Qué debería contener una Ley sobre el derecho a la protesta, y qué tan adecuado es el camino que ha sugerido el nuevo ministro de Defensa

Por: Mauricio Archila* y Martha Cecilia García**

De opositor a promotor

En días pasados, Guillermo Botero, —designado como Ministro de Defensa del gobierno e de Iván Duque— habló sobre la protesta social en la Cumbre Concordia Américas.

No deja de ser sorprendente que el nuevo ministro se refiriera a este tema, en lugar de  los asuntos álgidos, como la ola de violencia contra los líderes sociales, las amenazas a los periodistas, o incluso la persistencia de otras modalidades de la guerra en el campo. Pero aun así debemos reconocer que fue importante poner sobre la mesa el derecho a la protesta y expresar su interés en una Ley Estatutaria que lo reglamente.

Esto llama la atención porque de algún revive un proceso que se había estancado en el Congreso y que venía del Acuerdo de Paz: el proyecto de Ley Estatutaria sobre garantías para la movilización y la protesta que surgió del punto 2 del Acuerdo con las FARC, en cuya redacción participaron varias organizaciones sociales coordinadas por tres ONG (Viva la Ciudadanía, Foro Nacional por Colombia y Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep), un proyecto que Santos había presentado  para trámite por la vía del “fast track”.  

Al parecer el Congreso se abstuvo de tramitar aquel proyecto debido a la resistencia de los gremios y de sectores de las Fuerzas Armadas. Es curioso que ahora sea Botero, el “eterno presidente” de la Federación Nacional de Comerciantes  (Fenalco) y el entrante ministro de Defensa, quien propone ocuparse del asunto.   Pero esta tardía coincidencia se disipa cuando Botero sugiere las líneas gruesas de la ley en cuestión: “En el ámbito social respetamos la protesta social, pero también creemos que esta debe ser una protesta ordenada, que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no sólo de un pequeño grupo…”

Está bien que se respete la protesta social, pues es un derecho fundamental consagrado en los artículos 37, 19, 20 y 40 de la Constitución, pero el resto de la sucinta de la declaración del ministro no puede ser aceptado por la ciudadanía en general ni -en especial- por los integrantes de movimientos sociales en Colombia. En este análisis  distinguiremos dos puntos polémicos: el ordenamiento de la protesta y los intereses que representa.

Al final propondremos algunas precisiones sobre las cifras de Cinep que el entrante ministro citó en su intervención, pues no se ajustan del todo a los de nuestra Base de Datos de Luchas Sociales.

Ordenamiento de la protesta

Aunque el ejercicio del derecho a la protesta necesita de una regulación u ordenamiento que lo garantice, también es cierto que con ese “ordenamiento” se corre el riesgo de anular ese derecho.

De nuestros estudios y análisis históricos se sigue que la protesta es una de las formas principales de participación ciudadana en Colombia, y que en la gran mayoría de los casos, ella transcurre de manera pacífica. La gente suele acudir a la protesta en situaciones o momentos límites, cuando se agotan otros canales de participación o expresión del descontento ante situaciones injustas o excluyentes.

Por eso mismo la protesta no siempre es planeada, menos aun cuando se trata de respuestas espontáneas ante actos de violencia, como cada vez con más frecuencia está sucediendo hoy con los líderes sociales.

El ideal es por supuesto notificar con anticipación a las autoridades, para que estas puedan acompañar a los manifestantes y efectuar los ajustes necesarios para la movilidad en las ciudades y regiones.

Pero no siempre es posible anunciar de antemano el lugar o la hora de una movilización, y en todo caso la ausencia de notificación no debe traducirse automáticamente en la ilegalización de la protesta. Poner un requisito perentorio de ese tipo sería cercenar el derecho a ejercer la protesta, pues, como dijimos, no siempre es planeada.

¿Qué intereses debe representar la protesta?

El entrante ministro de Defensa afirmó que la protesta no debe responder a los intereses de pequeños grupos sino al de todos los colombianos.

No entraremos en la exclusión gramatical del género femenino, pero ya hay un sesgo en la expresión “todos los colombianos”. Botero hace ese llamado apelando al interés general, que por demás es muy difícil de determinar, a menos que se suponga -como ha ocurrido a lo largo nuestra historia- que los gremios empresariales son quienes representan esos intereses.

Por otro lado, excluir los intereses particulares es anular la protesta. Precisamente, la protesta recoge la posibilidad de expresión de intereses particulares que, obviamente, deber ser debatidos y acordados en escenarios públicos más amplios.

No hablemos en abstracto, basta con pensar en la abundancia de casos de trabajadores a quienes no se le paga su salario a tiempo, de estudiantes a los que se les cae la escuela o les faltan maestros, de enfermos que no reciben atención en los hospitales porque están a punto de quebrar, de campesinos violentamente desterrados de sus tierras, de indígenas a quienes se les niega su cultura propia, o de afrodescendientes a quienes no se les reconocen sus territorios.

En fin, innumerables episodios cotidianos que muestran los pequeños y grandes desajustes de nuestra sociedad. ¿Cómo pedirles que atiendan a los intereses de “todos los colombianos”? ¿Quién determina esos intereses? Pedirlo es una forma más sutil, pero igualmente directa, de anular la protesta. Escondida tras el deseo loable de proteger los intereses generales,  la ciudadanía queda sumida en el silencio porque se ignoran sus reclamos particulares – tan particulares, en efecto,  como son los reclamos de los gremios en legítima defensa de sus propios asociados-.

Cifras sesgadas y lecturas convenientes

Ahora bien, para sustentar el proyecto de Ley sería bueno contar con una lectura acertada de las cifras de protesta que Botero ofreció en su breve presentación. Más que por purismo académico, lo sugerimos para evitar sesgos y lecturas descontextualizadas de las mismas.

El texto transcrito por los medios de comunicación dice que: “las protestas vienen en aumento: de acuerdo con las cifras del CINEP, en 2010 se reportaron 640 luchas sociales y en 2016 se registraron 1.019”. Ante todo, debemos precisar que esas cifras no coinciden con nuestros datos que arrojan 827 protestas para 2010 y cerca de 760 para 2016.

Ahora, más que quedarnos en los números, nos preocupa el mensaje que está en el fondo de la frase citada. Podríamos preguntarnos por qué tomar una cifra supuestamente baja en 2010 para contrastarla con una pretendidamente alta en 2016.

O por qué no decir, por ejemplo, que en 2007 hubo 1.016 protestas, en su mayoría motivadas por los derechos humanos. Es cierto que las protestas han aumentado desde finales del decenio pasado, cuando aún era presidente Álvaro Uribe, y que la tendencia se mantuvo con vaivenes bajo el gobierno de Santos, con el que llegamos al pico de 1.037 en 2013, el año del “tal paro agrario”.

Pero no es cierto que bajo el gobierno Santos se hubiera producido un desborde inusitado de las protestas, como si en cambio su antecesor la hubiera tenido controlada y ordenada. Las cifras nunca son puras y menos su interpretación, pero en este caso el sesgo es más que evidente, ¿por qué? Claramente, para legitimar la intervención sobre un fenómeno que parece estar saliéndose del cauce.

Aunque esto tampoco es cierto, como podemos ver en el siguiente gráfico:

Luchas Sociales en Colombia 1975-2016

 

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Fuente: Base de Datos de Luchas Sociales de Cinep

Por todo lo anterior nos preocupan las declaraciones del nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero. Aunque compartimos la necesidad de una Ley Estatutaria sobre el derecho y la garantía de la protesta, diferimos de los brochazos que lanzó en su propuesta en ese foro público.

Tendremos que esperar que esa propuesta se plasme en un proyecto de reforma que se pueda someter a examen más detallada. Por ahora, como va, no garantiza el derecho fundamental a la protesta sino que apunta a reprimirla y anularla.

Creemos que si el nuevo ministro de Defensa honestamente quiere promover una Ley Estatutaria sobre el derecho y la garantía a la protesta, no sólo debe pensar en las objeciones que le formulamos sino comprometerse a consultar, de manera amplia, a las organizaciones sindicales y sociales para llegar a consensos para consolidar la democracia.

Así podrían superarse, como promete el nuevo presidente, las polarizaciones en el país. Entretanto, declaraciones como las comentadas, no son el camino para lograr esos acuerdos fundamentales.

 

*Ph. D. en Historia, Profesor titular de la Universidad Nacional e investigador del  Cinep/PPP.

**Socióloga con maestría en Urbanismo, investigadora del Cinep/PPP.

Artículo publicado en Razón Pública el 23 julio de 2018

 

Por: Tatiana Cuenca*

La falta de reconocimiento de la importancia del campesinado como grupo social en Colombia ha llevado a su exclusión social y a su consideración como un sujeto atrasado que está fuera de las dinámicas del desarrollo y, por lo tanto, que tiende a desaparecer. Por esto, desde hace algunos años el campesinado viene exigiéndole al Estado colombiano su reconocimiento como sujeto de derechos, exigencia que surge por la necesidad de ser tenido en cuenta dentro de las políticas públicas como un sujeto especial de protección debido a su situación de vulnerabilidad y falta de acceso a derechos en la que se encuentra como un mecanismo afirmativo frente a un sector que alimenta el país.

No reconocer al campesinado como grupo social diferenciado lleva a que tampoco sea tenido en cuenta en los censos poblacionales como una categoría diferente más allá de población rural que no habita en las cabeceras municipales y se denomina “resto” [1]. Esta ha sido la lógica que ha primado en Colombia en los últimos censos poblaciones. Inclusive en el Censo Nacional Agropecuario de 2014 que da cuenta de la situación productiva del campo y las características de los productores, no se tuvieron en cuenta preguntas específicas que indagaran sobre la identidad cultural del campesinado y su situación socioeconómica.

Es así como a partir de una acción de tutela organizaciones campesinas le exigieron al Estado colombiano ser incluidos en el Censo poblacional de 2018, medida acordada, e incumplida, a mediados de 2016 entre el Gobierno nacional y la Mesa campesina del Cauca. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el que reconoce que se dejó pasar la oportunidad de que en el Censo de 2018 se identificara al campesinado, y hace un llamado de atención a las instituciones del Estado responsables para que elaboren estudios complementarios al Censo agropecuario 2014 y al Censo poblacional 2018 que permitan delimitar a profundidad el concepto campesino y contabilizar a los ciudadanos que integran ese grupo poblacional.

El fallo la Corte Suprema también reconoce la necesidad de que el Gobierno nacional lleve a cabo programas de política pública encaminados a mejorar las condiciones sociales y económicas del campesinado como grupo poblacional y sujeto de especial protección constitucional. Además, hace un llamado para que “desde el Grupo de Asuntos Campesinos del Ministerio del Interior, se identifique la situación actual de la población campesina y se apoye la formulación y seguimiento de planes, programas y políticas públicas que permitan la materialización del derecho fundamental a la igualdad material que le asiste al campesinado”. En el siguiente video les contamos más:

[1] Según la ficha técnica para la variable “Población Rural” utilizada por el DANE, esta corresponde al número de habitantes que viven por fuera de la zona urbana (cabecera) y dentro de la zona rural (término homologable a la definición de “resto”) que está constituida por los centros poblados y por la zona rural dispersa.

*Investigadora del equipo Movilización, territorio e interculturalidad de Cinep/PPP

Por: Andrés Aponte*

Sin duda alguna, la muerte de los seis campesinos cocaleros (según cuentas oficiales), ocurrida en el corregimiento de Llorente, San Andrés de Tumaco, en Nariño, deja varios aspectos a analizar, para el futuro cercano y mediato, sobre la viabilidad y correcta implementación del punto 4 de los acuerdos de paz de La Habana, es decir, el tema de drogas ilícitas.

En el caso de los campesinos cocaleros, es bien sabido que su relación con los cultivos ilícitos no responde al simple ánimo de lucro, pues este es un sector que ha sido condenado a la marginación económica, social y política en nuestro país. En efecto, como lo han señalado algunos investigadores, muchas veces esta economía representa la única posibilidad de sustento para familias enteras que carecen de condiciones de vida digna y sufren el reiterado fracaso de los distintos planes de sustitución.

En este orden, los acuerdos de La Habana se constituían en una ventana de oportunidad para estos sectores excluidos; primero, en términos de acceso a la formalización de la tierra, la asistencia técnica y los planes de desarrollo, entre otros asuntos; y, segundo, para dejar de ser blanco del aparato armado del Estado.

No obstante, los hechos recientes muestran que el espíritu adoptado en los acuerdos no solo se extravió sino que el Gobierno nacional y los aparatos de seguridad del Estado volvieron a ser prisioneros de las estadísticas, de una matriz ideológica que confunde o asocia la protesta social con una amenaza o alteración al orden público y de unas relaciones oscuras que tienen algunos segmentos de la fuerza pública con el narcotráfico, sobre todo luego del fenómeno de expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En este orden, ahondaré en cada uno de estos elementos a continuación.

Respecto a las estadísticas, es clave entender que, por un lado, el compromiso del gobierno de erradicar 100 000 hectáreas de coca ha provocado que los esfuerzos se centren en erradicar por erradicar. Esta estrategia no solo traiciona la idea de la sustitución voluntaria, sino que la erradicación “voluntariamente forzada” que se está llevando a cabo está replicando el error y el histórico mal proceder que decía enmendar el acuerdo de La Habana: “caerle” al sector más débil de la cadena, el cultivador. Por otro lado, está la coyuntura internacional, específicamente el hecho de que el Gobierno norteamericano tiene puestos sus ojos sobre el territorio nacional bajo la amenaza de descertificación, pues Trump está exigiendo resultados inmediatos sin importar los medios.

Sobre el tratamiento de la protesta, es bien sabido que la firma de los acuerdos con las FARC-EP (actualmente Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) no implicarían una paz completa y positiva. ¿Por qué? Por un lado, porque quedan dos grupos insurgentes con alcances regionales y locales (ELN y EPL); al lado de las mal denominadas Bacrim y las disidencias farianas. Y, por el otro, debido a que emerge, y es cada vez más visible, una efervescencia social que el conflicto armado tenía encubierta o relegada a un segundo plano y para la cual el tratamiento por parte del Estado no solo es incorrecto, sino en extremo represivo. Lo anterior a pesar de que estas manifestaciones reflejan problemas estructurales y reivindicaciones históricas de regiones, sectores sociales o comunidades étnicas que han sido desatendidas o invisibilizadas por estar lidiando con la amenaza insurgente —basta con ver los casos de Chocó, Buenaventura o Catatumbo—.

Por último, me referiré a una cuestión que no se enmarca en los acuerdos de La Habana y ha pasado “de agache” tanto con los paramilitares como con el proceso de paz con las FARC-EP: las conexiones históricas que se han tejido entre narcotraficantes y sectores de la fuerza pública. Si bien estas datan de los tiempos de los grandes carteles, fue con los paramilitares cuando se dio la conexión entre coca y fuerza pública. Hay evidencia que demuestra que en muchas de las zonas de dominio paramilitar la fuerza pública se encargó de proveer seguridad, información sobre los puestos de control e incluso poner armas al servicio de estructuras mafiosas. Un ejemplo de ello es el caso del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca.

Así pues, lo que revela lo ocurrido en Tumaco es que, primero, no se está cumpliendo con una de las premisas básicas de la sustitución: su concertación con las comunidades y el carácter participativo de la llamada paz territorial. Segundo, que nuestra fuerza pública está lejos de saber tratar la protesta social, pues no solo está actuando de manera reactiva, sino que se le está dando un tratamiento criminal y punitivo a este tipo de expresión colectiva que se manifiesta ante al incumplimiento del Estado y su forma de intervenir. Y, tercero, que las conexiones ilegales que tienen ciertos sectores de la fuerza pública —y por paradójico que suene casi siempre son las unidades especializadas de antinarcóticos las que terminan poniendo sus armas al servicio de interés privados o relacionados con actividades ilegales— no solo impiden el desarrollo de los planes de sustitución, sino que minan la confianza de los colombianos en la institución que abandera los planes de la seguridad y la promoción de la convivencia en el posacuerdo: la Policía Nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, el caso de Tumaco ya no es una campana de alerta, sino un “bombazo” al corazón de los acuerdos y a la credibilidad y legitimad de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues se está replicando la intervención represiva que ha caracterizado al Estado frente al sector más marginado y vulnerable de la cadena del narcotráfico: los campesinos cocaleros. En este sentido, los planes de sustitución no solo se pueden ver comprometidos en el municipio y zonas aledañas, sino también en otras latitudes del país como Catatumbo, Putumayo, Nudo de Paramillo, entre otros, que presentan algunas condiciones similares al caso tumaqueño.

De ahí que, buena parte de la legitimidad y credibilidad de los acuerdos de La Habana en estos territorios dependa del tipo de tratamiento que el Estado dé a la implementación, del esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado 5 de octubre en Tumaco y de los futuros consensos a los que se llegue respecto a la sustitución de cultivos. El país no tolera una sola ola de violencia más, y menos los pobladores de esta zona. Es imperativo dialogar y consensuar el intervencionismo estatal y no apegarse a las presiones internacionales para mostrar resultados que, a la larga, no son más que indicadores cosméticos, pues ya tenemos como marco de referencia el fracaso de la lucha contra las drogas del Plan Colombia.

 

*Investigador del equipo de Conflicto, Estado y Desarrollo de Cinep/PPP

Durante toda esta semana en la ciudad de Medellín se llevó a cabo el  XVIII Congreso Colombiano de Historia.  Esta versión del CCH rindió homenaje al fallecido historiador Jaime Jaramillo Uribe, formador de las primeras generaciones de historiadores en el país. Por esta razón y por su gran aporte al reconocimiento de la historia como una ciencia social, el CCH realizará diferentes eventos, entre los cuales se encuentra una Conferencia magistral que se enfocará en el reconocimiento a su obra.

El próximo 13 de octubre de  1:30 p.m. a 4:30 p.m. se llevará a cabo la mesa de trabajo Historia y movimientos sociales.  Esta mesa está coordinada por Mauricio Archila, investigador Cinep/PPP y de la Universidad Nacional, Alfonso Torres Carrillo de la Universidad Pedagógica y Jair Álvarez Torres de la Universidad de Medellín.

En el panel Lecturas de 40 años de luchas sociales se presentarán las ponencias de los investigadores del equipo de Movimientos Sociales:

  • Territorialidades en movimiento. Sentidos de las disputas por el espacio en las luchas sociales en Colombia (1975-2015) de Ana María Restrepo.
  • Visiones del desarrollo expresadas en las luchas sociales en Colombia (1975-2015) de Martha Cecilia García.
  • Transformaciones del mundo laboral en Colombia de Leonardo Parra Rojas.
  • Control estatal y policial de la protesta en Colombia (1975-2015) de Mauricio Archila Neira.

 Estas ponencias recogen algunas de las ideas principales que harán parte de una nueva publicación que saldrá en 2018 sobre 40 años de luchas sociales.

 

Ante a la participación del equipo de Movimientos Sociales del Cinep/PPP en este congreso, Mauricio Archila habla sobre el evento académico y las apuestas que tienen en las ponencias.

¿Cuál es la importancia del Congreso Colombiano de Historia?

Los congresos de historia se vienen realizando desde el año 1977 que fue en la Universidad Nacional. Es importante porque es la reunión de historiadores, aunque en realidad no todos los que van son historiadores, y es de lo pocos encuentros profesionales que hay en Colombia y que tiene un carácter relativamente masivo. Creo que también se le trata de apuntar a un balance de las investigaciones, de las tendencias de la historia, y no solo pensando en lo que se enseña en las universidades sino también en lo que se mueve en la sociedad. Este año va a ser en honor a un historiador que ya murió, Jaime Jaramillo Uribe, que fue el que de alguna manera inició la llamada nueva historia en Colombia.

Al mirar las ponencias centrales, hay mucha reflexión sobre conflicto, violencia y procesos de paz y hay otros ejes temáticos. Uno de esos es el de movimientos sociales e izquierdas que yo coordino con Alfonso Torres, de la Universidad Pedagógica. Allí el Cinep/PPP va a tener un panel en el que el equipo de movimientos sociales presentaremos avances de una investigación que estamos haciendo que la hemos llamado 40 años de luchas sociales, y que tiene que ver con los 41 años que cumple la base de datos de luchas sociales del Cinep/PPP.

¿Por qué es importante reconocer esa historia de los movimientos sociales en el país?

Yo creo que una expresión muy fuerte de la llamada sociedad civil son los movimientos sociales, sin ser lo único, porque también hay iglesias, hay gremios, hay universidad y otras formas de existencia. Pero una parte muy importante que expresa la vitalidad de una sociedad son los movimientos sociales, no necesariamente que acudan a la protesta, pero que se mueven y posicionan sus temas. En una sociedad como la colombiana que ha sufrido tanta violencia, y que la sigue viviendo, en la que la movilización social ha sido estigmatizada y criminalizada a lo que le apostamos desde Cinep/PPP y otras organizaciones es a despenalizar la protesta y dar una ley estatutaria de participación de ciudadana y de fortalecimiento de los movimientos sociales.

Dentro de esos 40 años de sistematizar los movimientos sociales ¿cuáles diría que son los hitos de la movilización social en Colombia?

Primero, insistiría en no quedarnos en los hitos porque eso puede dar una mirada a una historia épica, episódica, como una historia patria de los movimientos sociales que no es lo más propicio para que uno entienda procesos de más larga duración. Dicho eso, lo que nosotros encontramos es que hay una fuerte movilización durante el primer periodo de nuestro análisis, que es a finales del frente nacional y comienzos del gobierno de López Michelsen y allí encontramos un hito clásico que hace poco celebrábamos que es el paro cívico de 1977.

Luego disminuye un poco la movilización con el gobierno de Turbay y la aplicación del estatuto de seguridad. Hay un despertar de la movilización social a mediados de los 80 y allí hubo un as movilizaciones muy fuertes, sobre todo en el nororiente colombiano en el Magdalena Medio, Santanderes, Arauca en torno a unas organizaciones que había en esa época y que fueron prácticamente diezmadas, que se llamaban A luchar y la Unión Patriótica. Va a haber otros hitos hasta la movilización fuerte en el 2013, que ha sido el año de más luchas sociales que hemos registrado nosotros. Allí está la movilización campesina, y de mineros en el Catatumbo y de transportadores.

¿Cuál es la apuesta de este equipo de investigación al participar en el Congreso?

Este es un espacio en el que presentamos a la academia y a otros actores sociales, más que la base de datos y los resultados de nuestra investigación, algunas pesquisas e investigaciones que estamos haciendo en torno a diferentes temas. Ana María Restrepo está trabajando el tema de la noción del territorio para los movimientos sociales indígenas y campesinos e incluso para estudiantes o habitantes de barrios populares que ya empiezan a manejar ese término.

Marta Cecilia García va a presentar algo sobre las nociones de desarrollo, de vida buena en los movimientos sociales, que en algún momento le han apostado a planes de desarrollo pero últimamente todo este tema de la depredación de la naturaleza, de la necesidad de reconciliación con la madre tierra ha impactado mucho a los movimientos sociales. Leonardo Parra va a trabajar el tema de las transformaciones del mundo del trabajo, las transformaciones laborales, el desempleo, los independientes y la debilidad aparente del sindicalismo. Yo voy a hablar un poco de lo que llamo el control estatal de la protesta y la relación entre policía y protestatarios. Ese es el análisis desde el equipo. Todos mirando estos últimos 40 años de luchas y de la historia colombiana.

 

Laura Inés Contreras 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

El 1 de noviembre el Comité de Escogencia publicó la lista de candidatos que serán entrevistados en los próximos días para seleccionar a quienes harán parte de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Mauricio Archila, investigador de Cinep/PPP y de la Universidad Nacional de Colombia fue seleccionado para esta entrevista. En este proceso fueron 218 las personas inscritas para ocupar los once cargos que establece el mandato de la Comisión de la Verdad. Del total, 203 son nacionales y 15 son extranjeros. 

Con el aval de varias organizaciones sindicales, universidades y organizaciones sociales, el Cinep/Programa por la Paz, postuló al investigador Mauricio Archila, para que ocupe uno de los once cargos nacionales designados para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. 

La Comisión de la Verdad, hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Tiene un carácter extrajudicial y temporal. Sus propósitos principales son contribuir al esclarecimiento de los patrones de violencia ocurridos en el marco del conflicto armado, promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas y así mismo promover la convivencia en los territorios.

De esta manera, la creación de la Comisión de la Verdad, llega en un momento trascendental para la historia del país. En esta etapa de transición, Mauricio Archila, investigador Cinep/PPP y postulado para ser parte de esta Comisión, cree que independientemente de la firma de los acuerdos de la Habana, el país necesitaba una Comisión de la Verdad. “Creo que una Comisión de la Verdad es necesaria en el caso colombiano como un procedimiento para que las víctimas hablen, para que se conozcan esas versiones tanto de víctimas como de victimarios. En este sentido, es un aporte fundamental para procesos -no necesariamente de perdón y menos de olvido- pero sí de reconciliación, de reconocimiento de las víctimas, de identificación de los hechos y de los patrones de violencia en el país, que hace parte  del mandato de la Comisión de la Verdad.”

No es la primera vez que existe una Comisión de la Verdad en nuestro país, recientemente existió una sobre el tema del Palacio de Justicia. A diferencia de este ejercicio o el de la Comisión de Historiadores, el mandato actual pretende rescatar unos relatos más de conjunto, en donde se permita conocer lo que pasó, por qué sucedió así, quiénes estuvieron involucrados, las diferentes consecuencias y afectaciones para poder encaminar esta transición política a escenarios que velen por las garantías de no repetición.

Es por esto que la participación de las víctimas es muy importante. Pues además de participar en las audiencias y dando a conocer sus versiones, las víctimas también podrán ser parte de la Comisión aunque este no sea el objetivo principal de esta. La Comisión pretende ser diversa y plural, teniendo en cuenta la participación en términos de raza, género, posición regional, interdisciplinar, presencia extranjera. Para Mauricio Archila, esa pluralidad no sólo se debería dar en estos términos “sino también en la diversidad de las versiones, eso creo que hará complejo el trabajo porque va a ser difícil llegar a consensos en torno a  grandes patrones de comportamientos de la violencia pero hacia allá apunta la cuestión, recoger la diversidad del país, la diversidad de las versiones de esta violencia reciente de la historia de Colombia.”

Marco Fidel Vargas, subdirector y los investigadores Ana María Restrepo y Fernán González respondieron a las preguntas  ¿en qué aportaría una persona como Mauricio Archila a la Comisión de la Verdad? y ¿cuáles son las características que debería tener un comisionado?

 

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones