Dec 13, 2017

Durante el 2017 las instituciones que conforman Educapaz han trabajado para mejorar la educación en el sur del Tolima. Este proyecto que vincula siete organizaciones ya es reconocido no solo por las comunidades educativas y la sociedad civil, sino también por las autoridades locales. Las organizaciones que conforman el proyecto son: Escuela Nueva, Convivencia Productiva, Fe y Alegría, Facultad de educación de la Universidad de los Andes, Javeriana Cali, Fundación para la Reconciliación y Cinep/PPP. Además, hay tres organizaciones aliadas: Avina, la Red Prodepaz y Clayss.

Educapaz tiene tres grandes líneas de trabajo. La primera es educación rural que acompaña a sedes educativas de los cuatro municipios. Allí hay 28 colegios, cada uno de estos, con sedes rurales. Este acompañamiento es educativo y pedagógico en el que se revisan las metodologías de enseñanza de cada una de las sedes para sugerir nuevas estrategias. También se trabaja en mejorar la relación de los docentes con las comunidades para que estas hagan parte del proceso educativo de los niños y niñas.

Otra tarea planteada en esta línea es la construcción de los Planes Educativos Municipales. Para esto, crearon un mecanismo de articulación de actores, llamada la Mesa Educativa Municipal, en la que confluyen los diferentes actores relacionados con la enseñanza escolar, representantes del sector público, líderes comunitarios y líderes de asociaciones productivas. El objetivo de cada mesa es crear una propuesta de política pública educativa enfocada en las necesidades de los niños y jóvenes rurales de cada uno de los cuatro municipios. La Universidad Javeriana de Cali validará la participación en esta construcción del plan, como un diplomado, que cualifica el quehacer de cada uno de los actores.

“Nuestra tarea como Cinep/PPP es promover espacios de reflexión sobre las políticas públicas y crear una agenta común y pública con diversos sectores” dice Luz Elena Patarroyo, coordinadora del equipo de participación ciudadana del Cinep/PPP “En esta región, muchas personas han sufrido la guerra, y eso genera mucho escepticismo. La gente está muy ilusionada con que haya cambios pero al mismo tiempo está muy temerosa de ser engañada o utilizada.” Agrega.

Para el próximo año, y una vez se hay terminado la concertación del plan, se presentará a los Consejos municipales para que sea discutida y aprobada como política pública oficial. El trabajo de la mesa ha logrado acciones de incidencia en el trabajo regional. Se ha logrado vincularse con la Agencia de Renovación del Territorio para que estas propuestas locales sean incluidas dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. “La orientación de la Mesa y su participación en las discusiones del PDET está encaminada a que la gente se haga preguntas que no se había hecho en torno al tema de la educación.” Dice Juan Carlos Merchán, investigador del Cinep/PPP y miembro de Educapaz.

Para Luz Elena Patarroyo el proceso de los PDET es muy rápido y no posibilita que la gente tenga un tiempo de maduración y de entender para qué está participando realmente. “Esa debilidad la hemos venido trabajando en el pilar de educación en dar una información más cualificada, en generar reflexiones, en aportar a articular la política pública que estamos construyendo con el PDET.  Volvemos a la tarea de mediadores entre una acción que es Estatal y la comunidad educativa.” Afirma.

Para Juan Carlos Merchán, uno de los principales obstáculos que ha tenido el proceso ha sido lograr la participación de las administraciones municipales. “Nosotros estamos aliados con la Secretaría de Educación de la Gobernación, y eso genera distanciamientos con algunas administraciones porque no quieren trabajar con sus opositores políticos” afirma. Sin embargo, de a poco, han logrado demostrar que este es un proyecto que va más allá de las filiaciones políticas. 

Otra de las líneas de trabajo de Educapaz es la formación en Ciudadanía, Reconciliación y Educación Socio Emocional – CRESE. Esta estrategia busca generar propuestas para trabajar el tema de la reconciliación, que no está vinculada a la educación cognitiva intelectual, sino la educación de los sentimientos. Hasta ahora se ha implementado en instituciones educativas urbanas y el proyecto para el próximo año es llevarla a las instituciones rurales que es donde más daño ha causado el conflicto armado.

La tercera línea de trabajo es de incidencia y comunicación. Allí se gesta el relacionamiento con las instituciones del nivel nacional y extranjeras como Ministerio de educación y Agencias de cooperación. Desde esta área se han organizado reuniones y foros en los que representantes de las instituciones estatales de diferentes niveles, han debatido sobre las problemáticas que enfrenta la educación y las posibles soluciones que podrían implementarse. “Esto es un proyecto multiactor simultaneo. No es de que empiece de la base o de arriba, sino que en cada uno de los niveles hay que trabajar al tiempo para lograr verdadera incidencia.” Dice Merchán.

Para Merchán, la mayor dificultad que enfrenta el proceso es que los municipios en los que se trabaja no están certificados por el Estado colombiano. Esto lo que implica es que no son auto sostenibles económicamente, por lo que no pueden decidir autónomamente la inversión de sus dineros. “¿Cómo hacemos que una política pública funcione si el municipio no puede decidir qué hacer con su plata?” se pregunta. “Hay que buscar nuevas fuentes de financiación, y para nosotros, una de ellas es el PDET” añade.

Ante este panorama son muchas las expectativas que tienen los diferentes actores en torno a la educación. “La guerra había cerrado con un bloqueo territorial todo el sur del Tolima. De las mayores ganancias es descubrir todo el potencial que tiene el Tolima. Es increíble todo el potencial de saberes, las personas, los recursos.” Afirma Patarroyo. El próximo año esperan entregar los insumos para la construcción de la política pública a cada uno de los Consejos municipales. La proyección de Educapaz está en varios territorios del país. Se espera que en los próximos cinco años el proyecto inicie actividades en dos regiones más que aún están en discusión.

 

Miguel Martínez
Equipo de Comunicaciones

Según cifras del censo general del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en 2005 el 25% de la población colombiana –11,2 millones– y el 62% de los municipios del país –692– son considerados rurales. Aunque son muchas las cifras en las que se evidencia la inequidad entre la población rural y la urbana, preocupa el tema de la educación. Un informe del Ministerio de Educación Nacional de 2013 demuestra que de cada 100 estudiantes que ingresan al sistema educativo en la zona rural, 48 culminan la educación media, mientras que en las áreas urbanas lo hacen 82 estudiantes.

Frente a este panorama, que ha sido constante desde hace décadas, diversas organizaciones, instituciones y maestros han creado procesos educativos con un enfoque diferencial que permiten cerrar las brechas en acceso, permanencia, calidad y, sobre todo, pertinencia  de la educación que reciben las comunidades rurales del país.

Colombia es un país con una gran diversidad. A lo largo del territorio confluyen diferentes culturas que tienen sus propias formas de entender, ver y vivir su realidad. Dadas estas condiciones, no es coherente tener un solo modelo educativo para la niñez y la juventud de todo el país.

“La misma educación que se le da a los niños y jóvenes, los hace querer salir del campo para vivir en la ciudad, porque enseña que la ciudad es progreso y bienestar y que en el campo está la ignorancia, la pobreza y el atraso”, afirma Jorge Iván Marín, educador de zonas rurales de Antioquia. El mismo Marín manifiesta que existe en el país un  sistema educativo que habla de ruralidad pero no marca mayores diferencias entre la pedagogía y la didáctica que emplea en el contexto urbano y el rural.

 

De ahí que sea importante que el sistema educativo reconozca la cultura propia de los pobladores rurales y busque mecanismos para responder a sus necesidades porque, tal como lo señala Ariel Rueda, de la Asociación campesina de Antioquia, “la educación que nos están llevando a nosotros los campesinos no es acorde a las necesidades del campo porque las personas que imparten esta educación desconocen las realidades del campo”.

  Instalación de la mesa

Como resultado de las negociaciones con la guerrilla de las Farc, quedó estipulado en el acuerdo final, en su punto 3.2.2.2., la creación del Plan Especial de Educación Rural. En este se dan los lineamientos generales de la política pública que reformará la educación que reciben los habitantes rurales del país.

Para reglamentar este punto del acuerdo, 72 organizaciones e instituciones dedicadas a la educación y al desarrollo del sector rural han designado a sus representantes a la Mesa Nacional de Educación Rural, que en los próximos meses discutirán con el Ministerio de Educación Nacional el texto que será incluido en el Plan Marco de Implementación de los Acuerdos. Esta mesa fue instalada formalmente el pasado 9 de febrero en las instalaciones del Cinep/PPP con la presencia y representación de las organizaciones.

Estas organizaciones, instituciones, maestros y líderes de base coinciden en afirmar que parte de la enorme brecha de inequidad y la desigualdad en oportunidades y garantías que viven las poblaciones rurales del país son causa del sistema educativo que no está diseñado con enfoque diferenciado para las personas que viven y trabajan en el campo. Por eso han venido debatiendo las necesidades que tienen los pobladores rurales en los congresos Nacionales de Educación Rural, de donde salen las propuestas que se llevarán al Ministerio para su discusión.

Una de las propuestas es lograr que la educación que reciban los habitantes del campo no se reduzca a la básica, sino que la educación técnica, tecnológica e incluso la profesional tengan su espacio dentro del Plan nacional de educación. Tal como lo expresa Beatriz López, de la Corporación para la Investigación y el Desarrollo, “la educación como motor del desarrollo debe llegar a los campesinos en todos sus niveles. Es un reto que la educación superior llegue al campo y aún más, que los campesinos se queden y con esos conocimientos aporte al desarrollo integral de la ruralidad”.  

 

Otras propuestas en las que trabaja la mesa nacional están relacionadas con la adaptación de modelos educativos de diferentes culturas, contenidos pertinentes para cada región, infraestructura adecuada para la enseñanza, calidad educativa, permanencia,  educación en ciudadanía, desarrollo del campo y construcción de paz desde las regiones.

Durante los primeros meses del 2017 el Ministerio de Educación  deberá presentar los lineamientos de la política pública de educación rural para que pase al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio del Posconflicto para construir el Plan Marco de Implementación de los Acuerdos, en el que se articulan las políticas que cada ministerio está construyendo a partir de lo acordado en La Habana. Una vez aprobadas, se asignarán presupuestos y se iniciará la implementación.  

 

Miguel Angel Martínez
Equipo de Comunicaciones