La marca indeleble de los falsos positivos

Un reciente informe del CINEP/PPP identifica 941 casos de falsos positivos entre 1988 y 2011 en Colombia. Esta práctica revela una descomposición de la conciencia individual y colectiva en nuestro país. Se hace necesaria una didáctica pedagógica en DDHH en toda nuestra sociedad para que este tipo de hechos no ocurran.

Por Alejandro Angulo Novoa*
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1. - Para construir la convivencia
El desarrollo humano que todos deseamos para Colombia se viene realizando a través del crecimiento económico. Pero ese solo crecimiento de la riqueza nacional no basta para que el conjunto del progreso del país sea humano. Es necesario agregarle otro componente básico: el desarrollo cultural. Este crecimiento espiritual requiere dos ingredientes esenciales que llamamos la justicia y la verdad. Sin justicia no hay sociedad. Sin verdad no hay paz. Por esas razones fundamentales, cualquier convivencia humana se rompe si los miembros de la colectividad se niegan recíprocamente la distribución equitativa de la riqueza nacional, o si emplean el engaño como instrumento para lograr fines inaceptables en una convivencia armónica.

La ruptura de los valores éticos de la justicia y la verdad ha conducido a Colombia a un conflicto social armado semisecular. La distribución inequitativa de la riqueza nacional, que ha engendrado los estratos sociales numerados, es una de las explicaciones de que el agro de Colombia, lo mismo que la periferia de sus ciudades sean un eterno campo de batalla.

2. - Las reglas del juego
En esta pugna asesina entre poseedores y desposeídos que asola y ensangrenta los campos colombianos, y que ha expulsado de sus casas y despojado de sus tierras a millones de campesinos, la Fuerza Pública ha usado un juego sucio inaceptable y muy peligroso. El asesinato de ciudadanos inocentes que no forman parte ni de la misma fuerza, ni de las bandas guerrilleras, ni tampoco de las ‘paramilitares’.

La regla del juego es que el Estado puede usar el monopolio de la fuerza para proteger a los ciudadanos, en general, frente a los peligros que amenazan al país, y, en particular, en los casos en que los ciudadanos se violenten los unos a los otros. Pero en este caso de las ejecuciones extrajudiciales que se presentan como bajas en combate, no se trata del uso legítimo de la fuerza sino de infligir la pena de muerte, sin juicio, sin condena y con un objetivo perverso y alevoso. Se trata, por consiguiente, de un abuso intolerable que ninguna sociedad humana puede dejar proliferar y que nunca debe quedar impune por ninguna razón.

Con el objetivo de responder al mandato legal de combatir la subversión guerrillera, algunos soldados de la patria han incurrido en el nefando crimen del asesinato de civiles no combatientes que son presentados como muertos en combate. Esta es una violación descarada de las reglas del juego. Semejante fechoría no cumple, desde luego, con la misión de la Fuerza Pública y tiene, en cambio, diversas motivaciones dolosas, que han sido estudiadas en detalle por el Relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias (ONU, 2010).

falsos_positivos2El Relator describe la naturaleza y extensión de los crímenes en la forma siguiente:
“10. El fenómeno de los llamados "falsos positivos" —ejecuciones ilegales de civiles
manipuladas  por las fuerzas de seguridad para que parezcan bajas legítimas de guerrilleros o delincuentes ocurridas en combate— es bien conocido por los colombianos. Si bien hay ejemplos de esos casos que se remontan a la década de 1980, las pruebas documentales indican que comenzaron a ocurrir con una frecuencia alarmante en toda Colombia a partir de 2004” (ONU, 2010, 8).
Al examinar los motivos de los asesinatos, enumera los siguientes:
1. Presión para mostrar resultados
2. Un sistema informal de incentivos (dinero, vacaciones, condecoraciones)
3. Una falla crucial de responsabilidad (alta, media y baja)
4. Era más fácil matar civiles (dominios de guerrilla)
5. El mayor incentivo es la impunidad [“29. La falta de atribución de la responsabilidad  penal ha sido un factor clave para que sigan produciéndose casos de falsos positivos. La tasa de impunidad de los homicidios atribuidos a las fuerzas de seguridad se estima actualmente en la alarmante cifra del 98,5%. Simplemente, los soldados sabían que podían cometer tales actos y salir impunes” (ONU, 2010, 15)].
Como aparece de inmediato, se combinan (a) la irresponsabilidad personal y colectiva, (b) los sistemas formal e informal de recompensa y (c) la impunidad que caracteriza al sistema colombiano de justicia, militar o civil.

3.- El borroso perfil de la niebla en la noche
Los resultados de esa combinación perniciosa se pueden ver en el cuadro 1 que presenta un total de 1,741 víctimas distribuidas en 26 años. El promedio no da una idea del fenómeno, porque los asesinatos están distribuidos muy desigualmente en el tiempo, pero sí puede ayudar a comprender su dimensión: 66,9 que significa cerca de 67 asesinatos por año, que son, además, 67 engaños oficiales anuales a la opinión pública del país. Este gravísimo crimen combina la destrucción de la justicia y de la verdad en una misma acción. Por esa razón es un atentado grave contra la humanidad de la convivencia. Es además un golpe bajo contra la misma Fuerza Pública porque pierde su credibilidad. Una Fuerza Pública que inspire desconfianza, tanto por la frecuencia de sus crímenes nefandos, como porque logra salir de ellos impune, se vuelve una contradicción social y política que provoca al pueblo a tomarse la justicia en sus propias manos, como, de hecho, ha estado sucediendo, de tiempo atrás, en Colombia. Cincuenta años de guerrilla y de paramilitarismo son una prueba irrefutable de ello.
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El cuadro muestra cómo el fenómeno se ha presentado por largo tiempo, pero con diferente intensidad. Aparece una primera cifra grande en 1988, durante la presidencia de Virgilio Barco. En el período de César Gaviria encontramos dos números altos: en 1990 y 1993. Este último año muestra un número muy considerable, que sólo se compara con las cifras correspondientes al período 2003-2008, que corresponden al régimen de Álvaro Uribe Vélez. Parecería, pues, confirmarse la hipótesis del Relator de Naciones Unidas que atribuye los homicidios a la presión por resultados, que como es bien sabido, tuvo un énfasis especial en ese período, durante el cual el Ejecutivo provocó una desinstitucionalización del país que no es propiamente un ejemplo de libertad y orden. La institución militar no fue una excepción, también sufrió los cortos circuitos piloteados desde la presidencia de la república; pero aun así, estos crímenes son injustificables. Y esa grave mezcla de homicidio y mentira ha dejado una marca indeleble en la ética cívica nacional.

Téngase en cuenta que el cuadro no puede escudriñarse con rigor estadístico, aunque sí es una muestra nacional que da una idea muy aproximada de lo que sucedió en el país entre los años 2000 y 2008: el incremento de una práctica inhumana que revela una descomposición de la conciencia individual y colectiva, con el consiguiente deterioro de las instituciones involucradas. Es, tal vez, el aspecto más trágico de la corrupción de las costumbres porque traduce el nivel de dicha corrupción en homicidios de personas inocentes.
El gráfico 1 permite apreciar la tendencia ascendente que inicia en el año 2002, cuando salta de 9 a 39  víctimas, con más que una duplicación de los casos que subieron de 7 a 17 entre el 2001 y el 2002. Se observa también la distancia entre la línea de casos y la de las víctimas; esta distancia mide el número de víctimas que fueron asesinadas en cada caso. La línea tiene cuatro picos, de los cuales el más numeroso es el de 2007, durante la presidencia de Alvaro Uribe Vélez.
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Se debe, sin embargo, tener en cuenta que las cifras son muy inferiores a la realidad porque la denuncia de tales crímenes ha estado siempre disminuida por el terror y el miedo a las represalias. En la actualidad, cuando algunas regiones se tranquilizan, empiezan a aparecer las denuncias de casos ocurridos hace años.

4.- Para una alborada feliz
El informe del Relator estudia también los crímenes de la guerrilla y de los paramilitares. Y, como corresponde, hace un buen número de recomendaciones que ponen de relieve las fallas del sistema. No vale la pena repetir aquí las medidas sugeridas por el funcionario de la ONU, porque los lectores pueden encontrarlas en el mismo documento citado. Parece más útil insistir en la dimensión que no toca el informe y que pertenece al ámbito de la educación cívica.
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Todos los problemas éticos a los que me he referido en este artículo y otros más, no son estudiados de manera adecuada por la juventud colombiana, si es que alguna vez son estudiados. La misma noción de los derechos humanos es considerada todavía en algunos ambientes como un tema tabú.

En la educación privada, que es mayoritariamente exclusiva para “la élite”, las familias de los estudiantes vetan estos temas, porque para la oligarquía colombiana la defensa de los derechos humanos es subversiva. Y en la educación pública, la politización del tema lo convierte también en una asignatura peligrosa.

La “enseñanza” de los derechos humanos no puede ser cuestión de una asignatura, o de una hora semanal de clase. El asunto de los títulos que los seres humanos tenemos a vivir en paz en alguna región del mundo en la que nos tocó nacer, sin haberlo escogido, no es una cuestión de nociones abstractas, sino un problema muy concreto que se debe empezar a resolver desde la escuela materna hasta el postgrado. De la solución a ese problema depende nuestra propia vida, como lo estamos viendo. Y ese entrenamiento para convivir sin matarnos requiere una teoría pedagógica y una didáctica que comienza por casa, sigue en la escuela y debe impregnar toda la vida social.

El objetivo de este ensayo no es delinear ese programa. Pero sí he querido concluir apuntando cómo, además de las recomendaciones técnicas de las Naciones Unidas que miran a la organización política y al sistema de justicia que esa organización requiere, los ciudadanos de este país, famoso por su guerrilla cincuentenaria, tenemos que tomar en serio algunos principios éticos, sin los cuales todos los sistemas que conforman el gran sistema social nacional son inútiles. Esos principios los ha llamado la humanidad, desde hace años, los derechos humanos. Su estudio, pero sobre todo su práctica, conllevan el estilo de relaciones que constituyen la armonía social. En el medio de la noche y la niebla de nuestro presente homicida y ladrón, los derechos humanos y sus correspondientes deberes nos dejan entrever una aurora de paz y felicidad.

* Coordinador del Sistema de Información General del CINEP/PPP

Referencias:
CINEP/PPP, 2011, Deuda con la humanidad II. 23 años de falsos positivos: 1988-2011, Bogotá, CINEP/PPP.
ONU, Comisión de Derechos Humanos, 2010, “Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston Misión a Colombia”.
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