El economista Darío Germán Umaña, analiza el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos que se aprobó el pasado mes de octubre.

Desde la misma definición de la arquitectura de lo que se negociaría en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, ya se determinaban profundas condiciones de asimetría, puesto que se aceptó negociar en los términos, metodología y aspectos temáticos que los norteamericanos habían impuesto en las negociaciones ya suscritas con otros países de Latinoamérica.

Esta asimetría inicial, que ha permitido incluir y excluir del ámbito de la negociación temas de gran importancia para los países que intervienen en el TLC, nos lleva a afirmar que el tratado en muchos aspectos se opone al libre comercio, refuerza condiciones de competencia imperfecta y, por lo tanto, su resultado será favorable para los Estados Unidos y algunos grupos de las elites nacionales, encabezados por los sectores vinculados a las multinacionales y a los grandes importadores (Umaña, 2004).

Podría afirmarse que los tratados buscan profundizar en lo esencial en la liberalización de factores ─ mercancías, servicios, inversiones, compras del Estado─ y de disciplinas, especialmente en materia de propiedad intelectual y solución de controversias.

Sin embargo, en los tratados bilaterales poco se tienen en cuenta los intereses de los países en desarrollo que se han defendido ante la Organización Mundial del Comercio “OMC” y se tiende, más bien, a negociar aspectos propuestos por los países desarrollados, en los que no ha sido posible avanzar en los ámbitos multilateral y plurilateral.

Los temas básicos se refieren a la “seguridad jurídica”, eufemismo que no significa más que establecer límites máximos al ejercicio de las políticas públicas. Estos límites son más amplios para los Estados Unidos, lo que refuerza su capacidad y poder para ejecutar políticas discrecionales, a la vez que impone a otros países, como Colombia, la ampliación de la apertura de sus mercados y de sus legislaciones, y asegura que no puedan dar marcha atrás en la redefinición de sus políticas comerciales, por injustos o perjudiciales que hayan sido hasta ahora los resultados de esas políticas.

Asimismo, lo hasta ahora definido implica una obvia reducción del papel del Estado nacional y de sus instituciones. Se cede la soberanía nacional en muchos aspectos. Infortunadamente, no en instituciones supranacionales sólidas sino en estructuras privadas, especialmente en la solución de conflictos relacionados con el capital extranjero y la propiedad intelectual. Mientras que nada se dice de temas fundamentales para los países en desarrollo como la liberalización del flujo de personas y las migraciones. Las antiguas instituciones –el Congreso, la rama jurisdiccional, el mismo ejecutivo y las organizaciones sociales– saldrán del escenario, y allí quedará un solo actor: la justicia privada.

En esas condiciones, el tratado podría contribuir a generar un retroceso de la democracia real, al restringir la libertad de los ciudadanos y de las

autoridades del país para elegir democráticamente, en un futuro cercano, nuestra propia manera de insertarnos en la economía global. La constitución y las leyes se convertirán en anacronismos jurídicos que sólo se podrán aplicar en las áreas que no figuren en las cláusulas del tratado. Y, como lo que se negocia es demasiado, la democracia será muy poca. El poder de decisión quedará en manos de expertos y técnicos que juzgan inevitable el curso actual de las tendencias económicas y que el mundo sea manejado por los representantes de fuerzas económicas abstractas, el capital multinacional, las pequeñas elites nacionales y los tecnócratas.

En la arquitectura del tratado y en sus efectos sobre las instituciones y la democracia, las consecuencias descritas son el resultado lógico de negociar con un país con el que se tienen todas las desventajas. Las negociaciones bilaterales constituyen una elección por la peor opción en el marco de la globalización. Se prefiere el yugo de una negociación bilateral, antes que los pesos y contrapesos de las negociaciones multilaterales o plurilaterales. En consecuencia, sin juicios de valor, se hace el juego al unilateralismo norteamericano, menos interesado en los temas comerciales que en integrar a los países latinoamericanos en su bloque hegemónico, en definir sus patrones de especialización, en encuadrarlos en su estrategia geopolítica y en alejarlos de sus propias opciones integracionistas.

Por ejemplo, si sólo se analiza el aspecto de acceso a mercados y liberalización de mercancías del tratado, Colombia obtuvo pocos logros, con excepción de obtener los niveles de liberalización que ya se habían establecido en el marco del ATPDEA. La diferencia es que hasta ahora las preferencias para ingresar al mercado norteamericano eran unilaterales. Ahora, como resultado de la negociación, se convierten en “recíprocas” para el mercado colombiano. En “estricto sensu”, Estados Unidos lo recibe todo y se libera de la Responsabilidad Compartida como principio y obligación.

Pero, además, es indudable que la negativa de los Estados Unidos a negociar las ayudas internas y otras medidas de efecto equivalente en el sector agropecuario implican una profunda distorsión anticompetitiva en los mercados internos norteamericano y colombiano, y bloquea nuestras exportaciones. En contraprestación, Colombia hasta ahora no asegura la posibilidad de aplicar medidas equivalentes que protejan nuestro mercado que permitan volver a los niveles arancelarios consolidados en la OMC, así como mantener la libertad para manejar los mecanismos de estabilización de las bandas de precios establecidas en el área andina.

La negociación en bienes industriales y no industriales en lo que corresponde a las legislaciones antidumping, de competencia comercial y en materia sanitaria,  no han ido más allá de lo que se logró en la OMC, asegurando que los Estados Unidos no apliquen barreras no arancelarias, y que se controle el abuso de la posición dominante de mercado que ejercen las multinacionales, aceptando que la normativa comercial del tratado y la colombiana puedan aplicar los controles necesarios, con base en el derecho nacional y con la participación de ciudadanos colombianos. En aumento o eliminación de los contingentes que limitan el acceso de cualquier exportación agrícola o industrial colombiana al mercado norteamericano es poco lo que se ha logrado, y tampoco se han definido los mecanismos de aplicación de salvaguardias automáticas, que se apliquen hasta los niveles arancelarios consolidados en la OMC, ante daños evidentes a la producción nacional.

En fin, lo negociado en el tratado no permite concluir que los intereses de nuestro país, tanto para la promoción y el desarrollo de las exportaciones como para la necesaria protección del mercado interno, ante competencias espurias, se encuentren debidamente representados. El tratado está profundizando una mayor brecha económica y social y una orientación antidemocrática que va en contra de la participación y fortalecimiento de las instituciones, limitando nuestra posibilidad de definir las políticas para insertarnos de manera competitiva, equilibrada y justa en el entorno internacional.

* Docente de la Universidad Externado de Colombia

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Umaña, Darío Germán, 2004, “La asimetría del Libre Comercio” en El TLC Colombia Estados Unidos, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Centro de Investigaciones para el Desarrollo y Viva la Ciudadanía