movilización con el gobierno de Turbay y la aplicación del estatuto de seguridad. Hay un despertar de la movilización social a mediados de los 80 y allí hubo un as movilizaciones muy fuertes, sobre todo en el nororiente colombiano en el Magdalena Medio, Santanderes, Arauca en torno a unas organizaciones que había en esa época y que fueron prácticamente diezmadas, que se llamaban A luchar y la Unión Patriótica. Va a haber otros hitos hasta la movilización fuerte en el 2013, que ha sido el año de más luchas sociales que hemos registrado nosotros. Allí está la movilización campesina, y de mineros en el Catatumbo y de transportadores.

¿Cuál es la apuesta de este equipo de investigación al participar en el Congreso?

Este es un espacio en el que presentamos a la academia y a otros actores sociales, más que la base de datos y los resultados de nuestra investigación, algunas pesquisas e investigaciones que estamos haciendo en torno a diferentes temas. Ana María Restrepo está trabajando el tema de la noción del territorio para los movimientos sociales indígenas y campesinos e incluso para estudiantes o habitantes de barrios populares que ya empiezan a manejar ese término.

Marta Cecilia García va a presentar algo sobre las nociones de desarrollo, de vida buena en los movimientos sociales, que en algún momento le han apostado a planes de desarrollo pero últimamente todo este tema de la depredación de la naturaleza, de la necesidad de reconciliación con la madre tierra ha impactado mucho a los movimientos sociales. Leonardo Parra va a trabajar el tema de las transformaciones del mundo del trabajo, las transformaciones laborales, el desempleo, los independientes y la debilidad aparente del sindicalismo. Yo voy a hablar un poco de lo que llamo el control estatal de la protesta y la relación entre policía y protestatarios. Ese es el análisis desde el equipo. Todos mirando estos últimos 40 años de luchas y de la historia colombiana.

 

Laura Inés Contreras 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

El 1 de noviembre el Comité de Escogencia publicó la lista de candidatos que serán entrevistados en los próximos días para seleccionar a quienes harán parte de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Mauricio Archila, investigador de Cinep/PPP y de la Universidad Nacional de Colombia fue seleccionado para esta entrevista. En este proceso fueron 218 las personas inscritas para ocupar los once cargos que establece el mandato de la Comisión de la Verdad. Del total, 203 son nacionales y 15 son extranjeros. 

Con el aval de varias organizaciones sindicales, universidades y organizaciones sociales, el Cinep/Programa por la Paz, postuló al investigador Mauricio Archila, para que ocupe uno de los once cargos nacionales designados para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. 

La Comisión de la Verdad, hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Tiene un carácter extrajudicial y temporal. Sus propósitos principales son contribuir al esclarecimiento de los patrones de violencia ocurridos en el marco del conflicto armado, promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas y así mismo promover la convivencia en los territorios.

De esta manera, la creación de la Comisión de la Verdad, llega en un momento trascendental para la historia del país. En esta etapa de transición, Mauricio Archila, investigador Cinep/PPP y postulado para ser parte de esta Comisión, cree que independientemente de la firma de los acuerdos de la Habana, el país necesitaba una Comisión de la Verdad. “Creo que una Comisión de la Verdad es necesaria en el caso colombiano como un procedimiento para que las víctimas hablen, para que se conozcan esas versiones tanto de víctimas como de victimarios. En este sentido, es un aporte fundamental para procesos -no necesariamente de perdón y menos de olvido- pero sí de reconciliación, de reconocimiento de las víctimas, de identificación de los hechos y de los patrones de violencia en el país, que hace parte  del mandato de la Comisión de la Verdad.”

No es la primera vez que existe una Comisión de la Verdad en nuestro país, recientemente existió una sobre el tema del Palacio de Justicia. A diferencia de este ejercicio o el de la Comisión de Historiadores, el mandato actual pretende rescatar unos relatos más de conjunto, en donde se permita conocer lo que pasó, por qué sucedió así, quiénes estuvieron involucrados, las diferentes consecuencias y afectaciones para poder encaminar esta transición política a escenarios que velen por las garantías de no repetición.

Es por esto que la participación de las víctimas es muy importante. Pues además de participar en las audiencias y dando a conocer sus versiones, las víctimas también podrán ser parte de la Comisión aunque este no sea el objetivo principal de esta. La Comisión pretende ser diversa y plural, teniendo en cuenta la participación en términos de raza, género, posición regional, interdisciplinar, presencia extranjera. Para Mauricio Archila, esa pluralidad no sólo se debería dar en estos términos “sino también en la diversidad de las versiones, eso creo que hará complejo el trabajo porque va a ser difícil llegar a consensos en torno a  grandes patrones de comportamientos de la violencia pero hacia allá apunta la cuestión, recoger la diversidad del país, la diversidad de las versiones de esta violencia reciente de la historia de Colombia.”

Marco Fidel Vargas, subdirector y los investigadores Ana María Restrepo y Fernán González respondieron a las preguntas  ¿en qué aportaría una persona como Mauricio Archila a la Comisión de la Verdad? y ¿cuáles son las características que debería tener un comisionado?

 

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones

A pesar de la incertidumbre en la que se encuentra el país frente al proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, muchos territorios siguen apostándole a la construcción de paz. Decidimos armar este Rompecabezas para entender el panorama de lo que ha sido históricamente el departamento de Córdoba. Indagamos sobre su perspectiva de futuro, sus retos y exaltamos las capacidades de las organizaciones sociales en este territorio.
Bienvenidos. 

Invitados:

 

¿Qué sabemos del Guaviare? ¿Por qué es un territorio estratégico para el posacuerdo? Damos inicio a la serie Territorios del posacuerdo con este departamento que por sus características históricas y sus dinámicas dentro del conflicto se ha convertido en un espacio prioritario para el desarrollo de una paz consolidada y duradera en la región. Bienvenidos a este Rompecabezas.

Invitados:

  • Leonardo Parra, investigador Cinep Programa Por la Paz
  • Andrea Rodríguez, politóloga de la Universidad Nacional Corporación VIDA - PAZ
  • Julio Roberto del Cairo de la Corporación para la investigación, desarrollo agropecuario y medio ambiental