Cambio y recambio en la nueva agitación laboral

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En lo corrido del gobierno Santos se ha visto un cambio en la protesta social de los asalariados, principalmente de los sectores bananero, minero y petrolero. Todo indica que la batalla por el empleo digno va a continuar.

Por Álvaro Delgado*
cambio_laboral_foto1Nada más sugestivo que los cambios en la agitación social que está viviendo hoy el país. Hace diez años un nuevo gobierno, alevoso como el que más, se propuso culminar la tarea de sus inmediatos antecesores en cuanto a dispersión y debilitamiento de las organizaciones laborales, redujo al mínimo el contrato colectivo de trabajo, arrasó las últimas expresiones de formalidad laboral y hasta elevó a categoría de ley la extinción de la jornada legal que rinden los asalariados: el trabajo nocturno comienza ahora a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana, y en muchas dependencias públicas y privadas los empleados de baja categoría ahora camellan en la noche sin remuneración adicional alguna, para no perder el puesto. Las demandas y movilizaciones obreras rebajaron sensiblemente y en su lugar aparecieron las mujeres, la población lgbt, las negritudes y, con gran fortaleza, los indígenas y los estudiantes.

En el año pasado y lo corrido del presente, ya debilitado el poder uribista, han renovado sus movilizaciones los desplazados por la violencia paramilitar y los asalariados, principalmente los sectores que últimamente han estado más presentes en el reclamo social: bananeros, mineros del carbón, petroleros. Son, junto con el magisterio del orden estatal, las principales fortalezas del sindicalismo criollo, una vez concluida la fase febril de la desindustrialización del país ordenada por el capital internacional. Ahora la tasa de sindicalización apenas supera el 4% de la población económicamente activa del país. En los años de mayor agitación de la segunda mitad del siglo pasado pudo ser el triple de la presente. La supuesta construcción de la economía colombiana ─ahora comandada por cuatro locomotoras estratégicas en un país que acabó con los trenes─ cuenta con el enorme incentivo de un asalariado de contrato informal indecente que cubre a más de la mitad de la fuerza de trabajo y con el reacomodo de un sindicalismo estatal que, pese a ser el más voluminoso, no ha logrado el contrato de término indefinido para una masa de alrededor de 120.000 funcionarios de diez y más años de servicios y otros 70.000 que trabajan “por encargo” en entidades públicas por un tiempo superior a tres años, ni frenado la nociva escapatoria laboral consistente en acudir a la proliferación de sindicatos de bolsillo cada vez que se anuncia una nueva ola de despidos en las dependencias del gobierno.

cambio_laboral_foto2En las filas del sindicalismo no estatal se observa un panorama muy diferente. Los trabajadores del banano ─tan victimizados por la guerra como los maestros y los petroleros, pero ahora notablemente fortalecidos entre la población de Urabá─ logran por la primera vez en su historia firmar una nueva convención colectiva de trabajo en la etapa de negociación directa, los mineros del carbón de la Jagua de Ibirico, del Cesar, conciertan un acuerdo que la urgida presencia del presidente Uribe no logró frustrar y sus pares de La Guajira consiguen un acuerdo exitoso antes de iniciar una huelga decidida por mayoría abrumadora. En otros escenarios, los trabajadores de la palma aceitera de Puerto Wilches, alentados por los pasos del nuevo gobierno a favor del desmonte de las funestas Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), se lanzan a la reconquista del contrato laboral directo con huelgas en seis empresas iniciadas el 23 de agosto pasado y que siguen en pie más de dos meses después. Simultáneamente, en la más importante concentración laboral de extracción petrolera del país ─la de Pacific Rubiales Energy en el Meta─ estalla un movimiento con las mismas intenciones que se constituye en la mejor oportunidad para que el sindicato petrolero USO reconstruya las fortalezas que la violencia le arrebató en el antiguo fortín petrolero de Barrancabermeja.


Esa reanimación de las luchas obreras contrasta con prácticas de reacomodo a la “realidad” que a veces ocurren en las organizaciones sociales y que en letra clara se llama también oportunismo. El año pasado se presentó un hecho que pasó inadvertido para el grueso de la opinión pública: la administración de Samuel Moreno ─más precisamente, de la familia Moreno Rojas, que no del PDA─ abrió una apetecible colaboración burocrática para Fecode en la Secretaría de Educación Distrital(1),  y a la vez concertó con el mayor sindicato de empleados del distrito, Sindistritales, filial de la CUT y con un impresionante historial de luchas y conquistas laborales ─gracias, hay que recordarlo, a la dirección política democrática de izquierda con que contó desde su nacimiento en los años 60─, llegó a un acuerdo laboral que tal vez no tiene parangón en la vida nacional del presente. El documento respondió al pliego de peticiones presentado meses atrás al alcalde, beneficia a 19.000 empleados del distrito y el sindicato lo considera como el mejor de los últimos años. Incluyó un aumento salarial de 4,04% para el 90% de los trabajadores y además “se ajustó en un grado todas las escalas salariales, es decir, se subió casi otro 4%”, según un líder sindical. El semanario Voz, fuente de información de esta noticia, añadió que Garzón “no se atrevió a dar el paso que dio la administración de Samuel Moreno” (Voz, 2011).

cambio_laboral_foto3Desde luego, en un país de máxima desocupación y pobreza donde el Presidente se luce aprobando un aumento de 4% en los salarios, el hecho de que un grupo de trabajadores consiga ventajas superiores o mayor participación en el desempeño de puestos oficiales no puede sino despertar la simpatía de todos los asalariados. El problema está en que, en este caso concreto de Bogotá, el destape del “carrusel de la contratación” pública en la capital bajo comando de la casa Moreno Rojas no solo silenció al núcleo comandante del Polo Democrático Alternativo y esterilizó su acción política sino que produjo similar actitud en las organizaciones sindicales del Distrito. La protesta de la ciudadanía bogotana, que se vio reflejada claramente en los comicios del 30 de octubre con desastre de la votación por el Polo Democrático Alternativo, transcurrió en ausencia de los sindicatos más importantes de la capital.  

Para complicar la situación de los sectores más combativos del sindicalismo, los paros y movilizaciones laborales iniciados bajo dirección de la USO en la primera semana de julio en los campos petrolíferos de la canadiense Pacific Rubiales Energy en demanda de contratación directa para cerca de 8.000 trabajadores a cargo de diversos contratistas, así como de reconocimiento de ese sindicato por la compañía petrolera, terminaron a fines de octubre con una virtual retirada del movimiento ante el hecho de que el personal de contrato directo (o a término indefinido) de la empresa constituyó a las volandas un sindicato paralelo bajo la égida de la CGT, que temporalmente dejó sin base de apoyo la movilización inspirada por la CUT, ambas afiliadas a la misma confederación mundial pero que cada vez se distancian más en el ámbito nacional.

cambio_laboral_foto4El desenlace de las cosas en los campos petrolíferos del Meta, los más importantes del país, repercutió en el desarrollo de huelgas que 4.000 trabajadores de la palma aceitera de Santander habían empezado el 23 de agosto igualmente en demanda de contratos directos con las empresas, y que culminaron el 11 de noviembre con resultado igualmente negativo para los trabajadores. El poderoso sindicato del banano (Sintrainagro) y la CUT (en la persona de su presidente) se vieron precisados a aceptar que el gobierno nacional adelante una inspección de las Cooperativas de Trabajo Asociado, formas de asociación que los poderosos grupos paramilitares santandereanos impusieron a los trabajadores palmeros en los años 80 y 90 del siglo pasado como condición para permitirles mantener sus empleos. 

¿Qué está pasando? El problema del contrato de trabajo precario ─puesto en marcha a partir de las políticas neoliberales de los gobiernos de Barco y Gaviria─ finalmente ha llegado a su momento de crisis y las batallas por el empleo digno van a continuar. Seguramente el sindicalismo clasista está pensando en abrir una discusión de fondo sobre las tácticas de la lucha obrera, porque lo que viene ocurriendo no es gratuito y no depende exclusivamente de las políticas represivas del gobierno.


* Investigador del equipo Movimientos sociales del CINEP/PPP.


(1) Por lo demás, decisiones del Senado y la Cámara de Representantes adoptadas en mayo de 2011 sin un solo voto en contra aprobaron restablecer la Pensión Gracia para los educadores oficiales que había sido recortada por Consejo de Estado en agosto de 1997.

Referencias:
Semanario Voz, 2011, “El mejor acuerdo de los últimos años” en Semanario Voz, Ed. 2592, Bogotá, junio 1
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