Los retos y desafíos de la política de restitución de tierras ¿más de lo mismo?

Sin desconocer el contenido de verdad del argumento según el cual los fracasos pasados en materia de reforma agraria condicionan las probabilidades de éxito de la política de Restitución de Tierras, nos preguntamos por los elementos que distinguen al escenario actual de los intentos reformistas de gobiernos anteriores.


Por Víctor Barrera y Diego Quiroga*

campeona_de_Cesar_AcostaCon distintos grados y énfasis diferentes, críticos de la ley de Víctimas y Restitución de Tierras han esgrimido el argumento según el cual los fracasos pasados en materia de reforma agraria condicionan las probabilidades de éxito de la política actual, lo cual resulta ser una crítica acertada pero parcial. Atinada, en la medida que para nadie es un secreto que históricamente los avances modernizadores y reformistas impulsados por el centro político en materia agraria han sido reversados por una clase política regional y local interesada en el mantenimiento del statu quo que tantos beneficios le reporta. Solo basta mirar los casos emblemáticos de los gobiernos de Alfonso López Pumarejo y de Carlos Lleras Restrepo para darse cuenta de esto.

No obstante, la crítica resulta parcial ya que al énfasis continuista del argumento le cuesta reconocer las transformaciones y los nuevos contextos donde el viejo problema de la cuestión agraria se reproduce y magnifica. En consecuencia, ni las políticas reformistas han sido las mismas en su alcance y enfoque ni la clase política ha contado con los mismos recursos y agenciado el mismo poder de veto a lo largo del tiempo. La persistencia de un conflicto armado, en el que su violencia actual parece más difusa que en etapas previas, junto a los altos niveles de criminalización que el sistema político ha sufrido en las últimas dos décadas, nos arrojan un diagnóstico mucho más complicado.


La persistencia del conflicto armado


Sin duda la principal diferencia respecto a las políticas agrarias impulsadas por López Pumarejo o por Lleras Restrepo tiene que ver con el hecho de que el gobierno de Juan Manuel Santos le apuesta a una política de restitución en medio de un conflicto armado a pesar de que, como lo reconoció en su momento el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se trata de un proceso pensado para una etapa de posconflicto.

Surge la pregunta entonces de hasta qué punto el Gobierno cuenta con las herramientas jurídicas, políticas y coercitivas suficientes para reversar los efectos que tuvo en la institucionalidad local y en la propiedad rural dos décadas de ofensiva paramilitar que, además de los terribles costos en vidas humanas que significó, produjo un reordenamiento territorial en varias regiones del país a través de prácticas como el desplazamiento, posterior repoblamiento y asignación de predios a familias y personas que por miedo, conveniencia o convicción cooperaban con el grupo armado (Reyes, 2009: 129).

Cuadro 1
Tierras abandonadas y despojdas en el momento del desplazamiento según periodos
Periodos Hectáreas abandonadaso despojadas
(1980 - julio 2010)
Hectáreas actualmente
abandonadas
Diferencia
(hectáreas recuperadas)
%
Primer desplazamiento antes de 1998 1’023.703 907.928 115.774 11,31
Primer desplazamiento entre 1998 y 2008 5’263.282 4’889.691 373.591 7,10
Primer desplazamiento entre 2009 y 2010 351.210 345.083 6.127 1,74
Total
6’638.195 6’142.702 495.493 7,46
Fuente: III env. Julio-agosto de 2010. Comisión de Seguimiento y CID-UN. Tomado de Informe Nacional de Desarrollo Humano, PNUD, 2011. Pp. 278.


Ante esta realidad los temores de nuevos ciclos de violencia no son infundados. De hecho la creciente victimización de líderes campesinos y la respuesta armada de algunos sectores sociales a través de los autodenominados ejércitos antirestitución son indicadores de las fuertes resistencias que ya evidencia esta política en las regiones del país.

Por una parte la información que arroja el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP muestra que entre 2010 y 2011 han sido asesinados 19 líderes que reclamaban tierras, siendo los departamentos de Córdoba, Bolívar, Antioquia y Sucre los más afectados. En algunas regiones de estos departamentos, los grupos paramilitares, con el apoyo del Ejército, políticos y comerciantes, enfrentaron la amenaza guerrillera, dicha disputa dejó profundas heridas en la sociedad colombiana. Sin embargo, luego del control territorial logrado, inició la captura de rentas públicas, privadas, legales e ilegales. Toda una fortuna que hoy es el motivo de la disputa y que ha cobrado la vida varios líderes del proceso de reclamación de tierras.
Por otra parte, las amenazas de los llamados “ejércitos antirestitución” en las viejas retaguardias de los “paras” no sólo son una evidencia del remedo de un proceso de paz durante el gobierno anterior, sino el principal obstáculo de las buenas intenciones del gobierno central frente al problema agrario colombiano. En este sentido, el representante a la Cámara Iván Cepeda ha denunciado que estos ejércitos tienen un alcance territorial significativo al cubrir cerca de 400 municipios del país.

Cuadro 2
Reclamantes de tierras asesinados  2010 - 2011
Departamento Total
Antioquia 6
Córdoba 3
Tolima 3
Norte de Santander 2
Santander 2
Sucre 2
Bolívar 1
Total general 19
Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP.


El nuevo músculo político local: ilegalidad y violencia

Con un énfasis mucho mayor de lo que sucedía en la década de 1930 y de 1960, en la actualidad las élites rurales y la clase política local han vivido importantes cambios que las han fortalecido y parecen blindarlas frente a los intentos del centro por socavar su poder. Por una parte, los cambios del sistema político que se vienen dando desde principios de los noventa muestran que el antiguo arreglo político que mantenía alineados los intereses locales con los nacionales se rompió y todavía no se vislumbra un mecanismo de intermediación que vincule los dos espacios de manera clara y ordenada. Como resultado, la clase política local ha ganado una mayor autonomía y un mejor posicionamiento frente al centro político, lo cual llevaría a pensar que hoy cuenta con una mayor margen de maniobra para reversar las políticas reformistas del Gobierno nacional.

Por otra parte, fenómenos como la parapolítica, la bacrimpolítica y otras prácticas non sanctas evidencian un alto grado de criminalización de las élites rurales y políticas del orden local. En este sentido, dos décadas de interacción con sectores de la ilegalidad han derivado en procesos de aprendizaje fundamentales que se han visto reflejados no sólo en una mayor experiencia respecto a la administración de un recurso tan complicado de manejar como lo es la violencia, sino también en la consolidación de un entramado de funcionarios públicos, políticos locales y grupos armados que ha sabido torcer la ley a su acomodo y reconfigurar el panorama institucional en varias regiones del país.

A pesar de que en esta materia se han conocido múltiples condenas por parte de la Corte Suprema de Justicia y se encuentran en curso varias investigaciones judiciales en contra de la parte civil que promovió y financió el paramilitarismo y la legalización fraudulenta de las tierras despojadas a los campesinos, lo cierto es que estas estructuras políticas que se consolidaron bajo el amparo de las armas siguen enquistadas en algunas administraciones locales.

¿Otras “formas” de solucionar el problema agrario?

tierrasLa Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras es clara en señalar que para viabilizar la restitución de un predio que se encuentra ocupado siendo explotado en proyectos productivos, debe llegarse a acuerdos entre las víctimas del despojo y el poseedor de buena fe; si se comprueba que el poseedor tiene culpa en el proceso de despojo, el Estado es el encargado de recuperar el proyecto para destinarlo a terceros para su explotación a favor de las víctimas. Este es sin duda un elemento polémico, pero que tras de sí permite dilucidar que el Estado se ha cubierto la espalda frente al grave conflicto que implica la recuperación de predios ocupados y productivos. Por tal razón el académico y actual asesor del ministerio de agricultura Alejandro Reyes y la recién nombrada directora del Incoder Myriam Villegas han hecho énfasis en la estabilización del proceso de colonización y la titulación de baldíos.

Este no es un elemento novedoso en nuestra historia, durante el siglo XX, la colonización dirigida por el Estado fue el intento más utilizado para dirimir el conflicto agrario. De allí surgieron los procesos de colonización, que finalmente quedaron en manos de los campesinos y colonos, en donde aún hoy persiste una importante presencia política y militar de las Farc y una dependencia de la economía de la coca. Por otro lado, la percepción sobre el Estado central en las regiones de mayor influencia paramilitar frente a la restitución, sin duda, tendrá consecuencias políticas frente al actual gobierno, y éste, a su vez, buscará la manera más expedita para reparar a las víctimas. Y es en este último elemento que un remake de la colonización dirigida de los años 70 vuelve a cobrar valor para el centro político.

Lo que se encuentra en juego es la decisión política de buscar verdad, justicia y reparación allí donde el paramilitarismo se ha insertado de manera efectiva en la política, la economía y la vida social, una acción que puede terminar, ya sea en un fortalecimiento de las instituciones estatales del nivel local y regional, o en un nuevo ciclo de violencia.

*Investigadores del equipo Violencia Política, Paz y Construcción de Estado y miembros de ODECOFI- CINEP/PPP.

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