Editorial: Para el campo paz con justicia social

Hace una semana en Colombia se habló de la celebración del día de los campesinos. Sin duda que esta celebración se vuelve un agradecimiento a los habitantes del campo por todos los beneficios y servicios que ellos le aportan a nuestra sociedad. El país se alimenta por su producción agropecuaria; preservan y saben generar soluciones para el uso adecuado de los patrimonios naturales; son custodios de la diversidad cultural en cada una de las regiones del país y su capacidad de organización social nos muestra que las mujeres y hombres campesinos son pueblos que luchan por su reconocimiento y por el respeto de su dignidad. Pero a pesar de estos invaluables reconocimientos, la celebración hace agua y se convierte en una contradicción, cuando analizamos ¿por qué se da el paro agrario en el país?         

La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular responde que el paro se organizó porque el gobierno incumplió los acuerdos pactados en los respectivos paros de los años dos mil trece y dos mil catorce, en los que se comprometieron más de doscientos cincuenta mil millones de pesos que se han venido aplicando a cuenta gotas. A pesar de estas negociaciones las políticas rurales gubernamentales que se están aplicando no responden a las reales necesidades de los habitantes del campo para conseguir la paz con justicia social y ambiental. Por eso, los manifestantes están pidiendo al Gobierno que garantice la participación de las comunidades en la construcción de una reforma agraria que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra en el país y que reoriente el modelo de desarrollo económico en armonía con la naturaleza y la diversidad cultural. A pesar de que el movimiento campesino exigió garantías para el diálogo formal con el Gobierno, tales como la desmilitarización y el cese de acciones represivas en todos los puntos de concentración, así como la no judicialización de todas las personas detenidas en el marco de las protestas, infortunadamente, tres indígenas han perdido la vida y ciento cuarenta y dos personas han resultado heridas. ¿Cuántos paros, protestas, desplazados y pérdidas de vidas necesitamos para hacer justicia a un sector tan golpeado por la inequidad económica, la exclusión política y el conflicto armado, como el campesino?

Frente a esta situación la Conferencia de Aparecida en el número cuatrocientos setenta y cuatro propone: “Buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana, que se fundamente en el evangelio de la justicia, la solidaridad y el destino universal de los bienes, y que supere la lógica utilitarista e individualista. Por tanto, alentar a nuestros campesinos a que se organicen de tal manera que puedan lograr su justo reclamo”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/PPP