"No hay condiciones para crecer"

Javier Giraldo es uno de los más reconocidos padres de la Compañía de Jesús. Su vida intelectual y su trabajo han estado vinculados a la defensa de los derechos humanos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que esta semana cumplió 40 años de existencia.

Es autor de varios libros sobre el conflicto colombiano y se ha destacado en proyectos con las comunidades de paz, especialmente en la de San José de Apartadó, Antioquia, de donde fue párroco, y en la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, de la cual fue fundador. En entrevista con El Espectador, Giraldo recuerda lo que han sido estas cuatro décadas de trabajo con el Cinep, una historia que indefectiblemente retrata los episodios de violencia que ha vivido el país en este tiempo.

¿Cómo fue el nacimiento del Cinep?


Nació en los años 60, no sólo en Colombia sino en todas las provincias de América Latina donde los jesuitas tenían presencia. Inicialmente se creó con otras siglas: CIAS, Centros de Investigación y Acción Social. Fue una idea del Superior General de los Jesuitas en Roma, el padre Arrupta, quien era consciente de las injusticias y las propuestas de cambio social que vivía América Latina. Entonces dio la orden de fundar en cada país un CIAS. De forma que fue por obediencia a esa orden.

¿Y cómo era al principio?


Al comienzo se configuró un pequeño grupo de jesuitas que empezaron a investigar al estilo de la sociología, en especial la americana, que llamó la sociometría porque todo lo mide con estadísticas y curvas. En los años 70 vino un grupo de jesuitas más jóvenes, que en su mayoría estudiaron en Alemania, marcados por nuevas corrientes, sobre todo por el movimiento de Paulo Freire en Brasil. Eso implicaba mirar la realidad y, más que mirarla, comprometerse con ella. Esa fue la línea que tuvo acogida en los 70. En el 72 se consolidó un nuevo grupo de jesuitas investigadores y uno de laicos. Entonces fue cuando se le cambió el nombre, porque las siglas se parecían mucho a las de la CIA, la agencia de inteligencia norteamericana, por el del Cinep.

¿Qué papel desempeñó en esa época la teoría de la liberación y la influencia de Camilo Torres?

No hay una relación directa, pero la influencia de Camilo en América Latina y la Iglesia en general fue muy profunda. Cuando el Cinep nacía Camilo estaba en su auge, eso era el año 65 más o menos. Sin embargo, había jesuitas muy conservadores, como el padre Vicente Andrade, quien lo atacó mucho. Pero Camilo dejó unas inquietudes muy profundas en la Iglesia. Además, en ese momento se estaba terminando de reunir el Concilio Vaticano Segundo, que termina casi coincidiendo con la muerte de Camilo, y produjo unos aires de renovación. Camilo murió en el 66, y en el 68 vino la Conferencia de Medellín, un movimiento que sacudió la Iglesia en Latinoamérica, relacionado con el de los Golconda. Entonces eso hizo que los documentos de Medellín fueran de avanzada, lo que influyó en el primer Cinep.

Luego vino la época del estatuto de seguridad, ¿cómo vivieron esa época?

La represión fue muy fuerte y golpeó al movimiento popular. En ese momento el Cinep había creado una red de empresas urbanas que funcionaba con un sentido comunitario y muchas de esas instituciones sufrieron una represión violenta. Varios de sus líderes fueron asesinados y a otros se les hicieron montajes judiciales. En esa época le cogían la libreta a cualquiera y a todos los que figuraban allí los detenían. Luego vinieron los años 80, en los que hubo una especie de recogida de velas, por todo lo que se vivió, y las empresas comunitarias entraron en crisis, también el trabajo con campesinos. A mediados de los 80 al Cinep llegaban grupos de barrios y se hacían congresos, y la actividad con los movimientos urbanos empezó a cobrar fuerza.

¿En ese momento usted estaba fuera del país?

En esos años estudiaba Ciencia Social en Francia. Junto con muchos colombianos creamos un comité de solidaridad con Colombia y eso nos dio pie para entrar en contacto con muchos grupos de derechos humanos en Europa, como Amnistía Internacional, grupos de la Iglesia y sindicatos. Cuando regresé comenzaba el gobierno de Betancur, no había comités de derechos humanos, el único era el de Solidaridad con los Presos Políticos, que lo fundó Gabriel García Márquez. Al final del 79 se creó el Comité Permanente. Esas eran las únicas referencias que existían. Cuando regresé abrimos la oficina de derechos humanos, que fue el primer intento de sistematizar la información de violaciones graves a éstos. Ahí se crearon el Banco de Datos y la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. Esto por que el equipo de jesuitas era consciente de que la Iglesia estaba callando demasiado lo que se vivía y con el deseo de que hubiera alguna voz en ésta que denunciara las atrocidades que se vivían la montamos. Eso hizo que me trasladara a las conferencias religiosas por 10 años.

¿Qué recuerda del batallón Charry Solano?

Era el batallón de inteligencia y contrainteligencia. Unos militares de bajo rango que estuvieron allí denunciaron cosas muy graves. Era un movimiento que calificaba de terrorista y, según la denuncia de esos militares, participó gente que comenzaba su carrera militar, pero que después veríamos en las altas cúpulas del Ejército, como el general Hárold Bedoya, Mario Montoya o Iván Ramírez. Esos soldados denunciaron que el modus operandi era poner bombas en las embajadas de países socialistas, en los periódicos, como pasó en El Bogotano y en la revista Alternativa. Hacían terrorismo telefónico, desaparecían gente y la torturaban, como a José Manuel Martínez Quiroz. A él lo desaparecieron en una camioneta y lo torturaron terriblemente hasta arrancarle la piel, y todo eso lo cuentan estos militares. En la presidencia de Ernesto Samper se disolvió el batallón, teóricamente, pero simplemente le dieron otro nombre, como siempre.

¿De dónde viene el trabajo en derechos humanos?

Desde mediados de los 80 el trabajo se enfocó mucho en derechos humanos y movimientos por la paz. En el tiempo de Betancur se colaboró con los diálogos de paz y después en los de Barco y Gaviria. Entonces el acompañamiento de comunidades de víctimas ha sido centrarnos en algo que tiene una dimensión política muy profunda y fuerte, que es la violación de los derechos humanos. Si en los 70 estuvo en primer plano el impulso a movimientos sociales, que se les veía el liderazgo para hacer transformaciones a corto plazo, todo eso entró en crisis con la represión de esos años, incluso en la mayoría de países de Latinoamérica. Eso diezmó el movimiento popular, al sindicalismo lo acabó y al campesino lo destruyó. La Unión Patriótica, el movimiento político producto del acuerdo de paz, fue acabada. Esta historia hizo que la lucha por los derechos humanos cobrara una vigencia y una dimensión muy grandes.

¿Y cuándo surge el trabajo con los desplazados?

En los 80 y 90 vino la época de los grandes desplazamientos. En Barrancabermeja tuvimos un albergue durante 8 años. Vivimos muy de cerca el fenómeno del desplazamiento en el Magdalena Medio. A veces llegaban veredas enteras a refugiarse y se quedaban dos o tres semanas, porque en esa época el desplazador era el Ejército y ellos tenían una estrategia: bombardear e incluso incinerar veredas para obligar a la gente a desplazarse, pero nunca permanecían más de cuatro semanas en el mismo sitio. El problema fue que en los años 90 eran los paramilitares los desplazadores y no tenían la misma estrategia: ellos se instalaban en las comunidades y las dividían en dos bandos, entonces el trabajo se hizo más difícil ahí. En Justicia y Paz hicimos albergues y estrategias de retorno con seguridad, por lo que se fundaron las comunidades de paz. Sigo muy vinculado a la de San José de Apartadó, por razones personales, y los acompaño como representante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Cuál es el presente del Cinep?

La fusión del Cinep y el Programa para la Paz se está tratando de integrar con el Servicio Jesuita de Refugiados. Es por la escasez de recursos. Pero podríamos decir que el presente es mantener los acompañamientos a quienes han estado vinculados a nosotros, en especial a grupos de víctimas, y luego tener un nivel de investigación de análisis sociológico. No hay condiciones como para crecer, el banco de datos ha hecho un esfuerzo de descentralización para trabajar más cerca de los familiares y abogados de la víctimas y en este momento tenemos más o menos 20 pequeños bancos en diversas regiones.

La apuesta de Santos en materia de paz

¿Cómo ve el marco para la paz?

Con mucha preocupación, porque creo que no hay condiciones para un proceso de paz en este momento. La oferta de Santos es de rendición y no pienso que los grupos insurgentes vayan a aceptar eso. También me parece que están pensando en la amnistía a militares y paramilitares, y lo presentan así, válido para todo el que quiera acogerse a una negociación, pero el problema es que el modelo de negociación no va a ser para la guerrilla, sino para los militares, como los del Palacio de Justicia, tal y como lo dijo Uribe. Veo que eso tiene unas agendas secretas con intenciones distintas a como las venden y eso no va a servir para ningún proceso de paz.

¿Y del fuero militar qué piensa?

Hay un ambiente muy radicalizado y emotivo de los militares y la extrema derecha, que quieren restaurar un fuero militar que existió hace muchísimo tiempo y se resquebrajó por el influjo del Derecho Internacional. Dicen que hay más de 12 mil militares acusados de crímenes de lesa humanidad, esos serán beneficiados. Hay un interés muy fuerte de impunidad, ellos lo niegan siempre, pero eso es lo que uno ve ahí.

El caso de Elsa Alvarado y Mario Calderón

El principal caso de violencia contra trabajadores del Cinep es el de Elsa y Mario. Yo era compañero de Mario de toda la vida, estudiamos juntos e incluso en Francia. Él se consiguió una finca en el Sumapaz. Iban a salvar los nacimientos de agua en esta región, que son tan importantes, pero esa era una zona de guerra. En mayo de 1997 hubo una toma de la guerrilla a Venecia, un pueblo cercano. Él estaba en la finca y cuando regresaba lo pararon en un retén militar, lo requisaron y le pidieron hasta el número del motor del carro, su dirección de residencia y su teléfono. Él me comentó con preocupación e incluso creyó que había cometido un error. Esa misma semana empezó a buscar un apartamento para mudarse, pero no alcanzó. En uno de esos días, al amanecer, entraron al apartamento y lo masacraron a él, a Elsa y al papá de ella; la mamá quedó herida y el niño, que estaba muy pequeño, quedó en un charco de sangre. Se especuló, pero para mí es clara la relación entre el retén militar y el asesinato. Hoy, 15 años después, el caso sigue impune.


Publicado en El Espectador el 2 de junio de 2012.

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